[EFE] El Tribunal Constitucional desbloquea la privatización del Canal Isabel II

MADRID

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESBLOQUEA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL ISABEL II

• El tribunal desestima el recurso del PSOE contra el plan de privatización
  
• El fallo afirma que el plan no afecta a las competencias propias de los municipios
  
• La decisión del tribunal es un espaldarazo a las intenciones de Cristina Meyer de continuar el proceso
  

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El Tribunal Constitucional ha desbloqueado finalmente la situación de incertidumbre respecto al Canal Isabel II. Cincuenta senadores del PSOE recurrieron ante el Tribunal Constitucional en el año 2012 los planes de la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre de privatizar el 49% de la empresa pública de aguas de Madrid por considerar que afectaba a las competencias municipales, pues dentro de ese 49% se incluiría la parte correspondiente del paquete de cada administración implicada. Sin embargo, el Constitucional ha fallado que la privatización del 49% del Canal Isabel II "no vulnera la normativa estatal ni favorece a las empresas privadas".

Además, la sentencia aclara que el proceso no obliga a los ayuntamientos a adherirse a este sistema si quieren seguir prestando los servicios de agua dentro de sus límites municipales tal y como la ley les atribuye. Los jueces avalan que sea una empresa privada la que gestione el servicio y sostienen que esta fórmula no daña las competencias de los municipios. Afirman que "cuando los municipios ejercitan su capacidad de decisión y optan por un sistema de gestión de servicios públicos que requiere el uso por un tercero de las infraestructuras municipales, no se produce una lesión de la autonomía local sino, antes al contrario, ello es el resultado necesario de su ejercicio".

Recientemente, Cristina Meyer ha hecho hincapié en la necesidad de privatizar el Canal Isabel II, tras el parón sufrido en el proceso durante los Gobiernos de Aguirre y Gómez. Meyer afirmó en un comunicado reciente que "el Canal Isabel II fue transformado profundamente en 2008, se creó un Ente Público de tipo regulatorio y se constituyó una sociedad anónima en la cual todos los municipios y la propia Comunidad de Madrid son accionistas, aunque más del 80% es parte del Ente Público." Aseveró además que "desde 2012 se intenta, parcial y gradualmente, continuar con el proceso de privatización de las acciones del Ente Público. De esta forma garantizaremos nuevos ingresos para los ciudadanos madrileños, lograremos importantes inversiones en el área de distribución del agua y una modernización más profunda en toda su administración." Por último, la presidenta autonómica mostró su preocupación por la paralización del proceso, situación que ahora ha sido solucionada con el fallo del tribunal.