Los fondos de reptiles: un goteo corrupto de empresas y asociaciones beneficiadas amigas del PSOE

La fecha de ingreso en González Byass del ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández resulta que coincide con la de su nacimiento, lo que evidencia la falta de controles internos de la Junta o demuestra una precocidad laboral sin antecedentes conocidos.

El ERE al que se adhirió Antonio Fernández cuando era consejero andaluz de Empleo está plagado de irregularidades, lo que revela la falta de controles de la Junta.

González Byass, bodega jerezana en la que Fernández entró como botones en 1971 y a la que siguió vinculado como trabajador en excendencia, planteó en 2008 un ERE extintivo para 94 trabajadores con más de 54 años «por causas organizativas y productivas», que afectó al propio consejero. La curiosidad es que la fecha de ingreso de Fernández en la empresa que figura en la documentación del ERE facilitada a la Junta no es 1971, sino el 15 de julio de 1956.

Rosendo padre fue alcalde de El Pedroso (Sevilla) y es un intruso en el ERE en Cydeplast, donde no trabajó.

Recordemos que cuatro empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y alcalde de Cazalla de la Sierra durante 20 años, percibieron 7,8 millones.

Una gasolinera de Cazalla recibió 60.000 euros. No se sabe el nombre del dueño.

300.000 euros fueron gestionados a pagar los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió el ex ministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel.

Un caos que según el PSOE no necesita investigación parlamentaria.


Un auténtico cajón de sastre repleto de abonos justificados mezclados con sorprendentes cifras, ceros de sobra y sospechosos pagos. “Facturas diversas: 113.309 euros. Facturas varias: 180.000 euros”. La contabilidad del fondo destinado a empresas en crisis de la Junta desvela cómo este se convirtió entre 2000 y 2010 en un recurso no solo para ayudar a empresas en dificultades o que afrontaban expedientes de regulación de empleo (ERE), sino también para contentar, de manera discrecional y directa, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones. Todos estos eran habitualmente empresas, alcaldes, asociaciones y fundaciones afines al PSOE.

A.L. La presidenta del PSOE andaluz también está relacionada con los receptores del fondo de reptiles
Se llama Rosa Torres y nació en Antequera, como el actual consejero de Cultura de la Junta andaluza, Paulino Plata, a cuya órbita pertenece. Rosa Torres pasará seguramente a la historia por la feria del Libro de Guadalajara(Méjico), a la que invitó con dinero público a centenares de personas a gastos pagados. Pero hoy cobra actualidad debido a sus oscuras relaciones con un grupo de empresas beneficiadas por “el fondo de reptiles” y en el que estaba trabajando su propio hijo. Casi 65.000 euros, que según El País, proceden del fondo de reptiles, logró una de ellas que le fueran perdonados por la Junta de Andalucía.




¿Quién es quién?

ROSA TORRES RUIZ, ex Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, desde la VII Legislatura (2004) y hoy presidenta del PSOE de Andalucía, otro fichaje complicado de Griñán.. Durante las dos anteriores estuvo al frente de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga. Inició su andadura política como concejal del Ayuntamiento de Antequera en 1986 y entre 1990 y 1994 fue diputada provincial en Málaga asumiendo competencias en materia de Bienestar Social, posteriormente, las de Cultura.

El hijo mayor de la Consejera de Cultura es trabajador de la empresa CAMBAYÁ RECORDS SL, empresa de los socios Antonio de Paula Navarro y Antonio Blanco Martín, dueños de Tikitón

Espero que IU suba muchísimo en Andalucía, y que en Sevilla obtenga unos maravillosos resultados, y volver a ver al mejor político andaluz que existe: Carlos Vázquez.

Arriba el PCA!!

PSOE=PP=IU=CIU=ERC=UPN y así podria poner miles de ejemplos ajajajaa

Joan Mercader del Águila escribió:Espero que IU suba muchísimo en Andalucía, y que en Sevilla obtenga unos maravillosos resultados, y volver a ver al mejor político andaluz que existe: Carlos Vázquez.

Arriba el PCA!!

Ni lo sueñes,ni IU ni por supuesto el PCA(que està trincado por IU) tienen nada que hacer aqui en Andalucia,y mucho menos despuès de la MARISCADA de su lider en Sevilla Rodrigo Torrijos en Bruselas,MARISCADA pagada con los fondos de Merca Sevilla,todos estàn pringados hasta el cuello.

Me come la polla Torrijos, yo he hablado de Vázquez.

Joan Mercader del Águila escribió:Me come la polla Torrijos, yo he hablado de Vázquez.

http://www.abcdesevilla.es/20101008/sevilla/hosteleros-declaran-carlos-vazquez-201010081158.html

Este aùn es peor que Torrijos.


El Partido Comunista de Sevilla decidió ayer situar al frente de la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento, para sustituir a Jon Ander Sánchez tras su dimisión, al hasta ahora coordinador del grupo municipal de IU, Carlos Vázquez, uno de los pesos pesados del PC y representante de la facción más radical del partido. De esta forma, el grupo liderado por Antonio Rodrigo Torrijos extrema sus posiciones en el Ayuntamiento, ya que Sánchez representaba al sector más moderado de la coalición. Vázquez es uno de los hombres fuertes del partido en la ciudad. De hecho, participó en la mesa de negociación entre IU y PSOE para cerrar el pacto de Gobierno en Sevilla, «trabajo» por el que ha ganado muchos adeptos en su partido, ya que la cuota de poder de los comunistas en el Ayuntamiento es muy superior a su porcentaje de votos.
Carlos Vázquez es también vicepresidente de la Fundación DeSevilla, receptora de 990.000 euros desde la Delegación de Relaciones Institucionales (Torrijos) para ayudas de cooperación directa con organizaciones comunistas iberoamericanas,dinero que no se sabe donde està.

Eso es muy viejo, pues ya lleva meses allí.

Vázquez es para mí un político que emular.

Once empresas andaluzas concentran los nuevos 33 intrusos en los ERE fraudulentos.

En esta segunda tanda figuran nuevos intrusos en Mercasevilla y el restaurante Río Grande, ambas de Sevilla. En concreto, en la empresa municipal que dio origen al escándalo la Junta ha detectado otros cuatro infiltrados. Con anterioridad se descubrió a dos, entre ellos el ex cargo del PSOE en Jaén, Antonio Garrido Santoyo. En Río Grande hay un nuevo caso, que se suma al de Carmen Fontela.
En los 11 ERE con los nuevos infiltrados,se han encontrado prejubilados falsos en ocho expedientes nuevos. Entre ellos el de Egmasa, la empresa pública de Medio Ambiente que gestiona el Plan Infoca contra incendios, entre otros servicios. Empleo ha pesquisado hasta ahora un intruso en el ERE de Egmasa.
En la nueva documentación entregada a la jueza la empresa con más intrusos vuelve a ser malagueña. Se trata de Nexprom, donde se han localizado 8 prejubilados supuestamente ilícitos. Esta sociedad es titular de los hoteles Don Pedro y Don Pablo, en Torremolinos, donde se llevó a cabo un ERE hace cuatro. Sobre una plantilla total de 250 personas, 50 fueron prejubiladas. En la anterior fase, Hitemasa aglutinó a 11 intrusos, entre ellos Juan Lanzas, considerado ‘conseguidor’ en la trama por la policía, y su mujer, Patrocinio Sierra. Entre ambos pudieron haber cobrado 360.000 euros (60 millones de pesetas).
En otro hotel malagueño, Roc Flamingo, se han destapado otros dos prejubilados que no trabajaron en él. Málaga y Sevilla siguen acaparando los ERE falsos. En la última relación figuran seis empresas sevillanas, incluidas Mercasevilla y Río Grande. También Intesur, en donde figuran dos de los ocho militantes socialistas detectados hasta ahora en los ERE, ambos de Camas.

En Primayor (Jaén), matadero de la firma Campofrío, se incluyeron otros dos infiltrados. Las empresas en esta segunda fase son: Promayor, Ayco Sal (fábrica de aceituna de la empresa SOS), Nexprom (hoteles en Málaga), Intesur, Egmasa, Matadero de Fuenteovejuna (Córdoba), Manufactura Española del Corcho (empresa sevillana que presentó liquidación en enero); hotel Roc Flamingo, Mercasevilla, Río Grande y Cydeplast.

El ex consejero andaluz de Empleo se fijó a sí mismo una ‘ayuda’ extra de 400.000 euros del ERE de González Byass
Antonio Fernández era consejero de Empleo cuando la Junta de Andalucía concedió un ERE a la empresa de la que él era trabajador en excedencia. De hecho, según la documentación que tiene la Junta este socialista aparecía como trabajador de la empresa desde el mismo día en que nació.



Que tio mas listo,y despues dicen que los andaluces somos flojos y vagos,es para llorar....y no mear.

PSOE andaluz, ¡qué nido de sinvergüenzas!: La lista del decretazo pasa ya de los cien.





7/3/2011 | A.L. PSOE andaluz, ¡qué nido de sinvergüenzas!: La lista del decretazo pasa ya de los cien
Bueno, llegó la hora de pasar de los cien, tras un breve descanso. ¿Serán bastantes cien “coincidencias” para que se intuya que estamos ante un caso de influencias? ¿Habrá algún fiscal o investigador oficial de cualquier rama o afinidad prosiga nuestra tarea con el fin de conseguir la verdad? ¿Se atreverá la Cámara de Cuentas andaluza a proceder a una fiscalización exhaustiva de la situación del personal, minuciosa, pormenorizada, en el conjunto de las empresas públicas y entes diversos creados por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, con el fin, entre otros, claro, de eludir el Derecho Administrativo y contratar libremente a sus simpatizantes, familiares y amigos?

Bien, a la espera de algo de ello ocurra, seguimos con nuestra lista y hoy, cruzamos los “alpes” de los cien primeros nombres.

Este que contamos ahora no cuenta porque no tiene puesto en empresa pública o ente instrumental que sepamos. Cuentan las crónicas rosas del partido de la rosa (y del puño, no se olvide el puño) que Carlos Toscano Sánchez, hermano de Quico Toscano de Dos Hermanas que tratamos en el capítulo precedente, se enamoró de una granadina venida de la mano de la consejera López, entonces en Justicia, para desempeñar funciones de prensa en la Consejería de Justicia, si bien ya estaba relacionada con los medios audiovisuales de la Junta. Pero nos interesa aquí el asunto de su oposición a la carrera funcionarial. Según las fuentes consultadas, Carlos, como muchos otros del PSOE, no entró en la Administración por oposición sino en calidad de interino, es decir, discrecionalmente y sin realización de prueba específica alguna. Después, una vez dentro de la Junta, la cosa consistía en hacer oposiciones y aprobarlas una tras otra hasta la victoria final.

Lo que pasa es que a veces las cosas llegan demasiado lejos. Carlos aprobó las oposiciones conocidas como A11-2003. Pero el exceso estriba en que quien covocó tales oposiciones era él mismo desde la Viceconsejería del ramo. Su caso fue muy comentado por opositores varios y gente del funcionariado. El puesto alcanzado era el de titulado superior o grupo A. Este destino lo logró con una “puntación en el concurso “algo superior a 127, con lo que se situabaen el puesto 35 de los 78 nuevos funcionarios”. Pero llegó a decirse que hizo sus ejercicios de opositor, no en la misma aula que los demás, sino aparte de todos. Anda.

Luego fue destituido por sus labores de galán en el culebrón sentimental con gran escándalo, pero el puesto ya era suyo.

Sigamos ahora con nuestra lista.

Quico Toscano, hermano del Romeo del clan, estuvo casado con Ana María Gil Moreno, a la que dejó por Basilia Sanz Murillo, su actual. Pues Ana María Gil Moreno parece tener un hermano, Juan Ignacio Gil Moreno, trabajando también en el Ayuntamiento y en el consejo de Administración de Apuesta Mutua Andaluza, SA. Y eso sí que es un ente.

Luego está la tentativa. Quico Toscano, además, fue objeto de denuncia en 2005, cuando intentó colocar a una sobrina (¿) suya como monitora de los cursos de la Universidad Popular, que sufraga la Junta de Andalucía. Otro ente.

Según la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Carolina Soto, la delegada de Educación, Ana Conde, propuso que «su cuñada, hermana a la vez del portavoz municipal, Agustín Morón, trabajara en la Universidad Popular por segundo año consecutivo, siendo contratada para todo el periodo del curso escolar a razón de 24 horas semanales, por un periodo que comienza el 3 de octubre y termina el 30 de junio de 2006».

Salimos de Dos Hermanas y vamos a Huelva. ¿Hay algún alto cargo que haya comprado su coche oficial? Pues sí, un ex consejero de la Junta, Isaías Pérez Saldaña. El coche en cuestión era el BMW 530 D de matrícula 5564 BGW. La compra tuvo lugar a finales del año 2006 por Isaías Pérez Saldaña, entonces consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Anteriormente, había sido consejero de Asuntos Sociales de la misma. Tras salir del gobierno de Chaves en marzo de 2008, fue nombrado presidente de Cartuja 93, parque tecnológico heredero de las aspiraciones de la Expo 92 y otro ente pagado por nosotros mismos.

Y ya contamos que su hija tenía acomodo en su propia consejerúa como Jefa de Prensa del Instituto de la Juventud. Su nombre: Carmen Victoria Pérez Domínguez.

Según la documentación disponible, fue Fermín del Moral, ex viceconsejero de Obras Públicas, luego candidato a la alcaldía de Cádiz y actualmente consejero delegado de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) quien recomendó la apertura de unas cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción y lo hizo el 7 de junio de 1984. Pero EPSA, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, permitió entonces que el importe de la liquidación de intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial de Algeciras, fuese ingresado en una cuenta del PSOE. EPSA controlaba el 36,3% de la propiedad del polígono. Entonces, Fermín del Moral era representante de EPSA en Cádiz y delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas. Desde 201o, es director de EPSA. El caso, demostrado públicamente en la prensa, nunca fue investigado por el Parlamento andaluz.

Íntimo amigo de la familia de Francisco Palomino, cuñado de Felipe González, Jaime Montaner Roselló, también tiene o tuvo un hermano bien situado en los entes instrumentales de la Administración andaluza. De hecho, Salvador Montaner Roselló, tras pasar años al frente del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, desembarcó en Inturjoven, una empresa conflictiva, de la que ha sido director de Marketing.

Mencionamos recientemente a Pepa Aído, colocada en una Fundación a la que la Junta de Andalucía entregó no hace muchos decenas de millones. María José Aído Almagro, Pepa Aído, hermana de la ex ministra Bibiana Aído Almadro, del clan de Alcalá de Cádiz, también participa del festival de externalizaciones de la Junta de Andalucía. Trabaja en la Fundación Andaluza Invenio, inscrita el 18 de mayo de 2009 sin que aparezca su Patronato en el acta de su constitución, como suele ser habitual y recibió el pasado 31 de enero (BOJA número 20 de 31/01/2011 ) nada menos que 150.000 euros de subvención(25 millones de pesetas) al amparo del Programa Euroempleo, una ayuda que ya estaba preseleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo. Curiosa y sorprentemente, el presidente de la Fundación Invenio es José Antonio Iglesias Brantuas, que fue secretario general del PSOE de Cádiz capital y director de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación Provincial de Cádiz.

De tener en cuenta el caso Egmasa, empresa pública de la Junta, de la que el propio diario de Prisa afirmana que tenía un 70% de afiliación ugetista batiendo todos los récords mundiales de afiliación, Guiness por favor, habría que añadir centenares, tal vez miles de socialistas-ugestistas presentes en entes instrumentales diversos. Pero tenemos que personalizar, para que las pruebas sean contundentes.

José Antonio Torres Esquivias, actualmente Secretario General de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba de la Junta de Andalucía, Ex Delegado Provincial de Medio Ambiente y Ex Director Provincial de la extinta Agencia de Medio Ambiente, tiene a su hijo, Pablo Torres León, ingeniero de Montes, colocado en la Empresa Pública Egmasa en su delegación de Córdoba, con contrato indefinido y sin haber realizado prueba alguna de selección pública que se sepa.

De hecho, compañeros de Pablo Torres, con mayor antigüedad que él en la empresa, todavía no han conseguido su puesto indefinido. Eso sí, José Antonio Torres Esquivias es íntimo amigo del Gerente Provincial de Egmasa, Diego Alonso Colacios, histórico del Psoe de Córdoba y ex-senador, ya mencionado en esta lista.

José Óscar Castillo del Pino, contratado como técnico, con contrato indefinido en la misma delegación provincial es afiliado del PSOE de Córdoba y,representante del grupo municipal del Psoe en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba. Puede comprobarse aquí.

Rafael Arenas González lleva alrededor de 15 años ocupando un puesto de libre designación (Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural) en la misma Delegación Provincial que el mencionado José Antonio Torres Esquivias, también está presente en el ente Observatorio Agenda 21. Está nombrado en la actualidad por el PSOE cordobés, como Coordinador de la Organización Sectorial de Medio Ambiente de dicho grupo político.

Su hijo, Rafael Arenas Rojas, biólogo a cargo de Egmasa y, lo mejor de todo, trabajando en Proyectos de Obras (“Naturalización de Pinares en la provincia de Córdoba”) en el que su propio padre figura oficialmente como Director Facultativo. Incluso hace trabajos sobre el lince. Para lince el que papá firme las certificaciones de pago al contratista (Egmasa, cómo no).

¿A que van adivinando la autentica dimensión del escandalo Egmasa?

Jajajaja que bueno, no me rio, solo me rio xD

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba benefició a su autoescuela con 369.243 euros de subvenciones públicas



El delegado de Empleo, Antonio Fernández, en apenas cuatro años, “agració” a la Autoescuela Virgen de Luna S.L. con ingentes subvenciones para impartir cursos de formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Desde octubre de 2006 hasta marzo de 2010, esta empresa radicada en la localidad cordobesa de Pozoblanco se ha beneficiado de 369.243 euros de ayudas canalizadas a través de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), bajo el mando político del delegado del ramo en la provincia, Antonio Fernández Ramírez. Pero, claro, resulta que el actual titular de Empleo en Córdoba es de Pozoblanco, municipio del que fue alcalde del PSOE desde 1987 hasta junio de 2004, momento en el que fue nombrado delegado provincial. Y por si fuera poco, el tráfico de coincidencias: trabajó y fue socio fundador de la autoescuela a la que ha concedido una suma importante de subvenciones para realizar acciones formativas que están enfocadas, principalmente, a desempleados. Desde que Antonio Fernández aterrizó en la Delegación de Empleo el importe total de los fondos que ha recibido esta empresa casi se ha multiplicado por seis.

La Autoescuela Virgen de Luna se constituyó en 1983 como comunidad de bienes y Antonio Fernández «trabajó en ella y se incorporó como comunero, donde permaneció desde sus comienzos hasta junio de 1987, donde la dejó para acceder a la Alcaldía de Pozoblanco. Dice ahora que su vinculación con la autoescuela es nula.

El 30 de octubre de 2006, Antonio Fernández firmó una orden por la que concedían 134.741 euros a la autoescuela con la que estuvo vinculado. Curiosamente, otra empresa del mismo sector ubicada en su localidad natal, Autoescuela Pozoblanco S.L., recibió casi cinco veces menos, 29.754 euros, en la misma fecha.

El 7 de enero de 2009, el también director provincial del SAE aumentó la cuantía concedida a la autoescuela que montó en los años ochenta. Aportó 191.173 euros procedentes en su mayor parte del Fondo Social Europeo. De nuevo, la autoescuela de la competencia, establecida también en Pozoblanco, tuvo que contentarse con menos dinero: 86.658 euros.

Un año después, el 3 de marzo de 2010, el delegado de Empleo acordó darle 43.329 euros dentro de la convocatoria pública de subvenciones concedidas en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Antes de que Fernández desembarcara en este departamento autonómico, la Autoescuela Virgen de Luna recibía fondos de la Junta de Andalucía para desarrollar cursos de formación, pero en una cuantía bastante inferior. Así, entre 1995 y 1997, el entonces delegado de Trabajo e Industria en Córdoba, Antonio Poyato, benefició a la firma con 65.295 euros.

En noviembre de 2009, el secretario general del PP en esta provincia, Federico Cabello de Alba, reveló unos documentos que demostraban que dos cargos del Gobierno autonómico aprendieron inglés gratis gracias a un curso de formación organizado por el Consorcio de Joyería de Córdoba, que se impartió en 2007, y financiado al 50 por ciento por el Fondo Social Europeo y la Administración andaluza. El Consorcio es un órgano público presidido por Antonio Fernández.

En las clases pudieron instruirse en la lengua de Shakespeare nueve personas, entre las que se encontraban el entonces delegado de Innovación en Córdoba, Andrés Luque —que actualmente es director general de Innovación e Industrias Culturales de la Junta—; el gerente del Consorcio de Joyería, José Antonio Gomáriz, y la esposa de éste, quien a su vez es prima hermana del ex responsable de Innovación. Aún chirría más el hecho de que el citado curso estaba destinado a formadores de esta escuela y a mujeres. El coste de las clases, según las facturas que tramitó la Delegación, rozó los 16.000 euros.

Las extrañas relaciones entre Zarrías y los Ruiz Mateos salen a la luz: 2,4 millones de euros del “fondo de reptiles” llegaron a un hijo del empresario
Ya expresamos nuestra extrañeza por la presencia del dúo Gaspar Zarrías y el conseguidor de ERE y prejubilaciones, Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT, en las negociaciones que habían tenido lugar con la familia Ruiz Mateos y su Nueva Rumasa en la provincia de Jaén. Pues ahora se ha sabido que la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tambièn abrió una póliza de nada menos que 2,4 millones de euros a nombre de Álvaro Ruiz Mateos Rivero. Se trataba de que la empresa Dhul, perteneciente a Nueva Rumasa, saldara el préstamo que tenía concertado con la Caja Rural de Granada.

Esto es, la familia Ruiz-Mateos cobró 2,4 millones de euros del «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía. El director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero autorizó la apertura de una póliza de rentas por un importe de casi 2,4 millones de euros a nombre de Álvaro Ruiz-Mateos, que recibió el dinero en 2005 por la «ampliación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Dhul del año 2002» que habría obligado a esta empresa de Nueva Rumasa a pedir un préstamo a Caja Rural de Granada.

El grupo Nueva Rumasa confirmó ayer la veracidad de todos esos datos y sólo precisó que Álvaro Ruiz-Mateos aparece en la póliza como «administrador de Dhul» y no a título personal. La empresa confirmó que hubo un ERE en el año 2002 y que fue ampliado en el año 2004, por lo que se formalizó un préstamo que, a día de hoy, según se aseguró, «está cancelado». Las fuentes señalaron que así está recogido en las cuentas y en los balances de la empresa, pues se trata de una «inversión realizada y auditada».

El dinero pagado a Dhul se cargó a la partida presupuestaria ’31L’, destinada a la ‘Administración de las Relaciones Laborales’, que entre los años 2000 y 2010 ascendió a 700 millones de euros y que el propio Javier Guerrero definió ante la Policía Judicial como un «fondo de reptiles».

El pagador de la póliza de rentas fue la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, el tomador fue el propio Álvaro Ruiz-Mateos -en nombre de Dhul, según precisó ayer Nueva Rumasa- y el beneficiario, la Caja Rural de Granada. El dinero fue ingresado en la cuenta corriente indicada por Álvaro Ruiz-Mateos en doce mensualidades de unos 200.000 euros cada una y, en teoría, el hijo de Ruiz-Mateos debió utilizar el dinero para ir amortizando un préstamo de la caja de ahorros.

Daado el modo de funcionar tan peculiar del fondo, es factible que ni la Consejería de Empleo -responsable de los fondos- ni la Consejería de Innovación -que ‘instrumentalizó’ los pagos a través de la Agencia IDEA- hayan exigido, en este caso, al hijo de Ruiz-Mateos la justificación del destino de la ayuda de 2,4 millones.

Jjejejeje, vamos, que llegamos a la Junta de Andalucía, POPULARES AVANTI!!

La Junta de Andalucía desvió dinero de un ERE para el PSOE.
Hay un documento que prueba que fue la propia Consejería de Empleo la que pidió en 2007 a la aseguradora que transfiriese 300.000 euros del ERE de Hitemasa a tres particulares, uno de ellos socialista «intruso» en otro expediente. El dinero estaba destinado a trabajadores prejubilados de la empresa textil malagueña Hitemasa, 400 de los cuales llevan tres meses sin cobrar la paga que les corresponde. En un documento firmado el 27 de marzo de 2007 por el director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, da instrucciones a la aseguradora que manejaba los fondos de las pólizas para que desviase un millón de euros de una partida destinada al ERE de Hitemasa a otros menesteres, entre ellos darle cobertura económica a tres particulares que recibirían 300.000 euros de la cantidad total.

De estas tres personas, una de ellas es militante socialista: se trata de Alejandro Millán, de la localidad sevillana de El Pedroso y que, como ya se publicó, aparece como «intruso» en el ERE de Graficromo, empresa donde nunca trabajó. Se da la circunstancia de que Guerrero fue alcalde de El Pedroso, municipio del que otro ex alcalde socialista, Rafael Rosendo, fue colocado en otro ERE (Cydeplast) de manera fraudulenta.

La aseguradora era Personal Life —después Fortia Vida—, aseguradora del grupo Vitalia ahora investigada por la Justicia para que del millón de euros transferido del famoso «fondo de reptiles» «destinen 300.000 euros para suscribir las pólizas» de Alejandro Millán y de dos personas más.

Si ninguno de los tres beneficiarios de las supuestas pólizas ha formado parte de la plantilla de la Junta, ¿por qué la Junta se convierte en tomadora de sus pólizas?

Se sabe ya que uno de ellos es militante del PSOE y que fue prejubilado de manera fraudulenta en el ERE de una compañía donde nunca estuvo. Normalmente, el tomador de los seguros en estos casos de ERE financiados por la Junta ha sido una asociación de ex trabajadores creada al efecto o los propios sindicatos pero no la Administración.

Además, el documento refleja un uso del dinero para jubilación verdaderamente irregular e incluso arabitrario. Guerrero pide a la aseguradora que destine 400.000 euros a la entidad Apra Leven como parte del pago de la póliza de Graficromo. O sea, casi la mitad del dinero del ERE de Hitemasa, se trasvasa al pago de las pólizas de otro, precisamente el de la empresa donde se «coló» al militante socialista de El Pedroso Alejandro Millán. Apra Leven ha dejado sin poder cobrar su pólizas a numerosos trabajadores que se han jubilado y esinvestigada ahora.

Otros 155.808 euros fueron destinados al Grupo Cortefiel. O sea, otra vez dinero de un ERE, que en teoría debía ir a los prejubilados de Hitemasa, iba a cumplir un convenio suscrito por Empleo. Del millón de euros de la Junta que iba a servir para financiar prejubilaciones de Hitemasa, solamente quedaron 145.000 euros

¿Le puede extrañar a alguien que los jubilados de Hitemasa tengan problemas para el cobro de lo que se les debe?

Recuérdese que en ese expediente de Hitemasa se colocó, entre otros «intrusos», al intermediario y sindicalista de la UGT Juan Lanzas y a su mujer. Se prejubilaron allí sin haber tenido jamás relación con esa compañía con pólizas de unos 175.000 euros.

El PP ve ya financiación ilegal del PSOE

El Partido Popular cree que estamos ante ayer que José Antonio García Prieto, uno de los “intrusos” en los ERE, cobró 90.000 euros de prejubilación y donó al PSOE de Camas una sede que compró por 57.000 euros. Hoy ya el clamor será imparable.

Por ello, tanto desde Andalucía como desde Madrid, se han redoblado la petición de explicaciones, pero apuntando a un caso aún más grave: la financiación ilegal de los socialistas. “Se trata de un nuevo peldaño que se sube en el despropósito y la desfachatez que supone este escándalo en Andalucía”, aseguró el número dos del PP-A, Pedro Sanz, en declaraciones a los periodistas. Y es que, según dijo, “el caso se sitúa “en una magnitud más grave”, ya que se trata de “presunta financiación ilegal”.

En este sentido se pronunciaba también Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, asumiendo las acusaciones de Sanz y recalcando que “está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones”.

Punto éste en el que unió el nombre de Gaspar Zarrías, secretario de Estado al que pidió que comparezca, al saco de dimisiones que el PP lleva pidiendo desde hace semanas, y que tiene como máximos exponentes a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Fuentes populares aseguraron que el caso del fondo de reptiles se va a convertir en uno de los asuntos “de batalla” de aquí a las elecciones y que, según les consta, van a seguir saliendo irregularidades hasta que la situación se convierta en “insostenible” para los socialistas. Y aún más, Sáenz de Santamaría advirtió que el Gobierno central también está “contaminado”.

El ex consejero andaluz de Trabajo pasó de tener deudas de casi 100.000 euros a sumar un ático y 344.405 euros el mismo mes de firmarse
El ex consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía en tiempos de Manuel Chaves, Antonio Fernández declaró en diciembre de 2007 un patrimonio de -98.585 euros. Cuatro meses después, el 20 de abril, coincidiendo con la adjudicación del ERE, tenía 245.820 euros más, lo que se demuestra mediante el Registro de actividades, bienes e intereses de altos cargos en la administración de la Junta de Andalucía.

Apenas cuatro meses después de firmarse su ERE, el 20 de abril de 2008, el patrimonio neto de Fernández ascendía a 344.405 euros, con la compra de un ático incluida. Se da la circunstancia de que la resolución del ERE al que el ex titular de Empleo andaluz se acogió fue adoptada justamente el 26 de abril de 2008. Incluso, se acordó con la asociación de antiguos trabajadores el pago de las pólizas el día 11 del mismo mes.

Fernández había sido trabajador de la empresa González Byass, dedicada a la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas, aunque no trabaja en la misma desde 1981 por acogerse a una excedencia forzosa para incorporarse como profesor ayudante en la Universidad de Cádiz. Al ostentar un cargo público su excedencia no es temporal.

Un ático de precio variable en Cádiz

El 20 de abril de 2008 entre los bienes e inmuebles activos del político se encontraba un ático en Cádiz por un valor catastral de 565.986,55 euros pero la última actualización de su patrimonio a finales del mismo año rebajó el valor de compra del inmueble a 410.000 euros. 150.000 euros menos que el valor catastral, cuando

Fernández es, además, avalista del piso de su hija (173.342,14 euros), del de su hijo (262.072 n), tiene un inmueble urbano (248.402,78 n) y un garaje (24.000 euros). En 2007 esos bienes se presentan como bienes pasivos, siendo únicamente activo el inmueble urbano.

Tal y como demuestra el Registro de la Junta de Andalucía, el ex consejero socialista Antonio Fernández tenía un patrimonio neto en 2007 de -98.585 euros, que se incrementó hasta los 344.405 euros, el mismo mes que la empresa González Byass se acogió al EImputado por malversación

La juez Mercedes Alaya ha imputado hace unos días al que fue consejero andaluz desde 2004 hasta 2010 por supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Fernández, que es actualmente presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, al que aporta una imagen patética, participó supuestamente en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis con un fondo de 647 millones de euros. La Policía considera que este acuerdo vulnera la Ley del Régimen Jurídico en las Administraciones Públicas y que fue creado como un sistema para escapar del control de la Intervención General de la Junta. Además, Fernández, en su calidad de consejero, estaría involucrado en la prejubilación de personas que nunca trabajaron para las empresas beneficiadas. Hasta el momento, la Junta de Andalucía ha identificado a 146 «intrusos».

«Ni he firmado, ni he pagado, ni he consentido o conocido a ningún “intruso”. Estoy muy tranquilo porque la imputación es una garantía de mi defensa», declaró recientemente el ex consejero. Asimismo, ha afirmado que no cobrará los 386.181 euros que la González Byass contempla para su prejubilación. A esa cantidad hay que añadir la correspondiente al complemento asegurado derivado de la indemnización por despido, que eleva el total a 420.425 euros.

El PSOE se hizo con su sede en Camas (Sevilla) gracias a la donación de un falso prejubilado de Intersur
Hay salto de calidad. Ya cabe la posibilidad de que el escándalo de los ERE oculte una trama de financiación ilegal del PSOE. El hecho de que la sede de Camas haya sido donada al PSOE por la generosidad de uno de sus prejubilados, ex concejal por cierto del partido en Camas, abre todas las puertas de la sospecha.

José Antonio García Prieto, uno de los intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) pagados por la Junta de Andalucía, fue quien donó una sede al PSOE sevillano después de haber cobrado varios años como falso prejubilado de la empresa textil Intersur 70.000 euros cuando menos.

El 17 de septiembre de 2003, García Prieto y Encarnación Díaz Cerezo, alcaldesa de Camas de 2000 a junio de 2003, y en aquel momentos ambos concejales del PSOE, compraron un local de 118 metros cuadrados en un edificio de reciente construcción en el centro del municipio. Declararon ante notario haber pagado por él 57.000 euros. El día siguiente, el 18 de septiembre de 2003, acudieron de nuevo a la notaría de Camas para formalizar una hipoteca sobre la finca con la Caixa por 56.400 euros, a un vencimiento de doce años.

García Prieto y Díaz Cerezo eran concejales del PSOE en la oposición, ya que tras las elecciones de 2003 el PSOE perdió la Alcaldía después de doce años en favor IU. En la actualidad, ella es presidenta de la agrupación socialista de Camas y él ocupaba la Secretaría de Política Municipal hasta el pasado domingo 27 de febrero, cuando dimitió después de que EL MUNDO desvelara que fue incluido como intruso en un ERE.

García Prieto comenzó a cobrar la prejubilación en noviembre de 2003, después de haberle planteado al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero que se veía con 57 años en la oposición y sin derecho a cobrar el paro. Estuvo percibiendo una póliza de rentas hasta octubre de 2007, cuando cumplió 61 años, y permaneció un año más pagando –asegura que de su propio bolsillo– las cuotas a la Seguridad Social para poder jubilarse anticipadamente con 62 años, en octubre de 2008.

Un año y medio después, el 10 de mayo de 2010 volvió a la notaría acompañado de la exalcaldesa socialista de Camas. Allí donaron la finca al Partido Socialista Obrero Español, que se subrogó en el saldo pendiente de la hipoteca. El caso de José Antonio García Prieto provocó de manera inmediata la dimisión de todos sus cargos en el PSOE del hasta entonces secretario general socialista de Camas y secretario de Formación Profesional y Empleo de la Ejecutiva provincial, Antonio Rivas, quien fue alcalde de Camas entre 1991 y 2000, cuando dejó el cargo para ocupar la Delegación provincial de Empleo en Sevilla.

Empresas amigas agraciadas con ayudas

Fundiciones Caetano logró 4,4 millones con la mediación del ex delegado de Empleo Antonio Rivas. Se trata de una empresa bien relacionada con la Junta a la que se permitió incluso cobrar las ayudas y cambiar de titularidad y de ubicación, algo realmente notable. En Sevilla, como concesionarios de las ayudas, aparecen Cobre Las Cruces, Extrusionados del Guadalquivir y Fundiciones Caetano, que, tras la subvención, cambió de titularidad y de ubicación, supuestos considerados como «incidencias». Las ayudas –en el caso de Caetano, de 4’4 millones– tienen como condición «el mantenimiento de las inversiones cinco años». La empresa entró en concurso de acreedores pasado el ejercicio 2004 y así continúa, según el Boletín Oficial del Estado, a 31 de enero de 2011. Esto es no sirvió de nada. ¿Quién en la Junta era amigo personal de los propietarios de Fundiciones Caetanos?

En las conclusiones y recomendaciones a las subvenciones, se indicó que «la concentración de las ayudas en empresas de mayor dimensión no parece favorecer el objetivo (…) de apoyo y fomento a las pymes que, por otra parte, no reúnen en su cuantificación y distribución criterios técnicos de objetividad suficiente».

Siguiendo con Fundiciones Caetano, fuentes políticas de Camas indicaron que el entonces delegado de Empleo –y ex alcalde camero– Antonio Rivas, imputado en el «caso Mercasevilla» y dimisionario de la cúpula del PSOE tras descubrirse que algunos intrusos de los ERE pertenecen a su círculo íntimo, intercedió en las ayudas. Caetano realizó una importante inversión, cercana a los 20 millones, pero, como contraprestación, se le adjudicaron ayudas, se recalificaron sus terrenos en Camas –donde se radicaba desde hacía más de medio siglo– para mudarse a Guillena en 2004. Eran tiempos de «favores» mutuos.

Caetano echaba un capote a la Junta con los trabajadores de Boliden, ofreciendo empleo a una veintena. Desde 2008, la entidad arrastraba impagos y paralización de la producción. No hubo problema para aprobar el ERE, con la mediación de Rivas. Aparte, Cajasol le condonó el 50% de su deuda, unos 7,5 millones, a condición de conservar sus 110 puestos de trabajo, para facilitar su venta a Sando, que se frustró y luego se materializó con el grupo vasco Extruperfil en 2010.

En el caso de Fundiciones Caetano, en las alegaciones, se indica que «según el informe de la Cámara de Cuentas se debería emitir resolución de incumplimiento por no ser viable técnica, económica y financieramente». No obstante, el BOJA añade que «la empresa a la fecha de la solicitud cumplía con todos los requisitos» y «realizó y justificó la inversión». Si bien, a fecha de 22 de junio de 2002, el BOJA incluía a Fundiciones Caetano en la «relación de solicitantes cuyas solicitudes están incompletas

¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho el PP? esa es la gran pregunta. Si a Camps se la han liado con unos trajes que pagó... por el caso de los EREs.... les qemaban en la Puerta del Sol.

Aparece otro fondo de reptiles en Andalucía denunciado en 2005 por la Intervención de la Junta
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, llamó “fondo de reptiles” al desvío de 647 millones de euros en la famosa partida 31L, Pero hay otros fondos de reptiles a juzgar por un documento de la Intervención General de la Junta de Andalucía enviado en el año 2005 (por las mismas fechas del que advertía del procedimiento inadecuado en los Expedientes de Regulación de Empleo) en el que se advertía de las irregularidades detectadas en otras ayudas dadas por Empleo para autónomos y pymes.

El informe del interventor, que también fue enviado a las consejerías de Empleo (en manos entonces de Antonio Fernández) y de Economía (entonces dirigida por el hoy presidente Griñán), revelaba un desfase presupuestario de 43 millones de euros en unas ayudas dadas por la Consejería Empleo y que se daban sin tener en cuenta la legislación. Esto significa el descubrimiento de un segundo fondo de reptiles. Y en esta caso, la dirección general no era la de Empleo, sino la de Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, dependiente de Ana María Peña Solís y asimismo de la Consejería de Empleo en manos de José Antonio Viera en 2005.





Aunque la orden que daba las ayudas establecía en su disposición adicional segunda que por la Consejería de Empleo «se transferirán al Instituto de Fomento de Andalucía los fondos correspondientes para dar cobertura al programa», extrañamente, las ayudas se gestionaron a través de otra empresa, denominada FAGIA (Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía) creada en mayo de 2002 y que tenía como objeto el apoyo al IFA. Sin embargo la Intervención advirtió que la figura de transferencia de capital no está prevista en la legislación. «Esta delegación realizada a favor del IFA abarca un ámbito de actuación que no cabe en la figura existente de la entidad colaboradora. Esta figura con el alcance que abarca la delegación no está prevista por la regulación actual», dice el documento textualmente.

También alertaba de la «vulneración de la norma» al utilizar fondos que debían servir para financiar gasto corriente de la empresa para otros fines y pagos. Y se insistía en que «la elección por el gestor de una figura u otra no se reduce, como es evidente, a una mera cuestión de forma, es de fondo» ya que, al parecer la intención era esquivar el control que establece la norma para estos casos. Por eso la Intervención decía que el encargo «hubiera exigido fiscalización previa, valoración económica y una serie de documentos para el pago». La diferencia entre ambos procedimientos reside «en la intensidad del control previo al pago». El informe pone de manifiesto el descontrol que existía en Empleo, otra vez y en otro campo, en la concesión de ayudas.

En este sentido, se trataba de unas subvenciones concedidas por la Junta para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresa andaluzas. Tales subvenciones fueron rubricadas el 31 de julio de 2003 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y publicadas en el BOJA de 19 de agosto. Eran para comprar ordenadores y otras tecnologías. Se transfirió en 2004 una partida de 10,5 millones de euros de este otro fondo al fondo de reptiles para empresas en crisis. El informe de control de la Intervención General de Hacienda del año 2005 recogía que, entre el dinero utilizado irregularmente por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de prejubilaciones, además de los fondos del programa 31L, había 10,5 millones de euros del programa 54B.

Este informe tampoco fue trasnsmitido a José Antonio Griñán, según su subordinada, entonces viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Pero el informe del Interventor advertía de que existía «un desfase presupuestario» de 43 millones en esas ayudas otorgadas por Empleo. «Habiendo generado la Junta obligaciones presupuestarias sin cobertura, hizo un gasto de 87 millones de euros y se superó el límite de gastos aprobados en 43 millones», decía el informe del interventor. Pero esa no era la única advertencia, ya que también cuestionaba el procedimiento de transferencias de financiación de capital.