Jorge J. Churchill- “Un Gobierno presuntamente progresista no nos puede “vender” un modelo de financiación autonómico que acentúa los desequilibrios regionales históricos”

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El proyecto de Ley que el Gobierno socialista presentó en la Comisión de Economía y Hacienda sobre financiación autonómica y que, si se confirman mis temores, será elevado al Pleno del Congreso de los Diputados para su posterior debate y votación es un atentado contra el Estado de Derecho y contra la misma Carta Magna.

El proyecto de Ley defendido por el Gobierno en Comisión propone una gestión desigual de los ingresos procedentes de los impuestos provocando un margen de maniobra muy distinto según la Comunidad Autónoma de que se trate algo que, desde nuestro punto de vista, es inconstitucional pues atenta contra la igualdad de los españoles y la unidad del mercado.

Todos conocemos que, por razones históricas, las provincias vascas y Navarra han disfrutado de un régimen fiscal privilegiado en relación al resto de regiones de España por razones que todos conocemos y que se tradujeron hace ya más de cien años en un régimen específico en el ámbito tributario a cambio de aplacar los ánimos del bando carlista, que resultó perdedor en las tres guerras civiles que ha padecido España en el siglo XIX.

El régimen económico de País Vasco y Navarra es, por tanto, un régimen que, a través de la evolución histórica, ha propiciado enorme prosperidad a esas tierras y que, por tanto, por su arraigo y por sus bondades, no sería preciso pensar en relevarlo del papel que actualmente desempeña.

Pero la existencia de estos regímenes no es incompatible con hacerlos extensibles al resto de Comunidades Autónomas y no sólo a aquéllas que, por razones de oportunidad política, conviene mantenerlas contentas y sumisas a los dictados de este Gobiernos que, presuntamente progresista, nos “vende” un modelo de financiación autonómica que acentúa los desequilibrios regionales históricos.

Como ya he insistido con anterioridad, la Constitución, no estipula privilegiar unas regiones frente a otras (y menos por razones históricas). Es más, este ejercicio de política advenediza ya ha sido probado en otros países, como, por ejemplo, Italia- donde existen regiones con “estatuto especial”- con nefastos resultados para las regiones de régimen común.

Frente a estas políticas reaccionarias y prefeudales existen alternativas que, en paralelo a la política del Gobierno, se están desarrollando en España. Un ejemplo de ello es Galicia, donde su Parlamento ha aprobado una proposición no de Ley para armonizar la financiación de las Comunidades Autónomas, para instar a este Gobierno “desigual” a elaborar una política de financiación autonómica acorde con las necesidades de cada región y no en base a necesidades de mayorías parlamentarias.

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