Proposición de Ley por la que se Deroga la Ley de Peligrosidad Social (GPDP)

Señorías:

El debate sobre el Decreto-Ley que presentó el Ministro de Justicia ha sido largo y, en varias ocasiones, especialmente tenso. El artículo de un letrado del Consejo de Estado sacó a la luz el hecho, real y comprobable, de que existen términos en esta ley poco coherentes con la constitución pero a la vez dicha ley estaba siendo aplicada por los jueces españoles.

Inmediatamente los señores diputados saltaron al debate público. La necesaria derogación de ésta ley parece un punto apoyado por todos los grupos políticos, para salvaguardad los derechos fundamentales. Sin embargo, el punto de fricción nació con el supuesto de que ésta ley estuviera ya derogada, en virtud de la Disposición Derogatoria de la Constitución. Haciendo en más de una ocasión gala de un desconocimiento de la misma algunos miembros de ésta cámara dieron por hecho que la misma estaba derogada automáticamente, y que por tanto era innecesario la derogación expresa del Congreso. Otros, defendiendo correctamente la Constitución, intentamos hacer ver que, aunque esta ley era realmente contraria a la Constitución, y por tanto si se podía entender derogada, la decisión final recaía, y recae, en el Tribunal Constitucional, cuando se cree. Sin embargo existe una forma de solucionar el problema sin esperar al Tribunal Constitucional, y era la derogación directa de la ley.

En ese momento actuó el señor ministro, emitiendo un Decreto-Ley, inmediatamente criticado por la oposición al Gobierno, por entender que el señor ministro desconocía la Constitución. Y, aún a riesgo de repetir una y otra vez lo dicho, esos miembros de la oposición no entendieron la exclusividad de interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional.

Por tanto, es necesario repetirlo, para que a fuerza de ello se nos grabe en nuestras mentes. Como diputados no tenemos la potestad de decidir que leyes son constitucionales, cuales han sido derogadas correctamente por la Constitución o que sentencias judiciales cumplen la Constitución.

Por último el proposito final de esta proposición de ley es sacar al debate parlamentario este asunto, y no dejarlo exclusivamente en las calles, y salvar la posibilidad de que exista una inconstitucionalidad por no respetar el requerimiento de extraordinaria y urgente necesidad.

Además el GPDP pretende presentar una enmienda al proyecto que incluya una medida retroactiva de amnistía a todos los presos que se mantienen en la cárcel por esta ley, para evitar que se mantengan por ser cosa juzgada.

Muchas gracias.

Señor Presidente. Señorías:

Si bien no estamos totalmente de acuerdo con el punto de vista del Grupo Parlamentario Demócrata acerca de la necesidad del Decreto-Ley que estamos tratando, no entraremos en ese debate, pues lo hecho, hecho está.

En cuanto al contenido de la enmienda anunciada, Señor González, le adelanto nuestro apoyo.

Señorías. Señor Presidente.

El GPDP presenta la siguiente enmienda:

Disposición de Amnistía

Todos los casos juzgados por la Ley de Peligrosidad Social quedan sin efecto.

Yo creo que se debería hacer tal y como dice el actual reglamento del Congreso aunque nosotros no tengamos, creo que sería más justo

Estamos perdiendo el tiempo, aquí lo que necesitamos es que el Presidente diga su parecer de esta situación y nada más, todo lo que digamos los demás será tirar el tiempo.

Maria Allende. Portavoz del GPC.

Señor Presidente, ruego llame al orden a los Grupos Parlamentario Democratas Populares y Liberales. Estan hablando de todo menos de el tema en si. Falta que hablen del precio del pan.

Muchas Gracias.

FDP: Os ha faltado el fdp.