Proyecto de Ley de carreteras de iniciativa privada ((GOBIERNO DE ESPAÑA))

Presidente del Congreso, Felipe Olivenza

Buenos días, se abre la sesión para el debate del siguiente Proyecto de Ley del Gobierno de España:

Spoiler:

Gracias señor Presidente, pero ha habido un error en la tramitación del Proyecto de Ley.

FDP: Esta no es la definitivaxd

Gracias señor Presidente, Señorías:

Es de obligación iniciar el alegato en favor de este Proyecto recordando los datos que recientemente hemos hecho públicos desde el Ministerio de Infraestructuras y Obras Públicas: los 365.000 kilómetros de nuestra red de carreteras secundarias se encuentra, como mínimo, en un estado de gran deterioro. Además, sus Señorías deben saber que de los 11.500 municipios españoles, 4.300 no gozan de un acceso directo a la Red de Carreteras del Estado.

Mencionado esto, es de manifiesta lógica que el Estado, sin asistencia ni refuerzo, en estos momentos no puede hacer frente a las mejoras vitales para nuestra prosperidad. Igualmente, entendemos que el Gobierno, integrado por seres humanos imperfectos, no es en absoluto perfecto y, en consecuencia, requiere de una mayor cooperación. También en este sentido exponemos este proyecto.

El Proyecto de Ley que presentamos a esta Ilustrísima Cámara no transfiere la exclusividad de las competencias sobre las carreteras al mercado, pero sí establece una asistencia mutua que beneficia a ambas partes. En primer lugar, porque va a permitir desarrollar una red nacional de carreteras de mayor calidad, en un tiempo menor y con un coste para el Estado también menor. En segundo lugar, porque tal y como está concebida esta Ley, permitirá que esos municipios que hoy no tienen acceso directo a la Red Nacional de Carreteras tengan más posibilidades de tenerlo sin esperar mucho tiempo más. La colaboración que establecemos entre Estado y mercado a través de este proyecto va a conceder a España un aumento considerable en la calidad de su red de carreteras, pero también en otras áreas, porque aquel presupuesto público que no necesitemos destinar a estas partidas, podremos invertirlo en investigación, en sanidad, en educación o en crear puestos de trabajo.

Desgranando este proyecto, resaltamos el artículo 4, que obliga al Gobierno a velar por el bienestar general a la hora de aceptar o rechazar una Carretera de Iniciativa Privada. Asimismo, realzamos el Título dedicado a las subvenciones, enfocado a multiplicar el efecto inicial de este Proyecto.

Sé que habrá críticas a este Proyecto, pero nos va a permitir alcanzar altos niveles de modernidad y desarrollo y eso, repito, sin que el Estado pierda las competencias referentes a las carreteras. Muchas gracias señor Presidente y Señorías.

Quiero informar al señor Olivenza de la existencia de dos erratas en los artículos 5 y 10 que deberían ser corregidas antes de su eventual publicación en el BOE.

Aparte de ese pequeño inciso, creo que el mínimo de 60 años establecido en el artículo 7 es excesivo. Ya que ese tiempo es el mínimo, debería ser drásticamente rebajado.

Señorías, señor González:

Es a partir de los 25 años que una carretera se amortiza. Por tanto, la explotación privada de la carretera debe durar bastante más tiempo. Tampoco queremos encontrarnos que dentro de 20 años el Estado debe mantener un número de carreteras excesivo para las arcas públicas, porque es lo que tratamos de evitar con esta propuesta, que no deja de ser un proyecto y, en consecuencia, es perfectamente discutible y modificable.

Señor Valladares, usted dice que las carreteras se amortizan en torno a los 25 años. Por tanto, puede haber carreteras que interese que pasen a manos del Estado quizás a los 30 o 40 años. Con el proyecto de ley que hoy se debate, el Estado no podría hacerse cargo de esas carreteras hasta pasados 60 años.

Lo que yo propongo no es reducir todos los contratos, sino reducir el suelo de años por el que se mantiene vigente. Por supuesto, cada CIP será un caso diferente y deberá tener sus años de contrato.

Al Estado, en un momento determinado, le puede interesar, sí, pero es que las empresas invierten para obtener beneficios, señor González. Es decir, en este caso concreto, en el de las infraestructuras, las inversiones son a largo plazo. No sería coherente que una empresa esperara 25 años para amortizar una carretera y que después tan solo dispusiera de ella 5 ó 10 años más, y eso es algo que también queremos proteger desde el Gobierno, porque si no la inversión no resultaría tan atractiva ni esta Ley tan positiva. Pero entiendo lo que quiere decir, señoría.

Quiere agradecer también el apoyo ya expresado del Grupo Parlamentario Popular a este Proyecto. Muchas gracias, señorías.

Supongo, señor Valladares, que esos 25 años que usted ha comentado serán una media. Por tanto, habrá carreteras que se amorticen antes de ese tiempo. En las empresas no todo es el dinero que se saca por un trabajo. También repercute la imagen que se proyecta de esa empresa. Puede interesarles ganar menos dinero por una CIP a cambio de mejorar su imagen para poder llevar proyectos de mayor envergadura (FDP: en verga dura, qué poco me gusta esta palabra).

En cualquier caso, y como es obvio, las empresas decidirán el tiempo que quieren mantener el contrato, y creemos que reducir la cifra aumentará la libertad de éstas para elegir.

El Partido Comunista apoyará esta Ley si las demandas del PSA son escuchadas. Nos parecen razonables e imprescindibles para llegar a un acuerdo.

El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor rotundamente si se aprueba la enmienda presentada por el portavoz de PSA. Aún así vemos con buenos ojos la propuesta y sería de necios no votar a favor de esta PL.

Ya que el MIOP ha estimado en 25 años el tiempo necesario para que una empresa amortice la inversión en una CIP, desde el GPNI creemos que rebajar el tiempo mínimo de contrato a esa cifra dará flexibilidad a empresa y gobierno para establecer la duración del contrato más adecuada según el caso concreto. Por tanto, el GPNI presenta la siguiente enmienda parcial al artículo 7:

Artículo 7. Período de propiedad
Se establece en 25 años con posibilidad de prórroga el período mínimo de explotación privada para este tipo de carreteras.

La enmienda parcial deberá ser aprobada si el Ministro Valladares quiere el apoyo del Partido Comunista.

Desde La Lliga votaremos a favor, estamos de acuerdo con esa propuesta.

Me congratula el apoyo que este proyecto está logrando entre los distintos grupos parlamentarios, por muchas diferencias ideológicas que podamos tener. Atendemos a la petición del Grupo Parlamentario Nacionalista de Izquierdas, como consideraríamos cualquier otra enmienda. Sin embargo, no podemos aceptarla y argumentaré por qué.

No podemos aceptarla en primer lugar porque el artículo original se ha redactado como medida de protección para las empresas privadas pero, también, para el Estado. No podemos aceptarla porque el artículo original es una garantía para las empresas privadas de que tienen la colaboración del Gobierno y de la ciudadanía para cooperar en el desarrollo de nuestro país. Como ya he dicho, 25 son los años que se tarda en amortizar una carretera y, en consecuencia, el período de explotación para la empresa constructora debe, ya de por sí, ser mayor. Si además debemos cifrar ese período, debemos tener presente que pocas van a ser las empresas que estén dispuestas a esperar 25 años para, después, menos de otros 25 años por lo menos. Consideramos, por tanto, que un contrato de explotación privada de 35 años tras la amortización de la carretera es el más atractivo para aprovechar el potencial de esta Ley, y como es más interesante, debemos blindar ese período.

Es además una protección para el Estado, pues esta Ley está pensada para desarrollar nuestra red de carreteras sin que las arcas públicas sufran en demasía. No nos interesa tener dentro de 25 años miles de kilómetros que no vamos a poder mantener, pues entonces se verá resentida toda la red nacional de carreteras y no habrá servido de nada lo que hasta entonces hayamos avanzado.

Por todo esto, atendemos la petición del señor González, pero no la podemos aceptar. Muchas gracias, Señorías.

La cosa, señor Valladares, es que los 25 años que usted comenta serán una media. Por tanto, habrá carreteras que se amorticen antes. Es por ello por lo que consideramos adecuado que el mínimo se sitúe en esa cifra, para dotar de flexibilidad al Gobierno. Obviamente, habrá empresas que soliciten explotarlas durante 30, 50 o 70 años, y será el Gobierno el que deba estipular, en cada caso, la aceptación o no de dicho contrato.

Al ser sólo un mínimo, éste se podrá extender en cuanto la empresa y el Gobierno así lo requieran.