Mesa del Congreso (XII Legislatura)

Proposición de ley de reforma del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Exposición de motivos:

La gestión tributaria local delegada ha demostrado ser una eficaz y eficiente fórmula para una mayor aplicación de lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales, así como para una mayor recepción de ingresos tributarios obtenidos por las entidades locales, fundamentalmente los municipios.

Artículo único: Modificación del artículo 7.

Quedará redactado de la siguiente manera:

" 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales deberán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye.

Asimismo, las entidades locales deberán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.

2. El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los «Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma», para general conocimiento.

3. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias propias de dicha entidad.

4. Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por delegación de una entidad local las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos o recursos de derecho público de dicha entidad local, podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades."

Disposición adicional primera

Las Comunidades Autónomas u otras entidades locales deberán constituir organismos autónomos, de carácter centralizado, para el cumplimiento de lo aquí estipulado. Podrán firmarse convenios de colaboración para la cesión de empleados públicos funcionarios o en régimen laboral.

Disposición adicional segunda

Quedan derogadas todas las normas que entren en contradicción con lo aquí establecido.

Disposición final

Esta ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

Preámbulo:

Ante la crisis financiera, la liquidez y disposición presupuestarias de las entidades locales se ha visto mermado, impidiendo la realización de inversiones sociales y de promoción económica, entre otras, con carácter sostenible.

Artículo 1.- Se crea el Fondo de Inversión Local como fondo sin personalidad jurídica propia dependiente del Ministerio de Educación, Administraciones Públicas y Cultura.

Artículo 2.- La dotación total del fondo ascenderá a 500 millones de euros, con carácter anual, y obtenidos directa y únicamente de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 3.- Si por imposibilidad presupuestaria no pudiera hacerse cargo por parte de los Presupuestos Generales del Estado, se podrá autorizar para concertar operaciones de crédito de deuda pública.

Artículo 4.- La duración del fondo tiene carácter indefinido hasta que otra norma de igual rango proceda a la derogación de esta ley, y por tanto, a la extinción del fondo.

Artículo 5.- El monto total del fondo quedará repartido entre todos los municipios que conforman el régimen local. Se atenderá al criterio población para la asignación efectiva.

Artículo 6.- Podrán ser financiadas las siguientes inversiones:

a) Mejora del entorno urbano
b) Promoción económica local
c) Impulso de equipamientos de carácter social
d) Protección del medio ambiente

Artículo 7.- Los ayuntamientos receptores deberán presentar, en plazo de 30 días naturales, la disposición del monto a cada uno de los distritos, barrios o cualquier otra entidad descentralizada administrativa-territorial del término municiopal. Se elaborará un procedimiento para la recepción de propuestas en plazo de 30 días naturales por parte de la ciudadanía que tendrá la consideración de interesados aquellos que residan legalmente en el municipio. En plazo de 60 días naturales se realizará el estudio técnico de las propuestas y se presentará una lista provisional de proyectos que será sometida a exposición pública durante el plazo de 15 días naturales. Las reclamaciones serán resueltas por el órgano técnico. En cualquier caso, éste remitirá al Pleno de la corporación la propuesta definitiva de proyectos que, una vez aprobado, deberá ser remitido al Ministerio de Educación, Administraciones Públicas y Cultura para que, en plazo de 30 días naturales, emita dictamen preceptivo y vinculante.

Artículo 8.- Una vez obtenido el dictamen favorable, los Ayuntamientos procederán a los mecanismos de contratación pública legalmente establecidos.

Artículo 9.- El plazo máximo de finalización de obras será antes del 31 de diciembre de cada año. En esa fecha, los Ayuntamientos remitirán al Ministerio de Educación, Administraciones Públicas y Cultura la justificación de gastos. Todas las inversiones no finalizadas antes de desa fecha deberá hacerse a cargo de la financiación propia de la entidad local y la financiación recibida del fondo deberá ser devuelta.

Artículo 10.- Los ayuntamientos ofrecerán cualquier otra información solicitada por el Ministerio de Educación, Administraciones Públicas y Cultura en relación al planteamiento, apliación y resultado final del Fondo de Inversión Local.

Disposición adicional primera

Quedan excluídos de la aplicación de esta ley los municipios en régimen de gran población y aquellos cuya tasa de desempleo anual del ejercicio anterior se ubique por debajo del 15 %.

Disposición adicional segunda

Para 2017 todos los plazos señalados anteriormente se reducirán a la mitad.

Disposición final

Esta norma entrará en vigor tras su publicación en el BOE.

El Grupo Parlamentario La Izquierda Plural presenta la siguiente iniciativa a la Mesa del Congreso

Proyecto de Ley de uso de software libre en la administracion publica

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un gran agujero de gasto y de ineficiencia para las administraciones públicas es el uso de software propietario, que es caro y en muchos casos difícil de mantener. Es por tanto que supone un gasto innecesario e inútil para los ciudadanos, y dado que existen soluciones actuales que permiten usar software de características similares con más ventajas, como el ahorro de licencias, la mayor seguridad, el aumento del ciclo de vida de los equipos, su facilidad de propagación, su posible portabilidad a diferentes idiomas y hecho de que posea además un código abierto, disponible para ser modificado y adaptado a las necesidades de la administración, se debe priorizar el uso de este tipo de software, tanto a nivel de sistema operativo como de programas de ejecución.

TÍTULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Articulo 1 
Esta ley afecta a todas las instancias de la administracion del estado.

TÍTULO II. DEL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN
Articulo 2
Se establece la prioridad de aplicacion y uso en la administracion de software con licencias de codigo abierto, tanto a nivel de Sistema Operativo como de programas de aplicación, especialmente en aquellos casos en que la utilización de software propietario suponga un coste especialmente alto para el ciudadano

Articulo 3
a) Se permite a las administraciones, dentro del marco de sus competencias, el desarrollo de software libre para fines administrativos y educativos

b)Todo el software desarrollado o contratado por la Administración deberá estar disponible para su uso a través de licencias libres

TÍTULO III. DEL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN PROYECTOS PÚBLICOS
Artículo 4
En el sector público, los proyectos financiados con fondos públicos y aquellos que impliquen a los ciudadanos por ley o de manera que afecte sus derechos fundamentales deberán usar siempre software libre y estándares abiertos

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se derogan cuantas disposiciones se opongan a la presente.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud

PREÁMBULO

La Atención Primaria es el pilar fundamental de cualquier sistema de salud al ser el servicio del SNS más requerido y utilizado por los ciudadanos. En este sentido, es necesario potenciar la sostenibilidad del sistema concienciando a sus usuarios de un uso responsable del mismo con el objetivo de evitar la sobresaturación de los centros de atención primaria y de las urgencias.

Esta ley persigue garantizar la atención sanitaria de primera necesidad estableciendo una serie de medidas y criterios que reduzcan el mal uso de este servicio público de forma que se pueda ahorrar erradicando el mal uso de este servicio. Con el fin evitar una saturación de las urgencias hospitalarias derivadas de la pretensión de no atenerse a estas medidas aplicadas en los centros de atención primaria, las medidas se extenderán también a la atención de urgencia hospitalaria. No se persigue, por tanto, aumentar los ingresos del Estado al ser establecidas cantidades a abonar muy pequeñas, sino ahorrar mediante la contención del uso indebido de estos servicios.

TÍTULO 1. DEL ABONO DE UNA TASA DE RACIONALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS HOSPITALARIAS

Artículo 1. Se abonará una tasa única de 10 euros por visita al doctor de cabecera y especialistas así como en las urgencias hospitalarias en concepto de tasa de racionalización.

TÍTULO 2. DEL DESTINO DE LO RECAUDADO POR LA TASA DE RACIONALIZACIÓN

Artículo 2. Se establece que un porcentaje de, al menos, un 50% de los fondos recaudados por esta tasa deben de ser reinvertidos en el Servicio Nacional de Salud con un límite del 75%.

Artículo 3. El monto sobrante de la recaudación de la tasa deberá ser destinado al superávit estructural del sistema y a la reducción de impuestos y/o tasas a los contribuyentes, en cualquiera de sus formas posibles, siempre que sea viable.

TÍTULO 3. DE LA EXENCIÓN DEL ABONO DE LA TASA DE RACIONALIZACIÓN

Artículo 4. Quedarán exentos del pago de la tasa de racionalización en la atención primaria y las urgencias hospitalarias aquellas personas que perciban hasta 12.000 euros anuales en catorce pagas, desempleados, menores de edad sin ingresos y estudiantes hasta 25 años.

Artículo 5. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellas personas que hayan hecho uso del servicio de atención primaria y urgencias hospitalarias por las enfermedades siguientes: Enfermedades crónicas y tratamientos de más de un año de duración, accidentes y lesiones graves, problemas cardiovasculares severos, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) e infecciones severas.

Artículo 6. El resto de servicios sanitarios que no sean la atención primaria y las urgencias hospitalarias quedarán exentos del pago de esta tasa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Proyecto de Ley de Reforma de la Ley del Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social

PREÁMBULO

La necesidad imperante de flexibilización del mercado laboral en España y el fomento de la iniciativa privada hace necesaria una actuación clara en favor de los autónomos. Actualmente los autónomos deben hacer frente a una tasa que se abona al Estado con el fin de regularizar la situación laboral del autónomo.
Con esta reforma de Ley se considera que un trabajador no debería pagar por trabajar, y por tanto se propone la supresión de esa tasa para que los autónomos perciban los beneficios de su trabajo sin injerencias del Estado.

TÍTULO ÚNICO. DE LA SUPRESIÓN DEL PAGO DE AUTÓNOMOS

Artículo 1. Se deroga la tasa a autónomos con el objeto de potenciar la actividad de los mismos en todo el territorio nacional. Los autónomos no tendrán necesidad de pagar ninguna tasa pero seguirá siendo necesario darse de alta como autónomos en Hacienda, lo cual conllevará el pago de una tasa única en concepto de gastos de administración y gestión.

Artículo 2. Se exigirá por parte de Hacienda el pago de una tasa única de 50 euros en concepto de gastos de administración y gestión del alta en autónomos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedarán derogadas y modificadas todas aquellas disposiciones de la Ley que se reforma que contravengan las reformas que la presente reforma dicta.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente reforma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Proposición de Ley de reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Exposición de motivos:

Los empresario trabajadores, comúnmente denominados autónomos, han padecido la crisis económica hasta unos niveles insalvables. Siendo conscientes de que esta categoría empresario-laboral acapara más del 70 % del empleo en España y, a su vez, genera más del 90 % del nuevo empleo creado, es obligatorio prestar un alivio fiscal para el ejercicio de sus actividades económicas.

Artículo único: Modificación del artículo 101.5.a:

Quedará redactado de la siguiente manera:  

"5. Las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económicas quedan exentos de tributación a efectos de esta Ley"

Disposición adicional

Quedan derogadas cuantas normas entren en contradicción con lo aquí establecido.

Disposición final

Esta reforma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Proposición de Ley de Transparencia Empresarial

Preámbulo:

España es un estado con un avanzado tejido empresarial. Como consecuencia de la crisis económica, la ciudadanía ha venido reclamando aperturas y mejoras desde la óptica de la transparencia y buen gobierno, fundamentalmente en base general a la transparencia de índole económica. Las instituciones políticas y la Administración Pública ya han dado el primer paso en este sentido, seguido de otras organizaciones de carácter social y receptoras de subvenciones públicas. Ahora es el turno de que las sociedades, las empresas, den un paso hacia la transparencia económica.

Título Único.

Capítulo I. Sobre presupuestos.

Artículo 1.- Todo tipo de empresa y sociedad, sea cual sea su personalidad jurídica, deberá aprobar un presupuesto anual de ingresos y gastos.

Artículo 2.- La anualidad del presupuesto empresarial se ajustará al período propio del ejercicio económico de la empresa, no pudiendo ser en cualquier caso superior a 12 meses.

Artículo 3.- El presupuesto contendrá un estado de ingresos y un estado de gastos, así como el resultado presupuestario previsto tras el cierre del ejercicio. Las previsiones de ingresos y las proyecciones de gasto se ajustarán conforme a los derechos y obligaciones reconocidas respecto el ejercicio anterior.

Artículo 4.- Al final del ejercicio, deberá realizar del mismo modo la liquidación presupuestaria, arrojando el resultado presupuestario que figure conforme a sus movimientos financieros y contabilidad.

Artículo 5.- El presupuesto será publicado, obligatoriamente, en la página web de la empresa. En caso de no disponer, el Ministerio de Trabajo correspondiente elaborará una base de datos para colgar a la red los presupuestos remitidos por los empresarios, garantizando en cualquier caso la accesibilidad por parte de cualquier individuo, sea o no cliente.

Artículo 6.- La llevanza de la contabilidad se ajustará, lo más aproximado posible, al proyecto de presupuestos.

Artículo 7.- Corresponde al empresario individual o al consejo de administración la elaboración del presupuesto anual.

Artículo 8.- El incumplimiento de una correcta llevanza de las obligaciones presupuestarias aquí dispuestas contendrá una sanción administrativa por importe desde 3.001 € hasta 25.000 €.

Capítulo II. Sobre personal.

Artículo 9.- Todo tipo de empresa y sociedad, sea cual sea su personalidad jurídica, deberá aprobar una plantilla de personal anual.

Artículo 10.- La plantilla de personal contendrá, como mínimo, el número total de empleados y su individualización indicando el puesto de trabajo, funciones desempeñadas, retribución anual bruta, horas realizadas previstas, sexo y edad, y relación con el Convenio de Trabajo si lo hubiere, y se realizará de manera anual.

Artículo 11.- La plantilla de personal será publicada, obligatoriamente, en la página web de la empresa. En caso de no disponer, el Ministerio de Trabajo correspondiente elaborará una base de datos para colgar a la red las plantillas remitidas por los empresarios, garantizando en cualquier caso la accesibilidad por parte de cualquier individuo, sea o no cliente.

Artículo 12.- Corresponde al empresario individual o al consejo de administración la elaboración de la plantilla de personal.

Artículo 13.- El incumplimiento de una correcta llevanza de la plantilla de personal aquí dispuestas contendrá una sanción administrativa por importe desde 3.001 € hasta 25.000 €.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas toda la normativa que contradiga la presente ley.

Disposición final.

Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE PROHÍBE LA EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS TERAPÉUTICOS PARA LA CURA DE LA HOMOSEXUALIDAD.

Preámbulo

A pesar de los enormes avances llevados a cabo por la sociedad española, la discriminación por orientación sexual sigue estando en la agenda del día. El colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales  siguen padeciendo la persecución y presión social para abandonar aquello que sienten como persona, afectivo e íntimo. La existencia de programas terpéuticas para tratar de erradicar la homosexualidad es, básciamente, un ejercicio de repugnancia y falta de respeto, al tratar a los ciudadanos homosexuales como si fueran enfermos que necesitan tratamiento. Por ello, se propone:

Artículo 1.- Se prohíbe, en centro terapéuticos y sanitarios, públicos y privados, la existencia y aplicación de programas, terapias y curas contra la homosexualidad.

Artículo 2.- Se prohíbe a los poderes públicos, organizaciones públicas y otras de marcada influencia pública la promoción de programas para la cura de la homosexualidad.

Artículo 3.- Los poderes públicos velarán por el respeto a los homosexuales y la lucha contra su discriminación, mediante programas específicos y con la colaboración de organizaciones y colectivos sociales.

Artículo 4.- Se castiga con una pena de sanción de 900€ hasta pena de sanción de 6 meses a 2 años para todos aquellos que incumplan con lo anteriormente dispuesto.

Disposición Final

Esta Ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Proposición de Ley de Alimentación Universal No Perecedera

Preámbulo:

La crisis económica se ha traducido en una crisis social, donde los más vulnerables, aquellos que no disponen de una fuente de recursos, se ven alejados de poder conseguir sus necesidades básicas. Una de ellas, y a la que renuncian cientos de personas en España, es el de poder comer, una necesidad fisiológica que desde los poderes públicos se debe revertir.

Artículo 1.- La presente ley tendrá aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2.- La presente ley se aplicará indistintamente de la personalidad jurídica de los sujetos a los que se dirige la norma.

Artículo 3.- Los centros de venta de alimentación, supermercados e hipermercados, indistintamente de su superficie, deberán entregar a organizaciones sociales y de caridad, en base a convenios elaborados entre ambos y la intermediación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se ubiquen, todos los productos no perecederos y en buen estado que vaya a desprenderse antes de la fecha de consumo preferente.

Artículo 4.- Queda prohibido el desecho a la basura orgánica de aquellos alimentos no perecederos y en buen estado antes de la fecha de consumo preferente.

Artículo 5.- La infracción de lo que aquí expuesto quedará sancionado administrativamente en cuantía desde 3.001 € hasta los 50.000 €.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas que colisionen con lo aquí previsto.

Disposición final

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE

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Proyecto de Ley de Supresión de los Privilegios de Políticos y Cargos Públicos

PREÁMBULO

A día de hoy, los ciudadanos exigen la mayor ejemplaridad posible en sus políticos y cargos públicos, y la existencia de privilegios por el simple hecho de serlo no ayuda a recuperar la confianza de los españoles en los políticos y las instituciones ni a equiparar las condiciones de vida de la mayoría respecto a la de los políticos y cargos públicos. Esta Ley pretende abordar el problema equiparando lo más posible las condiciones de los políticos y los cargos públicos con las  condiciones de trabajo y derechos que existen actualmente en la mayoría de los sectores laborales y/o grupos y asociaciones.

TÍTULO I. DE LA SUPRESIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE POLÍTICOS Y CARGOS PÚBLICOS

Artículo 1. Se suprimen y prohíben todas las dietas a percibir por diputados, senadores, diputados autonómicos, concejales, otros representantes políticos y/u otros cargos públicos de cualquier nivel por cualquier concepto posible, limitando la retribución económica de todos ellos a los salarios fijados.

Artículo 2. Se eliminan y prohíben las primas por transporte independientemente del lugar de residencia de los representantes políticos y/u otros cargos públicos de cualquier nivel, en cualquiera de sus formas.

Artículo 3. Se suprime y prohíbe el otorgamiento y entrega de cualquier herramienta de trabajo considerada adquirible con fondos privados y personales como dispositivos móviles u ordenadores a todos los representantes políticos y/u otros cargos públicos de cualquier nivel.

Artículo 4. Se suprime y prohíbe el pago con fondos públicos de tarifas planas de ADSL, costes relacionados con el consumo móvil y/o tarifas de datos a todos los representantes políticos y/u otros cargos públicos de cualquier nivel.

TÍTULO II. DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY

Artículo 5. El incumplimiento de la presente Ley y cualquiera de las medidas que ella contiene supondrán multas a decidir por los Tribunales de Justicia de una cantidad mínima de 3.000 euros o un 15% de las retribuciones anuales y un máximo de 29.999 euros o un 70% de las retribuciones anuales para la persona física o institución que los incumpliere, en consonancia con el volumen monetario que suponga dicho incumplimiento y los ingresos de la persona multada.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedarán derogados y modificados todos aquellos artículos legales y normativas institucionales y/u orgánicas de cualquier nivel a las que contradiga la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La Ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR LA POBREZA ENERGÉTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Del mismo modo, el artículo 47 de la CE establece que todos los españoles tienen derechos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, exhortando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 128.1 de la CE subordina al mismo toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general.
Estos artículos contrastan con la realidad de muchas viviendas en el estado español. Es imposible conocer con exactitud el número de cortes de luz y de agua, ya que son las entidades suministradoras, y no las administraciones, las que los conocen y no los sacan a la luz. No obstante, se estima que, por ejemplo, el 20% de los cortes de suministro de Endesa a nivel mundial, se realizaron en el estado español.
Un factor determinante de la situación de pobreza energética es el precio. Organizaciones de consumidores han calculado que el precio de la electricidad ha subido más de un 60% desde 2008, y, son las familias donde todos sus miembros están en paro las más perjudicadas por este factor. Respecto a la subida del suministro de agua, se hace difícil estimar esta subida por la creciente privatización del servicio en diferentes ayuntamientos.
En el presente texto se establecen las políticas que el gobierno de España, a través de su parlamento, llevara a cabo para erradicar esta situación.

Artículo 1.

Se entiende que las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de riesgo de pobreza  energética  son: aquellas que perciban unos ingresos inferiores a 1 vez el IPREM para personas que viven solas; unos ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM en el caso de personas con discapacidades o con gran discapacidad; unos ingresos inferiores a 2 veces el IPREM, si se trata de unidades de convivencia de dos o más miembros.

Artículo 2.

Las medidas vinculadas con la definición que establece el apartado anterior pueden beneficiar a personas y unidades familiares, principalmente cuando tengan menores a su cargo, que superen los límites de ingresos fijados, siempre que dispongan de un informe de los servicios sociales acreditativo de que están sometidas a un inminente riesgo de pobreza energética.

Artículo 3.

En la presente ley también se aplicaran las medidas de protección reguladas a los hogares en los que, aun no cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 1, resida alguna persona afectada por dependencia energética, como el caso de las personas que necesitan para sobrevivir maquinas asistidas.

Artículo 4.

Las administraciones públicas garantizaran el derecho a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de pobreza energética mencionadas en el artículo 1, mientras dure esta situación de pobreza energética.

Artículo 5.

Esta ley obliga a las administraciones a:
a) Establecer una obligada comunicación a los servicios sociales como protocolo de anticipación.
b) Establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua, gas y electricidad para garantizar que concedan ayudas a las personas y unidades familiares en situación de pobreza energética y les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. Estos descuentos han de ser negociados entre las compañías de suministro y las administraciones a través de la Comisión permanente que se desarrolla a continuación.
c) Creación de una Comisión permanente en el parlamento que estará formada por un representante de cada partido con representación parlamentaria y que velara por el cumplimiento de la siguiente ley.
d) En los supuestos de extrema gravedad, cuando así lo indiquen los servicios sociales, la administración ofrecerá bonos sociales para ayudar a pagar las facturas.

Artículo 6.

Serán obligaciones de las empresas suministradoras:
a) Cuando la empresa suministradora tenga que realizar un corte solicitara, previamente, un informe a los servicios sociales municipales en el que se determinara si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de pobreza energética mencionadas en los artículos 1, 2 y 3.
b) En caso de que el corte se haga efectivo, la empresa suministradora deberá garantizar los servicios mínimos para garantizar la no exclusión de dichos afectados.
c) En cualquier caso, las empresas suministradoras deberán informar a la Comisión permanente de dichos cortes.

Artículo 7.

Los informes de los servicios sociales para determinar si una unidad se encuentra en riesgo de pobreza energética, obliga a la Administración, a través de la Comisión permanente, a emitir el informe en un plazo de diez días.

Artículo 8

Se reduce en un 50% el impuesto especial sobre la electricidad

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el BOE..

Por el artículo 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados, sólo puede procederse por urgencia "a petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados". Requsitos que, por el momento, no se han cumplido.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta, conjuntamente con el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, la solicitud para la tramitación de urgencia de la PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR LA POBREZA ENERGÉTICA

El Grupo Parlamentario Socialista solicita la comparecencia de la Ministra de Interior y Justicia, Dña. Cristina Cifuentes Cuencas, para dar explicación en sede parlamentario sobre el contexto y situación de seguridad nacional en la que se encuentra España para motivar la aprobación del Real Decreto 16/2017, de 20 de diciembre, de subida del Nivel de Alerta Antiterrorista.

El Grupo Parlamentario La Izquierda Plural solicita la comparecencia del Presidente del Gobierno, D. Héctor Fernández para dar explicación en sede parlamentaria sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, y tamién solicita la creación de una comisión de investigación sobre el asunto