Roberto Martínez: "Los que reparten carnets de liberales son los que luego apoyan financiar con dinero público los abortos"

[...] Como bien sabrán ustedes la ley del Grupo Parlamentario de Frente por el Cambio, compuesto esencialmente por la extrema izquierda, pedía reavivar la ley Zapatero de plazos pero yendo más allá aún con la despenalización de cualquier clase de aborto sea conforme a los plazos de aquella ley o se salgan de estos. Como comprenderán lo que suponía en la práctica era que aquellas mujeres con fetos de 8 meses que, pudieran decidir libremente, sin tacha penal alguna, aniquilarlos. Sí, aniquilarlos. Matarlos. Acabar con su vida. Eso no va contra el ideario del PP. Va también en contra del consenso internacional, el derecho comparado de los países desarrollados nos indica claramente que ninguna nación se ha planteado semejante atrocidad. Son propuestas de extrema izquierda que únicamente comparten una minoría de nuestra sociedad.

El líder de Plataforma Vasca lo sabe. Aunque intenten martirizarle, incluso dentro de Bildu esta medida crea desconcierto pues era implanteable en su propio programa político. Aún así dos diputados han votado en contra, cosa que respetamos. Al contrario de lo que ocurre en el resto de fuerzas nosotros respetamos la discrepancias y no admite calificaciones el tratamiento que ha recibido el líder del PNV y de Plataforma Vasca por hacer lo que estaba en el ideal de todos sus diputados aunque fuere discrepante del resto. El resto que no tiene autoridad alguna para decidir que es lo correcto hacer más que dentro de sus propias organizaciones políticas.

Además me gustaría comentar el caso de los repartidores de carnets liberales. Sí, ustedes saben quiénes son. Esos que se pasan durante el debate parlamentario diciendo qué es liberal y qué no. Pues en esa misma votación apoyaron reavivar la ley de Zapatero de Plazos que en su artículo 18 reza lo siguiente:

Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta Ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.


Esto quiere decir que los tan citados han apoyado financiar con dinero público los abortos. La consecuencia más inmediata es que un contribuyente católico ha de financiar, con sus impuestos, el aborto de una dieciséisañera. Dieciseisañera que sin consentimiento paterno ha decido interrumpir el embarazo a expensas del contribuyente católico, violando su código ético.

Espero que esto sirva para la próxima, para que no se las den de los más puros y vírgenes. Para que sepan que todo el mundo tiene errores, para que la humildad venza a la arrogancia. No está bien usar una vara de medir con el resto. Menos aún que esa misma vara de medir no sirva para calibrar las propias actuaciones."