PL - Eliminación de la casilla de la Iglesia

Javier Castellanos

¿Qué inconveniente hay en que los contribuyentes tengan libertad para realizar o no realizar donaciones a la Iglesia? ¿Qué inconveniente hay en que sea el contribuyente quien decida libremente? Si la casilla está en la Declaración de la Renta de nuestro ciudadanos, es para que libremente sean ellos quienes decidan si quieren realizar su aportación a la Iglesia o no. Suprimir la casilla es limitar que los contribuyentes hagan su aportación a la Iglesia y es una estacada a la organización eclesiástica que actualmente está haciendo en España una formidable labor caritativa con muchas de sus organizaciones como Cáritas. Este dinero no tiene por qué ir dirigido a los altos cargos de la Iglesia, va dirigido a aquellas instituciones de la Iglesia que realizan una labor muy necesaria para nuestra población. Si no se utilizara la casilla, hace mucho tiempo que se habría suprimido.

Señor Mercader, no desprecie las aportaciones políticas de otros parlamentarios cuando es obvio que las aportaciones más absurdas e incoherentes son las que manan de su pluma, o mejor dicho, del gabinete de universitarios que lo asesoran en materia politológica/jurídica, pues todavía dudo que usted pueda proponer estos textos que atentan contra la libertad personal, el patrimonio histórico-cultural español o la misma solvencia de las arcas públicas. Por otro lado, desde Democracia Nacional le damos las gracias por hacernos reír durante semanas, meses y años gracias a estos cómicos textos. Tras este introitus al más puro estilo boloñés, paso a darle un somero repaso a su PL, que a pesar de no ser yo un experto economista, es fácilmente refutable:

Como todos ustedes saben, excepto los comunistas y socialistas de izquierdas, la entidad católica ahorra la friolera de 30.000 millones de euros al año a las arcas públicas, cuando las percepciones pecuniarias puramente procedentes de la estructura fiscal del Estado (que atención, es lo único que estatalmente recibe la Iglesia, pues el Estado no desvía dinero por otros mecanismos a la Iglesia salvo caso de excepción) oscila entre los cien, doscientos, a lo sumo trescientos, millones de euros. Esta cantidad, que será ínfima para algunos altos mandatorios, supone el doble del recorte presupuestario efectuado seis años atrás por el incompetente de Zapatero o la cantidad “prestada” por el Fondo Monetario Internacional a la maltrecha economía helénica. Este dinero se destina fundamentalmente a prestaciones sociales (comedores o albergues públicos, planes de reintegración social o cursos de formación básica son sólo unos ejemplos) y a restauraciones de patrimonio artístico-cultural (catedrales, monasterios, iglesias, capillas…). Si suprimimos esta casilla, es el Estado quien tendrá que afrontar todos estos gastos, dándose una situación deficitaria rotunda (30.000 millones – 300 millones = 29.700 millones, por lo tanto, déficit), a lo que añadimos el gasto de una instauración de un aparato burocrático sui generis o la intromisión y politización de un aspecto que estaba bien como estaba (el Estado ya se introduce y regula demasiado en nuestras vidas, no más, por favor).

Bien, para no desarrollar más el supuesto anterior paso a lo siguiente: estimaciones estadísticas dicen que el 33% de los sujetos tributantes marcan la casilla de la Iglesia . La supresión de esta opción desencadenaría un considerable descontento social, pues este porcentaje vería violada su libertad de elección, mientras que todos aquellos que no marcan la casilla, serían más bien escépticos. Señores, nadie obliga a nadie a que destine sus impuestos a la Iglesia, es según el libre albedrío de las personas; no causemos más revuelo social.

En un tercer puesto estaría violando el acuerdo que alcanzaron, curiosamente, la cúpula del poder ejecutivo en el mes de octubre de 2006 (gobernaba el PSOE) con la Conferencia Episcopal. Por aquel entonces se pactó que el gobierno no destinaría absolutamente nada vía presupuestaria a la Iglesia, a cambio del incremento del 0,52% al 0,70% de la asignación voluntaria del IRPF que hace el contribuyente. ¿A qué viene ahora esta medida cuando su partido firmó algo con carácter de permanencia sobre el mismo tema? Esto se legisló inicialmente en la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006 (el Presupuesto General de ese año, que ya sé que tiene vigencia temporal), pero de aplicación en la actualidad… dice así:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica.

Uno. Con vigencia desde el 1 de enero de 2007 y con carácter indefinido, en desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

Dos. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica o complementaria en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tres. Durante el año 2007 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 12.501.051,76 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la iglesia por aplicación de lo dispuesto en el apartado Uno anterior.

Antes del 30 de noviembre de 2008, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2007, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2009. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.

Cuatro. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 2006.

Le recomiendo la lectura de la anterior disposición adicional para comprender mejor el asunto, si es que puede comprenderlo de alguna forma señor Mercader. Otras medidas complementarias a esta fueron la aplicación del IVA, en virtud del dictamen de la UE, para las adquisiciones de la Iglesia o la presentación de unas memorias en las que se reflejase en que se gastaban los ingresos procedentes del IRPF de los sujetos pasivos tributantes.

Para rematar, decir que en virtud de la derogación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, un clima de tensión con la Iglesia no sería en absoluto bueno para el Estado, pues la privatización del patrimonio católico por parte de la Iglesia se sobrevendría acto seguido, en detrimento de los ingresos de los particulares (turismo, hostelería, etcétera) y del propio Estado.

Como anécdota decir que el PL que se nos presente debería de ser desestimado por error de forma e imprecisión terminológica, pues usted desconoce la verdadera esencia de lo que es el Tercer Mundo (países neutrales en el transcurso de la Guerra Fría). Tampoco incluye una disposición derogatoria específica, ¿o es que la derogación es tácita por incompatibilidad? En resumen, esto es una chapuza que ni a intento de norma jurídica llega.

No intentemos volver a España un país puramente laico cuando el 99% de nuestra historia está vinculada a la religión católica. Cuando le debemos a ella obras arquitectónicas como la Catedral de Santiago, obras pictóricas surgidas bajo su mecenazgo, obras literarias de espectacular valor… la tradición española es católica, lo que se puede casar a la perfección con un estado laico y aconfesional, mediante una adecuada ponderación de la situación. Primemos mínimamente al catolicismo frente al judaísmo, frente al islamismo o frente a cualquier otra religión, pues le debemos mucho a él, aunque también existan épocas oscuras, algunas inventadas como la Leyenda Negra, derivadas del ambiente reinante en Europa y que por lo tanto no exclusivas de España.

Muchas gracias señorías… y recuerden, ante el incompetente político, tolerancia 0.