Proposición de Ley por la que se Generaliza el Criterio de la Proporcionalidad en la Imposición de Sanciones Económicas (GPDP)

El Grupo Parlamentario Demócrata Popular presenta la siguiente Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados. Se abre la sesión.

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE GENERALIZA EL CRITERIO DE LA PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS

Preámbulo
Una de las metas del Estado del Bienestar es hacer cumplir a los ciudadanos con sus obligaciones económicas según su nivel de renta. La presente ley pretende ir más allá, haciendo que las penas económicas impuestas al ciudadano por haber cometido una infracción o delito también sean proporcionales al nivel de renta. Consiguiendo así, no sólo una mayor recaudación por parte del Estado, sino también una mayor efectividad de la sanción económica que siempre tiene por objetivo disuadir al infractor de reincidir.

TÍTULO ÚNICO: De la adaptación del código penal a la nueva ley

Artículo 1
Todas las sanciones económicas que figuren en nuestro ordenamiento jurídico, corresponderán, si la cantidad que se fija es única, a la que tendrá que abonar un ciudadano con un nivel de ingresos igual al salario mínimo interprofesional.

Artículo 2
Para todos aquellos ciudadanos cuyos ingresos anuales difieran del anteriormente descrito, la sanción impuesta será directamente proporcional al nivel de renta del individuo.

Artículo 3
Sobre las sanciones que, dentro del Código Penal o de cualquier otra norma, oscilen entre un determinado intervalo de valores, el juez escogerá el valor más adecuado basándose en los criterios fijados por la presente ley.

Artículo 4
Para poder agilizar el trámite de la sanción económica, el pago de la misma se hará con respecto al nivel de ingresos justificado en la última declaración de la renta de la que se tenga constancia a la hora de cometer la infracción.
Si a la hora de dictar sentencia el nivel de renta del infractor ha variado en más de una quinta parte con respecto al inicialmente considerado, se tomará como referencia este último a la hora de resolver.

DISPOSICIÓN FINAL:
Esta ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1980.

José Castrillo Díaz- Portavoz del Grupo Parlamentario Demócrata

Señor Presidente, Señorías. La medida que hoy se presenta pretende profundizar en un principio que inspira nuestro sistema democrático: la progresividad. La progresividad, asimismo, no es algo que se deba reflejar en los impuestos, no sólo, sino que debe inspirar la totalidad de nuestro ordenamiento.

Por eso la medidad que hoy traemos a esta Cámara quiere incidir sobre la progresividad en las sanciones, ya sean penales, administrativas o de cualquier otra índole. Actualmente, nuestras normas inciden poco en este sentido y conceden un margen al juez demasiado amplio, casi arbitrario en nuestro actual sistema.

Por eso pido a los aquí presentes que tomen en buena consideración la propuesta que aquí se presenta porque en buena medida dependemos de este tipo de iniciativas para consolidar la democracia en España. Nada más. Muchas gracias.

Lucía Álvarez
Portavoz de Asuntos Económicos del PSOE

Presidente,
Señorías, señor Castrillo,

Con todo respeto, esto es una chapuza de ley. Esta mal redactada en sí, pretende transformar todo el sistema de sanciones económicas en dos artículos y ademas no hay razon para apoyarla. Las sanciones no son una cuestión de capacidad contributiva sino de cuestiones fijas determinadas. Esta proposición de ley no tiene ni pies ni cabeza.

Gracias.

José Castrillo Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Demócrata.

Señora Álvarez, en el Grupo Parlamentario Demócrata comprendemos su escepticismo. En verdad, para que se imponga lo que promulga esta ley debería hacerse una reforma del sistema en condiciones. Sin embargo, ése es un camino largo y tedioso, razón por la cual, nuestro grupo parlamentario ha decidido presentar esta propuesta de ley a modo de ley-parche, y que sirva al mismo tiempo de primer paso. Como dice la frase célebre "todo gran viaje comienza siempre con un primer caso".

Respecto a las razones para apoyarla, permítame que le diga que cae en un error. Me sorprende su argumento, pues creía que la izquierda, que siempre ha velado por la igualdad social y por los derechos del obrero, apoyaría más que nadie esta propuesta. Señora Álvarez, si ha leído con atención el prólogo de la susodicha ley, habrá recordado que una sanción económica siempre tiene por objetivo disuadir al infractor de reincidir. Sirva de ejemplo, el típico caso de una multa de tráfico: al ciudadano de clase media, si le pillan sobrepasando el límite de velocidad, se lleva una multa que le fastidia durante todo el mes: razón por la cual dicho individuo en el futuro procurará respetar más la norma de circulación vial. Sin embargo, al ricachón que vaya con su mercedes, si le pillan sobrepasando el límite de velocidad, se llevará una multa que no le marcará en nada; una multa que pagará sin mayor dificultad, y que el infractor se tomará como un precio a pagar por darse el capricho de conducir más rápido. Como éste, muchos casos más, señora Álvarez. Una sanción económica, se impone porque alguien ha cometido una infracción; objetivo del Estado es velar porque esa infracción no se vuelva a repetir, y para eso están las multas y demás sanciones, que serán más efectivas cuanto más se ajusten a la realidad económica del infractor.

Por todo esto, pido al grupo socialista que retome en consideración nuestra propuesta. No se cierren en banda al concepto de que "las sanciones son cuestiones fijas determinadas" y abran su mente a este método, que no hará más que reforzar el sistema de sanciones económicas.

Muchas gracias.