[JuecespDemocracia] Comunicado nº 1235 en relación al proyecto de ley para la protección del no nacido

Comunicado nº 1235 en relación al proyecto de ley para la protección del no nacido

Jueces para la Democracia quiere manifestar su profunda preocupación por algunos aspectos del proyecto de ley para la protección del no nacido presentado por el Gobierno de la Nación ante el Congreso de los Diputados. Consideramos que existe un gran fallo en el proyecto de ley y es la anomia penal que se establece, ya que el proyecto aclara que no será punible la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en determinados casos pero no especifica las penas que se impondrían a aquellos que incumplieran los determinados casos y practicaran la interrupción fuera de los límites establecidos por la ley. Esto supone un efecto de anomia penal que además podría traer consecuencias desastrosas con la interpretación personal y moral de cada juez o magistrado que se encargara del procedimiento en cuestión.

En segundo lugar, desde Jueces para la Democracia queremos manifestar que no existen fundamentos jurídicos para que se elabore una legislación más restrictiva que la de la Ley Orgánica 09/1985 por la que se refundía el texto del Código Penal en lo vinculante a las sanciones punitivas por la interrupción del embarazo. Creemos que es normal que el Gobierno de la Nación quiera cumplir su programa electoral al contar con una mayoría parlamentaria suficiente, pero vemos arduo innecesario que no sólo se vaya hacia una restricción de los supuestos de la ley aprobada por el anterior gobierno (Ley Orgánica 02/2010 de la interrupción voluntaria del embarazo) sino que se pretenda ir más allá siendo más restrictivos que la ley aprobada en 1985. Entendemos así, que aquella ley estaba adaptada a un contexto social y cultural diferente al actual y que si se va más allá de ella... puede que sin querer, o queriendo, nos remontemos a tiempos preconstitucionales.

En la Ley Orgánica 09/1985 se establecían tres supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo: el primero era el de violación (recogido en el artículo 429 del Código Penal) y hasta la semana 12, igual que en el actual proyecto de ley; el segundo era el riesgo que pudiera tener la madre para concebir al niño o durante el embarazo, según la ley de 1985 cualquier médico que pudiera ver en cualquier momento grave el estado de salud de la embarazada podría recomendar a otro la interrupción de su embarazo si la embarazada así lo quería mientras que con el actual proyecto de ley se alarga el tiempo de espera teniendo que ser dos médicos diferentes quienes den su diagnóstico previo al que vaya a realizar la interrupción del embarazo, pudiendo poner en peligro la vida de la madre ya que se alarga el tiempo de trámite; el tercero era la posibilidad de malformaciones en el feto, con la ley de hace treinta años se establecía de plazo para realizar la interrupción hasta la semana veintidós y sólo se requería el diagnóstico previo que asegurara las malformaciones de dos especialistas mientras que con la actual se limita a la decimoquinta semana y se requiere el diagnóstico del doble de especialistas, cuatro. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que el Gobierno de la Nación no sólo está restringiendo la Ley Orgánica de 02/2010 sino que además está restringiendo la de hace treinta años que durante la legislatura pasada manifestó que quería volverla a poner en vigor de forma intacta.

Creemos que el proyecto de ley pondrá más trabas a las mujeres que sufren alguno de los supuestos, y por eso no lo vemos nada práctico ya que obligará a cientos y cientos de mujeres a emigrar a otros países para poder practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Además, el exceso de trámites en algunos supuestos puede poner en peligro la vida de la embarazada y su integridad física. Por ello, recomendamos una legislación más positiva y menos restrictiva que ayude a las familias numerosas y a las madres a tener hijos mediante embarazos voluntarios y deseados.

En tercer lugar, queremos mostrar nuestro total rechazo a la forma en la que el Gobierno de la Nación ha presentado el presente proyecto de ley. Todas las legislaciones vinculantes a la interrupción del embarazo, incluso la del gobierno anterior, se aprobaron mediante Ley Orgánica. La Ley Orgánica es una herramienta que para su aprobación requiere mayor consenso y apoyo que una mayoría simple. Por ello, queremos recomendar y solicitar mayor consenso en la aprobación de legislaciones que pudieran sancionar o penar a las personas por la interrupción voluntaria del embarazo, ya que creemos que debe haber fundamentos jurídicos para ordenar el ingreso a prisión y no sólo ideológicos, éticos o morales.

En cuarto lugar y para finalizar, queremos aclarar que el presente proyecto de ley nos aleja de los sistemas vigentes en la mayoría de países europeos que ya han asumido un sistema de plazos similar al de la Ley Orgánica 02/2010, y que nos acerca a países minoritarios como Irlanda donde se entiende la aplicación restrictiva sobre la interrupción del embarazo en el contexto de un estado confesional. Pero debemos recordar al Gobierno de la Nación, que España ejerce según el artículo 16 de su Constitución, un estado aconfesional sin ningún credo o dogma mayoritario que deba convertirse en legislación.

Alejandro de Haro Rodríguez
Portavoz de Jueces para la Democracia