Mesa del Congreso ( XIV)

Señoría, esta es la última advertencia, y como última le explicaré como funciona la declaración de urgencia:

Artículo 93

1. A petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia.

En primer lugar no reúne los requisitos, y en segundo lugar es la Mesa del Congreso, bajo mi presidencia es quien define si se procede o no a tramitar de urgencia una proposición.

Exposición de Motivos
La situación de la seguridad interna se ha visto afectada negativamente por las circunstancias vinculadas de forma directa al accionar de grupos terroristas. Dichos grupos terroristas, cuyas particularidades agrupan el separatismo territorial, el fundamentalismo religioso o los extremismos políticos, han causado al momento presente de la redacción de la ley, más de mil muertos desde el retorno de la democracia. Los métodos de lucha contra el terrorismo en el propio territorio es la lucha más difícil, y los constantes esfuerzos por la erradicación del mismo y por otorgar justicia a las miles de víctimas desoladas y abatidas por una injusta, cruel y terrorífica causa no parecen reunir las aptitudes necesarias para efectivizar el mencionado combate contra un mal sin límites ni fronteras, contra un mal dispuesto a todo, contra un mal que crece a pesar del esfuerzo incesante de los poderes publicos y la justicia española. Por ello, por la seguridad democrática, por la defensa de la libertad de los ciudadanos, por la justicia y por la paz interna, dispongo:



Artículo 1
Crease la agencia Grupo de Operaciones Antiterroristas (GOA), el cual tiene carácter autónomo del CNI. Así mismo el GOA tiene poder de actuación en todo el territorio nacional, invistiendo atribuciones y organización nacional.

Artículo 2
El GOA tendrá plenas facultades para la protección de la seguridad nacional frente a amenazas terroristas y el combate directo contra elementos terroristas, mediante procedimientos convencionales, secretos y de inteligencia respectivas.
El GOA cuenta con acceso total a personal, instrumental militar y plenos poderes de intervención en oficinas de las policías locales y de la Guardia Civil.

Artículo 3
La financiación del GOA corresponderá a las partidas reservadas asignadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 4
La dirección del GOA estará a cargo de un Director General, nombrado por el Presidente del Gobierno de España. La organización interna se dividirá en departamentos especializados en operaciones, unidades domésticas y de inteligencia, bajo la autoridad de directores regionales, los cuales serán de carácter secreto al igual que el organigrama final, y se efectuará mediante las necesidades y las consideraciones oportunas de acuerdo a lo requerido y convenido en órdenes ejecutivas.


Artículo 5
El CNI y el GOA podrán utilizar procedimientos de tipo tecnológicos, comunicacionales, informáticos, electrónicos y especializados para la recolección y ampliación de discernimientos e información.

Artículo 6
Así mismo, se aplica plena potestad al GOA para la inspección, el reconocimiento y el registro de propiedades privadas de elementos considerados como peligros sustanciales para la seguridad nacional con pruebas evidentes de su riesgo.

Artículo 7
El GOA tendrá potestad para la detención, requisitoria e interrogación de elementos considerados terroristas de alto riesgo para la seguridad nacional.

Artículo 8
Establézcase el Sistema de Asistencia Computarizada de Filtrado de Pasajeros (SACFP), bajo administración del GOA. El SACFP tendrá como objeto la supervisión y el control de equipajes e historial penal, comercial y civil de los pasajeros. El SACFP se aplicará en los servicios de transporte ferroviarios, aéreos, marítimos y en todos los puestos de autovías y autopistas limítrofes entre provincias, comunidades autónomas y respectivas al territorio español.

Artículo 9
Establézcase el Sistema de Asistencia Computarizada de Procedimientos y Actuaciones Civiles (SACPAC) bajo administración del GOA. El SACPAC tendrá como objeto la supervisión y el control de las actividades civiles y comerciales que supongan riesgo evidente para la seguridad nacional. El SACPAC será aplicado como protocolo a personas jurídicas y físicas residentes en territorio español.

Artículo 10
Los protocoles de investigación del GOA tendrán carácter secreto, con las excepciones correspondientes al Gobierno de España, el cual podrá proceder al anuncio en la comisión permanente de inteligencia, cuando así lo considerase oportuno.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Se derogan leyes, decretos y resoluciones de menor condición o en contraposición a la presente Ley.


DISPOSICIÓN FINAL

La Ley entrará en vigor a partir de su publicación oficial.
Dada en Madrid, 29 de junio de 2016

Esteban Rodríguez Ocampo
Presidente del Gobierno

TRAMITACIÓN DE URGENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando de absoluta prioridad la eficiencia de los servicios de Justicia como pilar básico del Estrado de Derecho, es indispensable la puesta en marcha del presente proyecto de informatización y modernización del sistema judicial que permita a la Administración de Justicia una mayor fluidez comunicativa, administrativa y operativa. Con este objeto, dispongo:



Artículo 1
Para la informatización del sistema se creará una base de datos informática que tendrá su servidor físico en un lugar protegido y secreto dispuesto por el Gobierno de España, con el objetivo legal de evitar intentos de acceso no autorizado o sabotaje de cualquier tipo.

Artículo 2
En la creación de la mencionada base de datos participarán equipos especializados, formados por técnicos altamente cualificados, de la Agencia de Seguridad Interna.

Artículo 3
La base de datos, en su servidor físico, estará custodiada por agentes de la Agencia de Seguridad Interna y de la Guardia Civil. En forma virtual, el Gobierno de España elaborará las defensas virtuales que considere oportunas para garantizar la total privacidad de los datos allí almacenados.

Artículo 4
La base de datos estará virtualmente protegida, como mínimo, por los siguientes procedimientos:

1. Cifrado total de datos.
   
2. Identificación para acceso mediante huella dactilar. Para ello se proveerá a todos los ordenadores de la red de Justicia del software y el hardware necesarios.
   
3. Permisos de acceso establecidos de acuerdo a la jerarquía propia del sistema judicial.

Artículo 5
Para que todos los juzgados y edificios administrativos sean capaces de interactuar entre sí y con la base de datos, se desarrollará un software seguro, rápido e intuitivo que permita al personal de la Administración efectuar todos los trámites en tiempo real mediante Internet. Esta red será gestionada y desarrollada por el equipo técnico encargado de confeccionar la base de datos. Las medidas de seguridad para el acceso a esta red interna serán la autentificación conjunta mediante clave alfanumérica y huella dactilar.


Artículo 6
Los datos, documentos, expedientes, sentencias y cualesquiera otros documentos serán informatizados y trasladados a la nueva base de datos antes mencionada una vez ésta esté lista y protegida tal y como se estipula en el artículo cuarto. Estos datos son:

1. Expedientes.
   
2. Datos personales.
   
3. Relación completa de trámites judiciales.
   
4. Relación completa de resoluciones, condenas, sentencias y demás documentos.
   
5. Relación completa de personal que trabaje o haya trabajado en la Administración de Justicia.

Artículo 7
Los ciudadano no podrán acceder y/o rectificar los datos personales que considere oportunos, sino con previa autorización judicial.

Artículo 8
Queda prohibido, bajo pena de inhabilitación perpetua y posibilidad de cárcel en virtud de la Ley de Protección de Datos, extraer o copiar datos del servidor informático, ya sea virtual o físicamente, sin la autorización escrita, sellada y firmada del juez instructor de un caso, el paciente al que los datos se refieren y/o del Ministro de Justicia, dependiendo del tipo de documento objeto de extracción o copia.

Artículo 9
Una vez haya finalizado todo el proceso de digitalización de los documentos existentes en los archivos del sistema judicial, se procederá a la destrucción de los documentos físicos de la forma más oportuna, siempre que quede garantizada la inutilización total de todos ellos.



Artículo 10
El Ministerio de Justicia establecerá una serie de cursos de capacitación para el personal judicial con el fin de orientarles en el uso de la nueva herramienta de trabajo. Estos cursos se realizarán por personal cualificado en los juzgados y edificios administrativos y variarán según los cargos a los que se dirijan.

Artículo 11
El Gobierno garantizará que todos los funcionarios que opositen al sistema judicial tengan los conocimientos informáticos necesarios para proceder de forma correcta en las labores correspondientes.


TÍTULO TERCERO · DEL FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL PROCESO DE INFORMATIZACIÓN

Artículo 12
Una vez quede lista para el funcionamiento la nueva base de datos, se pondrá en marcha la red de interacción mencionada en el artículo quinto.

Artículo 13
A esta red podrán acceder personal jurídico, administrativo y personas civiles, cada uno con un tipo de usuario e interfaz diferentes. Esta red permitirá:

1. Petición de citas, tanto administrativas como judiciales.
   
2. Solicitud de documentos.
   
3. Todos los trámites que requerían presencia física.
   
4. Envío entre miembros de la administración o al paciente de informes, resoluciones, requisitorias, sentencias.

Artículo 14
Todo el personal judicial está obligado a registrar en la base de datos cualquier interacción, consulta, informe, que se haya producido con el ciudadano que fuera.

Artículo 15
A aquellas personas que se vean incapacitadas para utilizar el sistema informático, se les proporcionará ayuda para que realicen los trámites correspondientes. Esta ayuda se traduce en que personal administrativo de los centros de la Administración de Justicia asistirá al paciente en una sala de ordenadores que se habilitará en todos los centros judiciales a tal efecto.


DISPOSICIÓN DEROGATIVA
Quedan derogadas cualesquiera otras leyes o decretos que pudieran interferir, entorpecer o neutralizar la totalidad o parte de la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ley entrará en vigor a partir de su publicación oficial.
Dada en Madrid, a 25 de agosto de 2016.

Esteban Rodríguez Ocampo
Presidente del Gobierno

Florentino Martínez
Ministro de Justicia

PD. TRAMITACIÓN DE URGENCIA