elPeriódico entrevista a... Ignacio Izquierdo. [...creo necesario un acuerdo de las fuerzas políticas para dotar a la Justicia de los medios legales adecuados...]

Buenos días, Don Ignacio. Es muy agradable para mí y para nuestro medio que nos haya recibido. No siempre tenemos acceso a entrevistar a personalidades como usted y desde elPeriódico queremos darle las gracias por ello.

Si no le importa, Sr. Izquierdo, comencemos la entrevista.

Es un placer poder hablar para su medio.

Lo primero, preséntenos su oficio, el de Fiscal General del Estado. A la sociedad a veces le cuesta entender qué tipo de trabajo se desarrolla desde estos puestos, que no están tan expuestos a la opinión pública, pero no dejan de ser piezas fundamentales para el funcionamiento del Estado. ¿A qué se dedica exactamente un Fiscal General del Estado? Entiendo que no es lo mismo que un juez ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué relación tiene con ellos?

Bien. El Fiscal General del Estado es una figura constitucional, cuyo cometido es dirigir el Ministerio público. Esto es es el máximo encargado de defender la legalidad y promover los intereses públicos, de todo la sociedad ante los tribunales. Sea ejerciendo la acusación contra aquellos que han delinquido o defendiendo a menores o incapaces, por poner dos ejemplos. Ante todo la tarea es vigilar porque la ley se cumpla. Las diferencias con la carrera judicial, a la que pertenezco, por oposición, es muy importante, el juez se encarga de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por decirlo llanamente la fiscalía acusa y el juez escucha todas las partes y decide.

¿Cómo se designa su puesto? ¿Quién o qué decide la persona que se encargará de esas tareas?

La designación del Fiscal General del Estado le corresponde al Rey, a propuesta del Consejo de Ministros, habiendo oído previamente al Consejo General del Poder Judicial, y pasando el preceptivo examen de una Comisión del Congreso de los Diputados, sobre la idoneidad del candidato. Como ve, es una decisión en la que intervienen los tres poderes del Estado, para garantizar que la persona es la adecuada.

Existen pocos momentos en los que usted haya sido protagonista de algún suceso. ¿Tiene algún tipo de prohibición o limitación a la hora de realizar apariciones en público?

En absoluto. Simplemente, los operadores jurídicos no solemos tener buena relación con los medios, algo que intentamos por todos los medios terminar, a través de acciones como esta entrevista. La única prohibición que pesa sobre el Fiscal General del Estado es la de militar en algún partido político o la de sindicarse. Además claro de dedicarse en exclusiva a este puesto.


Usted ha llevado multitud de casos importantes. Los más conocidos, los que afectaron a políticos de renombre. Dígame, ¿cuál de estos casos le ha impresionado más?

Ciertamente desde que asumí el puesto se han sucedido procesos muy mediáticos, por implicar a figuras de primera línea política, como los seguidos contra la práctica totalidad de los líderes del PSUC, o la detención del general De la Hoz. El proceso para dilucidar lo sucedido en Navarra, quizás sea el más complejo y el más duro de afrontar. Pero uno de los más necesarios para que la sociedad consiga cerrar esa etapa. Será un proceso largo, no lo dudo, pero al final se hará Justicia con las víctimas.

¿Cuál le ha sido más difícil técnicamente de trabajar?

Todos [ríe]. Nos vemos obligados a trabajar con procesos decimonónicos, que hace mucho tiempo dejaron de ser eficaces. La reforma procesal, tanto civil como penal, y del Poder Judicial, así como del Ministerio Fiscal, son las grandes asignaturas pendientes de todos los últimos gobiernos, desde Suárez. En ocasiones los operadores jurídicos nos vemos impedidos para ejercer nuestra labor por carecer de las herramientas adecuadas, y eso es insostinble en un sistema democrático y constitucional. Me consta que la administración De la Torre tenía ultimada una reforma de la Justicia, pero claro... No podrá presentarse hasta que tengamos un nuevo Congreso.


¿En alguno cree que se pudo haber equivocado?

Confío plenamente en la labor de los fiscales españoles. Son excelentes profesionales, pocos países poseen tantos buenos profesionales trabajando en el sector público, como España.

¿Hay algún caso que haya tenido que rechazar por algún tipo de convicción personal?

Como Fiscal General del Estado no intervengo directamente en procesos, aunque podría hacerlo ante el Tribunal Constitucional, preferí delegar, dado que mis funciones de dirección y coordinación de toda la fiscalía, no me dejan tiempo para intervenir en procesos como me gustaría. Como magistrado, sí he rechazado en ocasiones intervenir en algún litigio, lo que se llama abstenerse, por estar implicadas personas de mi familia o amigos.

De hecho, como humanos, todos nos equivocamos. Los periodistas podemos enmendar nuestros errores en ediciones posteriores de nuestra publicación, por ejemplo. Pero, ¿Tienen ustedes algún mecanismo para enmendar un error si se dan cuenta más tarde de que salga la sentencia?

Por supuesto. Existe un sistema de recursos, que permite a las partes procesales mostrar su disconformidad con las sentencias, o los errores que contienen, y pedir su revisión ante una instancia superior. Es parte de las garantías procesales, propias de la democracia.

¿Me podría hacer una valoración de la situación política actual al respecto de estos temas? Respeto entre políticos, corrupción, cumplimiento de la ley en las propuestas presentadas y aprobadas, conocimiento de las leyes vigentes.

Como ya le he dicho, creo necesario un acuerdo de las fuerzas políticas para dotar a la Justicia de los medios legales adecuados a la Constitución y a los tiempos para poder actuar con eficacia, rapidez, y sin vulnerar los derechos fundamentales. La modernización de los medios materiales es la segunda tarea pendiente, la mayoría de los juzgados siguen funcionando con los mismos medios con los que contaban a principios de siglo. La falta de una política de consenso desde los inicios de la democracia nos conducen a una situación que no es sostenible a cinco años vista. Si en la siguiente Legislatura se mantiene todo igual, el colapso del sistema judicial podría ser una realidad.

Su seriedad supongo que viene obligada por el cargo que ocupa pero... ¿cómo es Ignacio Izquierdo cuando se quita el traje? ¿Que aficiones tiene usted?

[Ríe] Bueno, los fiscales también nos divertimos. Desde luego al quitarme el traje, lo primero que hago es dedicarme a mi familia, y a la docencia de Derecho, una labor que llevo mucho ejerciendo y que solo abandono para cuidar de mi familia. Por otro lado presido desde el año pasado la corporación de Hidalgos de España, que reúne a todos aquellos que poseen hidalguía, para defensa de nuestros intereses y estrechar lazos entre nosotros.

Por último, sabedores somos de que pocos niños exclamarán la profesión de "Fiscal General del Estado" cuando les preguntan que qué quieren ser de mayores, pero nunca es tarde para intentarlo. Díganos, por favor, qué estudios y pruebas hay que superar para poder optar a tener su cargo.

Al Fiscal General del Estado, ante todo, se le pide ser Licenciado en Derecho, obviamente. Además se busca a alguien que entre dentro de lo que llamamos, jurista de reconocida competencia, esto es un Licenciado en Derecho que acumule al menos quince años de servicios, bien en el sector privado, o en el público, perteneciendo a uno de los Alto Cuerpos del Estado. Los Fiscales Generales del Estado, normalmente pertenecen a la carrera fiscal, o a la judicial, como yo.

Esto es todo, muchas gracias.

A Vd., ha sido un placer.