PropLey de medidas urgentes para afrontar la pobreza energética [GPLIP]

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados

Se abre la sesión. El GPLIP ha presentado en la Mesa del Congreso una propuesta para ser debatida en esta Cámara, mediante el procedimiento de urgencia, para pasar después a su votación. Un procedimiento de urgencia solicitado por el propio GPLIP y por el GPS. Vamos a proceder, pues, al debate la Proposición de Ley de medidas urgentes para afrontar la pobreza energética, que se encuentra en sus mesas:

PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR LA POBREZA ENERGÉTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Del mismo modo, el artículo 47 de la CE establece que todos los españoles tienen derechos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, exhortando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 128.1 de la CE subordina al mismo toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general.
Estos artículos contrastan con la realidad de muchas viviendas en el estado español. Es imposible conocer con exactitud el número de cortes de luz y de agua, ya que son las entidades suministradoras, y no las administraciones, las que los conocen y no los sacan a la luz. No obstante, se estima que, por ejemplo, el 20% de los cortes de suministro de Endesa a nivel mundial, se realizaron en el estado español.
Un factor determinante de la situación de pobreza energética es el precio. Organizaciones de consumidores han calculado que el precio de la electricidad ha subido más de un 60% desde 2008, y, son las familias donde todos sus miembros están en paro las más perjudicadas por este factor. Respecto a la subida del suministro de agua, se hace difícil estimar esta subida por la creciente privatización del servicio en diferentes ayuntamientos.
En el presente texto se establecen las políticas que el gobierno de España, a través de su parlamento, llevara a cabo para erradicar esta situación.
Artículo 1.
Se entiende que las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de riesgo de pobreza  energética  son: aquellas que perciban unos ingresos inferiores a 1 vez el IPREM para personas que viven solas; unos ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM en el caso de personas con discapacidades o con gran discapacidad; unos ingresos inferiores a 2 veces el IPREM, si se trata de unidades de convivencia de dos o más miembros.
Artículo 2.
Las medidas vinculadas con la definición que establece el apartado anterior pueden beneficiar a personas y unidades familiares, principalmente cuando tengan menores a su cargo, que superen los límites de ingresos fijados, siempre que dispongan de un informe de los servicios sociales acreditativo de que están sometidas a un inminente riesgo de pobreza energética.
Artículo 3.
En la presente ley también se aplicaran las medidas de protección reguladas a los hogares en los que, aun no cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 1, resida alguna persona afectada por dependencia energética, como el caso de las personas que necesitan para sobrevivir maquinas asistidas.
Artículo 4.
Las administraciones públicas garantizaran el derecho a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de pobreza energética mencionadas en el artículo 1, mientras dure esta situación de pobreza energética.
Artículo 5.
Esta ley obliga a las administraciones a:
a) Establecer una obligada comunicación a los servicios sociales como protocolo de anticipación.
b) Establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua, gas y electricidad para garantizar que concedan ayudas a las personas y unidades familiares en situación de pobreza energética y les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. Estos descuentos han de ser negociados entre las compañías de suministro y las administraciones a través de la Comisión permanente que se desarrolla a continuación.
c) Creación de una Comisión permanente en el parlamento que estará formada por un representante de cada partido con representación parlamentaria y que velara por el cumplimiento de la siguiente ley.
d) En los supuestos de extrema gravedad, cuando así lo indiquen los servicios sociales, la administración ofrecerá bonos sociales para ayudar a pagar las facturas.
Artículo 6.
Serán obligaciones de las empresas suministradoras:
a) Cuando la empresa suministradora tenga que realizar un corte solicitara, previamente, un informe a los servicios sociales municipales en el que se determinara si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de pobreza energética mencionadas en los artículos 1, 2 y 3.
b) En caso de que el corte se haga efectivo, la empresa suministradora deberá garantizar los servicios mínimos para garantizar la no exclusión de dichos afectados.
c) En cualquier caso, las empresas suministradoras deberán informar a la Comisión permanente de dichos cortes.
Artículo 7.
Los informes de los servicios sociales para determinar si una unidad se encuentra en riesgo de pobreza energética, obliga a la Administración, a través de la Comisión permanente, a emitir el informe en un plazo de diez días.
Artículo 8
Se reduce en un 50% el impuesto especial sobre la electricidad
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el BOE..

Tiene la palabra el representante del GPLIP.

Muchas gracias señor Presidente. Señorías, el proyecto de ley que traigo hoy y nos disponemos a debatir es de gran importancia para todos los ciudadanos, en estos momentos debatiremos si acabamos con la pobreza energética en este país o dejamos que esta lacra siga pesando sobre nuestra sociedad. Esta ley viene después de haber sido aprobada en Madrid casi por unanimidad, votando a favor de ella todos los diputados que se encontraban allí presentes. Por ello, me gustaría rehacer el consenso al que se llegó en Madrid y que pueda aprobarse sin mayores problemas. Os habréis fijado que la ley ha sufrido un pequeño cambio desde que la presentamos en Madrid. Hemos incluido un artículo, a petición de los liberales, en el que se rebaja el impuesto sobre la electricidad un 50%. Esto ayudará a que más familias puedan pagar la electricidad y no tengan que acogerse a este tipo de medidas, y por otro lado, me gustaría añadir, que aunque se suprima el impuesto y baje el pecio de la factura, habrá gente, esperemos que poca, que no podrá pagarla. por tanto, no tienen excusa para no votar a favor, pues si todos pueden pagarla, no habrá que hacer uso de estas medidas y ello no supondrá ningún gasto. Señorías, hoy no solo debatimos si aprobamos esta ley o no, hoy debatimos si es ético o no dejar sin luz, agua o gas quien no puede pagarla. Espero que todos opinemos que sí lo es.

Aplausos en la bancada del GPLIP

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados

Gracias señor González.

Tienen la palabra los grupos parlamentarios para mostrar su posición y sus enmiendas si lo estiman oportuno. (FDP: 800 palabras sin contar las enmiendas. Para la dúplica el límite es de 450 palabras)

César Alarcón
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

Gracias, señor Presidente,
Señorías,
Señor González,

La pobreza es uno de las grandes amenazas que azotan nuestro país desde que la crisis económica se volvió violenta y cruel. Los socialistas siempre hemos defendido una alternativa social para paliar el efecto de la pobreza, en todos sus sentidos, esto es, pobreza económica, pobreza infantil, y por supuesto, pobreza energética. Somos conscienes que los poderes públicas, al amparo de la Constitución y de los datos que verifican la verdadera tragedia, debemos garantizar soluciones desde la perspectiva social, desde la perspectiva del Estado del Bienestar. Anuncio, por tanto, que mi grupo parlamentario apoyará esta iniciativa, tal y como hemos hecho desde un inicio. Y, del mismo modo, avalamos el artículo introducido en consenso con Alianza Liberal respecto el Impuesto sobre la Electricidad. Debemos ser conscientes, señorías, que no eliminaremos de raíz la pobreza a golpe de decreto, pero sí sentaremos las bases para que miles de familias se vean más aliviadas y para que la crisis económica deje de afectar a la calidad de vida de los españoles y españolas.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes. Desde el Grupo Parlamentario Liberal consideramos esta ley, igual que hemos expuesto con anterioridad, una propuesta insuficiente para abordar el problema de la pobreza energética. No consideramos, ni mucho menos, que esta ley fuera a solucionar el problema a medio y largo plazo, y a corto plazo el único efecto que seguramente tendría es el de un mayor índice de impagos que se repercutirían directamente sobre los consumidores de energía que sí son solventes y pagan religiosamente sus facturas, bien porque pueden o bien porque quieren, o por ambas cosas. La presente ley es peligrosa en el sentido de que, a pesar de marcar un estándar de ingresos para definir a las personas que están el riesgo de pobreza energética, estándares con los que más o menos podemos estar de acuerdo, consideramos que el riesgo no supone la pobreza energética sino el peligro de estarlo, o incluso el riesgo puede no ser real. Con otras palabras. Una familia puede entrar dentro de ese rango y por tanto figurar como en riesgo de pobreza energética y poder pagar sus facturas sin problemas, bien porque tenga un trabajo no reconocido ni tributado, es decir, que trabaje en negro, o bien por ayudas directas de sus familiares. Se pueden dar muchos motivos por los cuales la ley puede ser utilizada de forma perversa por las personas que no tienen interés en pagar, a costa de todos los contribuyentes, por lo que consideramos impensable dificultar tanto el corte del suministro y repercutir sobre las empresas los gastos de proveer los que se han considerado "servicios mínimos", que además ni siquiera han sido fijados y detallados en esta ley, con lo que el vacío legal que genera es insalvable e indefendible.
Como bien saben sus señorías, para Alianza Liberal el dinero público es sagrado, y consideramos que las medidas encaminadas a solucionar los problemas de los ciudadanos deben ir orientadas a reducir ese dinero público, es decir, a rebajar impuestos y tasas y permitir de este modo que se quede el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, y no a proponer medidas que socialicen las deudas privadas, bien sea de empresas o de familias. Por este motivo, nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta ley tal y como está propuesta, aunque presentamos una serie de enmiendas que, de aprobarse todas permitirían, como mucho, nuestra abstención.

Muchas gracias.

(La bancada liberal aplaude agradada por la exposición de motivos del señor Burgueño)

#Enmienda 1

Artículo 4.
Las administraciones públicas facilitarán el derecho a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de pobreza energética mencionadas en el artículo 1, mientras dure esta situación de pobreza energética, mediante medidas pactadas con las compañías suministradoras y las administraciones del Estado, autonomías y municipios en materia de precios, cargos e impuestos de cualquier tipo.

#Enmienda 2

Artículo 5.
Esta ley obliga a las administraciones a:
a) Establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua, gas y electricidad para facilitar que concedan ayudas a las personas y unidades familiares en situación de pobreza energética y les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. Estos descuentos han de ser negociados entre las compañías de suministro y los clientes con el papel mediador de las administraciones a través de la Comisión permanente que se desarrolla a continuación.
b) Creación de una Comisión permanente en el parlamento que estará formada por un representante de cada partido con representación parlamentaria y que velara por el cumplimiento de la siguiente ley.
c) En los supuestos de extrema gravedad, cuando así lo indiquen los servicios sociales, la administración estará obligada a reducir los impuestos de cualquier tipo, con preferencia a aquellos sobre la renta y/o la propiedad y los bienes de la unidad familiar, para ayudar a pagar las facturas.

Enmienda 3

Artículo 6.
Serán obligaciones de las empresas suministradoras:
a) Cuando la empresa suministradora tenga que realizar un corte solicitará, previamente, un informe a los servicios sociales municipales en el que se determinará si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de pobreza energética mencionadas en los artículos 1, 2 y 3.
b) En cualquier caso, las empresas suministradoras deberán informar a la Comisión permanente de dichos cortes.

#Enmienda 4

Artículo 8
Se elimina el impuesto especial sobre la electricidad

Se aceptan las enmiendas presentadas por el GPL

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados

Finalizado el tiempo de debate, pasamos a la votación (FDP: En el foro de Votaciones del Congreso)