Tablón de los Juzgados

Poder Judicial

Notificación de Sentencias, Autos y Providencias

Audiencia Nacional
Sala de lo Penal

Sentencia 171/2013 de 9 de diciembre.

"Caso Faisán"

Audiencia Nacional
Juzgado de Instrcción Número 5

El Magistrado Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dicta auto por el que declara probado que en el Partido Popular se llevó a cabo una contabilidad paralela e ilegal y se pagaron sobresueldos a los altos cargos. Por ello, y tras 45 páginas de argumentación, el magistrado IMPUTA a don Mariano Rajoy Brey como responsable del Partido Popular entre 2004 y 2013 por un delito de evasión de impuestos, un delito contable y un delito de falsedad documental, en la pieza separada del Caso Gürtel conocida como Caso Bárcenas. El mismo auto imputa los mismos delitos a don Javier Arenas Bocanegra y don Ángel Acebes Paniagua, y llama a declarar como testigo a don José María Aznar López.

Además, ELEVA sendas piezas separadas al Tribunal Superior de Justicia de Castlla-La Mancha, instando a la imputación de doña María Dolores de Cospedal García (aforada ante ese Tribunal); y al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, instando a la imputación de don Francisco Álvarez-Cascos Fernández (ídem), por los mismos delitos.

Jzgados de Sevilla
Juzgado de Instrcción Número 6

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha dictado un auto de 320 páginas en el que finaliza la instrucción del llamado Caso ERE, inhibiéndose de su enjuiciamiento por falta de competencia. La primera pieza se eleva al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y solicita la imputación, por delitos de malversación de caudales públicos y/o prevaricación, además de la treintena de personas ya imputadas, de don José Antonio Griñán, Presidente de la Junta de Extremadura, y los Diputados regionales Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio, además de a Francisco Vallejo (exconsejeros de la Junta). La segunda pieza se eleva al Tribunal Supremo y solicita la imputación de los delitos de prevaricación y cohecho a don Manuel Chaves, Diputado en el Congreso y ex Presidente de la Junta, y  don José Antonio Viera, también Diputado y ex consejero de la Junta.

En total, la Instrucción desvela que, de fondos públicos, han sido sustraídos más de 1.400 millones de euros.

Juzgados de Madrid
Juzgado de Instrucción Número 1

En Madrid a 2 de febrero de 2015

HECHOS

ÚNICO.- En la presente causa, por auto de fecha 15 de diciembre de 2014 se ha abierto el juicio oral contra Ana Llorente, acusada de un delito de injurias y calumnias graves. Con posterioridad, dicha acusada se encuentra en ignorado paradero debido a que no designó ante este juzgado ni domicilio ni persona ni razón alguna para creer lo contrario.
La pena solicitada por la acusación no excede de los límites establecidos en el artículo 786.1 párrafo segundo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Dispone el artículo 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que si, abierto el juicio oral, los acusados se hallaren en ignorado paradero y no hubieran hecho la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la pena solicitada excediera de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 786, se mandará expedir requisitorias para su llamamiento y busca, declarándolos rebeldes si no comparecieren o no fueran hallados, con los efectos prevenidos en esta Ley.

Por lo expuesto, procede llamar por requisitorias a la acusada Ana Llorente para que se persone en el Juzgado en el término de 15 días, interesando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la busca de dicho imputado procediendo a su detención y presentación en el Juzgado.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda llamar por requisitorias en la forma prevista en los artículos 834 y siguientes de la LECr y, por el término de 15 días a la acusada Ana Llorente para que se persone en el Juzgado con la advertencia de que en otro caso será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que haya lugar con arreglo a la ley.

Remítase requisitoria a la Dirección General de Seguridad del Estado y a la Dirección General de la Guardia Civil  para la busca, detención y presentación en el Juzgado de la acusada Ana Llorente.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D. Alejandro de Haro Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid y su partido.- Doy fe.

Juzgados de Madrid
Juzgado de Instrucción Número 2

En Madrid a 2 de febrero de 2015

HECHOS

ÚNICO.- En la presente causa, por auto de fecha 15 de diciembre de 2014 se ha abierto el juicio oral contra Héctor Campmany, acusado de un delito de injurias y calumnias graves. Con posterioridad, dicho acusado se encuentra en ignorado paradero debido a que no designó ante este juzgado ni domicilio ni persona ni razón alguna para creer lo contrario.
La pena solicitada por la acusación no excede de los límites establecidos en el artículo 786.1 párrafo segundo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Dispone el artículo 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que si, abierto el juicio oral, los acusados se hallaren en ignorado paradero y no hubieran hecho la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la pena solicitada excediera de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 786, se mandará expedir requisitorias para su llamamiento y busca, declarándolos rebeldes si no comparecieren o no fueran hallados, con los efectos prevenidos en esta Ley.

Por lo expuesto, procede llamar por requisitorias al acusado Héctor Campmany para que se persone en el Juzgado en el término de 15 días, interesando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la busca de dicho imputado procediendo a su detención y presentación en el Juzgado.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda llamar por requisitorias en la forma prevista en los artículos 834 y siguientes de la LECr y, por el término de 15 días al acusado Héctor Campmany para que se persone en el Juzgado con la advertencia de que en otro caso será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que haya lugar con arreglo a la ley.

Remítase requisitoria a la Dirección General de Seguridad del Estado y a la Dirección General de la Guardia Civil  para la busca, detención y presentación en el Juzgado del acusado Héctor Campmany.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D. José Arista Calvo-Sotelo y López, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid y su partido.- Doy fe.

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Sala de lo Contencioso-Administrativo

En Vitoria a 26 de febrero de 2021

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Con fecha de 8 de Noviembre de 2020, esta sala recibió escrito por el que Dña. Mireia Melià, Procuradora de los Tribunales y de D. Josan Esteve Català, interponían "recurso contencioso administrativo" contra la Ley 4/2016 y la Ley 5/2016, ambas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El párrafo primero del artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone que "los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación".

SEGUNDO.- El artículo 161 de la Constitución española estabece que "el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley". Por su parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional reitera los términos del constituyente al disponer que "el Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina: a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley".

En consecuencia,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda LA INADMISIÓN A TRÁMITE el recurso contencioso administrativo contra la Ley 4/2016 y la Ley 5/2016, ambas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al ser este Tribunal incompetente para pronunciarse sobre la validez de actos con rango de Ley, siendo ésta competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 161 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1979.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerdan, manda y firma la Excma. Dª. Andrea Aguirre Arteaga, Presidenta, los Excmos Sres. Magistrados que encabezan- Doy fe.