Mesa del Congreso ( XIV)

El Presidente del Gobierno solicita al Congreso de los Diputados, comparecer en carácter de emergencia para explicar y publicar a los diputados la situación acaecida en el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y de los vínculos con ETA y los recientes atentados terroristas.

Exposición de Motivos
Con el objeto de actualizar el vigente sistema de subsidios y prestaciones sociales, adecuarlos a la necesidad del presente entorno a una estructura moderna en pos de la cultura del desarrollo, el esfuerzo y el trabajo, dispongo:



Artículo 1
Tendrán derecho a percibir el subsidio por desempleo los trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen responsabilidades familiares que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Estar inscripto como demandante de empleo y no haber rechazado las ofertas de trabajo adecuadas ni haberse negado a participar en actividades de promoción, formación o reconversión profesional en el plazo de dos meses desde que se agotase la pensión contributiva.

ii) Carecer de rentas de cualquier clase superiores al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) sin incluir las pagas extraordinarias.

iii) Tener responsabilidades familiares, entendiendo la responsabilidad familiar como esposa y al menos un hijo menor de edad.

Artículo 2
Tendrán derecho a percibir el subsidio por desempleo los trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el período mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva, que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Estar desempleado y en situación legal de desempleo.

ii) Inscribirse como demandante de empleo en un plazo de 10 días desde que se produjo la situación legal de desempleo.

iii) Carecer de rentas de cualquier clase superiores al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) sin incluir las pagas extraordinarias.

iv) Tener cotizados en Seguridad Social al menos 12 meses en el supuesto de tener responsabilidades familiares o de 18 meses si se carece de ellas, y no haber cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación contributiva.

Artículo 3
Tendrán derecho a percibir el subsidio por desempleo los trabajadores que sean declarados inválidos parciales como consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total para la profesión habitual, que deberán cumplir los siguientes requisitos:

i) Estar desempleado e inscribirse como demandante de empleo en un plazo de diez días desde la resolución del expediente de revisión por mejoría.

ii) No haber rechazado oferta de trabajo adecuada, ni haberse negado a participar en actividades de promoción, formación o reconversión profesional en el plazo de 21 días desde la inscripción como demandante de empleo.

iii) Carecer de rentas de cualquier clase superiores al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) sin incluir las pagas extraordinarias.

SECCIÓN II · SUBSIDIO POR DESEMPLEO PARA MAYORES DE 55 AÑOS

Artículo 4
Los mayores de 55 años podrán recibir el subsidio por desempleo en cumplimiento de los siguientes requisitos:

i) Estar desempleado.

ii) Tener cumplidos los 55 años a la fecha de la solicitud.

iii) No haber rechazado oferta de trabajo adecuada, ni haberse negado a participar en actividades de promoción, formación o reconversión profesional en el plazo de un mes desde la inscripción como demandante de empleo.

iv) Carecer de rentas de cualquier clase superiores al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) sin incluir las pagas extraordinarias.

v) Haber cotizado por desempleo un mínimo de 10 años a lo largo de su vida laboral.

vi) Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

a. Haber agotado la prestación contributiva por desempleo teniendo responsabilidad familiar
b. Trabajadores que sean declarados plenamente capaces o inválidos parciales como consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total para la profesión habitual.
c. Estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a la prestación contributiva por no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (12 meses), siempre que al menos haya cotizado 9 meses.
d. Haber permanecido inscrito como demandante de empleo desde el agotamiento de la prestación contributiva o subsidio por desempleo hasta cumplir los 55 años.

CAPÍTULO II · DURACIÓN Y CUANTÍA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 5
A) La duración del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores menores de 55 años correspondientes al Artículo 1 de la presente Ley, es de 4 meses, prorrogables hasta 10 meses, con las siguientes excepciones

i) Los trabajadores menores de 45 años que han agotado una prestación contributiva por desempleo de al menos 4 meses, tendrán derecho a otra prórroga de 3 meses por lo que la duración total del subsidio será de 7 meses.

ii) Los trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado una prestación por desempleo de 4 meses, tendrán derecho a una prórroga de 4 meses, y en casos que pueda comtemplar la Ley de acuerdo a circunstancias particulares, hasta alcanzar el máximo de 10 meses.

B) La cuantía del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores menores de 55 años correspondientes al Artículo 1 de la presente Ley, ascenderá al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente sin incluir en el cómputo las pagas extraordinarias.

Artículo 6
A) La duración del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores menores de 55 años correspondientes al Artículo 2 de la presente Ley, estará en función de los días cotizados y de las responsabilidades familiares, reglamentado en los siguientes requisitos:

i) Si tiene responsabilidades familiares: Tendrá derecho a un subsidio máximo de 6 meses.
ii) Si no tiene responsabilidades familiares: Será de 4 meses, solo si tiene cotizados 4 meses.

B) La cuantía del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores menores de 55 años correspondientes al Artículo 2 de la presente Ley, ascenderá al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente sin incluir en el cómputo las pagas extraordinarias.

Artículo 7
A) La duración del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores menores de 55 años correspondientes al Artículo 3 de la presente Ley, es de 4 meses, prorrogables hasta un máximo de 10 meses.

B) La cuantía del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores menores de 55 años correspondientes al Artículo 3 de la presente Ley, ascenderá al 60 % del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente sin incluir en el cómputo las pagas extraordinarias.

Artículo 8
A) La duración del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores mayores de 55 años correspondientes al Artículo 4 de la presente Ley, tendrá una duración máxima no prorrogable de 10 meses.

B) La cuantía del subsidio por desempleo respecto a los trabajadores mayores de 55 años correspondientes al Artículo 4 de la presente Ley, ascenderá al 70 % del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente sin incluir en el cómputo las pagas extraordinarias.



Artículo 9
El cobro del subsidio de desempleo será incompatible con:

a) El trabajo por cuenta propia aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los Regímenes de la Seguridad Social.
b) Con el trabajo por cuenta ajena, sea temporal o de tiempo indefinido, y se obtenga rentas de cualquier naturaleza superiores al 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI).
c) Con la obtención de pensión o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que éstas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación por desempleo.

TÍTULO II · DEL SUBSIDIO DE RECUPERACIÓN

Artículo 10
Los beneficiarios son los trabajadores que se someten a un tratamiento de rehabilitación que implica la baja en el trabajo y por consiguiente la pérdida del salario, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

i) No tengan derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal.
ii) Tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 24 meses dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la baja médica.

Artículo 11
La cuantía del subsidio por recuperación será del 33% de la base reguladora que hubiera servido de base para determinar la cuantía de la prestación por incapacidad temporal en la fecha en la que se inicie la recuperación.

Artículo 12
El cobro del subsidio de recuperación será incompatible con la percepción de cualquier ingreso superior o igual al 50% del SMI.



Artículo 13
Los beneficiarios serán los hijos e hijas del trabajador fallecido y el cónyuge del mismo también fallecido, siempre que tuvieran menos de 21 años de edad, y fuesen solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, no tuviesen empleo, no tuvieran derecho a cualquier otra pensión y careciesen de medios de subsistencia ni de familiares con la obligación de prestarles alimentos según la legislación civil.

Artículo 14
El importe del subsidio será del 15 % de la base reguladora del trabajador y estará limitado en el tiempo a 10 mensualidades.

Artículo 15
El cobro del subsidio a favor de familiares es incompatible con la percepción de un salario.


DISPOSICIÓN ACLARATORIA
La presente Ley se aplicará automáticamente en concepto de reforma al Real Decreto-Legislativo sobre la Ley General de Seguridad Social y al Estatuto de los Trabajadores.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación oficial.
Dada en Madrid, a 29 de agosto de 2016.

Esteban Rodríguez Ocampo
Presidente del Gobierno

PD. TRAMITACIÓN DE URGENCIA

En el artículo decimoquinto de nuestra Constitución se recoge expresamente que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes». De este modo, la vida del concebido pero no nacido (nasciturus) es un bien jurídico constitucionalmente amparado por el artículo decimoquinto de nuestra Carta Magna, por lo que el Estado debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, así como tiene la obligación de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma, que cuente con el garante de las normas penales. No obstante, la protección no será absoluta en todos los supuestos.

Artículo 1. Del objeto.

1. El objeto de esta disposición es la regulación del aborto en todas sus vertientes, como son la edad, los plazos de tiempo, los lugares de aplicación o la intervención del Estado, para que los preceptos del Título II de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se acomoden a lo dictado en el texto constitucional.

Artículo 2. Del consentimiento.

1. El consentimiento o denegación [procederse al aborto] dado por la madre mayor de edad o cuyo estado civil sea el de emancipada será absoluto y único, siempre y cuando las razones alegadas radiquen en las causas del artículo 3 de esta ley. Nadie podrá modificar el convencimiento de la madre.

2. Los menores que deseen abortar necesitarán del consentimiento expreso de sus progenitores o de su tutor legal. En virtud de la patria potestad, la decisión de los padres o del tutor primará sobre la de sus hijos en todo momento, sin contemplarse excepción alguna.

Artículo 3. De los casos en que procede la interrupción de la gestación.

1. Procederá cuando la vida materna peligre, ya sea durante el proceso de gestación o en el momento del alumbramiento, o cuando la salud a nivel físico de la madre pueda verse profundamente alterada o dañada. Tanto el índice de posibilidad de muerte o los posibles perjuicios serán declarados por profesionales médicos del correspondiente centro hospitalario.

2. Procederá cuando el nasciturus padezca alguna enfermedad grave o muy grave, de carácter permanente e irreversible, imposible de solventar mediante la aplicación de la ciencia médica, y que sea totalmente incompatible con el desarrollo de la vida.

3. Procederá cuando el embarazo haya sido consecuencia directa de un ultraje a la mujer.

4. Queda terminantemente prohibido la interrupción de la gestación bajo cualquier supuesto que no haya sido recogido en el presente artículo.

Artículo 4. De los plazos.

1. Únicamente podrá procederse al aborto en las tres primeras semanas de gestación para el supuesto 3 del artículo anterior.

2. Se prorroga el plazo hasta las catorce semanas de gestación para los supuestos 1 y 2 del artículo anterior.

3. Se contempla la posibilidad de abortar dentro del plazo de las veintidós semanas cuando la probabilidad de muerte de la madre sea igual o superior a un 80%.

Artículo 5. De los requisitos comunes.

1. Antes de procederse al aborto, se informará a la paciente de todos los efectos físicos y psíquicos que causarán a la postre, sobre su cuerpo, las técnicas abortivas ejecutadas durante el abortamiento.

2. También se le informará de las posibles ayudas estatales, tanto económicas como asistenciales, de las que dispone si estuviese dispuesta a seguir adelante con la gestación.

3. Toda gestante será evaluada en el momento inmediatamente anterior al procedimiento abortivo por un cuerpo médico compuesto de psiquiatra, ginecólogo y cardiólogo, cuya función será la de redactar un informe que posteriormente será trasladado al archivo del médico de cabecera que a la gestante le corresponda.

4. La interrupción de la gestación únicamente podrá ser llevada a cabo en instalaciones públicas y por profesionales sanitarios especializados. Tras la práctica, se pondrá a disposición de la mujer asistencia psicológica con el fin de prevenir futuros traumas psíquicos.

5. Se prohíbe la práctica del aborto en cualquier clase de clínica privada. No se contempla ninguna clase de acreditación estatal a clínicas privadas.

Artículo 6. De la objeción de conciencia.

1. El personal sanitario está obligado a practicar el aborto siempre y cuando se den las causas contempladas en el artículo 3 de esta ley.

2. En caso de negación, se le interpondrá al personal sanitario encargado del aborto una sanción pecuniaria de 4015.29 €. Con la imposición de la sanción, se exime al personal del cumplimiento de la obligación.

3. Si a consecuencia de no practicarse un aborto con carácter de urgencia por reticencia del personal sanitario la gestante fallece o ve alterada gravemente su salud, la sanción ascenderá hasta los 81.972 € e irá acompañada de una incapacitación profesional temporal del personal sanitario, que podrá ser permanente en función de si existe fallecimiento o no de la paciente.

Artículo 7. De la privacidad.

1. Se garantiza la total privacidad y confidencialidad de los datos de la mujer que se someta al proceso abortivo.

2. Los centros prestadores del servicio deberán contar con sistemas de custodia activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.

Artículo 8. De los fármacos abortivos.

1. Para la adquisición de cualquier clase de fármaco abortivo legal es requisito imprescindible contar con una receta médica en la que se prescriba.

2. Únicamente podrán ser prescritos fármacos abortivos dos veces al año, manteniéndose una separación temporal mínima de tres meses entre cada prescripción.

3. Los interesados deberán pagar el 98% del importe de los fármacos abortivos, contemplándose una financiación del 2% por parte de la Seguridad Social.

Artículo 9. De las sanciones.

1. Las clínicas, especialmente de carácter privado, que practiquen abortos clandestinamente serán inmediatamente clausuradas. La Fiscalía iniciará de oficio las acciones penales oportunas contra sus propietarios, así como contra el personal que hiciese efectivo los abortos.

2. La sanción administrativa a estos centros oscilará entre los 3 y los 7 millones de euros en función del caso.

3. Los profesionalidad de la salud que operen interrupciones de la gestación al margen de la ley quedarán desposeídos de su titulación, además de poder verse sancionados con condenas pecuniarias o privativas de libertad

4. Las gestantes que acudan a clínicas clandestinas con la intención de abortar al margen de la ley se enfrentarán a sanciones desde los 12.000 € hasta los 90.000 €. La Fiscalía podrá iniciar de oficio las acciones penales pertinentes.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el Título II de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Disposición final primera.

La presente ley es para todos los supuestos irretroactiva.

Disposición final segunda.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Democracia Nacional, comprometidos con la vida, comprometidos con España