Los fondos de reptiles: un goteo corrupto de empresas y asociaciones beneficiadas amigas del PSOE

No hay un comunista honrado hoy en IU, igual que no hay ningún comunista ni socialista que practique políticas sociales de verdad que hagan mejorar la sociedad. En tiempos de Julio Anguita y Luis Carlos Rejón podías disentir ideológicamente de los comunistas españoles, pero yo sentía respeto y aprecio por que IU en aquella época no permitía a golfos, ni pactaba a toda costa con el P$0€ y los separatistas para tocar poder como ahora. Era una izquierda digna, la izquierda unida actual está podrida, en vascongadas echada en manos del PNV y los separatistas, en Cataluña es separatista, en Ceuta y Melilla se coaliga con los musulmanes promarroquíes, en Valencia y Cataluña es un partido pancatalanista y separatista y el el resto de España IU hace de apéndice del P$0€ para darle gobiernos allí donde el P$0€ pierde las elecciones como en Sevilla.

Lo malo no es que sean unos mangantes, encima es que van de morales y de éticos y de tener una superioridad moral.

IU actualmente es una araña, una serpiente, una planta trepadora, que le da igual con quien pactar con tal de joder al PP. Es igual que la estrecha relación entre UPL (Unión del Pueblo Leonés) y el PSOE en Castilla y León.

Lo que yo no entiendo es como un vallisoletano puede votar a un PSOE que pacta con aquellos que quieren dividir la región y infundir el odio en la sociedad castellanoleonesa, no lo entiendo.

Algo huele a podrido en el cortijo andaluz
En la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid han saltado las alarmas. Ni una semana le ha durado al PSOE el efecto ‘redbull’ que supuso el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de que no se presentará a las elecciones de 2012. Andalucía, a la que Zapatero ha llamado siempre la «columna más fuerte del PSOE», se ha convertido en su peor dolor de cabeza. La columna se desmorona agujereada por la corrupción con el fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo) y vapuleada en unas encuestas recalcitrantes con la victoria del PP.

Ambos asuntos han colocado contra las cuerdas a los dos principales dirigentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Pero lo que más preocupa a la cúpula socialista es que salgan a la luz sus diferencias con la dimisión de Luis Pizarro como consejero de Gobernación y Justicia, amenazando con la quiebra del partido ante unas municipales cruciales y en su granero de votos. Andalucía aporta 36 de los 169 escaños socialistas en el Congreso, la que más de todas las comunidades y en la que más ventaja saca el PSOE al PP, 11 diputados.

La dimisión de Luis Pizarro, mano derecha de Chaves, por diferencias con Griñán, confirma la división interna en el PSOE y la transmisión de poder en falso. Una división que demuestra lo enrevesada que es la política. Quienes apostaron por Griñán contra viento y marea frente a la opción preferida por otros de Mar Moreno son ahora sus adversarios. Cercanos de Griñán y Chaves lo niegan, pero admiten discrepancias que han resentido la amistad de la que siempre hicieron gala.

A la hora de tratar de explicar la sorpresiva actitud de alguien tan ducho en la disciplina de un partido, los allegados a Pizarro justifican que este «está dolido» del trato recibido por quien ayudó a ser presidente. «Han sido muchas humillaciones», dicen recordando que Griñán se ha desprendido de las personas colocadas por Chaves y Pizarro en consejerías, delegaciones provinciales o partido. Para los chavistas, Griñán ha dado la vuelta al partido y al Gobierno como un calcetín sin tenerles en cuenta y, sobre todo, sin tener en cuanta que fue Chaves quien ganó las elecciones.

Afines a Griñán defienden «la regeneración necesaria» que emprende el presidente en el partido y la Junta ante la que está cayendo (encuestas, crisis, paro) y se quejan de que operen a sus espaldas. Un ex dirigente recuerda que antes nadie discutía lo que decía el secretario general, es decir, Chaves. «Pizarro siempre decía, esto no se discute porque lo ha dicho el presidente».

En su entorno se asegura que el presidente no pensó que Pizarro iría a dimitir, aunque sí admiten que el cese de Gabriel Almagro ha sido un castigo por la operación orquestada a sus espaldas para descabalgar a Pilar Sánchez de la candidatura en Jerez. Pizarro y Chaves participaron en las conversaciones. «Fue un error garrafal de Chaves», admiten incluso cercanos a este. Es un ejemplo de que la bicefalia no está del todo cerrada.

El PSOE federal se vio obligado a salir en tromba como apagafuegos del polvorín andaluz, sobre todo porque el plante de Pizarro dejaba en evidencia la debilidad de liderazgo de Griñán en Andalucía ante un Javier Arenas cada vez más crecido y reforzado por las encuestas. Todos, incluido Manuel Chaves, respaldaron a Griñán. «Quien busque enfrentarnos, pincha en hueso», dijo el vicepresidente tercero. «No es hora de tomar partido por nadie, sino de tomar partido por el partido», manifestó José Blanco antes de una reunión de urgencia con la ejecutiva permanente en Sevilla el pasado jueves.

En ella, el vicesecretario general del PSOE transmite un mensaje inequívoco: Unidad sin fisuras ante las municipales y arropar a Griñán como secretario general y como presidente. Griñán ha salido fortalecido, pero en el PSOE e incluso en su entorno admiten que se trata de una tregua, un compás de espera. «El resultado de las municipales marcará un antes y un después», aseguran.

Si el PSOE mantiene su hegemonía (gobierna en 488 de 771 municipios), Griñán podrá respirar. Si no, se abren otras posibilidades. Por ejemplo, la de que Griñán «no aguante» y haya que buscar otro candidato. Por ello ha salido a la palestra el nombre de Rosa Aguilar y sigue latente el de Francisco Vallejo, el único andaluz junto a Griñán que intervino en el comité director en el que Zapatero anunció que no repetirá. La ejecutiva federal, incluso Gaspar Zarrías, a quien se le considera valedor de Vallejo, desmienten tal posibilidad. La ejecutiva mantiene que no habrá primarias en Andalucía. Sus afines están convencidos de que Griñán aguantará hasta el final. «Está totalmente comprometido, aunque los resultados de las municipales no sean buenos».

Resulta paradójico que semanas después de presentar en Madrid a todo bombo la campaña ‘Andalucía 10′ para desterrar la imagen de una Andalucía subsidiada se destaparan los primeros intrusos en las prejubilaciones pagadas por la Junta. Ya hay 72 detectados, de los que 9 al menos tenían carnet socialista.

En el PSOE no ocultan la preocupación por las repercusiones electorales de este escándalo que ha colocado en el punto de mira los últimos diez años de gobiernos socialistas. Es lo que quiere investigar la jueza Mercedes Alaya, quien ha señalado en sus autos la sospecha de que los ejecutivos de Chaves, incluido Griñán como consejero de Economía y Hacienda, conocían las irregularidades en las ayudas a las prejubilaciones y no hicieron nada para evitarlas. En el PSOE están convencidos de que las responsabilidades se paran en el director general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado y expulsado del PSOE, pero temen que la instrucción pueda colocar en el banquillo de los acusados a otros miembros del Gobierno. El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, está a punto de ser imputado.

La investigación de los ERE ha dado munición al PP, que desarrolla una campaña de acoso a Chaves y a Griñán sin tregua cada sesión del Parlamento andaluz o del Congreso y el Senado. Chaves además tiene que defenderse de otra acusación, la que pesa sobre su hijo, Iván Chaves, sobre negocios de intermediación con administraciones, entre ellas la Junta, cuando su padre era presidente.

En el PSOE defienden la honestidad de Chaves y están convencido de que desconocía lo mismo que Griñán el fraude en los ERE. Pero también empiezan a cuestionarse si fue un error que Zapatero se llevara a Chaves a su Gobierno para favorecer el relevo en Andalucía. «La presencia de Chaves en el Gobierno ha hecho que los escándalos andaluces cobren dimensión nacional, y eso está pesando», dice un ex dirigente socialista.

Los socialistas creen que el fustigamiento al ex presidente en Madrid se debe no sólo para contrarrestar el caso Gürtel, sino al interés del PP por amarrar la mayoría absoluta en Andalucía y crecer en votos en esta comunidad en las generales. En la mayoría absoluta de Aznar en 2000, la diferencia entre PSOE y PP fue de dos diputados en Andalucía. Ahora es de once.

Zarrías dio una licencia de TDT al primer intruso descubierto en los ERE

De izquierda a derecha, Garrido Santoyo y el conseguidor Zarrías.
Antonio Garrido Santoyo, primer intruso detectado en la trama de los ERE, fue distinguido por Gaspar Zarrías con la concesión de una licencia de Televisión Digital Terrestre privada en Andalucía. Santoyo acudía a las reuniones de la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (Acutel) como «dueño» de «Canal Baeza y La Loma», empresa que el 29 de julio de 2008 resultó adjudicataria de una de las licencias de Televisión Digital Terrestre que otorgaba la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía dirigida por Gaspar Zarrías a través de la dirección general de comunicación social.

Garrido Santoyo era el representante de la sociedad en todas las reuniones que mantenía Acutel, asociación a la que pertenecía desde 1997, año en el que la empresa comenzó sus emisiones.

Hoy emite con el nombre comercial «9laloma». En la propia página web de esta agrupación de televisiones locales aún figura su nombre como director y persona de contacto –con un error, ya que lo apellidan «Santana» de segundo y no «Santoyo»–, pese a que «oficialmente» dejó el cargo a Encarnación Lorite.

«Canal Baeza y la Loma» pasó a ser comarcal en 2008 para presentarse al concurso de las licencias de TDT. Meses más tarde, en julio, recibió la concesión. No fue impedimento que contara con dos edictos de notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de «apremio a deudores no localizados». Así lo refleja el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el 18 de marzo de 2005 y el 11 de julio de 2006. Las cantidades son modestas: 752,16 y 437,01 euros respectivamente.

De mayor cuantía fue la multa que el 3 de diciembre de 2009 le impuso el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) como culminación de un expediente abierto un año antes: 3.000 euros «por emitir un videoclip de con contenido violento en horario de protección de menores». Lo curioso de la resolución es que las alegaciones a la sanción que hizo la compañía iban «sin firmar aunque sí contienen pie de firma».

El instructor del CAA hizo una propuesta de resolución el 23 de octubre de 2009 y le otorgó a la empresa 15 días para que formulase alegaciones. Las alegaciones llegaron fuera de plazo y esta vez firmadas por la directora Encarnación Lorite. El mismo organismo también le ha incoado otros expedientes sancionadores.

En un solo mes, Iván Chaves ganó más dinero del que ahorró su padre en toda su vida
Iván Chaves cobró comisiones por informes que pagó la Junta y llegó a fijar una retribución mensual de hasta 5.240 euros por su intermediación. Esto es, en un solo mes, el hijo de Manuel Chaves ganaba más euros de lo que su padre reconoció públicamente que había ahorrado en toda su vida. Recordarán que en un programa de televisión, el vicepresidente tercero aseguró que lo que tenía en su cuenta corriente como saldo, unos 3.000 euros, era todo lo que había ahorrado en casi 30 años de vida como alto cargo en diferentes despachos y posiciones de la Administración Pública.

Las ganancias mensuales de Iván Chaves, en un solo negocio, que habría que sumar todos los demás para saber con precisión cuñanto dinero ingresaba en su cuenta mensualmente, superaban en 2.000 euros, al menos, a los ahorros de Chaves padre durante toda la vida.

El dinero mensual procede de una tela de araña empresarial. MABS International Marketing Services recibió el encargo de elaborar cinco informes para la Consejería de Cultura y la de Innovación, Ciencia y Empresa. Los cinco informes costaron 116.441 euros. Los estudios, sobre el flamenco, la creatividad empresarial y el vino, fueron subcontratados a la consultora Exit Desarrollo Internacional, propiuedad de Julio Javier Moreno Valseca, amigo de Iván Chaves Iborra e hijo de quien fue director general de la empresa pública de la Junta, Extenda, donde se establecen relaciones internacionales y donde, tal vez casualmente, trabajaba la ex mujer de Iván Chaves, Rocio Cabet del Castillo.

Exit facturó a MABS International Marketing Services por esos trabajos 59.603 euros, es decir, el 51,18% del importe de adjudicación.

Pero es que a su vez Exit pagaba a otra empresa, Cexmark Soluciones, esta sí, empresa de Iván Chaves Iborra, cantidades mensuales de entre 2.000 y 5.240 euros mensuales, como prueba un documento interno de Cexmarrk que expone una previsión de tesorería de noviembre de 2008 a abril de 2009 de ingresos de 4.756 a 5.240 euros mensuales procedentes de Exit.

O sea, que Iván Chaves, en sólo una de sus empresas y en solo un negocio, logró cobrar mensualmente más de lo que padre fue capaz de ahorrar durante toda su vida.

Chaves y los 3.000 euros

Chaves, cuando fue al programa “Tengo una pregunta para usted”, decía tener 3.880 euros(redondeando) como saldo de sus cuentas corrientes. Un cocinero de Málaga le dijo que no se lo creía. Chaves replicó que decía la verdad y que si se demostraba otra cosa que dimitiría. Y tras las anómalas declaraciones de bienes que presentó en el Parlamento de Andalucía en 2005, 2006 y 2007, el pasado día 28 de noviembre de 2008 presentó una nueva en que figuraban, no ya los 3.880 euros -que resultaban poco creíbles – sino 23.547 euros, de lo que ya dimos cuenta ayer. Y ha explicado Chaves que ese incremento de saldo de sus cuentas se debe a una herencia de 13.933,88 euros. Y lo embarulló todo más.

Lo que poseía oficialmente Chaves en el momento del programa era de 3.888,72 euros.

Pero lo raro era que en 2005 y 2006, Chaves había presentado saldos idénticos en sus cuentas, algo muy sospechoso porque nadie parece dotado de tal exactitud como para ahorrar la misma cantidad de dinero todos los años, exactamente en 2005 y 2006 y casi exactamente en 2007(la diferencia era de 1 euro y 72 céntimos).

Quedó demostrado, en 2005 y 2006 presentó el mismo saldo de las cuentas bancarias: 3.887 euros, lo cual o es un milagro o indica que fotocopió su declaración de un año para otro incumpliendo sus obligaciones como parlamentario y engañando por ello a los ciudadanos. Es más, es que en 2005 y 2006 ni siquiera varía el importe del préstamo hipotecario que fija en 22.613, 73 euros en 2005 y en 2006, cuando, en realidad y si efectivamente está pagando el préstamo, en 2006 debería constar una cantidad inferior. Luego vino la herencia de 13.933,88 euros.

Bien, hagamos las cuentas. Cuando tuvo lugar el programa “Tengo una pregunta para usted” el pasado día 20 de noviembre, Manuel Chaves tenía un saldo de cuentas bancarias reconocido de 3.888,72 euros. La herencia recibida asciende a 13.933,88 euros, lo que suma un total de 17.822,6 euros.

Pero declaró tener tras la herencia 23.547,389 euros en sus cuentas. ¿Y dónde están los 5,724,78 euros que faltan hasta alcanzar los 23.547,38 que reconoció en la nueva declaración? ¿Es que ahorró en diez días casi 6.000 euros cuando en 30 años de sueldos de ministro o similares no consiguió ahorrar más de 3.000? El barullo estaba y está servido.

1.- O Chaves no había hecho adecuadamente sus declaraciones hurtando y ocultando información correcta y real a los ciudadanos.

2.- O Chaves es un prodigio de la contabilidad doméstica creativa dando saldos idénticos e importes idénticos de préstamos en años sucesivos.

3.- O Chaves no ha logrado aprender a sumar porque la herencia no cubre el total de lo que declara ahora de incremento de saldo. Claro, que a lo mejor ha ahorrado en diez días lo que fue capaz de ahorrar en 30 años

Ayuntamientos andaluces gobernados por el PSOE recibieron 4 millones de euros procedentes del fondo de reptiles
Cada vez va quedando más claro que el “fondo de reptiles” no es fondo destinado al empleo o a empresas en crisis aunque fuera un fondo irregular. Oarece más bien un fondo destinado a servir, como ya es tradicional en Andalucía, al Partido Socialista y sus intereses. Ahora se ha sabido que varios Ayuntamientos andaluces gobernados por el PSOE recibieron 4 millones de euros procedentes de estos fondos, discriminando a otros, tanto gobernados por el PSOE como por el PP, IU o el PA, y quebrando el principio de igualdad. La mayoría de ellos son de la Sierra Norte de Sevilla, feudo político ahora del ex consejero de Empleo, Juan Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla e implicado en la trama de los ERE por haber sido durante su mandato cuando se ideó el procedimiento irregular conocido ya como “fondo de reptiles”.

Fueron trece ayuntamientos, según ABC, los beneficiados por el dinero con el que costearon proyectos que nada tenían que ver con el rescate de empresas en crisis. Diez de ellos, son sevillanos, dos de Cádiz y uno de Jaén. Y fue la Administración andaluza, a través de la agencia autonómica IDEA (antiguo IFA), la que repartió los fondos de un modo discrecional, bajo la fórmula de convenios hechos a la medida de la peticiones que formulaban los propios municipios, unas veces por escrito —en cartas dirigidas al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero— y otras debieron de hacerlo por teléfono, pues en los expedientes de las ayudas no figura solicitud formal alguna. Los datos ya están en poder de la juez encargado del caso ERE, Mercedes Alaya.

En su inmensa mayoría los municipios beneficiados con el denominado «fondo de reptiles» o de ayudas para empresas en crisis se localizan en la Sierra Norte de Sevilla y están gobernados por alcaldes del PSOE de la órbita del secretario general de los socialistas sevillanos y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera.

Con los más de 4 millones de euros, se construyó un complejo ecuestre en Los Palacios, localidad sevillana, se dotó de mobiliario a una residencia de mayores en Guadalcanal, de la Sierra Norte sevillana o se costeó un máster sobre riesgos laborales en la Universidad de Sevilla.

Por si fuera poco no se exigía nunca la justificación previa del gasto. En bastantes expedientes analizados ya tampoco se incluyen facturas de gastos realizados ni se aportaba documentación detallada sobre los proyectos subvencionados ni la Junta realizaba seguimiento alguno de los mismos. Sin embargo, desde el PSOE-A se justificaron dichas ayudas argumentando que perseguían crear empleo y estaban sujetas a «control».

Otros pagos extraños

La Consejería de Empleo pagó en 2009 los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió Manuel Pimentel, ex ministro con el PP entre 1999 y 2000, gracias a una ayuda de 300.000 euros procedente del fondo de ayudas a empresas en crisis, tildado como “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, Tres empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, también percibieron 6,6 millones procedentes del fondo de ayudas directas para empresas en crisis de la Consejería de Empleo.

Según el diario de Prisa, “las tres sociedades, que operan en la Sierra Norte de Sevilla, recibieron del fondo de ayudas 6,6 millones de euros entre julio de 2001 y febrero de 2007, divididos en ocho pagos distintos. El objetivo específico de las subvenciones era el “mantenimiento de los empleos”, según confirmó ayer Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años.

En el caso de Pimentel, la subvención se concedió como ayuda directa a los trabajadores, pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores y comenzó a liquidarse a finales de ese mismo año por los administradores concursales.

Recuérdese que este fondo de ayudas, que se concedía sin estudios de viabilidad y sin controles a posteriori, se mantuvo diez años suponiendo una cantidad de 647 millones de euros.

Un hermano de Manuel Chaves, procesado por injurias y revelación de secreto
El candidato socialista a la alcaldía de El Arahal, Fernando Chaves, ha sido procesado por un presunto delito de injurias y revelación de secretos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla) ha ordenando continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias previas en las que figura, en calidad de imputado, el candidato socialista a la Alcaldía de Arahal, Fernando Chaves, hermano del vicepresidente tercero del Gobierno, presidente del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. En concreto, los supuestos delitos que se le atribuyen son los de injurias y revelación de secretos.

Todo parte de las acciones promovidas por el concejal de Hacienda y Obras Municipales del Ayuntamiento de Arahal, el independiente Manuel Rodríguez Lobato, a cuenta del contenido de los boletines informativos de la Agrupación socialista de dicho municipio, cuyo secretario general es el propio Fernando Chaves González. Los hechos por los que este hermano de Manuel Chaves había sido imputado constituirían sendos delitos de injurias y revelación de secretos.

Según un auto fechado por la citada instancia judicial el 11 de febrero del año en curso y recogido por Europa Press, Fernando Chaves, “utilizando la información obtenida en su condición de miembro de la comisión informativa de licencias de obras de urbanismo del Ayuntamiento de Arahal, difundió a través de diversos boletines del PSOE informaciones relativas a Manuel Rodríguez Lobato, en las que con conocimiento de la falsedad de las mismas imputaba a este último diversas irregularidades”.

De hecho, y según detalla el auto, mediante los boletines informativos del PSOE, habrían sido difundidos “datos de carácter personal” de Manuel Rodríguez Lobato. A tal efecto, este auto dispone continuar las diligencias previas ya incoadas “por los trámites del procedimiento abreviado contra Fernando Chaves González en los términos y con el alcance señalados”, dando traslado así a las partes y a la Fiscalía para que se pronuncien al respecto.

Manuel Chaves, el dueño del cortijo
F. Martínez.- Manuel Chaves, vicepresidente del gobierno, presidente del PSOE y ex presidente andaluz, es uno de los ejemplos más acabados de los nuevos caciques incrustados en la clase política que someten a un permanente saqueo de las arcas públicas. El escándalo de los falsos EREs ha vuelto a destapar el hedor de quienes han transformado Andalucía en poco menos que en su cortijo particular, levantando una auténtica trama negra cuyo único fin es malversar el dinero público en beneficio de muy pocos.

Falsos EREs, saqueo verdadero

Andalucía supera el 30% de parados. En el último año, uno de cada cuatro trabajadores españoles que han perdido su puesto de trabajo reside en esta comunidad. Este drama para muchos se ha convertido en un negocio para pocos.

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, confesó ante la policía que los 647 millones destinados a pagar prejubilaciones se habían convertido en un “fondo de reptiles”, fórmula acuñada para designar sobornos y comisiones ilegales. Efectivamente los EREs y prejubilaciones gestionados por la Junta de Andalucía durante los últimos años se han convertido en un pozo sin fondo de corrupción.

No sólo se ha financiado con fondos públicos la liquidación de empresas en crisis, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo edulcorada por las prejubilaciones sino que, en ese río revuelto, se ha metido mano en la caja.

Gracias a la investigación de la policía judicial se ha destapado que en el 40% de los EREs gestionados por la consejería de trabajo andaluza se han incluido personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. Entre los “agraciados” con estos cobros ilegales figuran ex alcaldes como Rafael Rosendo, de la localidad sevillana de El Pedroso, o antiguos altos cargos de la Junta como Juan Rodríguez Cordobés, ex director general de Trabajo y Asuntos Sociales.

La dirección del PSOE alega que estamos ante la actuación individual de “cuatro sinvergüenzas” que serán castigados. Pero la policía judicial advierte que no estamos ante comportamientos esporádicos, sino ante una auténtica “trama delictiva”.

No sólo se desvió dinero público a beneficio de un selecto grupo de altos cargos, sino que se constituyó una red de intermediarios que ganaban suculentas comisiones. Y todo amparado desde la consejería de Trabajo que, en aras de “agilizar los trámites” concedía las ayudas a través de organismos autónomos para evitar los controles y las inspecciones que habrían detectado el defalco.

Pero esta es sólo la punta del iceberg. Los “falsos EREs” son uno de los flecos del caso Mercasevilla, una intrincada red de corrupción instalada en las altas instancias de la Junta de Andalucía. Destapada cuando los rectores de la lonja semipública exigieron a un rupo de empresarios una comisión de 450.000 euros a cambio de cobrar una subvención de 900.000 para una escuela de hostelería.

Dentro de la trama Mercasevilla – que incluye delitos inmobiliarios, como la venta ilícita de terrenos- aparecen los “hombres de paja” de los EREs. Dirigentes políticos como Antonio Garrido Santoyo, alto cargo socialista en Jaén, que cobran indemnizaciones de EREs de empresas en las que nunca trabajaron, como medio para desviar dinero público.

Estamos ante una tupida red donde la impunidad de la clase política se colude con los intereses de los poderes económicos locales, con el objetivo de saquear las arcas públicas.

El atraco de los nuevos caciques

Manuel Chaves ha reaccionado indignado desde Madrid, afirmando que todos los altos cargos implicados serán expulsados del PSOE. Cuanto más alto grite, mayor es el calado de lo que tiene que esconder. Porque, como denuncia la misma policía judicial, no estamos ante “chorizos individuales” sino ante una trama organizada desde las más latas instancias políticas andaluzas.

Chaves es la muestra más refinada de un a clase política que, abusando de la impunidad y manejando a su antojo el inmenso presupuesto autonómico, ha construido una extensa red que se beneficia del dinero de todos.

Hijo de un destacado coronel del ejército franquista, Chaves conoce en la facultad de Derecho sevillana a Felipe González, uniéndose al PSOE donde pronto escalará posiciones.

Años más tarde, Chaves será rescatado por González para que, como ministro de Trabajo, se encargue de dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, con la imposición del Plan de Empleo Juvenil, puerta de entrada a la precariedad laboral que hoy en día asfixia a la juventud trabajadora. La respuesta de los sindicatos se traduce en el 14-D, la mayor huelga general de la historia reciente española.

En su retorno a Andalucía, Chaves se revelará como el auténtico dueño del cortijo. Las sucesivas mayorías absolutas le permiten un rígido control administración y del ingente presupuesto autonómico, instaurando un auténtico régimen clientelar donde se hermana la nueva clase política, los antiguos caciques y los nuevos ricos del ladrillo para saquear el erario público.

El caso Matsa (la concesión de una subvención pública de diez millones de euros a la empresa donde trabaja su hija, Paula Chaves, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia andaluz) es sólo una muestra de los modos y maneras de los nuevos caciques.

El control de los fondos públicos, la distribución de las ingentes subvenciones y ayudas públicas, se ha transformado en una auténtica trama de corrupción con más agujeros que un queso de Gruyere. El desfalco no es la excepción, sino la norma, amparados en la absoluta impunidad que han disfrutado las fechorías de la clase política.

En las razones de por qué España es uno de los países que más está sufriendo los estragos de la crisis volvemos a encontrarnos con Chaves, uno de los artífices de la elevación de Zapatero a la Moncloa.

Primero tuvo una participación destacada en la defenestración de Josep Borrell. Forzada por el aparato del PSOE tras su sorprendente triunfo en las primarias. Maniobra que conduciría al estrepitoso fracaso electoral de Almunia.

Más tarde sería el presidente del Congreso que, bajo la consigna de “hay que impedir que Bono cruce el Tajo”, entregaría a Zapatero la secretaría general del PSOE.

Zapatero le compensaría nombrándole ministro de Administraciones Públicas, desde donde dirigió la reforma de financiación autonómica, un bochornoso cambalache que sólo sirvió para alimentar la voracidad y el despilfarro de las castas políticas locales.

De aquellos polvos, vienen estos lodos. El estallido de casos de corrupción directamente vinculados a las altas esferas de la Junta de Andalucía es una de las peores herencias de Chaves, el resultado de convertir Andalucía en el cortijo particular de los nuevos caciques.

Mientras unos pocos se enriquecen, el paro golpea a Andalucía con mayor saña si cabe que a otras comunidades. No es extraño que las últimas encuestas pronostiquen la posibilidad de una mayoría absoluta del PP en Andalucía. Son los extraños resultados de los desmanes de los dueños del cortijo.

Los funcionarios de la Junta de Andalucía se personan en el caso de los ERE con intrusos
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado una querella contra todos aquellos que resulten responsables de la trama organizada que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la inclusión de intrusos en expedientes de regulación de empleo financiados con cargo al Presupuesto autonómico. El Sindicato ha pedido su personación en la causa que instruye la magistrada Mercedes Alaya. Se inspira para ello en el hecho de que pudiera ser la Administración “paralela” una de las causas de este escándalo, cosa que no podría haber ocurrido de ser funcionarios los que estuvieran en el control de estas ayudas como marca la Ley.

El convenio que la Consejería de Empleo firmó a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad y Social con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) el 17 de julio de 2001 permitió que se tramitaran «subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», como denunció el máximo órgano de control y fiscalización en su informe de 2005 y reiteró en los sucesivos.

Desde 2001 y hasta 2010, se destinaron 647 millones de euros para pagar ayudas a empresas en crisis y sufragar prejubilaciones. Hasta la fecha se han encontrado 111 irregularidades administrativas y 75 intrusos que han percibido una póliza de rentas mensualmente de manera previsiblemente ilegal.

La participación de la «administración paralela» en la trama de los ERE resulta fundamental. Pese a que el IFA –luego Agencia IDEA– era una entidad sometida a control financiero permanente, los hechos demuestran que la vigilancia no ha sido suficiente. El personal de estos entes autónomos no es funcionario.

El Safja entiende que los hechos investigados pudieran venir motivados por la ausencia de personal funcionario ejerciendo las labores de control que les reserva en exclusiva la ley. Por ello, argumenta que la Intervención General de Hacienda advirtió en reiteradas ocasiones que en la tramitación de las ayudas sociolaborales se estaba vulnerando la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Estos avisos han sido reconocidos por el propio Ejecutivo de José Antonio Griñán.

La propia Intervención denunció de manera reiterada en sus informes de cumplimiento que el personal laboral contratado vulneraba los principios y el procedimiento establecido en el artículo 15 del propio organismo, que recoge que «la provisión de puestos de trabajo del personal del Instituto se efectuará bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, mediante el procedimiento de concurso que, en caso de existir vacantes, se celebrará, al menos, con carácter anual, con arreglo al siguiente orden de prelación: concurso de traslado, concurso de promoción y concurso de acceso».

Para el Safja es una de las claves, ya que constituye una de las principales reivindicaciones de este sindicato desde su fundación. Considera que la huida del derecho administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilita que los controles sean más laxos. Aquí enmarcan también sus protestas y reclamaciones judiciales contra el decreto ley 6/2010 de reordenación del sector público empresarial que posibilita la creación de nuevas agencias empresariales.

En la querella que esta mañana presentarán en los juzgados de Sevilla argumentan que existen claros indicios de comisión de un delito de malversación de caudales públicos, regulado en el artículo 432 del Código Penal y otro de prevaricación, tipificado en el artículo 404.

De la «guerra» contra el «decretazo», al escándalo de las ayudas fraudulentas

El descontento del personal funcionario con los responsables de la Junta de Andalucía es notorio. Durante años, han visto cómo sus funciones han sido suplantadas por personal laboral contratado a través de fundaciones, empresas públicas y entes instrumentales que desarrollaban su trabajo. Ahora, una juez investiga si esa maraña al margen de la Administración facilitó el fraude y busca hasta dónde alcanzan las responsabilidades. Por eso, ha pedido las actas de los Consejos de Gobierno. Los funcionarios quieren ser parte de la causa.

5.870 empresas andaluzas defraudaron 23 millones a la UE al dar un uso ilegal a las ayudas para el empleo
3.790 contratos de los 15.063 que se han investigado hasta ahora en la Junta de Andalucía son irregulares. La Fiscalía sostuvo que 5.870 empresas andaluzas participaron presuntamente en un fraude de 23 millones de euros al dar un uso irregular a las ayudas de la UE para la creación de puestos de trabajo. Pues aunque el consejero de Empleo, Manuel recio no quiso pronunciar la palabra “irregularidad”, el resultado es el mismo por cuanto aunque se llama “salvedad”, como hizo el consejero, todos sabemos de qué se está hablando.

Desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2010 se han concedido 136.401.075,42 euros para la contratación indefinida de 57.930 personas. Por el momento las delegaciones provinciales han revisado 13.753 casos (el 23,74%) y el resultado es que 3.663 (un 26,6%) “presentan alguna salvedad” que debe ser revisada. Además, los servicios centrales de la Consejería de Empleo, han inspeccionado otras 1.310 vidas laborales y se hallaron 127 incumplimientos, de los que en 107 casos, incluidos en 41 expedientes, se ha iniciado el proceso de reintegro de las ayudas y al resto de las empresas se les ha pedido que aporten nueva documentación.

A pesar de estas cifras, el consejero de Empleo ha señalado que “no hay fraude generalizado” y ha pedido “no estigmatizar” a las pequeñas y medianas empresas. Además, ha apuntado que el sistema “funciona, es estricto y garantista”. “No confundan la excepción con la norma, porque los incumplimientos no son mayoritarios y en muchos casos se han resuelto con información adicional”, ha subrayado, a lo que ha añadido que el control es “escrupuloso”. Parece haber olvidado el consejero que la excepción, una, confirma la regla, pero que 3.70′ excepciones por ahora de confirmar, confirmar la regla de la irregularidad.

Tras el descalabro de la imagen institucional de una Consejería que evidentemente, ERE y ahora esto, no funciona, Recio ha anunciado que la Consejería está diseñando un sistema para que “automáticamente” se realice una consulta de las vidas laborales de los trabajadores incluidos en este tipo de expedientes. Esto es, para que haga algo que ya el ministerio de Trabajo de Javier Arenas hacía en 1996: cruzar los datos de los diferentes bancos públicos de datos(INEM, Hacienda, Seguridad Social…) para evitar duplicidades y fraudes. Según ha detallado, esta consulta se ejecutará semestralmente y los datos recogidos por el sistema de gestión de la Consejería servirán para “facilitar la detección de incumplimientos por parte de las entidades que han sido subvencionadas”.

Recio detalló que el sistema cruzará los datos de incentivos con que cuenta la Consejería con la vida laboral y “si hay incumplimientos saltará un mecanismo automático” y se hará la supervisión “necesaria”. Si bien, ha asegurado que el sistema aleatorio es “el correcto” y “la Unión Europea lo utiliza en muchas otras ayudas” pero “la Consejería ha querido ir más allá y revisar el cien por cien”. Por último, el consejero ha pedido “contención” a los grupos parlamentarios y que eviten “difamar, crispar y tergiversar” la información porque “el sistema es válido y ayuda a dar estabilidad”.

La casta andaluza, corrompida hasta los huesos, defrauda más de 23 millones de euros de las ayudas de la UE para la creación de empleo en Andalucía.

Fotomontaje de Manuel Chaves detenido por la Guardia Civíl.
6.350 expedientes de incentivos a 5.870 empresas, miles, pues, de infracciones administrativas, un delito contra Hacienda y 25 de falsedad documental: ese es el resultado provisional de la Operacion Building que titula los resultados de la investigación de la Guardia Civil sobre el presunto fraude en las ayudas de la UE para la creación de empleo en Andalucía. Igualmente, está revelando la falta de control en la supervisión de las subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. La cantidad supuestamente defraudada asciende a 23.387.846,47 euros.

La Guardia Civil encuentra posibles delitos contra la Hacienda Pública a la empresa sevillana Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs SL, a la que la Consejería de Empleo concedió sendas subvenciones por 163.000 euros a cambio de contratar a 41 trabajadores para su geriátrico de Utrera que debían ser mantenidos en el empleo 4 años, pero despidió a 22 y no reintegró los 88.000 euros correspondientes que fueron recibidos. Fuentes del grupo Reifs, que aseguran desconocer estas diligencias, dijeron ayer a este periódico que la residencia de Utrera tiene hoy el «doble» de trabajadores que cuando se abrió en 2004 y que el 80% de la plantilla inicial aún se mantiene. Pero precisaron que el personal fue absorbido por otra empresa del grupo (Asistencial Reifs SL) y que este cambio, «firmado» por los trabajadores, fue comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Presuntos delitos de falsedad documental se sospechan en otras 23 empresas andaluzas por la «obtención fraudulenta» de incentivos por convertir contratos temporales en indefinidos. La irregularidad consistiría en cobrar la ayuda por la contratación de personas que «nunca» trabajaron para esas firmas. Las empresas, unas niegan y otras matizan.

La Fiscalía Superior insta a la Junta a actuar para la «recuperación de las cantidades indebidamente obtenidas» e imponer las sanciones pero las dificultades proceden la Consejería de Empleo no tiene los datos cruzados ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. La Junta, cómo no, minimiza el fraude y el escándalo.

La Junta de Andalucía ha abierto durante los últimos cuatro años 4.082 expedientes de reintegro de fondos europeos para incentivar el empleo en las empresas andaluzas, fruto de un trabajo de control masivo en el que se han visto revisados casi 7.000 expedientes. Lo cuenta El Correo de Andalucía.

El montante que la Junta ha impuesto para devolver por estos 4.082 expedientes se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Por provincias, la más afectada es Granada, con 2.064 expedientes, más de la mitad del total; la siguen Sevilla, con 469; Almería, con 292; Córdoba, con 281; Cádiz, con 278; Huelva, con 270; Jaén, con 259, y Málaga, con 169 expedientes.

Fuentes oficiales de la Junta señalan que “estos datos demuestran el control y la diligencia del Gobierno andaluz, que en todo momento ha cumplido con su obligación de controlar” el cumplimiento de los requisitos y los objetivos por los que se han venido concediendo estos fondos: la creación de empleo. La mayoría de los expedientes se resolverán por la vía administrativa, al ser la cuantía del fraude menor de 120.000 euros.

En estos casos, el Gobierno andaluz reclamará todas las subvenciones que no hayan llegado a buen fin, “como ha venido haciendo hasta ahora”. La investigación impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estima un presunto fraude global de 26 millones de euros, pero solo en 24 casos el comportamiento de los empresarios derivará en un proceso penal.

Europa sopesa poner fin a las ayudas al empleo en Andalucía a causa del fraude generalizado.


Las cifras de empresas y dineros afectado por el fraude en las subvenciones de la Unión Europea (UE) para la creación de puestos de trabajo. El dinero defraudado asciende a 24 millones de euros y las empresas a más de 1.500 firmas de siete provincias que lo emplearon de manera irregular. En total son 800 las empresas que han practicado el fraude en las ayudas al empleo y se investigan 6.000 casos más. Los dineros podríanllegar a 25 millones de euros. Hay una investigación en marcha que dirigen la Fiscalía del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil coordinaron la investigación y van a intervenir la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la consejería de Empleo y las fiscalías provinciales. Lo más grave sin embargo es que el asunto ha llegado a la oficina antifraude de la Unión Europea, la OLAF, lo que podría significar la suspensión de las ayudas al empleo procedentes de Europa en Andalucía

Las 800 empresas investigadas hasta el momento han defraudado nada menos que 3 millones de euros. Esto es, el fraude detectado significa, como mínimo, el 30 por ciento deltotal de las subvenciones concedidas.

La cantidad media defraudada por empresa ronda los 16.000 euros, pero el gran problema es que el fraude estaba muy extendido entre las empresas andaluzas y esto puede repercutir en las futuras ayudas procedentes que conceda la UE a Andalucía.

La incomprensible posición del PSOE

Sin embargo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, afirmó ayer que es “mentira” que la Junta no haya mantenido un control sobre la gestión de las ayudas al empleo. Si es cierto que Empleo ha realizado 7.000 inspecciones desde 2007, habrá que examinar en qué consisten esas inspecciones por si tambièn hay algún fraude o defecto en ellas. A tenor del fraude masivo detectado, las comprobaciones de los inspectores de Trabajo fueron claramente insuficientes. Además, los agentes de la Guardia Civil cruzaron los datos sobre los trabajadores facilitados por las empresas con los de la Seguridad Social, una operación que podrían haber realizado los inspectores con relativa sencillez, según fuentes del caso.

Igualmente, ayer,, tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, desmintió rotundamente la existencia de «ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas» y rechazó las acusaciones de «falta de control» por parte de la Junta. A su juicio, el PP, por hacer «daño al Gobierno, comienza a estar dañando seriamente la imagen de los empresarios y de los trabajadores andaluces». «No ha habido ninguna clase de descontrol ni de fraude masivo, sino todo lo contrario, ha habido un control masivo y una actuación diligente desde el minuto uno por parte de la Junta», sentenció la consejera y recogió Europa Press.

La hoja de ruta

La ayuda investigada consiste en que la UE aportaba el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta el 20% restante. Para recibir la ayuda los empresarios firmaban un compromiso que incluía mantener cuatro años al trabajador en sus nóminas, que es lo que no restaban las empresas implicadas. Esto es, cobraban las subvenciones y luego despedían a los trabajadores. A veces, a los quince días.

Extrañamente, la investigación no he llegado a un Juez de Instrucción por lo que no se puede interrogar a ninguno de los implicados. La investigación se remonta al menos hasta 2008; es decir, un periodo de tiempo en el que era presidente de la Junta de Andalucía el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y en la que su mano derecha en ese ejecutivo era su actual secretario de Estado, Gaspar Zarrías, quien entonces estaba al frente de la Consejería de Presidencia. Griñán era consejero de Economía y Hacienda.

Candidato de IU al Ayuntamiento de Sevilla inviteme a mariscos jajaja,sr Torrijos se està poniendo morao.

La Consejería andaluza de Empleo ordenó a la Faffe el ‘fichaje’ del hermano de un alto cargo de Vitalia
Francisco Escudero.- José Albarracín Muñoz, hermano de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia Vida, fue contratado por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el 26 de julio de 2010 a instancias de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Su contratación se produjo a las pocas semanas del nombramiento del actual consejero, Manuel Recio, y de la llegada del equipo de este último a la Junta de Andalucía. Vitalia Vida es, junto a Uniter, una de las dos empresas de mediación que están siendo investigadas por la juez Alaya por su participación en la elaboración de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, de los que se habrían derivado numerosas prejubilaciones falsas con cargo al erario público. No obstante, la mayor parte de las irregularidades se ha encontrado en Vitalia.

José Albarracín vino realizando hasta el pasado 31 de marzo “labores de apoyo técnico” en la delegación provincial de Empleo de Almería; en concreto, en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), con un contrato por tiempo determinado. El pasado 14 de marzo, sin embargo, la Faffe le comunicó, nuevamente a petición expresa de la citada Dirección General, la finalización de la relación laboral. En su contrato se estipulaba que su tarea por obras y servicios se enmarcaba en la asistencia que presta la Faffe a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.

El pasado 13 de abril, José Albarracín presentó, no obstante, demanda de conciliación en el propio CMAC, solicitando la nulidad del despido o, subsidiariamente, la improcedencia del mismo. La cita en la que las dos partes se verán las caras está fijada para el próximo día 29, en la sede del CMAC de Almería.

Antonio Albarracín, el hermano del contratado por Empleo, prestó declaración como testigo ante la juez Alaya el pasado mes de enero como consecuencia de la actuación de un comercial de esta empresa en Sevilla, Francisco González. Según un atestado de la Policía Judicial para la juez instructora, González y el intermediario Juan Lanzas incluyeron en el ERE del restaurante sevillano Río Grande a Carmen Fontela, vecina del primero, para que cobrase una prejubilación. Sin embargo, nunca cobró, porque el comercial de Vitalia le sacaba 600 euros diarios de su cuenta corriente a través de un cajero. La cantidad se la repartía con Juan Lanzas. Francisco González y Juan Lanzas fueron detenidos y están imputados, no así el director comercial de la empresa, que sólo declaró en calidad de testigo. Fontela, ajena al caso, nunca trabajó en Río Grande.

El intento del consejero Recio de cortar todo vínculo con sus antecesores ha generado una brecha en el PSOE y, particularmente, con quienes en el seno de la Consejería han desempeñado o desempeñan aún responsabilidades de gestión; es el caso de la Faffe. De hecho, entre esta fundación y la Consejería de Empleo parece haberse abierto una guerra de acusaciones con posibles repercusiones en los medios de comunicación. El director gerente de la Faffe, Antonio Villén, cuenta con varios familiares contratados en esta fundación; entre ellos, su esposa y su hermano. En los últimos meses también han entrado cargos de Juventudes Socialistas.

El despido de José Albarracín se enmarca en la crisis abierta por el caso de los ERE fraudulentos y la gestión al respecto llevada a cabo por los responsables de la Consejería de Empleo en los últimos años, aunque su contratación hace un año vendría a demostrar que algunas de las prácticas de nepotismo en algunos departamentos dependientes de la Junta denunciadas con la boca chica -otras no tanto- por los responsables de la Consejería de Empleo habrían seguido teniendo lugar tras el desembarco de Recio en el Gobierno andaluz de la mano del presidente José Antonio Griñán

El fondo de reptiles de los ERE financió ferias y saraos a alcaldes socialistas.
El fondo dotado con 647,87 millones de euros conocido como “fondo de reptiles”, además de servir para meter intrusos en los ERE´s, ayudar a los empresarios afines al PSOE e incluso a concejales metidos a empresarios, sirvió también para que ayuntamientos gobernados por el PSOE, en su mayoría ubicados en la provincia de Sevilla, montaran ferias comerciales y obteniendo réditos electorales. Tras estas noticias, cada vez está más clara la relación que hay entre los intereses del PSOE y la gestión de estos fondos.

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE investigados el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, autorizó el desvío de 414.000 euros de la partida que denominó «fondo de reptiles» a proyectos de ferias comerciales varias, desde el desarrollo rural o el desarrollo empresarial, en municipios como Alcolea del Río, Coria del Río, Guadalcanal, Chiclana o la pedanía jerezana La Barca de la Florida, todos ellos gobernados por el PSOE.

Estos proyectos, respetables en sí mismos, no tienen nada que ver con el fin para el que fue creada: salvar a empresas que pasaban por serios apuros económicos y evitar despidos traumáticos aprobando planes de prejubilaciones entre sus trabajadores.

El denominador común de los trece ayuntamientos que se vieron beneficiados por estos fondos entre 2001 y 2008 es que estaban gobernados por el PSOE en el momento en que accedieron a estas ayudas excepcionales, que no se regulaban por ninguna convocatoria pública.

En todos los casos, se firmaba un convenio de colaboración por el que el Instituto de Fomento de Andalucía no exigía expresamente a los consistorios que justificaran el gasto. Ni siquiera había memoria explicativa del proyecto.

El Ayuntamiento de Alcolea del Río, gobernado por el socialista Carlos López Barrera, recibió 120.000 euros en 2003 y 2004 para montar durante dos años consecutivos una feria de desarrollo rural. Sin salir de la provincia de Sevilla, el Ayuntamiento de Los Palacios, presidido por Antonio Maestre, perteneciente al núcleo duro de Viera, secretario general del PSOE hispalense, firmó en 2003 un convenio con la Consejería de Empleo para construir un complejo de actividades ecuestres y percibió 901.000 euros entre 2004 y 2005.

El Consistorio de Guadalcanal recibió de Empleo 150.000 euros para equipar una residencia de ancianos, 120.000 euros para organizar una feria de emprendedores y 72.121 para la «materialización singular de ayudas a una feria de empresas”. Carmelo Montero, su alcalde, forma parte del entorno de la dirección del partido en Sevilla, encabezada por Viera.

El Ayuntamiento de Chiclana, gobernado entonces por el socialista Manuel Jiménez Barrios, organizó una «feria de muestras» y recibió 24.000 euros procedentes del «fondo de reptiles».

Entre 2001 y 2010, salieron más de 4 millones del «fondo de reptiles» para financiar proyectos municipales.

UGT y CC.OO reciben 2,7 millones de euros de las arcas andaluzas por tareas de cooperación internacional
A los muchos millones de euros andaluces recibidos para la formación, a otros millones recibidos para desarrollar su acción sindical e incluso a los centenares de miles de recibidos para ayudarlos en sus gastos corrientes, CC.OO y UGT de Andalucía acaban de recibir hoy mismo 2,7 millones de euros por sus tareas en el campo de la cooperación internacional. Resulta extraño que tal concepto sea manejado por una Comunidad Autónoma por cuanto parece una partida más bien relacionada con el Estado y sus competencias. Pero, como es costumbre, los sindicatos logran así duplicar sus ingresos porque a nivel estatal, también reciben ayuda del gobierno por el mismo concepto.

En el caso andaluz, UGT Andalucía recibe dinero para ayudar al fortalecimiento de la Academia Sindical Regional ASR como órgano formativo del Consejo Sindical Unitario de América Central y El Caribe CS; para el fortalecimiento de la coordinadora de centrales sindicales andinas (CCSA) y de las organizaciones sindicales de la región y para el fortalecimiento de la Confederación Sindical de los trabajadores de las Américas, para una protección efectiva de los Derechos Laborales en el marco del Diálogo Social. En total, 930.000 euros.

Por su parte, CCOO-A recibe dinero en concepto de cooperación internacional para el reforzamiento de las estructuras internas de la CNTS de Senegal, para la acción sindical en el sector informal, formación sindical y promoción de la igualdad de oportunidades en la CSTM de Malí, para la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, prevención del VIH/SIDA en el entorno laboral y lucha contra la emigración clandestina en la estructura sindical UNSAS de Senegal e incluso por una campaña de sensibilización contra la Mutilación Genital Femenina en Malí. Casi 500.000 euros.

Además, recibe miles de euros más para el fortalecimiento de las estructuras organizativas de las bases de la CEDOCUT y de su capacidad de incidencia en el desarrollo económico, laboral, social y político de Ecuador, para la incorporación de políticas de transversalización de género en la CGT. PER, para encuentros sindicales en la región andina, El Salvador, Mozambique, Colombia, etc. Sólo un millón de euros más.

Vergüenza.

¿Alguien los ejecutaria y prohibiría los sindicatos?

El PSOE andaluz justificó un gasto de 500.000 euros para un plan minero que nunca se realizó
Desde 1979 a 2007, el ayuntamiento de El Pedroso estuvo en manos del PSOE, nada menos que 28 años. Los actuales gobernantes del pueblo, los andalucistas, que ganaron en 2007 las elecciones municipales, se han preguntado dónde está el estudio para el plan minero que fue pagado con el “fondo de reptiles” de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Dicho plan se proponía explotar los yacimientos de mármol que tiene esta localidad, pero jamás se puso en marcha. A pesar de ello, 450.759 euros fueron empleados en el plan del que nadie sabe nada. Luego los papeles desaparecieron con el gobierno socialista.

La ayuda excepcional se concedió hace casi ocho años y fue cargada a la partida dedicada a las empresas en crisis, pero del plan no hay rastro. El actual alcalde andalucista, Manuel Meléndez, afirma que no ha encontrado ni un solo papel del plan minero mi justificante de pago alguno en las oficinas de la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso SL, que fue el beneficiario receptor de los fondos. Esta Sociedad fue fundada por el Ayuntamiento cuando era su alcalde Francisco Javier Guerrero (en la imagen), luego director general de Empleo e imputado por el caso de los ERE.

Pero hay una pista. Un convenio de colaboración fue firmado en octubre de 2003 siendo alcalde el socialista Rafael Rosendo y mediante se él, la Junta autorizaba el pago de más de 450.000 euros a dicha sociedad, presidida por el propio alcalde. En su consejo de administración estaban otros empresarios locales como socios minoritarios y la Diputación de Sevilla a través de su sociedad Sevilla Siglo XXI. El convenio que dio carta de naturaleza a la ayuda al plan que impulsaba la Corporación lleva las firmas del propio Guerrero y el entonces director general del Instituto de Fomento de Andalucía (la actual Agencia IDEA), Francisco Mencía Morales. Su objetivo, según reza en el documento: «acometer los trabajos de investigación y demarcación, así como la realización de un mapa de yacimientos y volúmenes con el fin de poderlos poner a disposición de industrias transformadoras para su implantación en la zona».

Aunque apenas está clara la ayuda y para qué se da, sí que está clara la forma de pago. Las cuentas son muy claras: 300.000 euros serán abonados en un número de cuenta de La Caixa y los 150.000 restantes en otra cuenta, expone. Hasta aquí, nada que objetar, salvo que, como se supo después, ese dinero salió del «fondo de reptiles», como el propio Guerrero definió —en su declaración ante la Policía Judicial— la partida destinada por la Junta para reflotar empresas con problemas de viabilidad y apoyar prejubilaciones. El fondo estuvo dotado con 647,87 millones de euros entre 2001 y 2010.

Comisión de Investigación

El alcalde receptor de las ayudas, Rafael Rosendo, apareció en la investigación de los ERE como intruso en un ERE de Cydeplast, donde nunca trabajó. Su hijo, José Enrique Rosendo —que fue concejal con Guerrero y su padre, y consejero de la citada empresa pedroseña—, se benefició de más de 8 millones en ayudas autonómicas para montar un entramado de sociedades con otro exedil.

En el Ayuntamiento pedroseño no hay constancia «física» de dicho estudio, afirma Manuel Meléndez, su actual alcalde que ha dicho que “cuando entramos en las oficinas de la sociedad en el Ayuntamiento, no encontramos ni un solo documento; sacaron cajas y cajas de los despachos tras saber que habían perdido las elecciones». Incluso se denunciaron con escaso éxito las irregularidades contables a la Fiscalía. Los discos duros de los ordenadores fueron borrados y los archivos de A-Z desaparecieron

El Pleno del Ayuntamiento de El Pedroso acordó en febrero de 2008 crear una comisión de investigación sobre la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (Sodelp) ante la desaparición de todos los documentos de la empresa, lo que impedía nombrar a nuevos administradores. La comisión ni siquiera logró que la anterior gestora del ente, la concejala socialista María Carmen Hernández, acudiera al Pleno. Su gestión dejó un agujero de medio millón de euros en facturas sin pagar.

Guillermo Köhler escribió:Vergüenza.

¿Alguien los ejecutaria y prohibiría los sindicatos?

Sí, Margaret Thatcher, jajajajaja