Proposición de Ley por la que se Generaliza el Criterio de la Proporcionalidad en la Imposición de Sanciones Económicas (GPDP)

Presidente del Congreso de los Diputados

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE GENERALIZA EL CRITERIO DE LA PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS

Preámbulo
Una de las metas del Estado del Bienestar es hacer cumplir a los ciudadanos con sus obligaciones económicas según su nivel de renta. La presente ley pretende ir más allá, haciendo que las penas económicas impuestas al ciudadano por haber cometido una infracción o delito también sean proporcionales al nivel de renta. Consiguiendo así, no sólo una mayor recaudación por parte del Estado, sino también una mayor efectividad de la sanción económica que siempre tiene por objetivo disuadir al infractor de reincidir.

TÍTULO ÚNICO: De la adaptación del código penal a la nueva ley

Artículo 1
Todas las sanciones económicas que figuren en nuestro ordenamiento jurídico, corresponderán, si la cantidad que se fija es única, a la que tendrá que abonar un ciudadano con un nivel de ingresos igual al salario mínimo interprofesional.

Artículo 2
Para todos aquellos ciudadanos cuyos ingresos anuales difieran del anteriormente descrito, la sanción impuesta será directamente proporcional al nivel de renta del individuo.

Artículo 3
Sobre las sanciones que, dentro del Código Penal o de cualquier otra norma, oscilen entre un determinado intervalo de valores, el juez escogerá el valor más adecuado basándose en los criterios fijados por la presente ley.

Artículo 4
Para poder agilizar el trámite de la sanción económica, el pago de la misma se hará con respecto al nivel de ingresos justificado en la última declaración de la renta de la que se tenga constancia a la hora de cometer la infracción.
Si a la hora de dictar sentencia el nivel de renta del infractor ha variado en más de una quinta parte con respecto al inicialmente considerado, se tomará como referencia este último a la hora de resolver.

DISPOSICIÓN FINAL:
Esta ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1980.