La Vanguardia 24h

El presidente del Gobierno Central
interviene en el Consejo de Seguridad

Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, señor Presidente de la Sesión y Secretario General de esta organización.

Damas y caballeros, mi sola presencia aquí –y, en realidad, la de todos ustedes como jefes de Estado y de Gobierno– es reveladora del carácter grave que reviste esta reunión. Las circunstancias que hoy me traen a Nueva York son alarmantes y sumamente peligrosas para el mantenimiento del equilibrio mundial que tanto nos preocupa a los aquí presentes. Es mi deseo exponer en este foro una serie de hechos acaecidos en el territorio nacional de España que a juicio de su Gobierno, que presido, deben ser considerados como actos de guerra. Es una expresión grave cuyos efectos legales a nade escapan, pero la adecuada al tenor de los hechos.

Empezando por los inicios: hace ahora dos meses, en la región española de Navarra, fronteriza con Francia a los pies del Pirineo, se produjo una gravísima sublevación armada que pilló por sorpresa a todas las instituciones del Estado. El estallido social, generado por un presunto descontento con el gobierno regional, se tornó en un conato de guerra civil cuando treinta mil ciudadanos se levantaron en armas matando a casi un centenar de agentes del orden y secuestrando dos instituciones. Esos treinta mil sublevados fueron arropados por una multitud de otras 70.000 almas. En su conjunto, este colectivo supone un tercio de la población total de la región incluyendo niños y ancianos.

Estos hechos, ya de por sí graves, fueron inverosímiles para la mayor parte de la sociedad española. Coincidirán todos ustedes conmigo en que no existen precedentes de un levantamiento social, armado, de estas características contra un Gobierno democráticamente elegido –y quiero recalcar esto último– hace menos de tres años. Un Gobierno, además, dada la particular situación del ordenamiento jurídico español, cuyas acciones o inacciones no repercuten en demasía en la ciudadanía.

Todo era, en fin, sospechoso de algún tipo de trasfondo. El Gobierno de la Nación no tenía constancia, con carácter previo, de la existencia de grupos rebeldes, no digamos ya paramilitares, que pretendieran una acción subversiva de las dimensiones de la que nos ocupa. El estallido violento estuvo a punto de colapsar el entramado institucional de España. Mi Gobierno llegó a pedir al Congreso de los Diputados la declaración del Estado de sitio, equivalente legal, constitucional y político de un código DEFCON 1 que, además de poner en máxima alerta a las Fuerzas Armadas, suspendía las libertades y los derechos ciudadanos y nombraba una Autoridad militar. Por suerte las fuerzas del orden, socorridas por el Ejército, reprimieron la rebelión sin utilizar la fuerza bruta antes de esa declaración, que hubiera supuesto un punto de no retorno a la vista de lo que se descubrió después.

Coincidirán todos ustedes en que lo hasta ahora expuesto no supera el ámbito de un conflicto interno de España, lo que en todos los Tratados Internacionales y en la Carta de las Naciones Unidas por la que se supone que todos nos regimos, se enmarca en el principio de no intervención. La injerencia de potencias extranjeras en un asunto como el expuesto, en un país democrático y que asegura los derechos humanos y las prácticas éticas, sería considerada un abuso y, caso de hacerse al margen de este Consejo de Seguridad, un acto de guerra.

Esa injerencia, señor Presidente y señores jefes de Estado y de Gobierno, se ha producido.

En las investigaciones subsiguientes a los hechos, las Fuerzas de Seguridad del Estado han hallado pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el armamento incautado a los sublevados no puede haber sido adquirido en España. Según las investigaciones de la agencia española de Inteligencia, tenemos evidencias de que en el territorio nacional se han introducido cerca de veinte mil armas de diverso género y calibre con la intención de ayudar a este movimiento rebelde para desestabilizar al Ejecutivo regional del que he hablado y, obviamente, al nacional que yo presido. Esa introducción de armamento se ha hecho, según documentación diplomática y militar intervenida por la Inteligencia de España, al amparo de tres Naciones miembros de esta organización. Se trata de Libia, Marruecos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

(Ante el murmullo generado, el Presidente del Gobierno aprovecha para levantar una carpeta roja; los asistentes de la reunión comienzan a repartir otras similares a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la mesa, así como al Secretario General de la ONU)

Damas y caballeros, soy consciente de la gravedad de mi acusación, que me supera a mí mismo y comprime el aliento de toda la sociedad española. Esta carpeta, que les remiten ahora mismo, contiene una serie de pruebas documentales obtenidas en el seno de la investigación policial, militar y de Inteligencia que evidencian la colaboración estatal de las tres naciones referidas con los sublevados mediante el envío masivo de armas sirviéndose de las deficiencias que pudieran existir en el control fronterizo español y aprovechándose de la inmunidad de Embajadas, valijas y demás material diplomático para conspirar contra un Estado Soberano.

Quien declara la guerra, prohibida por la Carta de las Naciones Unidas, ya sea por un acto jurídico claro o por la vía de los hechos, debe enfrentar las consecuencias de tal acción. La introducción de armamento bélico en España por parte de Marruecos (un país con el que nadie desconoce tenemos tensiones que llegan a lo militar), Libia y la Unión Soviética es considerado por el Gobierno como una declaración de guerra que posee todas las consecuencias políticas, diplomáticas, económicas y demás. A España, damas y caballeros, como pueden ver en sus carpetas, se le ha declarado la guerra.

La actual tipología de la Comuniad Internacional evidencia que estos hechos supondrían, de consumarse, un conflicto internacional que devendría, con casi toda seguridad, en un holocausto nuclear. La vigencia del Acuerdo entre Madrid y Washington de 1953 obliga a los Estados Unidos a proteger a España en este caso tan dramático, y la Carta de las Naciones Unidas exige la adopción de Resoluciones por parte de este Consejo de Seguridad. Estamos ante el inicio de una Tercera Guerra Mundial.

Señor Secretario General, señores Presidentes, primeros ministros y cancilleres, no seré yo quien pase a la Historia como el Presidente que desencadenó el fin de la convivencia humana. Me niego, en conciencia, a exigir las cuentas que desemboquen en semejante conflicto. España no pondrá en marcha los mecanismos legales que en Justicia posee para enfrentar al bloque comunista y al bloque capitalista en una guerra definitiva. Los hechos que aquí se han expuesto quedarán parcialmente impunes en un ejercicio de responsabilidad histórica que no me duele en prendas asumir en nombre de mi Nación. No responderemos a esta declaración de guerra de forma recíproca. No enviaremos tropas a Rabat, Trípoli o Moscú. No amenazaremos la integridad política y territorial de esos tres países como ellos han hecho con España.

Ahora bien, sobre la mesa está la sangre derramada de españoles. Ante nosotros hay un centenar de muertos que exigen reparación, un centenar de familias que exigen justicia. Este Consejo de Seguridad no puede quedar inerme ante los hechos aquí expuestos.

A nivel unilateral, España ha adoptado ya todas las medidas pacíficas a su alcance: la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados involucrados y la exposición de sus pruebas en este Consejo de Seguridad. Ahora, en un acto de responsabilidad y conciencia, somete a las Naciones Unidas el veredicto sobre lo sucedido, aceptando el que sea, pese a que un Estado Miembro Permanente esté involucrado en los hechos. Apelo al sentido de Estado y a la capacidad de liderazgo de todos mis homólogos sentados en esta mesa para encontrar una resolución que mantenga el equilibrio y la paz hasta ahora logrados, pero conceda Justicia a las víctimas y sobre todo evite un peligroso precedente. La injerencia, la financiación y el apoyo a golpes de Estado contra Gobiernos democráticos son actos que esta organización no puede tolerar y dejar impunes. En ese sentido apelo a la moral y a la integridad del Presidente Interino Kuznetsov para que la Unión Soviética evite hacer uso del derecho de veto que la Carta de las Naciones Unidas, la misma que ha violado, le reconoce.

España, como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad, solicita una Resolución condenatoria de los hechos que aquí se han probado, con inclusión de sanciones económicas a los países acusados; de indemnización compensatoria al Estado español; y de prevención, en condiciones mucho más duras, para que no vuelvan a repetirse.

Gracias.