Propuesta de UPyD,para su Debate.

Candido Lopez escribió:

Manuel Cano escribió:

(No está incluido en los proyectos de ley, por que no es un proyecto de ley)




Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo




Exposición de Motivos


Los diferentes rumbos que ha ido tomando la política antiterrorista en los últimos años son prueba inequívoca de la necesidad de alcanzar un consenso firme y estable en la lucha contra el terrorismo. Este no puede ser un elemento de constante fricción y desgaste entre las distintas formaciones políticas. Por lo que se entiende la necesidad de crear un marco desde el cual enfocar la lucha antiterrorista de manera unánime. La sociedad demanda la unión de las distintas fuerzas políticas para derrotar al terrorismo, dejando a un lado sus diferencias.
Así mismo, el gobierno de la nación, independientemente de la tendencia política que tenga, debe seguir una pauta en este sentido, que no puede cambiar dependiendo de la formación política de la que surge dicho gobierno. La Seguridad Pública consiste en la organización, por parte del Estado, de los medios y actividades que garantizan el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. Siendo la Seguridad Ciudadana responsabilidad y obligación del Estado, por lo que no es aceptable un cambio de rumbo según cambie la fuerza política que gobierne.

Título Único

Por esta razón, los partidos políticos firmantes, en un compromiso por garantizar las libertades de la sociedad española, la derrota del terrorismo y el fin de la ambigüedad en las relaciones de las instituciones y organismos públicos con organizaciones terroristas, acuerdan lo siguiente:

1. No negociar con organizaciones terroristas. El abandono de las armas es el único camino posible para dichas organizaciones, y la firmeza de todas las fuerzas políticas debe ser muestra de ello.

2. No legitimar ni dar crédito o apoyo, de forma directa o indirecta, a las formaciones, asociaciones u organización de cualquier índole; ni a las personas que, a título personal o en representación de las mismas, reclamen objetivos políticos mediante el uso de la violencia o la coacción.

3. Potenciar la dotación en medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas, Jueces y Fiscales. Haciendo especial hincapié en incrementar la participación e importancia del Centro Nacional de Inteligencia en la lucha contra el terrorismo; y de aquellas unidades militares que, por su preparación y ámbito de actuación, estén más cualificadas en apoyar al Estado en este cometido.

4. El envió o la retirada de las Fuerzas Armadas para la realización de misiones en el extranjero no puede estar sujeto al chantaje terrorista. La actuación de nuestros ejércitos es ejemplar en la lucha contra el terrorismo y de vital importancia en los escenarios bélicos en los que actualmente estamos presentes. Las fuerzas políticas firmantes se comprometen a elaborar las normas necesarias para que sea imprescindible un mayor apoyo para el envío de tropas y también para su retirada. Garantizando así que su permanencia o su repliegue no sean moneda de cambio con organizaciones terroristas.

5. Reforzar la política penitenciaria como parte de esta estrategia, para aplicar el más severo castigo a los condenados por actos de terrorismo y disuadir a otros terroristas de cometer dichos actos. Favorecer a las familias o allegados de los presos, o a los mismos, ya sea mediante acercamientos o apoyo económico, no puede ser compatible con la política antiterrorista y bajo ningún concepto puede ser objeto de negociación. Por otro lado el Estado de Derecho no puede ceder al chantaje provocado por los terroristas mediante la propia degeneración pública de su estado de salud. Aunque en este sentido es el Poder Judicial quien tiene la última palabra, son los partidos políticos, como legítimos representantes de la sociedad, los que deben condenar de forma unánime esta tendencia y tomar las medidas legales necesarias para que no se sigan produciendo. De este modo aquellos terroristas que ya estén cumpliendo condena, o aquellas personas que estén imputadas o llamadas a declarar en un proceso judicial, no podrán tener derecho a ningún tipo de trato de favor siempre y cuando la degeneración de su estado de salud sea autoinflingida.


6. Endurecer las Leyes Penales, de forma que las penas con las que castiga la ley constituyan un alto precio para aquellos que desafían a la sociedad y el Estado de Derecho. Ya que es, de facto, función de las leyes prever, perseguir, castigar y evitar los actos delictivos, mediante la disuasión que producen dichas penas.

7. Impulsar la colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe ser medio principal e indispensable para crear canales de comunicación con las principales potencias, que son así mismo las mayores fuentes de información y de formación en materia terrorista. El Estado debe asegurar vías específicas de interlocución con dichos países y con todos aquellos que son origen de los terroristas o refugio de los mismos. La colaboración policial y judicial con los distintos países que sufren nuestro mismo problema debe ser parte indispensable de esta estrategia.

8. Las víctimas del terrorismo son merecedoras del mayor respeto posible. No pueden ser dejadas de lado, ya que precisamente son una parte vital en la estrategia antiterrorista por su colaboración con la sociedad. No pueden ser deslegitimadas por la condición política que ostenten, pues son una importantísima voz a la que escuchar y un digno foro de consulta. Son la llave para difundir la Cultura Contra el Terrorismo, ya que no hay nadie mejor para defender los valores del respeto, la convivencia, el sacrificio, la perseverancia y la abnegación. Deben ser dotadas económicamente de forma equitativa para poder llevar a cabo la importantísima misión de transmitir dichos valores y de llevar a la sociedad una cultura y conocimientos que ayuden a alcanzar una mayor comprensión sobre el problema de terrorismo, sea del origen que sea.

9. Los escoltas que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos y los Escoltas Privados habilitados por el Ministerio del Interior son ejemplos de profesionalidad, valor y sacrificio. El Estado debe asegurar el ejercicio de su profesión con la máxima eficacia posible, actualizando las leyes que reglamentan su actividad, mejorando la dotación económica que se otorga a sus servicios y asegurando su constante formación. Son los garantes del Estado de Derecho más desconocidos y al mismo tiempo los más importantes. Protegen la vida de miembros del gobierno en todos sus niveles, las cortes, tribunales y empresarios. Garantizan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; y en gran parte el económico. Y son, en muchos casos, víctimas del terrorismo que guardan silencio por el bien de su función.


10. La lucha contra el terrorismo exige una colaboración permanente entre los distintos grupos que conforman el panorama político español. Con este fin, los firmantes se comprometen a participar activamente en una comisión de seguimiento que se reunirá regularmente, y que contará con la participación de representantes de las fuerzas políticas firmantes y del gobierno.


Disposición Final

Con la ratificación de este pacto nos reafirmamos en la lucha contra el terrorismo, invitando a todas las fuerzas democráticas a unirse en defensa de las libertades de la sociedad española y la búsqueda de la paz. Entendemos que este es el cauce más sensato para que haya un solo criterio en la lucha contra el terrorismo. Este es un camino que no admite dudas ni vacilaciones. Solo hay un final posible y es la derrota de los terroristas. España no negocia con terroristas.