Los fondos de reptiles: un goteo corrupto de empresas y asociaciones beneficiadas amigas del PSOE

No hay pan,para tantos chorizos......

La Consejería andaluza de Empleo otorgó subvenciones fraudulentas de 120.000 euros a empresas ‘amigas’
Aparece otro caso de presunto fraude en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ahora es la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla la que investiga el posible fraude que se habría producido en las ayudas para la creación y mantenimiento del empleo otorgadas por la Administración autonómica y que acaba de llegar hace sólo unos días a la mesa del fiscal encargado del asunto, Fernando Soto. Ahora ha sido la propia Junta de Andalucía la que enviado la documentación a la Fiscalía de Sevilla tras descubrir los hechos.

Tales hechos fueron detectados cuando Manuel Recio, actual consejero de Empleo, decidió realizar su propia investigación sobre el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo. El fraude se ha producido en varias empresas (hay al menos cuatro o cinco) y está relacionado con ayudas que han recibido para la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todas las subvenciones supuestamente fraudulentas son por montantes superiores a los 120.000 euros cada una.

La Fiscalía de Delitos Económicos ha remitido la documentación para que sea estudiada e investigada por la Guardia Civil para precisar si el fraude tiene «algún tipo de nexo» con el caso que también está siendo investigado por el mismo departamento relacionado con un fraude en las subvenciones de la Unión Europea.

Mientras tanto, el Ministerio Público no tomará una decisión sobre la posibilidad de presentar una querella para que un juzgado de instrucción se haga cargo de las diligencias. Es el tercer gran escándalo de fraudes que aparece en la Junta de Andalucía en el seno de la Consejería de Empleo.

Primero fue la trama de ERE fraudulentos concedidos por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, un caso que se hizo público tras conocerse que el propio ex director general, Francisco Javier Guerrero, había admitido ante la Policía Judicial que en la Consejería había una partida, la 31.L, que era considerada un «fondo de reptiles» para ayudar a empresas en crisis y en el que han ido apareciendo numerosos «intrusos» que se acogían a estos EREs sin haber trabajado nunca en la empresa en la que figuraban como beneficiarios. Y, de hecho, esa trama está siendo investigada por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, y en ella además del propio ex director de Trabajo ya hay al menos un ex consejero de Empleo imputado, en este caso Antonio Fernández, que ya ha comparecido en el juzgado por este asunto.

Segundo, el fraude cometido en las ayudas procedentes de la Unión Europea y gestionadas por la Junta de Andalucía. En ese procedimiento ya se han tomado declaraciones a numerosos empresarios y ahora está por decidir si se presenta una querella en un asunto que, además de por la Fiscalía de Sevilla está siendo investigado por otras como las de Almería o Cádiz y en las que se han detectado centenares de anomalías en en 6.875 expedientes de empresas y que el 37% de las citadas ayudas de la UE al empleo en Andalucía fueron fraudulentos.

El PP pide, de nuevo, una Comisión de Investigación Parlamentaria

Según el PP, el Gobierno andaluz está obligado a aceptar una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades en los ERE, después de que la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, «haya reconocido que ha existido un fraude» en este caso. Cómo puede Moreno «reconocer el fraude, el caos y el descontrol de las ayudas en la Consejería de Empleo» y sin embargo negarse a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucíaç, es algo que no entra en la cabeza del PP.

La investigación sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía avanza sin descanso. La Fiscalía Anticorrupción, que ha apoyado la petición del Gobierno de José Antonio Griñán de apartar a la juez Mercedes Alaya de la instrucción del caso, ha solicitado ahora a la magistrada que investigue la supuesta implicación de un diputado socialista en la trama de los ERE.

Con esta petición, aseguran fuentes cercanas a la instructora Alaya, Anticorrupción estaría intentando apartar de nuevo a la juez del caso, pues si los hechos terminan por demostrar la implicación del diputado regional Ramón Díaz en los hechos y este resulta imputado, eso obligaría a Mercedes Alaya a dejar el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Este nuevo frente abierto por la Fiscalía Anticorrupción es apoyado por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Empleo, Manuel Recio, afirmó ayer que si la magistrada solicita información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el ahora diputado autonómico Ramón Díaz, la tendrá. “Con toda la documentación que sea pedida por el juzgado, la Junta va a colaborar como viene haciendo hasta este momento, al cien por cien”, sentenció Recio.

Se da la circunstancia de que la magistrada Alaya ya ha solicitado a la Junta los expedientes de regulación de empleo de la compañía Saldauto, en los cuales podría haber tenido algún tipo de responsabilidad el referido diputado autonómico.

La llegada de este diputado al Parlamento andaluz en el mes de febrero fue casi una carambola. La renuncia por motivos personales de la parlamentaria Evangelina Naranjo hizo correr la lista. Aunque por orden de lista Rosario Ayala debería haber sido la nueva diputada regional, esta renunció y dio paso a Ramón Díaz. El nuevo parlamentario autonómico es un hombre cercano al ex consejero de Empleo andaluz José Antonio Viera, al que también se relaciona con el escándalo de los ERE al haberse producido gran parte de los fraudes en su etapa como consejero.

Ramón Díaz es, además, un conocido representante de UGT, motivo que le llevó a conocer a uno de los presuntos cerebros de la trama de los ERE, el sindicalista Juan Lanzas, intermediario entre la Junta y las empresas subvencionadas.

Estos personajes están acostumbrados al malabarismo, pero ya no cuela....llevan demasiado tiempo robando, la justicia tiene que ser implacable y mucho mas con los que tienen la confianza del pueblo en sus manos , ellos deberían ser mas escrupulosos y pagar doblemente sus patrañas...sean de la ideología que sean.... Y por supuesto no volver a tener un cargo publico jamás.


Pero Dios mío, que justicia tenemos?, como es posible que intenten los mismos que deberían de estar detrás de todos y cada uno de los "IMPLICADOS" en los "ERES ANDALUCES" asta hacer que devuelvan todo lo presuntamente robado y después meterlos en la cárcel y en cambio al parecer presuntamente lo que buscan es una estrategia para que el caso valla al "T.S.J. ANDALUZ", ¿que pasa que hay tienen presuntamente mas amigos?.
Y ante semejante presunta "TROPELIA" el resto de la justicia, el gobierno y la oposición, "NO" dicen ni "HACEN" nada???.
Y luego se quejan de que nadie salvo ellos mismos, puedan creer a esta justicia???.
Y que pasa que presuntamente "NO" les parece "DELITO" lo que han hecho en "ANDALUCIA CON LOS FAMOSOS ERES", que aun pretenden salvarles presuntamente el cuello, esto es sencillamente una "VERGÜENZA NACIONAL EN TODA REGLA" y espero que todos los responsables de esta maniobra lo paguen, aunque lo de que la justicia es igual para todos presuntamente, sea una "MENTIRA FEA Y GORDA"!!!

Arenas dice que la Junta de Andalucía usó dinero del fondo de reptiles para publicidad
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado este domingo que la Junta de Andalucía ha utilizado “dinero del fondo de reptiles de los ERE para financiar, al menos, una campaña de publicidad”.

En su intervención en la Junta Directiva provincial del PP, celebrada este domingo en la Cámara de Comercio de Algeciras (Cádiz), Arenas ha señalado que, según la información que manejan los populares, “esto es así y esperamos respuestas” del Ejecutivo andaluz.

“Han hecho lo que les ha dado la gana con 700 millones de euros que era dinero de los trabajadores”, ha lamentado Arenas , apuntando además que “han beneficiado a intrusos a su capricho”, en alusión a la gestión que el gobierno socialista de la Junta ha llevado a cabo con el conocido como “fondo de reptiles”.

Asimismo, el presidente de los populares andaluces ha asegurado que su partido político “llegará hasta el final” de todo el asunto de los ERE y, en ningún caso, añade, “esto se ha aclarado como dice la consejera de Presidencia, Mar Moreno”. Aunque no quiso dar más datos sobre la denuncia, sí se sumó a lo que ha pedido el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, en torno a dar explicaciones, por parte del gobierno autonómico, sobre “las supuestas empresas afines” que también podrían, presuntamente, haber obtenido beneficios de los ERE.

Y es que, concluye Javier Arenas , las presuntas irregularidades “no han terminado y por ello nos comprometemos a llegar hasta el final”.

Andalucía, en manos de un puñado de truhanes: Formades, otro ente público y formativo ocupado por el PSOE
Antonio Barreda y Pedro de Tena.- Es otro ente instrumental creado en Huelva dependiente de las Corporaciones Locales de Huelva, donde el PSOE ha dominado hasta la extenuación desde 1982. Ya vimos cuál era su nivel de penetración en las estructuras de la plantilla de personal mediante nombramientos a dedo en los casos del Ayuntamiento de Almonte y la Mancomunidad de Aguas del Condado, hoy Giahsa. Traemos ahora a colación a Formades, un centro de formación provincial del entorno de El Rocío donde aparece, qué casualidad, otro familiar, un sobrino en este caso, del vicepresidente tercero, Manuel Chaves. (En la foto, Antonio García Rebollo, hasta el sábado concejal de Agricultura de Almonte y la directora de Formades, Ana Mª Orihuela, ambos a la izquierda).

Como ya saben, Huelva es la satrapía de los insignes socialistas Petronila Guerrero y Javier Barrero. Desde hace unos años, el manijero ascendente se llama Mario Jiménez, al que no se conocen más méritos que la descalificación y al improperio, motivo por el cual y por ejemplo, ha tenido demandas judiciales: el caso de la nueva alcaldesa de Jerez, la popular María José García Pelayo, el más reciente, sólo es uno de ellos.

FORMADES es una Entidad Pública con personalidad jurídica propia y está sujeta al Derecho Administrativo o Público, dado su carácter de Consorcio y como tal, está constituido con base a la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación municipal de Andalucía, Capítulo II Título III (artículos 33 al 36) Está regulado por Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1985 (artículos 37 a 40), la LBRL (art 87), la TRRL (art. 110) y la Ley de Consorcios. Además está bajo el contenido del artículo 148 1 2º de la Constitución.

Depende de la antes llamada Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad de Desarrollo del Entorno de Doñana, que fueron las que motivaron su creación y aprobación de sus estatutos (Resolución de 28 de Enero de 2002, BOJA 23 de 23/02/2002), al igual, que también les corresponde la labor de Control y Fiscalización de FORMADES, art, 42 del citado Estatuto; “A la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana, les corresponde la inspección superior de la gestión desarrollada por el Consorcio “Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible”.

La estructura organizativa del Consorcio la constituyen los siguientes órganos (art 6 Estatuto): Consejo Rector, Presidente del Consejo Rector, Consejo Asesor y Director-Gerente. Y dentro de las atribuciones del Consejo Rector (art está la de nombrar al Director-Gerente, aprobar la estructura organizativa y la relación de puestos de trabajo, entre otros.

Pero si entran en la página web del centro Formativo les será imposible conocer quiénes son los que rigen sus destginos y sus fondos. Hagan el ejercicio pulsando aquí.

Y vista la composición del Consejo Rector (art. 7), se puede deducir que quien Gobierna FORMADES es la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana, que, además, ejerce de órgano fiscalizador de FORMADES y a la que debe darse cuenta de la “Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividades” (art 43). En fin, que ejerce de Juez y Parte, ya que Gobierna y Controla.

FORMADES, como entidad pública sujeta al Derecho Administrativo (art 35 y 36 de la Ley de Demarcación y otros) en materia laboral estará sometida a la normativa que regula las Corporaciones Locales, así, aparece contemplado también, en el art. 2 de sus Estatutos “….Corporación de Derecho Público …, cuantos actos y contratos sean necesarios para su funcionamiento, todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al Ordenamiento Jurídico de Régimen Local vigentes.”

Por tanto, a efectos de contratación es de aplicación el Título VII sobre el Personal al Servicio de las Entidades Locales, de la Ley 781/1986, de 18 de abril (TRRL) y Título VII de la Ley 7/1985 (LRBRL), además del EETT, el Estatuto Básico del Empleado Público y en especial, el Real Decreto 1382/ de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Así, FORMADES debería aprobar la plantilla anual de personal, crear la relación de puestos de trabajo, hacer la oferta de empleo público, convocatoria pública y sobre todo, debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Todo ello atendiendo a los principios de racionalidad, economía y eficiencia.

Hasta 2009 (esta investigación se realizó en junio de 2009) no se disponía de RPT ni siquiera de una relación nominal de la plantilla donde se incluya el nombre, el puesto, la antigüedad, el régimen jurídico y el sistema de acceso.

Al margen de lo anterior, en la actualidad, se encuentran trabajando en FORMADES los siguientes mimbros relacionados con el PSOE:

ANA MARÍA ORIHUELA ESPINOSA. DIRECTOR-GERENTE. EX CONCEJALA DEL PSOE DE ALMONTE DURANTE 3 LEGISLATURAS.

PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. JEFE DE ESTUDIOS. MILITANTE DEL PSOE-ALMONTE. INTERVENTOR PSOE EUROPEAS/09 COLEGIO PASTORCITO.

MARTA ÁLVAREZ ESPINA. EX CONCEJALA DEL PSOE-ALMONTE.

ARMANDO LUQUE BERRAQUERO. MARIDO DE MARÍA DEL ROCÍO ESPINOSA DE LA TORRE, EX CONCEJALA DEL PSOE-ALMONTE Y DIRECTORA GENERAL DE ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

MANOLO RAMÍREZ ORIHUELA. MOZO DE CUADRAS. HIJO DE ANA MARÍA ORIHUELA ESPINOSA, DIRECTORA DE FORMADES. SUBVENCIÓN DE 6.000 EUROS EN 2010 DE LA JUNTA PARA SU EMPRESA, CONTRATADA POR FORMADES.

FRANCISCA DÍAZ HUELVA. LIMPIADORA. CONSUEGRA DE ANA MARÍA ORIHUELA ESPINOSA, DIRECTORA DE FORMADES. (EL HIJO DE LA LIMPIADORA ESTA CASADO CON LA HIJA DE LA DIRECTORA).

AGUSTINA DÍAZ HUELVA. LIMPIADORA. HERMANA DE FRANCISCA DÍAZ HUELVA, CONSUEGRA DE LA DIRECTORA DE FORMADES.

SONIA LÓPEZ BOIXO. MONITORA ECUESTRE. SOBRINA DE LA DIRECTORA DE FORMADES, ESTÁ CASADA CON UN SOBRINO DE ANA MARÍA ORIHUELA, CRISTÓBAL OJEDA ORIHUELA.

FERNANDO CHAVES PASCUAL. SOBRINO DEL EX PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, MANUEL CHAVES GONZÁLEZ, HIJO DE FERNANDO CHAVES GONZÁLEZ, PROFESOR EN EL INSTITUTO AL-ANDALUS DE EL ARAHAL y candidato del PSOE en las elecciones municipales. Tambièn Ejerce como consejero de la empresa pública Sevilla Activa.

ROCIO PILAR MEDINA MACÍAS, ESTUVO EMPLEADA EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA EN 2001 POR CONVENIO CSIC-INEM. MUJER DE FERNANDO CHAVES, SOBRINO DEL EXPRESIDENTE DE LA JUNTA. FRANCISCO JOSÉ BARROSO MORO, EX ALCALDE DE LUCENA DEL PUERTO 1979-1983. LUEGO EN LA LEGISLATURA 2003-2007. FUE ALCALDE HASTA EL 2005, AÑO EN QUE CEDIÓ LA ALCALDÍA Y FUE CONTRATADO POR FORMADES HASTA AHORA. A PARTIR DEL 2005 Y HASTA EL 2007 FUE ALCALDESA LA SEGUNDA DE LA LISTA MARIA DOLORES MACIAS MORA QUE, TRAS PERDER EN 2007, FUE CONTRATADA POR LA OTRA MANCOMUNIDAD, LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO.

Nota sobre algunas de las peculiaridades halladas

1.- Nombramiento de la Directora-Gerente.- Sólo tiene el “graduado escolar” y sin experiencia previa en el sector (evidentemente). Es un órgano unipersonal nombrado directamente por el Consejo Rector (consejo cuya composición no hemos logrado encontrar en el BOJA aunque suponemos que está constituido) y cuyas funciones están definidas en sección tercera del Estatuto y por tanto debe ser considerada una relación laboral de carácter especial de alta dirección en base al art. 2.1 a) del EETT, art. 13 del Estatuto del Empleado Público, art. 176.3 del RDL 781/1986, art. 130 de la LRBRL, art. 85.bis b) de la LRBRL y artículo 1 apartado dos del RD 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

La regulación de este tipo de relación laboral trata de aportar al Ente Local de profesionales de alto prestigio y experiencia suficiente en el sector que den a la administración pública mayor profesionalidad y valor añadido de carácter eminentemente profesional y cuyas funciones estén completamente diferenciadas de los altos cargos de naturaleza política. En todo caso, para su elección se atenderá, dicen los textos normativos, a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia.

Por todo ello, se exige por la normativa citada, estar en posesión del título de doctor, licenciado, arquitecto o equivalente y en caso de venir del sector privado, además, un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Debiendo ser seleccionado y no designado, con entidad profesional relacionada con la actividad y no lo contrario, que las retribuciones atiendan a criterios de eficiencia, eficacia y responsabilidad en relación con los resultados (art 13.2 del EBEP y 90.1 de la LRBRL) y no, a un beneficio político exclusivamente.

Conclusión: Puede existir nulidad radical del contrato, nulidad del acto administrativo al carecer de regularidad alguna. La ac tual directora no cumple nada de lo exigido.

2.- Ausencia de sistemas de acceso reglados y pérdida de garantías de los derechos fundamentales, sectarismo político en las contrataciones y una utilización desproporcionada de FORMADES como institución para el servicio de familiares, amigos, afiliados y afines del PSOE, así como, servir de instrumento político para la reserva activa de ex políticos ya inactivos, o dicho de otra forma, “de cementerio de elefantes”.
Conclusión: Puede existir nulidad de contratos por las irregularidades manifiestas en las contrataciones y la ausencia total de principios de buena administración, eficiencia y eficacia.

* Los elementos de este trabajo de investigación están contenidos en el libro “La tela de araña andaluza: Hilos de un régimen”, de Antonio Barreda y Pedro de Tena.

El sistema sale en ayuda de la cleptocracia andaluza: La Guardia Civil releva a la Policía en la investigación sobre los EREs.
La magistrada Mercedes Alaya dictó un auto que relevaba del trabajo de investigación de los ERE a la Policía Judicial, a la que pedía que entregase toda la documentación sobre el caso, y se lo encomendaba a la Guardia Civil. El País habla de “enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad”, cuyos mandos siempre han mantenido un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unificó las dos direcciones generales en 2006. Es un hecho insólito en el ámbito policial que una investigación cambie de manos, especialmente al tratarse de un caso tan complejo y de tal transcendencia judicial y política.

La juez no ha explicado las razones que tiene para haber dado este paso, pero varios medios hablan de “desavenencias personales con los mandos policiales encargados de la investigación”. El Mundo menciona la negativa de los mandos policiales a ejecutar determinadas “periciales” que habían motivado una primera intervención de la Benemérita. Pero fue la Policía Científica quien se negó a hacer lo que la juez pedía, no la policía judiciañ adscrita a los juzgados de Sevilla. En concreto dijo no poder reconocer las voces de quienes hablaban en el ya famoso caso de extorsión a los dos empresarios de Las Raza, trabajo que culminó con éxito la Guardia Civil.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tienen el caso en sus manos desde antes incluso de que la investigación recalara en el Juzgado de Instrucción 6, que dirige la juez Alaya. Otras fuentes consideran que ha sido la propia Unidad Adscrita a los Juzgados de la Policía Nacional la que ha pedido su relevo por «sobrecarga de trabajo».La policía dirigió recientemente un escrito a la juez en el que solicitaba que nombrara técnicos expertos a las órdenes del juzgado para analizar la gran cantidad de información acumulada (miles de vidas laborales de trabajadores e intrusos beneficiados por las pólizas, investigaciones en Bruselas sobre la aseguradora Apra, gestiones de intermediarios y sindicalistas…).

Recientemente, con motivo de una nueva declaración de Javier Guerrero, el autor de la expresión “fondo de reptiles” en relación con el caso, se denunciaron presiones y amenazas de los agentes al imputado. La inesperada respuesta de la magistrada ha sido semanas después este relevo en las funciones que afecta de lleno a la policía, responsable de las cuatro vías de investigación que han surgido en el caso.

Un ex consejero andaluz adjudicó dos millones de euros a una empresa de publicidad vinculada al PSOE.
El ex consejero andaluz de de Innovación y Ciencia, Martín Soler (den la foto), adjudicó 1,8 millones de euros en publicidad a la empresa madrileña que se le encargó la campaña del PSOE. En total, tres fueron las campañas encargadas a Entre3 y Publicidad SL. a través de dos agencias de la Junta, por lo que Martín Soler no aparece como firmante de la adjudicación, cuyo importe fue de cerca de dos millones de euros.

Cuenta Noticias de Almería que Entre3 es la agencia de publicidad con la que trabaja habitualmente el PSOE de Andalucía, y en concreto lo hizo en las elecciones autonómicas de 2008, que volvió a ganar el socialista Manuel Chaves, el mismo que posteriormente nombraría consejero a Soler. Pero el dirigente socialista almeriense fue luego destituído en 2010 por José Antonio Griñán. En esas elecciones, Soler concurría como cabeza de lista del PSOE por Almería, razón por lo que en la actualidad es parlamentario andaluz.

Soler tomó posesión del cargo en abril de 2009 tras su fugaz paso por la Consejería de Agricultura y Pesca, y el 18 de mayo adjudicó por importe de 1.195.000 euros una campaña de publicidad a Entre3 y Publicidad SL para algo tan genérico como “Prestación de los servicios para la realización de acciones de comunicación”, pero no lo hace directamente, si no por medio de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Idea .

Siete meses después, esta misma empresa recibe otra adjudicación publicitaria, en este caso de 327.600 euros, pero no lo hace directamente la Consejería, sino uno de sus organismos dependientes, la Agencia Andaluza de la Energía. Firmado el tres de diciembre de 2009, el motivo es Campaña de comunicación y promoción del «Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía» en su convocatoria 2009”; es decir, quedaba menos de un mes para que acabara el año en el que debía ejecutarse la campaña publicitaria en cuestión.

Y de nuevo Entre3 y Publicidad SL obtiene otro contrato de la Consejería de Soler, y otra vez desde la Agencia de la Energía, para una campaña de “comunicación y promoción” con fecha de 15 de enero de 2010.

ENTRE3 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

En esta empresa aparece como administrador Antonio Ayllon Campillo, que tiene como compañera a Cristina Lázaro Cadena, militante socialista, que estuvo en Egmasa, la empresa pública andaluiza durante un tiempo y adquirió fama por tratarse de una activa perseguidora de “acosadores inmorales”. Es la empresa agraciada con numerosos contratos que fueron denunciados por el PP en 2008.

Antonio Sanz, secretario general del PP-A, dijo entonces que «con muchísima distancia, es la empresa que más gana con la Junta de Andalucía en materia de publicidad y «Entre 3», es la que le lleva al PSOE las elecciones autonómicas, las del Estatuto y las últimas municipales»,

Según Sanz, que se basó en informaciones aportadas por el Parlamento, «Entre 3 tenía sedes en Sevilla, Madrid y Mérida, y no contrataba con la Junta campañas institucionales clásicas, sino que ofrecía a la Administración «servicios de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y ejecución de planes estratégicos de comunicación».

A juicio de Sanz, «es imposible saber a qué se dedica el pago» de tales trabajos, «porque ejerce una consultoría directa de estrategia de comunicación con la Junta. Y es tremendamente sospechoso que quien recibe estos contratos sea el mismo que le hace las campañas al PSOE».

Apuntó el dirigente del PP en 2008 que n 2006 y 2007 «Entre 3» ha firmado contratos con la Junta por un importe de 16,5 millones de euros «para servicios de asesoramiento y creatividad publicitaria», apartado que en las campañas tradicionales representa un 7 por ciento del total, aseguró Sanz.

«Entre 3» se constituyó en el año 2000, impulsada por Juan Antonio Ayllón Campillo, que en palabras de Sanz «tiene fuertes vínculos con el Partido Socialista, hasta donde sabemos, y es sospechoso que el 97 por ciento de sus clientes sean administraciones públicas del PSOE».

En este punto aludió a la Junta de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla, el Parlamento y empresas públicas como Egmasa o Giasa, entre otras muchas.

Por su parte, «Entre 3 Comunicación» rechazó horas después la acusación «falsa e intolerable» de Sanz, y anunció que ha puesto estas manifestaciones en manos de sus abogados «por si fueran susceptibles de alguna actuación legal».

Este año, el PP la volvió a denunciar

El PP denunció en marzo que la Consejería de Empleo le otorgó más de 18 millones de euros entre 2006 y 2009. Si se sumasen otras cantidades con entidades autonómicas o provinciales regidas por el PSOE, la cifra rondaría los 30 millones.

Los populares reforzaron así el discurso de presuntas irregularidades de la Junta de Andalucía, sumando una nueva pieza a los múltiples frentes que tiene abiertos el Ejecutivo de José Antonio Griñán: la trama de los expedientes de regulación de empleo, los negocios como comisionista del hijo de Manuel Chaves o el fraude de las ayudas europeas. Con los contratos de Entre3 es también la Consejería de Empleo la que volverá a estar en el disparadero.

«Cada nueve meses de media, Empleo ha adjudicado dos o tres millones de euros» a esta empresa de publicidad. De esta manera, indicó el PP-A «llegará hasta el final en esta cuestión».

José Juan Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente.
La Guardia Civil ha detenido ya a 17 personas, algunos de ellos técnicos y funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por un presunto delito de tráfico con aves rapaces, especies gravemente amenazadas y cuya protección es responsabilidad de esa misma Consejería. Forman parte de una trama que importaba ilegalmente este tipo de especies y algunos de ellos se beneficiaban de ayudas públicas.
Además de las 17 detenciones, los agentes han practicado ya 26 registros en nueve provincias españolas, entre ellas Sevilla, Murcia, Bilbao y Madrid y han intervenido numeroso material como certificados falsos y animales vivos y muertos.
La Consejería de Medio Ambiente de Sevilla fue uno de los lugares inspeccionados, igual que el Centro de Cría del Águila Imperial ubicado en el Complejo San Jerónimo, cuyo director es uno de los detenidos, segun informa ABC.
Al parecer en el registro de su vivienda se descubrió que tenía halcones vivos y muertos, entre otras rapaces. Además en la operación, que lleva a cabo la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona, se han obtenido imágenes de algunos de los arrestados —no se ha especificado si en Sevilla o en otra provincia— robando huevos de los nidos de las águilas imperiales, pese a que se trata de de especies protegidas. Los agentes han hallado asimismo animales muertos congelados con el propósito de justificar la procedencia de algunas aves no identificadas.
La Consejería de Medio Ambiente, responsable de la conservación del águila imperial (el ave más amenazada de todo el continente europeo) admitió la existencia de esa operación aunque no quiso facilitar más datos sobre los implicados.
Respuesta de la Consejería
Únicamente se limitó a emitir un comunicado en el que se aseguraba que está «aportando cuanta documentación ha sido requerida por la Guardia Civil para esclarecer cualquier responsabilidad» y también que los agentes de la Guardia Civil se habían presentado ayer en las dependencias de la Consejería «solicitando información sobre el programa de conservación del águila imperial».
Hay poco más de 260 parejas de estas aves localizadas en el cuadrante suroccidental de la Península ibérica.

La jueza Alaya comienza a tomar declaración a los primeros socialistas imputados por la trama de los ERE fraudulentos.

Griñán, de espalda, saluda a Alfonso Guerra.
La juez que investiga el presunto fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha comenzado hoy la toma de declaración a los primeros imputados en esta causa con la comparecencia de tres de los 72 “intrusos” detectados en el transcurso de las diligencias. Con casi una hora de retraso, la juez de instrucción 6 de Sevilla , Mercedes Alaya, ha llamado a declarar al exmilitante del PSOE de Camas (Sevilla) Juan Manuel L. E., uno de los tres “intrusos” en los ERE que deben declarar hoy.

El segundo citado es José A. L., concuñado de Antonio Rivas -exalcalde de Camas y exdelegado de Empleo de la junta de Andalucía en Sevilla y también imputado en este procedimiento; mientras que en tercer lugar declarará Jose Antonio Garcia Prieto exconcejal y exsecretario de política municiapl del PSOE en ese municipio. Estas tres personas estan imputados por la juez porque nunca habían trabajado en las empresas Intersur y Surcolor, aunque figuraban en sus respectivos Expedientes de Regulacion de Empleo.

Entre julio y septiembre

La juez aun no ha citado a declarar a los presuntos responsables de estas irregularidades, aunque si ha notificado a otros 11 imputados -además de los tres de hoy- para que comparezcan ante ella entre el presente mes de julio y el próximo septiembre.

La Junta de Andalucía ha detectado 72 “intrusos” en los ERE y otros 111 casos “con discordancias administrativas”, en unas diligencias en las que también están imputados, entre otros, el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y el ex sindicalista y “mediador” en los ERE Juan Lanzas.

Derecho a no declarar

Juan Manuel López Espadas y José Acevedo, beneficiarios de prejubilaciones supuestamente fraudulentas citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se han acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada y se han limitado a ratificar su declaración policial, según han informado fuentes del caso a la agencia Europa Press.

A lo largo de este viernes también ha sido llamado a declarar otro vecino de Camas, José Antonio García Prieto, quien dimitió como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de la localidad al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado.

La magistrada Mercedes Alaya indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Investigación paralela

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un “incumplimiento flagrante” de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de “discordancias administrativas” en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto en el que cita a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones.

Agrupación socialista

Además de los tres citados este viernes, el día 14 de julio, igualmente, han sido llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones. Ricardo Medina Barrios y Juan Manuel López Espada, además, eran miembros de la Agrupación socialista de Camas.

Ya el 9 de septiembre, la juez ha llamado a declarar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla ) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 15 de septiembre, han sido llamados a declarar María del Carmen Fontela, la segunda ‘intrusa’ descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.

Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y “amigo” también del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe ( Sevilla ), y Antonio González Pérez.