Jorge J. Churchill- "No nos merecemos un Gobierno irregular"

La circular no comunica que la fiscalía no vaya a actuar, lo que traslada es que determinar si tiene competencia para actuar o no, debe examinar con detalle lo sucedido, lo que debe ser considerado como algo lógico y responsable. Si posteriormente anuncia que no va a actuar, entonces deberemos observar los motivos por lo que no lo hace y opinar acerca de los mismos. Hasta ese momento, hasta que la fiscalía considere definitivamente si puede actuar o no, debemos dejarla trabajar con respeto y tranquilidad, confiando en su profesionalidad.

Respecto a la circular, eso sí, diferimos respecto a la valoración del tiempo que se ha mantenido en vigor el Real Decreto: mientras el Fiscal General considera que ha permanecido vigente “un corto período de tiempo” y que se “ha derogado casi inmediatamente”, lo que nosotros apreciamos es que el Real Decreto ha estado vigente durante cuatro días, casi un tercio del período que debía permanecer, lo que a nuestro entender es un período nada despreciable de tiempo (mas cuando el Gobierno conocía desde el primer día la inconstitucionalidad del procedimiento) y, evidentemente, durante un período de tiempo que para nada implica que fuera derogado “casi inmediatamente”… Tampoco compartimos, en absoluto, la idea de “arrepentimiento espontáneo”, pues incluso tras la derogación del estado de excepción varios miembros del Gobierno han seguido descalificando a la oposición que denunció la inconstitucionalidad del procedimiento que nos ocupa. Finalmente, tampoco podemos compartir la idea de que no ha habido prevaricación: en primer lugar, porque es obligación del Gobierno asegurarse de la constitucionalidad de sus acciones, de lo que se presupone que debería saber que tal medida era inconstitucional, más cuando el Fiscal General reconoce que la exigencia es de pasar previamente por el Congreso de los Diputados “es tan clara y tan palmaria”. Mas si no hubo prevaricación en el procedimiento para la implantación del estado de excepción, si pudo haber claramente prevaricación en el mantenimiento del Estado de excepción, pues es sabido que casi inmediatamente tras la comparecencia del señor Rubalcaba, éste ya era conocedor de la inconstitucionalidad de la medida, mas se siguió manteniendo, Rubalcaba incluido, que era plenamente constitucional.