PL de reducción del personal eventual [Gobierno de España]

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados

Se abre la sesión. El Gobierno de España ha presentado en la Mesa del Congreso un proyecto para ser debatido en esta Cámara para pasar después a su votación. Vamos a proceder al debate del Proyecto de Ley de reducción del personal eventual, que se encuentra en sus mesas:

PROYECTO DE LEY DE REDUCCIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL

Según un sindicato de funcionarios una de las grandes lacras de las Administraciones Públicas es el personal eventual. El personal eventual es aquel, según el artículo 12 del  Estatuto Básico del Empleado Público, que "en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin". Es decir forma parte de la Administración Pública pero escapa de la elección conforme a los criterios de mérito y capacidad que rigen el proceso de selección, pues son elegidos a dedo por los cargos políticos.

En nuestro país según cifras del sindicato existen 19.000 contratados a dedo con un salario medio de 50.000 euros, lo cual supone para las arcas públicas un coste de aproximadamente 950 millones de euros. La mayoría del personal eventual, 16.000, se concentra en las administraciones locales donde escapa en gran parte del control fiscalizador.

Mediante la presente se reforma la Ley de Régimen Local a fin de limitar su número a una cifra inferior a 3.000 en las administraciones locales que supondrá un ahorro de 650 millones de euros.


TÍTULO ÚNICO. DE LA REFORMA DE LA LEY DE RÉGIMEN LOCAL.
Artículo 1. Queda redactado como sigue el parrafo introductorio número 2 en su letra i) del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

"La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. En cualquier caso el personal eventual no podrá superar la cifra de 1 por cada 30.000 administrados."

Artículo 2. El Ministerio encargado de velar su cumplimiento será el encargado de las Administraciones Públicas.

Artículo 3. Se establece un régimen sancionador cuya potestad pertenece al ministerio encargado de velar por el cumplimiento. Las sanciones irán desde un 0,5% del presupuesto al 5% en función de la gravedad del incumplimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se derogan cuantas disposiciones se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrará en vigor al día siguiente a su publicación el BOE.

Tiene la palabra el diputado y Ministro de Educación, AAPP y Cultura, el Excelentísimo señor don Pablo Casado.

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados

Gracias señor Ministro.

Tienen la palabra los grupos parlamentarios para mostrar su posición y sus enmiendas si lo estiman oportuno. (FDP: 800 palabras sin contar las enmiendas. Para la dúplica el límite es de 450 palabras)

Roger Gavarró, diputado del GPFdC

Señor Presidente del Congreso, señor Presidente del Gobierno

Este proyecto de ley es un proyecto que llevamos muchos años esperando aquellos que en algún momento hemos trabajado en la Administración Local. Aun así, presenta ciertos problemas.

Si bien se debería acabar con el personal eventual, elegido sin pasar por los procedimientos que debería pasar todo funcionario y además sujeto a un estatus tan peculiar, es cierto que estos funcionarios desarrollan, en la inmensidad de los casos, una labor para la administración en la que trabajan.

Es por ello que le pregunto, señor Ministro: ¿Va el gobierno a intentar "convertir" a este personal eventual en funcionarios o simlemente se les echará a la calle? En el segundo caso, ¿Se va a ayudar a la administración local a reemplazar a estos funcionarios? ¿Habrá alguna medida para ayudar a los trabajadores que acaben de perder su empleo?.

Borja Sémper, Portavoz del GPP

Gracias señor Presidente. Señorías, nuestro grupo parlamentario está firmemente convencido en que la corrupción y la decadencia política que se plasma en políticos más preocupados por sí mismo y por colocar a los suyos en puestos de la administración, es un mal que enferma a nuestra sociedad y pudre la acción de los políticos en beneficio de la gente.

La administración pública no sólo debe ser limpia, sino también parecerlo. Es por ello que creemos necesario, al igual que el Gobierno, que se reduzcan todos aquellos focos o fuentes de donde emana la corrupción y el enchufismo. Una de esas fuentes, que desgraciadamente nos ha permitido contemplar el lado oscuro de la política con casos vergonzosos de corrupción y de tráfico de influencias, es el personal eventual.
Políticos, sobre todo en el régimen local, que enchufan a familiares, amigos e inútiles compañeros de partido con el único fin de resolver cuentas pendientes y de colocar a sus allegados. Eso es lo que queremos que se termine y la propuesta del gobierno va encaminada en la buena dirección en la lucha por la regeneración política y democrática de España.

Con esta medida, señorías, pasaremos de tener 19.000 personas en esta situación, a poco más de 1.500, las suficientes para hacer que la administración tenga cierto margen de actuación mientras que se cortan los abusos que una parte de la política ha estado llevando a cabo en las décadas pasadas.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor. Señorías sigamos avanzando en la construcción de la Nueva Política. Muchas gracias.
(Aplausos del GPP)

Bonaventura Casals escribió:

Roger Gavarró, diputado del GPFdC

Me gustaría insistir en mis dos preguntas, señor Ministro. ¿Se va a ayudar a la administración local a reemplazar a estos funcionarios? ¿Habrá alguna medida para ayudar a los trabajadores que acaben de perder su empleo?.

La base de la corrupción son las administraciones locales. Son las que inician el sistema clientelar, de compra de votos y de dar trabajo a los familiares más cercanos. Pueden tener personal a su gusto y disgusto, con funciones o sin ellas, y a dedo. Hay que terminar con este tipo de cargos y es claramente un objetivo del proyecto de ley que hoy nos presenta el Sr. Ministro de Administraciones Públicas.

Yo siempre viví en un pueblo, pequeñito, donde todo el mundo conocía a todos. Recuerdo una vez que gobernaba el PSOE, que da igual el partido que fuera, y hubo unas contrataciones para una determinada labor. Era pues, lo normal, que hubiese vecinos que se quejaran no en el hecho de que se contratara a gente y algunos sobraran, sino por el hecho de que a ellos no les contrataron. Una vez hablando me comentó uno: oye, el mejor alcalde de este pueblo era este, que tal y que cual, y que daba trabajo a todos.
Fíjate, entonces no había quejas de que si no contraban al hijo de tal ni al sobrino de cual. Puede parecer algo que en principio es beneficioso, que es muy bueno. Pero, ¿en realidad necesitamos depender de las administraciones locales? ¿Vamos a continuar permitiendo que se den puestos de trabajo a dedo que no realizan ninguna actividad productiva ni ofrecen un servicio?
Porque aquí, en este país, ha quedado muy claro que uno se queja cuando se lo dan a otro y sella su boca cuando es él el beneficiado. Vaya, vaya.

(Aplausos del GPL)

Ahora resulta que vienen aquí algunos a defender y a preguntar qué va a suceder con estos cargos a dedos. ¿Pues qué va a suceder? Que se van a ir a la calle claramente. Y aquellos que cumplieran una función pues serán ahora cargos para funcionarios, donde se tenga que aprobar una oposición y se evite que el alcalde de turno ponga al empleado que le venga en gana.
¿Perder el empleo? ¿Qué empleo? La mayoría son "trabajadores" que no han hecho beneficio ninguno, que no tenían funciones claras. Aquí parece que, visto el sueldo de 50.000, algunos convertían en oro los Ayuntamientos y hacían un beneficio de la leche.
Como ha dicho reiteradamente el señor ministro, aquellos que cumplieran una función serán sustitutos por puestos de funcionario, que serán ocupados por aquellos que aprueben la oposición y sean los mejores candidatos. Esto no hace falta que lo diga la ley, serán las administraciones locales quiénes hagan el cambio.

Hay que poner sobre la mesa que el empleo de las adminitraciones no debe ser un instrumento de colocación de personas afines, de votantes o de familiares. No, no, esto no es así.
Nos hacemos eco de las palabras del Gobierno y del Partido Popular y apoyaremos esta reforma porque la vemos muy positiva y beneficiosa.
Muchas gracias.

(Aplausos del GPL)

Gracias, señor Presidente.

Señorías, me corresponde hoy la tarea de defender la posición del Partido Socialista en esta cuestión, como lo haré en adelante en los asuntos de éste y otros ámbitos. Espero hacerlo con la lealtad y la eficacia que nuestros ciudadanos exigen y merecen.

Señor Ministro, la propuesta que el Gobierno eleva hoy a la cámara es un acierto en el fondo y un gran error en la forma. Es un acierto, pues todos hemos coincidido alguna vez en que el tamaño de las Administraciones del Estado ha crecido demasiado a lo largo de los años; y efectivamente, el recurso al personal eventual es una táctica utilizada por todas las administraciones, a todos los niveles, para ampliar el personal al servicio de las mismas.

No obstante, su proyecto de Ley arremete contra una categoría que califican de innecesaria y «a dedo» pero que, le hago notar, no suprimen. En lugar de reformar el personal eventual o racionalizar su utilización, entra usted con una podadora y corta todo lo que sobresale del hilo. Y eso, como ya debería haber aprendido su partido, no es una buena táctica.

Señorías, señor Ministro, en España hay 249 municipios con más de 30.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. Eso significa que 7.853 Ayuntamientos quedan despojados del derecho a contratar personal eventual. De los 249 que sí pueden tenerlo, con su medida en la mano, 67 sólo tendrán derecho a un contrato eventual, otros 57 podrán tener dos y 53 podrán optar a tres.

Señoría, con su umbral de 30.000 «administrados» –terminología novedosa en nuestro ordenamiento, por cierto. ¿Los ciudadanos no censados residentes en un municipio son «administrados», por ejemplo? ¿Cómo piensa el Ministerio medir esa nueva categoría?–, el Ayuntamiento de Madrid podrá contar con 105 contratos eventuales, mientras el consistorio de Barcelona tiene derecho a 53, y el de Cádiz optará a 4 raspados. ¿Es esta una forma racional de limitar los contratos eventuales? ¿Cuántas personas necesita el Alcalde de Madrid para asumir funciones «expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial»? ¿Usted cree que 105? Y ¿por qué el Alcalde de Soria, capital de provincia, sólo puede contar con uno? ¿Cree que el Alcalde de Salou, municipio que en temporada turística triplica su población censada, no necesita ninguno?

Tengo que decirle, señor Ministro, que su medida es populista, porque sólo busca el titular fácil: «El PP reduce los puestos a dedo de la Administración» cuando lo que en realidad está haciendo es privar a muchísimos municipios de un soporte muy útil y a muchos Alcaldes del único complemento que tienen para desempeñar su funciones con eficacia.

Me llama poderosamente la atención que se escuden, tanto usted en su intervención como el propio Proyecto de Ley, en que «la Administración local elude el control fiscalizador». ¿Usted se queda tranquilo con eso, Señoría? Porque nosotros no. Nosotros ya aprobamos, en sucesivos Gobiernos, múltiples medidas para mejorar la fiscalización de los entes locales; pero si han detectado ineficiencias, lo que tiene que hacer usted es solucionarlas, no sacar la podadora. La filosofía, señoras y señores del Parido Popular, no es decirle a un Ayuntamiento rural de 20.000 habitantes “si no controlo lo que gastas, no gastas nada”; es más bien “gasta mejor, y para eso te voy a controlar”. Doten de medios a la Intervención General del Estado si les preocupa la fiscalización, pero no lancen las campanas al vuelo y luego opten por el camino de en medio.

Señor Ministro, Señorías, si lo que se persigue es racionalizar el uso de los contratos eventuales por parte de la Administración Local, busquemos nuevas fórmulas para el personal eventual o limitemos su uso de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia. Pero si lo que se pretende es simplemente hacer demagogia con los medios públicos y cercenar sin más ni más los medios personales de las Administraciones más próximas a los ciudadanos –y, por cierto, más responsables presupuestariamente, no lo olviden–, el Partido Socialista no estará ahí. Señor Casado, aprenda del señor Montoro: antes de podar conviene mirar lo que hay en el seto.

Muchas gracias.

(Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista)

Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, le agradezco la bienvenida. No obstante, le diré que confunde usted soberbia con crítica y excitación con firmeza. Yo no he subido a la tribuna para quitarle un triunfo; al contrario, le he dicho que celebramos el fondo.

Señoría, simplifica usted hasta lo peligroso con sus ejemplos arquetípicos; pregúntele a su jefe de Gabinete si tiene competencias en biblioteconomía o arquitectura, usted que tiene uno. Y no me malinterprete: usted debe tenerlo, y yo no. Yo puedo desarrollar mi trabajo con los medios que esta Cámara pone a mi disposición y usted necesita personal a su servicio porque es Ministro del Gobierno, pero usted sabe que hay Alcaldes de municipios de 20.000 y de 30.000 habitantes que no cobran un euro por su trabajo y que lo menos que pueden hacer es contratar a una persona de confianza que les sirva de soporte en el desempeño de sus funciones. No creo, señor Casado, no me ha parecido verlo en el BOE, que usted haya nombrado a su jefe de Gabinete por concurso-oposición; y es perfectamente lógico que no lo haya hecho.

La vida no es blanca o negra, y como le he dicho en mi primera intervención, en España sobran cargos a dedo; pero ustedes no los quieren eliminar, quieren reducirlos sin tener en cuenta estándares cono eficacia y eficiencia. No me diga que quiere potenciar los principios de mérito y capacidad porque no veo por ninguna parte en su Proyecto de Ley la sustitución de los actuales contratos eventuales por plazas que se puedan sacar a concurso.

Reduzcamos los contratos eventuales, de acuerdo; pero ampliemos las plazas de Técnicos de la Administración Civil y dotémosles del perfil necesario para actuar en su lugar, por ejemplo. El Partido Socialista, más que ningún otro en esta Cámara, siempre ha defendido la calidad de nuestros servidores públicos. Por descontado que en España hay funcionarias y funcionarios que hacen muy bien su trabajo, es más, la inmensa mayoría lo hacen brillantemente. Pero si no se ponen medios a su alcance, no pueden ocupar todos los trabajos. Vaya en esa línea, Señoría, y nos encontrará a su lado.

Insisto, señor Ministro, porque no quiero dejarlo pasar, y es parte de sus -variadas, por cierto- competencias: si su Gobierno piensa que el control fiscal a los Ayuntamientos es deficiente, lo que tiene que hacer es mejorarlo, no cerrar grifos.

Termino ya, señor Presidente. Señor Casado, la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de las que usted es Ministro, no lleva en su articulado la definición de «administrados», palabra que sólo utiliza en dos artículos.

Muchas gracias.

(Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista)

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados

Finalizado el tiempo de debate, pasamos a la votación (FDP: En el foro de Votaciones del Congreso)