Los fondos de reptiles: un goteo corrupto de empresas y asociaciones beneficiadas amigas del PSOE

La Junta de Andalucía subvencionaba a la mayoría de las empresas que después presentaban ERE con intrusos dentro
¿Para qué sirve dar una subvención a una empresa en crisis? Se supone que dicho dinero, dinero público, debe servir para reflotar la empresa o, al menos, para evitar despidos masivos de trabajadores. Pero resulta sorprendente que 22 sociedades que presentaron un expediente de regulación de empleo en Andalucía recibieran previamente cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno andaluz. ¿Para qué sirvió ese dinero? Lo que parece claro es que no sirvió para ayudar a las empresas a sobrevivir ya que luego presentaron ERE amparados asimismo por la Junta andaluza.

Según expuso el consejero de Empleo, Manuel Recio el pasado miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía los incentivos y el apoyo público son necesarios para contribuir al sostenimiento del empleo y de la actividad productiva». Pero los hechos son testarudos y niegan esta afirmación.

La empresa Graficromo recibió 407.488 euros tras acogerse a la Orden de 10 de marzo de 2000 que regulaba el Programa de Ayuda para la Promoción y el Desarrollo del Sector Industrial. El incentivo se publicó en el BOJA el 7 de febrero de 2003. Un año y medio después, la empresa llegó a un acuerdo con el comité de empresa para un ERE que afectaría a entre 40 y 45 bajas incentivadas. De nada sirvió: la empresa presentó suspensión de pagos en febrero del año siguiente. En Graficromo figura como prejubilado de manera irregular el militante socialista de El Pedroso (Sevilla) Alejandro Millán Torres. Hay otras dos personas de las que se desconoce su identidad.

El caso de Cydeplas Pet también es llamativo. Ya en 1994 recibió a través del IFA un préstamo de 250 millones de pesetas. El 14 de marzo de 2000 aparece en el BOJA como beneficiaria de una ayuda directa para la promoción y el desarrollo del sector industrial –Orden de 4 de diciembre de 2005– de 100.981.200 pesetas. La fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) presentó un ERE a finales de 2003 que afectaba a la totalidad de la plantilla: 49 trabajadores. El proceso culminó en 2004 tras la intermediación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Según los datos de la Junta enviados al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hay tres intrusos en este expediente: uno de ellos, el ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo.

Calderinox recibió más de 600.000 euros (652.263,71) según consta en el BOJA de 15 de mayo de 2006 tras acogerse a la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por la que se convocan ayudas para las empresas del sector aeronáutico y para la localización de entidades y empresas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía. Es el mismo caso de Graficromo: año y medio después solicitó concurso de acreedores –antigua suspensión de pagos–. Ahí comenzó el proceso que acabó con prejubilaciones financiadas por la Junta entre las que se incluyeron dos personas irregularmente, uno de ellos el ex delegado de Trabajo en Sevilla entre 1998 y 2000, Juan Rodríguez Cordobés.

Otro ex alcalde socialista –Domingo Martínez, de San Nicolás del Puerto (Sevilla)– es uno de los tres intrusos en el ERE de Acyco Sal. Esta envasadora de aceitunas de Dos Hermanas –propiedad del Grupo Sos desde 2009 y en la que desembarcó en 2003– también recibe estímulos frecuentes de dinero público. En 1995, el IFA le prestó un aval por 450 millones de pesetas; en 1999, otro por 233 millones; y en 2001, uno nuevo de 350. Las subvenciones también son cuantiosas: entre 1997 y 2000 recibió varias por promoción cooperativa y economía social. Pero la más importante llegó en 2001: 2.941.052,73 de euros al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001 que regulaba el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social. A finales de 2003, SOS Cuétara compró el 33,3 por ciento de Acyco por cinco millones de euros. La propia SOS Cuétara también tiene intrusos en ERE, como la suegra del ex director general de Trabajo.

Al amparo de la Orden de 5 de mayo de Promoción Cooperativa, la empresa Springer Arteferro recibió 30 millones de pesetas en 1995; 39, en 1997; y otros 30, en 1999. También obtuvo casi 7 millones por participar en programas de Formación Profesional Ocupacional como consta en el BOJA de 7 de febrero de 1998. Presentó un ERE y una persona que nunca trabajó en esta sociedad figura como beneficiaria de una póliza de seguros hasta su edad de jubilación, pagada con fondos públicos.

Grandes empresas como Primayor, Dhul, Delphi, Tioxide o Hitemasa siguieron el mismo proceso: dinero público para tratar de salvarlas y más dinero después para seguir pagando a los trabajadores –y a los que no lo son– hasta su jubilación.

La juez Alaya afirma que la Junta de Andalucía conocía la trama de los ERE y que aportó datos falsos a la investigación
La juez Alaya afirma con toda claridad en su auto de once de marzo de 2011 que la Junta de Andalucía conocía la trama de los ERE. Textualmente afirma: “QUINTO.- Por último, habiéndose incoado Diligencias Previas 182/l1 en relación a los Expedientes de Regulación de Empleo relativos a Mercasevilla, de las diligencias practicadas hasta la fecha se deduce la identidad de los hechos investigados en ambas causas, es decir la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo con Planes de Prejubilación Anticipada mediante Pólizas de Rentas Colectiva y la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las empresas, con la intervención de éstas y con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral…”

Respecto a los datos falsos la juez se pronuncia de este modo: “…procede solicitar de la Junta de Andalucía que explique por qué en relación a la empresa Saldauto se señalan a 3 intrusos, cuando en realidad de la documentación recibida y según consta en el anexo de la póliza n° 3.603 de Apra Leven, salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario, el número de intrusos indiciariamente se elevaría a 8″.

Y continúa probando la falsedad de los datos de la Junta: “Asimismo explique por qué en Surcolor se señala a 2 falsos trabajadores, cuando en realidad una vez comprobada la lista de trabajadores afectados por el expediente, aparece que son 11, salvo como en el caso anterior, se complete la documentación. Y respecto a la empresa Hitemasa, explique por qué únicamente señala a Doña Estrella Blanco García, la cual es beneficiaria de una póliza particular suscrita para ella presuntamente sin relación con el ERE de dicha empresa, cuando en virtud del atestado policial aportado a las actuaciones se relata la inclusión en el ERE de Hitemasa, a pesar de no haber trabajado en la misma, de Don César Jesús Braña Pino, ya fallecido, cuyas prestaciones han venido siendo percibidas por sus herederos legales, de Don Juan Lanzas Fernández, de su esposa Patrocinio Sierra García, de Doña María de las Nieves Ruiz Pérez y de Doña Josefa Martínez Elvira”.

Por último, dice la juez, “explique por qué incluye como “intruso” en Germans a Don Luis Vera Calzado, cuando el mismo consta como trabajador de dicha empresa desde el 1 de junio de 1.979, teniendo en cuenta que para la misma se realizó una póliza colectiva junto con Bonpunt, Auxiliares de Bonpunt, Cydeplast y Ros Fotocolor”.

En el punto segundo de sus razonamientos jurídicos, la juez no se explica cómo la Junta, vía Consejería de Empleo, destina mucho más dinero a unos colectivos de trabajadores que a otros. Y dice no explicarse “como en Bonpunt el Director General de Trabajo Don Francisco Javier Guerrero Benítez, en Abril de 2.008 (después de la póliza conjunta para varias empresas en las que se comprometía al pago de casi diez millones de euros), se compromete al pago de 1.981.000 Euros y en febrero de 2.009 la misma cantidad para una póliza de 18 trabajadores (incluidos en la lista del ERE), mientras que en Cydeplast en abril de 2.008 se compromete al pago de 292.548 Euros para un colectivo de 34 asegurados, o por ejemplo en Springer Arteferro para un colectivo de 12 trabajadores compromete la suma de 2.015.247 Euros más 796.978 Euros posteriormente”.

Y concluye señalando que “procede por tanto requerir a la Policía para que informe sobre las razones que puedan motivar la diferencia económica en tales prestaciones en relación al número de trabajadores beneficiarios”.

La juez finalmente unifica la causa de los ERE de la Junta con la de las irregularidades en los ERE de Mercasevilla, porque ambas apuntan a «la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE y Planes de Jubilación Anticipada con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral». Pero, dada la complejidad de la causa, acuerda formar una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos: Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Calderinox, Cydeplast, Hitemasa, Springer Arteferro 2006, Sur Color, Sos Cuetara, Germans y Cash Lepe.

¿Cuántos intrusos hay?

Los datos ofrecidos por el Ejecutivo –y de los que ahora duda la Justicia– concluyen que hay 183 personas –el último dato conocido era 146– que perciben una póliza de seguros financiada por la Junta de Andalucía de manera fraudulenta. Un total de 72 no ha tenido ninguna relación con las empresas. Son los denominados «intrusos» y a los que el Gobierno andaluz les abrirá un procedimiento administrativo para la devolución de las cantidades percibidas hasta la fecha. El importe global asciende a nueve millones de euros.

Los otros 111 casos corresponden a «discordancias administrativas», una forma eufemística de denominar a aquellos trabajadores que pertenecían a subcontratas de la matriz o no cumplían los requisitos para acogerse al ERE. La cifra sólo incluye los expedientes que aún paga la Junta; los que ya ha abonado íntegramente no se han revisado.

En total, el grupo de 20 funcionarios ha repasado 5.982 pólizas de trabajadores beneficiarios de ayudas del Gobierno andaluz, de los que 5.799 –el 96,94 por ciento– «no presenta ningún tipo de irregularidad». Esta cifra se corresponde con 68 empresas investigadas; todos las situaciones fraudulentas se concentran en 24 sociedades, mientras que las «discordancias» afectan a 18.

Con estas cifras, Recio insistió en restarle importancia al desfalco, que sólo alcanza «el 1,39 por ciento del total». El consejero de Empleo calcula el porcentaje tomando como referencia los 647 millones de euros atribuidos al «fondo de reptiles», cuando ahí se incluyen los expedientes muertos y las 130 ayudas directas a empresas sin libre concurrencia y por valor de 87 millones de euros.

Un viceconsejero andaluz autorizó pagos por más de 464.000 euros con cargo al fondo de reptiles
La Junta de Andalucía se ha despabilado de repente, en sólo 48 horas. De la lentitud, la imprecisión, el mareo de la perdiz cuando no la negligencia y la confusión, ha pasado a una diligencia nunca vista. Dede ayer, se ha estado entregando a a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la documentación que exigió sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados en la región andaluza a cuenta del descubrimiento de 72 prejubilaciones falsas incentivadas con fondos autonómicos. De pronto, ya le han sido entregados 55.631 folios y 68 expedientes. Entre ellos, dos documentos que demuestran que también un viceconsejero ordenó pagos con el mismo procedimiento. Se sube un escalón político: de directores generales a viceconsejeero.

El viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá (en la imagen), entre 2004 y 2010, también pagó con el dinero del “fondo de reptiles”. Cuenta El Mundo que Barberá, autorizó pagos por al menos 464.639,73 euros con cargo al fondo de reptiles. Su firma aparece dando el «visto bueno» en al menos dos escritos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, la misma a la que el Gobierno andaluz y el PSOE tratan de endosar toda la responsabilidad por la trama de los ERE.

Hasta ahora, la tesis de la Junta era que la Dirección General de Trabajo operaba por su cuenta sin recibir instrucciones de la “superioridad”. Luego, apareció otra Dirección general, la de Desarrollo Teconológico e Incentivos implicada en los desvíos de dinero. Pero ahora, Barberá, mano derecha del exconsejero Antonio Fernández, que remitió al fiscal el CD con la grabación de las comisiones ilegales de Mercasevilla, ha aparecido como alguien que tambièn firmaba pagos con ese dinero. Se sube un escalón político. De director general a viceconsejero.

El dinero cuyo pago fue ordenado por el viceconsejero fue destinado a subvenciones al margen de la normativa y el procedimiento administrativo, según ha apuntado la Policía Judicial y advirtió la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía en los años 2005, 2006 y 2007.

La clasificación general de intrusos

Aunque se está pendiente de las precisiones y ajustes de la juez Alaya, que encontraba más intrusos que la Junta, el ERE en el que más falsos prejubilados se han detectado es el de la empresa textil Bonpunt, con sede en Ronda (Málaga), con 11 «ajenos». Cinco intrusos se han detectado en cada uno de los ERE de Hitemasa, Faja Pirítica de Huelva y Promiforja, una empresa de Cabra con otra empresa asociada, Muebles de Madera Promi, en la que se han encontrado tres intrusos.

En Matadero Fuente Obejuna y en Manufactura Española del Corcho se han encontrado cuatro intrusos en cada una de ellas, mientras que en los ERE de Saldauto, Intersur y Dhul se han localizado tres falsos prejubilados. La juez encuentra más en Saldauto, nada menos que cinco que no han sido reconocidos por la Junta.

Mercasevilla, Restuarante Río Grande, SOS-Cuétara, Acyco, Spriger-Arteferro, Surcolor, Calderinox, Primayor, ABB, Tragsa, Tioxide Europe, Industria Auxiliar Delphi, Industrias Guadalquivir y Minas de Alquife son el resto de empresas en las que la Consejería de Empleo ha detectado uno o dos intrusos. En total, las empresas con «ajenos» son 24.

El PP exige un pleno parlamentaraio sobre los ERE y el PSOE se opone

Javier Arenas anunció que va a solicitar la convocatoria urgente de un pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para abordar las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, al tiempo que denunció la existencia de una «segunda trama» para «impedir una investigación a fondo» sobre este asunto. El PSOE volverá a hacer uso de su mayoría absoluta para abortar la nueva petición del PP.

A juicio de Mario Jiménez, portavoz del PSOE, la petición por Arenas del pleno extraordinario está «dentro de la estrategia del PP seguir haciendo ruido y de convertir al Parlamento en un escaparate de sus planteamientos partidarios», y con ella pretende «un nuevo exabrupto», como dijo que hizo el miércoles al abandonar la reunión de la junta de portavoces, con lo cual «se disparó a los pies de una manera absolutamente burda y torpe».

Según Jiménez, los últimos plenos de la Cámara han debatido «casi treinta iniciativas» respecto a los ERE y, en total, han sido «más de 160» entre preguntas al presidente y al Gobierno, comparecencias del consejero, proposiciones no de ley, mociones o interpelaciones, por lo que ese pleno extraordinario es «absolutamente innecesario».

¿Una segunda trama para echar tierra a los ERE?

Informa hoy ABC de detalles sobre quiénes dentro de la Junta han inspeccionado los expedientes de los ERE. Curiosamente, la Junta encargó su investigación de los ERE a técnicos ascendidos «a dedo».

La investigación interna que ha sacado a la luz 72 «intrusos» y 111 irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) se encargó a un grupo de funcionarios de su total confianza. Siete jefes de servicio y de gabinete de la Consejería Empleo fueron los elegidos para revisar uno a uno los 68 ERE en vigor son funcionarios que previamente fueron promocionados de manera discrecional a puestos de responsabilidad por parte de altos cargos de la Consejería.

Recio hizo públicos los resultados a través de Facebook pero la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio un plazo de 48 horas (que vence hoy) para que el Gobierno andaluz, que había presumido de colaborar con la justicia, le envíara todos los informes que faltan y que están plagados de contradicciones.

Hasta 35 socialistas imputados en el caso de los ERE serán candidatos en las elecciones municipales

Pilar Sánchez, candidata a la Alcaldía de Jerez pese a estar imputada.
Para el PSOE andaluz, hay imputados de una clase e imputados de otra. Según Griñán, si se mantienen las imputaciones de los implicados en el caso de los ERE serán apartados del partido e incluso suspendidos de militancia o expulsados. Sin embargo, de los 106 cargos públicos del PSOE imputados en procesos judiciales, 35 participarán en las próximas elecciones municipales como candidatos de diverso nivel en listas socialistas. 31 de estos imputados serán además, cabezas de lista. Entre ellos, se encuentra la actual la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez y el cabeza de lista al Ayuntamiento de Granada y delegado provincial de Innovación, Francisco Cuenca.

La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, detalló que hay en Andalucía 106 cargos socialistas imputados, de los que 35 concurrirán en las listas de este partido en las próximas elecciones municipales. De estos 35, además, 31 van como cabezas de lista. De esta forma, la portavoz popular preguntó a Griñán «por qué no ha dado de baja a los 106 cargos que están imputados», especialmente, aquellos que van a repetir en las listas de las municipales.

Entre los imputados que repetirán se encuentran la alcaldesa de Jerez y otra quincena más de alcaldes, pero también el candidato en Granada, Francisco Cuenca. Segun los datos aportados por el PP, Granada y Málaga son las provincias que presentan un mayor número de cargos socialistas imputados, 22 y 21 respectivamente, seguidas de Sevilla, con 17. En esta última provincia, destacan casos como Mercasevilla y Burguillos. Por contra, Córdoba es la provincia que menos imputados socialistas tiene, con sólo el alcalde de Baena, Luis Moreno.

Entre los ex altos públicos socialistas imputados, destacan asimismo por su vinculación con el caso de los ERE fraudulentos Fernando Mellet, Daniel Ponce, Antonio Rivas, Domingo Enrique Castaño, Gonzalo Crespo y el ex consejero Antonio Fernández.

Finalmente, los populares señalan también que hay diligencias abiertas contra diversos cargos socialistas, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, por una querella; la alcaldesa de Jerez, por subvenciones al PTA; y la alcaldesa de Jaén y candidata, Carmen Peñalver.

El escándalo de los ERE salpica a los sindicatos: CC.OO. fue tomador de una póliza de seguro de tres millones de euros para once trabajadores
La Policía investiga el papel de CC. OO. en el pago de los ERE. La juez que lleva el caso se pregunta por qué el sindicato fue tomador de una póliza de tres millones de euros para once trabajadores. Como es sabido, tanto UGT como CC.OO obtienen ingresos por asistir “profesionalmente” a los trabajadores y a las empresas en los Expedientes de Regulación de Empleo aunque aún no se ha hecho pública una relación de ingresos por estos conceptos. Recordemos que por intermediar el ERE de una empresa de electrodomésticos, el sindicato CGT denunció que UGT y CC.OO habían cobrado 6.500 euros cada uno en concepto de honorarios. Segun UGT, estos honorarios servían para cubrir los gastos de los no afiliados y se suman, claro, a las subvenciones que los sindicatos cobran de los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas e incluso dediputaciones y ayuntamientos. Por su parte, el PSOE saca la artillería contra la juez y la acusa de filtrar papeles a la prensa.

ABC cuenta hoy que una póliza de tres millones fue tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores. Naturalmente, el hecho se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encargado a la Policía. En el auto que ordena la investigación, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen «todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CC.OO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones». Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.

El auto ordena que «se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es CC.OO. y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas». Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Angeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.

Pero también reclama gran cantidad de documentación como la vida laboral de doce falsos trabajadores de Bonpunt y dos de Cydeplast además de otros 48. La investigación también requiere datos sobre Germans, de la que solicita los requisitos para la prejubilación así como el dato dado por la Junta de que Luis Vera y Ana Bohorquez , incluidos como falsos trabajadores en Bonpunt, también pudieran estar incluidos en las prejubilaciones de Germans. De Sos Cuétara, pide la vida laboral de 34 trabajadores y los datos de Victorina Madrid (suegra de Guerrero incluida en el ERE). En cuanto a Saldauto, pidió la vida laboral de varios asegurados de la póliza de Apra leven: Francisco Delgado, Antonio González, Francisco de Paula Hernández, José Herrero, Guillermo Jiménez, Guillermo López, Rafael Rodríguez y Antonio Toro. De esta empresa también pide que se investigue por qué recibió la póliza antes del ERE.

La investigación abarca la póliza financiada por la Junta de Andalucía con una prima de 812.989 euros para Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. O el por qué, después de transferir un millón a Hitemasa, a Dirección General de Trabajo distribuyó partes de esa cantidad: 400.000 euros a Graficrommo, 155.808 al Grupo Cortefiel y 300.000 euros a Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. La juez ha pedido igualmente las vidas laborales de otros dos intrusos señalados por la Junta, en el ERE de Calderinox Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández, quién es Estrella Blanco y la inclusión de José Antonio Márquez y Manuel López en el ERE de Surcolor. También la vida laboral de doce trabajadores incluidos en el ERE de Springer Arteferro.

El PSOE ya no se contiene y ataca a la juez

Mientras la Junta de Jueces de Instrucción debate hoy una petición de Mercedes Alaya para que la eximan del reparto del juzgado durante tres meses y le pongan un juez de apoyo dado el trabajo que tiene (además de los ERE, Mercasevilla y el Betis), el PSOE ya no sabe qué hacer para desacreditar la labor de la juez. Aunque al principio se adhirió a la petición de las defensas del caso Mercasevilla y del fiscal para recusarla, recusación que fue desestimada, ahora la acusa de filtrar documentación a la prensa.

Como es habitual ya, el elegido para tal misión ha sido el portavoz parlamentario Mario Jiménez que insinuó ayer que desde el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, se están filtrando a los medios de comunicación informes sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que le ha enviado la Junta de Andalucía. Tras matizar que su partido «no hace juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las fuerzas de seguridad», Jiménez lamentó que «es un hecho objetivo que cuando la Junta remite al Juzgado la documentación, al día siguiente está en los medios de comunicación».

La «fuga» se produce —puntualizó— «antes incluso de que la documentación se comunique a las partes». La de ayer es la primera crítica velada del grupo socialista a la magistrada, que custodia los informes —que suman más de 150.000 folios— que le ha enviado el Gobierno andaluz desde que arrancó la instrucción, donde la Administración andaluza también está personada.

Pero cabe considerar que esta es la respuesta de Griñán a la jueza, que quería y quiere estar en posesión de las actas de las sesiones del gobierno andaluz con su correspondiente documentación entra la que podría encontrarse la relativa a los informes de la Intervención sobre la legalidad de los procedimientos del fondo de reptiles.

El PP-A dice que, según marca el artículo 30.3 de la Ley de gobierno, esas actas «no son reservadas», por cuanto no incluyen ni las deliberaciones realizadas en esos consejos ni los votos individuales expresados por sus integrantes, tal como señaló ayer la portavoz de esta formación, Rosario Soto.

Madre, mía, si al final estará metido también los de COCO y OGETE, pff... Eso si, de esto casi ni se habla en los medios, es una vergüenza.

Héctor Fernández. escribió:Madre, mía, si al final estará metido también los de COCO y OGETE, pff... Eso si, de esto casi ni se habla en los medios, es una vergüenza.

L1,tele5,4,6.... son cadenas de audiencia nacional y socialistas por tanto mutis por el foro como van a hablar del mayor caso de corrupciòn jamàs visto en España.

Paco Botella escribió:

Héctor Fernández. escribió:Madre, mía, si al final estará metido también los de COCO y OGETE, pff... Eso si, de esto casi ni se habla en los medios, es una vergüenza.

L1,tele5,4,6.... son cadenas de audiencia nacional y socialistas por tanto mutis por el foro como van a hablar del mayor caso de corrupciòn jamàs visto en España.

Hombre, t5 no es que sea de izquierdas, simplemente le baila el agua a quien gobierne, pero recordemo que es la televisión de Berlusconi...XD

El Gobierno andaluz desafía a la jueza Ayala y se niega a entregarle las actas de los consejos.
La jueza que investiga las prejubilaciones falsas pagadas por la Junta dio ayer tarde a conocer a las partes un auto en el que vuelve a reclamar al Gobierno andaluz que le remita las actas de sus reuniones desde 2001. El auto es la respuesta de la magistrada Mercedes Alaya a la negativa del ejecutivo de Griñán a enviarle las actas completas de manera indiscriminada por ser materia reservada según la ley del Gobierno y considerar a la juez incompetente para levantar dicha reserva. La Junta dio a conocer esta decisión en su consejo de Gobierno del martes día 29.

En su auto, fechado el día 30, y según las agencias Efe y Europa Press, la titular del número 6 de Sevilla se lamenta de que siendo la Junta parte personada se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de su decisión de no enviarle las actas. «Las actas ni son reservadas ni son secretas, sólo los documentos que se presentan al Consejo tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo decida hacerlos públicos, y sólo serán secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos», dice el auto.

La magistrada arremete contra la Junta: «Resulta paradójico que, durante diez años, la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». Para la magistrada, «no es legítimo, por constituir un abuso de derecho, que la Junta se persone como perjudicada y, de otro lado, pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna».

La magistrada Mercedes Alaya explica en el auto las razones por las que pide dicha información y lo hace de manera más pormenorizada que en el emitido el pasado día 21. Argumenta la petición a partir de 2001 por el acuerdo-marco del 17 de julio de ese año suscrito entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) «para la materialización de ayudas excepcionales» destinadas al pago de los ERE. Quiere saber si este acuerdo, que expiraba en 2003, volvió a renovarse. También razona el interés en la existencia de los informes de la Intervención General de Hacienda a partir de 2005 alertando «ejercicio tras ejercicio» que se ha prescindido «total y absolutamente del procedimiento establecido» en dichas ayudas, «lo que ha generado un importante déficit presupuestario».

Delito de prevaricación

Además, la instructora revela de que al margen «de la indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares, personas vinculadas al partido de gobierno y a su entorno, se investiga en la presente causa si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención General, puede constituir un delito de prevaricación».

La magistrada aclara que ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones interesan a la investigación de la causa, «sólo los acuerdos y las demás circunstancias que deben figurar en las actas». La instructora se compromete a incorporar al sumario «sólo aquellas actas que sean relevantes para la investigación, devolviéndose las restantes», ya que «ningún interés tiene esta titular con la sobrecarga que pesa sobre el Juzgado de examinar más documentación de la necesaria».

El Gobierno andaluz manifestó ayer que estudiará detenidamente el auto, pero que tras la primera lectura, entiende que la magistrada sí está «acotando» más su petición de información como había pedido. La Junta no se pronunció, como le ha reclamado la jueza que lo haga el próximo lunes, sobre si mantiene su requerimiento de inhibición por el que anunció que acudiría al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo.

Leyendo hoy el ABC en lo referente a la división del PSOE andaluz... dije en voz alta: "¡Qué ostia se van a meter!" (pensando en el 22-M)

Arenas les va a meter una pasada que se les van a despegar las pegatinas...

Héctor Fernández. escribió:Leyendo hoy el ABC en lo referente a la división del PSOE andaluz... dije en voz alta: "¡Qué ostia se van a meter!" (pensando en el 22-M)

Arenas les va a meter una pasada que se les van a despegar las pegatinas...

Lastima que las elecciones andaluzas no se celebren el dia 22-M........

Paco Botella escribió:

Héctor Fernández. escribió:Leyendo hoy el ABC en lo referente a la división del PSOE andaluz... dije en voz alta: "¡Qué ostia se van a meter!" (pensando en el 22-M)

Arenas les va a meter una pasada que se les van a despegar las pegatinas...

Lastima que las elecciones andaluzas no se celebren el dia 22-M........

Ostia es verdad, que son para 2012, yo es que como ya estoy centrado en estas elecciones se me va la pinza, XD

Chaves participó en actos festivos de dos empresas que beneficiaron a sus hijos: Minas de Aguas Teñidas y Bogaris
Las coincidencias repugnan a la razón humana cuando traspasan cierto número. En este caso, aunque el número es sólo de dos, a falta de otras investigaciones, la razón vacila. Manuel Chaves, siendo presidente de la Junta de Andalucía, fue a los actos inaugurales o festivos de dos empresas, Minas de Aguas Teñidas y Bogaris, cuyas direcciones acababan de beneficiar a sus hijos. A Paula Chaves, la empresa minera le aportó un contrato como apoderada de la empresa que luego se vio recompensado con una subvención de 10 millones de euros. En el caso de Bogaris, pagó 28.000 euros a Iván Chaves por un informe y se vio beneficiada con la presencia del presidente Chaves con motivo dfe su XX aniversario.

Presencia de Chaves en Bogaris

La compañía sevillana Bogaris, multinacional dedicada a la promoción inmobiliaria, las energías renovables, el reciclado y la agroindustria, celebró su 20 aniversario el 3 de diciembre de 2008 en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. El acto estuvo presidido por Manuel Chaves, entonces regidor de la Junta de Andalucía, acompañado por el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

De la mano de Rodrigo Charlo, presidente de la empresa, y ante una nutrida representación del mundo político, económico y social andaluz, Manuel Chaves “felicitó a la compañía y mostró su apoyo a las futuras iniciativas de Bogaris”, según informó el diario ABC en su edición de Sevilla el día siguiente.

Lo que no dijo Manuel Chaves y lo que sólo conocían algunos de los presentes es que la misma empresa ante la que el presidente de la Junta se deshacía en elogios acababa de encargar un trabajo muy bien remunerado a su hijo. Concretamente, Bogaris contrató a Iván Chaves para que desde diciembre de 2008 –coincidiendo con el acto apadrinado por el presidente andaluz- hasta marzo de 2009 presentara a inversores un informe titulado “Pasado, presente y futuro del aceite de oliva virgen en el mundo: Propuesta de inversión”.

Iván Chaves cobró a Bogaris por este trabajo 28.188 euros, tal y como refleja la factura emitida por su empresa, Cexmark Soluciones S.L., con fecha 1 de abril de 2009. Según el documento, la labor del hijo del actual vicepresidente tercero del Gobierno únicamente consistió en la presentación del informe, no en elaborarlo. Bogaris, al igual que los Chaves, ha declinado explicar qué trabajos hizo el hijo del entonces presidente autonómico y si consiguió a los inversores de los que habla la factura.

El presidente de Bogaris y cliente de Iván Chaves, Rodrigo Charlo, destacó en el XX aniversario que “el crecimiento ha sido posible gracias al esfuerzo y la dedicación del equipo humano que integra Bogaris junto con el apoyo recibido por parte de clientes, proveedores, sin olvidar la estrecha colaboración mantenida con las distintas administraciones”, según las declaraciones textuales que publicó ABC.

La Junta del Tempranillo otorgó contratos a socios del hijo de Chaves por casi 6 millones de euros

Iván Chaves, segundo por la izquierda.
La Junta otorgó contratos a socios del hijo de Chaves por casi 6 millones de euros. Así, una empresa de un socio de Iván Chaves consiguió 19 convenios de publicidad con 8 consejerías logrando contratos por 5,9 millones. La empresa Mediasur fue contratada para realizar al menos 19 campañas de publicidad para ocho consejerías de la Junta de Andalucia. Esta empresa tiene como director general a Rafael Sánchez-Zaragoza Iribarnegaray, que fue socio fundador de la empresa Exiden Participaciones Industriales junto a Iván Chaves. Todo coincidencias.

Además, el actual presidente de la empresa publicitaria es Asensio Vicente Molina Ortiz también fue socio de aquella empresa de Iván Chaves.

Por su parte, el hijo de Manuel Chaves afirma que “como me tenga que poner a justificar el negocio de todas las personas con las que yo tenga relación y su posible vinculación con la Administración me volvería loco”.

De este modo, el primer contrato de Mediasur con la Junta fue una campaña para la Consejería de Salud en 2004 por un valor de 190.000 euros y la última la campaña de publicidad de Turismo andaluz en 2010, valorada en 400.000 euros. Los contratos más abultados se los dio la Consejería de Presidencia, 1,3 millones en 2009, y Economía, con 1,03 millones.

Además, Iván Chaves ha denunciado ante la Policía el robo de varios documentos de su despacho, principalmente contratos. Los agentes sospechan del entorno del hijo del ex presidente de la Junta. Chaves denunció los hechos el 8 de marzo tras recibir la llamada del periodista Melchor Miralles. Fuentes policiales aseguran que Iván se mostró extremadamente nervioso.

El primer teniente de alcalde de Sevilla, imputado en la causa de Mercasevilla

La juez de instrucción número 6, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que acuerda la imputación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), por la presunta venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sanma.





El auto, al que ha tenido acceso Efe, recoge textualmente que "se deduce la responsabilidad y activa participación de Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria e indiciariamente y de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma".

La resolución recoge la instrucción de Torrijos del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por los hechos expresados en el fundamento segundo de esta resolución, "pudiendo desde este momento personarse en las actuaciones mediante abogado y procurador". Asimismo, en virtud de la denuncia de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Sevilla, como propietaria del 0,1 por ciento de Mercasevilla, el auto recoge que al acordar la declaración de Torrijos como imputado, la juez descarta su declaración en calidad de testigo, como pedía el Partido Andalucista. La juez también reclama nuevamente de la Gerencia de Urbanismo la copia "íntegra y compulsada" de los expedientes relativos a la urbanización de los terrenos de Mercasevilla junto a la ronda SE-30 adjudicados a Sanma frente a mejores ofertas económicas.





Ahi està el tio poniendose morao de mariscos a costa del pueblo sevillano,este Torrijos se presenta a candidato por IU a la alcaldia de Sevilla,valiente pieza.Es el del centro en la foto.

Noticia muy esperada en la Sevilla honrada y temida en la oscura familia de la izquierda política. Este individuo es el que de verdad, ha mal gobernado esta Ciudad con el beneplácito, claro está, de un alcalde preocupado solo por conservar una poltrona sostenida por IU. Y seguirán cayendo....

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato de IULV-CA a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que descarta la posibilidad de dimitir tras su imputación en las diligencias incoadas en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar suelos de Mercasevilla y que mantiene su intención de encabezar la lista de la federación de izquierdas en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo.

En una multitudinaria rueda de prensa, Torrijos ha comenzado su interveción señalando que en ese momento aún desconocía el auto por el cual el Juzgado de Instrucción número 6 ha resuelto su imputación, si bien no ha tenido impedimento en afirmar con "absoluta firmeza" su "total inocencia" respecto a los hechos que se investigan en el caso Mercasevilla, empresa de la cual fue vicepresidente.

"Se ha discutido si iría como testigo o como imputado, y al final su señoría ha optado por lo segundo, quiero pensar que para respetar mis derechos constitucionales", ha señalado el también portavoz municipal de IU, que se ha declarado "plenamente tranquilo, aunque preocupado como demócrata por el juicio paralelo que vengo soportando desde hace años".

Tras remitirse a los términos del comunicado remitido este jueves por IU, Torrijos ha asegurado además participar de la filosofía del 'Compromiso Etico por la Regeneración Democrática' , cuya firma se formaliza este viernes en Madrid --en lugar del primer teniente de alcalde ha asistido a este acto el portavoz adjunto municipal de IU, José Manuel García-- y que reza que los candidatos de la federación de izquierdas dimitirán de su cargo público de forma "cautelar" en caso de ser imputados o procesados por corrupción política o urbanística.

En este sentido, cuestionado por si conforme a los términos de este acuerdo presentaría su dimisión, ha asegurado que no lo hará ni como cargo municipal ni como candidato de IU, ya que considera no haber actuado de manera irregular y confía en que el procedimiento judicial lo deje "claro". De hecho, ha expresado su convicción de que su caso personal no está incurso en ninguno de los supuestos que recoge el manifiesto de su partido.

Por otro lado, Torrijos, que ha reservado su opinión sobre su imputación a pocas semanas de las elecciones municipales "por respeto a la Justicia" y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas, ha recordado que en la rama en la que se le implica "el concurso es una figura contractual absolutamente legal" y que los pliegos de licitación, así como la adjudicación posterior, fueron aprobados en el consejo de administración de Mercasevilla por todos los grupos políticos presentes. Sin embargo, no ha querido valorar si por esta razón deberían ser imputados otros cargos, reiterando que carecía de notificación oficial sobre el procedimiento.

Asimismo, el primer teniente de alcalde ha criticado que desde 2007 existe una campaña para "influir en la ciudadanía y dar una imagen sesgada de IU", al tiempo que, sobre las peticiones de dimisión de PP y PA, ha señalado que son "absolutamente legítimas", puesto que "puede ser que crean que haya que dar el último impulso" en la actual precampaña.

Por último, Torrijos ha señalado que ha mantenido un contacto con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), en términos de "afabilidad" y "solidaridad". También ha expuesto su creencia de que la ciudadanía entenderá la situación al recordar el caso de la dimisión como concejal de Juventud y Deportes de su otrora compañero municipal Francisco Manuel Silva ante la "judicialización" fomentada por el PP, en un caso que, sin embargo, no ha prosperado en los tribunales

Participar en política con el "Compromiso Etico por la Regeneración Democrática" y luego no aplicarlo pero sí exigirlo a los demás es de izquierdas de toda la vida. Escusarse que todo fue aprobado por el pleno del ayuntamiento tampoco es excusa, tenemos el caso Malaya donde Julián Muñoz firmó más de cien permisos de obra, ilegales, aunque todos fueron aprobados. Se confunde éste sujeto al creer que el pleno del ayuntamiento tiene poder legislativo. Además, su jefe, Llamazares, que parece un sacerdote de la ética política no hará nada para que éste "sibarita" no siga comiendo marisco a cuenta del ayuntamiento de Sevilla, así es la izquierda.



La empresa Ayesa (Aguas y Estructuras SA), asesorada por la socialista Amparo Rubiales, miembro del Consejo de Estado, ha recibido entre 2005 y la actualidad, por mediación de la Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), más de 35 millones de euros en diversas adjudicaciones. La mercantil se centra en servicios técnicos de ingeniería y arquitectura.

Amparo Rubiales Torrejón, Consejera de Estado y amiga personal de Manuel Chaves, ejerce de asesora jurídica de Ayesa. Rubiales fue una histórica del PCE que se pasó al PSOE a principios de los ochenta. En el primer Gobierno de la Junta de Andalucía fue consejera de Presidencia. Abandonó la Junta pero recuperó influencia con la llegada de Chaves. Aparte de este asesoramiento, es consejera de la sociedad Estudio Jurídico Itálica y vicepresidenta de Imedes Andalucía SL, que presta servicios generales a empresas.

El Adif, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, se fundó en enero de 2005 siendo su primer presidente Antonio González Marín. Antes de ocupar este cargo presidió Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), cuyas funciones pasó a heredar Adif. Con anterioridad, González Marín fue desde 1994 director general de Tesorería y Política Financiera de la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves y en la que José Antonio Griñán fue Consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

Desde que Chaves dejó la Junta para formar parte del Gobierno central, su antiguo subordinado González Marín lleva adjudicados a Ayesa 20 contratos de Adif por más de 20 millones de euros.

Desde 2005, año de la fundación de Adif, hasta la llegada de Chaves al Gobierno central en abril de 2009, Ayesa logró 13 contratos por cerca de 15 millones de euros. Entre 2009 y 2011 ha recibido cinco millones de euros más que los recibidos en los cuatro años anteriores.

La cabeza visible de Ayesa es José Luis Manzanares. Este empresario es apoderado y máximo responsable de la sociedad desde diciembre de 2002. Además, es presidente de Ayesa Engineering SA, Ayesa Implementaciones Tecnológicas SA, Ayesa International Corporate Development, Ayesa Administración y Gestión SL y Ayesa International Capital SA.

En 2004, último año del GIF, Ayesa logró dos contratos por un importe total de 1.736.346 euros.
En 2005, primer año del Adif, consiguió una adjudicación de un contrato perteneciente a una licitación del extinto GIF por un importe de 797.370 euros.

El único año en que Ayesa no recibió ninguna adjudicación fue 2006, pues no estuvo beneficiada con ningún contrato.

El salto cuantitativo es en 2007, cuando la Adif concedió a Ayesa cinco trabajos por un importe de 7.391.356 euros. Se repartían en cinco áreas bien diferenciadas: asesores especializados, control y vigilancia, proyectos, expropiaciones y control y bases del montaje. La contratación bajó a 4.191.792 euros en 2008, distribuidos en seis contratas consistentes en un proyecto de plataforma, un proyecto y control de bases de montaje, uno de expropiaciones, un proyecto de protección acústica y un control de montaje de vía.
Ayesa iniciaba 2009 con la adjudicación de dos contratos por un importe de 3.144.536 euros. Concretamente el día 9 de abril de ese año, Manuel Chaves dejaba la Junta de Andalucía y era nombrado ministro de Administraciones Públicas y vicepresidente tercero del Gobierno.

Hasta esa fecha, y desde el momento en que se constituyó Adif, Ayesa había contratado por un importe de 15.925.055 euros distribuidos en 14 contratos. Durante 2009, la empresa de José Luis Manzanares cerró otros tres nuevos trabajos para terminar el curso con 5.743.052 euros en cinco adjudicaciones.
2010, el milagro
Fue en este año cuando se produjo una auténtica avalancha de adjudicaciones de contratos a Ayesa, causando indignación entre el resto de las empresas del sector. Y es que la mercantil de Manzanares llegaba a triplicar en cuantía a sus más inmediatos perseguidores. En medio de esta oleada de adjudicaciones, existe un sentimiento generalizado de que ese volumen de contratación se debe a causas políticas, debido a la conocida relación de Ayesa con políticos del PSOE.

A pesar de los anuncios de recortes en inversión pública, durante 2010 Ayesa logró 15 adjudicaciones por un total de 13.451.609.

En lo que va de 2011, Ayesa ya ha obtenido dos importantes adjudicaciones por un importe superior 3,5 millones de euros.

Las palabras de Chavez afirmando que su hijo esta limpio de todo delito, se contradicen con las evidencias presentadas de que tanto el padre como hijo han usado la posición del padre para hacerse millonarios. Socialistas corruptos y lo que habrá detrás de sus maniobras familiares que aun no ha salido a la luz. Mientras la familia Chavez se enriquece, muchísimos andaluces siguen sin poder trabajar y vivir decentemente, donde esta la cacareada idea socialista de predistribución del poder y de la riqueza y la igualdad social, eh Sr. Chavez? Ahora se defienden atacando al PP, que cinismo.

España es un país de pícaros y ladrones, ya lo dijo Quevedo y desde entonces ha llovido mucho, pero en nada ha cambiado el comportamiento de algunos españoles.

En una verdadera democracia, al menor indicio de corrupción se le hace dimitir por el propio partido, además hay resortes institucionales que agilizan estos trámites, por ejemplo en USA, Alemania, Francia o Inglaterra. En España, se intenta tapar por el propio partido, y se contraataca con el “y tú más”. No hay dignidad política, ni decencia. Los políticos piensan que con el voto que les demos cada cuatro años, quedan impunes durante ese tiempo. Por ello los españoles valoran muy negativamente a la casta política. A veces resultan un lastra para el progreso de España y su recuperación, como el actual gobierno, que no lo digo yo, sino las propias encuestas. Es todavía más importante la descomposición y denigración política y moral del gobierno y sus políticos, que la enorme crisis económica que padecemos. Esto no es una verdadera democracia.