Caso Gürtel. Hilo oficial

Esta conversación figura en el sumario hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el caso Gurtel.

Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras.

José Antonio. Seguramente.

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?

José Antonio. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral [inaudible], como mucho diez años, pero yo creo que es menos.

Pablo Crespo. Le dice a Francisco Correa "como mucho diez años". Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

José Antonio. Seguro, seguro. Aunque hiciese veinte años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual.

Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. Si estando el secreto del sumario, si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo.

José Antonio. Lo sacan igual, porque ya me lo han hecho con otras cosas parecidas.

Un nuevo informe policial enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estudia la gurtel, implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, en una adjudicación amañada con reparto de comisiones ilegales.

La constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontándole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.

Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la policía investiga desde febrero y que podrían corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fernández Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la polémica adjudicación de la variante a Teconsa.

La investigación policial de este caso arrancó en febrero, cuando se halló una carpeta de color azul registrada como "R-16 Documento 02" en poder de José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta. En el interior de la carpeta había "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que contenían un fax remitido desde la consejería de Fomento de Castilla y León con los datos de la adjudicación definitiva de la obra: "Adjudicataria Tecnología de la Construcción SA (TECONSA), 12 meses de ejecución y un presupuesto de 2.847.959 euros". En ese fax aparecía, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicación descontándole el IVA. Y debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigación interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3% del presupuesto de adjudicación sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducción en pesetas (12.255.000 pesetas).

Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa también figura el reparto de la supuesta comisión ilegal, que la policía interpreta así:

- "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (aún sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003".

- 16.400 euros para "G" (aún sin identificar).

- 18.600 euros para "J" (aùn sin identificar)

- 17.500 euros para PC (identificado como Paco Correa)

- 18.600 euros para L, quien se identifica también con las siglas LB, que se corresponden con Luis Bárcenas, actualmente senador electo por Cantabria.

La policía concluyó que se había producido una supuesta "adjudicación amañada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que puede influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de Castilla y León".

Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que autorizó el juez Garzón figuran algunas que mantuvo el jefe de la trama corrupta con José Luis Martínez Parra, directivo de Teconsa. El actual presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, declaró en su día que no conocía de nada a Correa y que el expediente de adjudicación de la obra era "impecable".

Pese a las afirmaciones de Mariano Rajoy, la trama Gürtel contrató con el Partido Popular al menos hasta 2005, según se desprende de las facturas que figuran en la parte del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Con motivo del referéndum para la aprobación del Tratado Constitucional de la UE que se celebró en febrero de 2005, Génova contrató a Special Events para que organizara determinados actos de la campaña a favor del 'sí'. En concreto, según informa la SER, entre los 17.000 folios cuyo secreto se ha levantado hoy figura una factura emitida a favor de Special Eventos por la que Génova paga 8.400 euros a la trama de los cuales, según se deduce después de su propia contabilidad, se embolsó 5.300.

Esas facturas están sometidas a constantes correcciones para ampliar importes e incluir nuevos conceptos como "gastos de prospección sobre el terreno". Los cambios en cada una de las facturas le eran comunicados en documentos manuscritos enviados por fax, al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el Tribunal Supremo.

Seguían operando

De los 17.000 folios que Antonio Pedreira ha entregado hoy a las partes se desprende, además, que los cabecillas continuaron maniobrando desde la cárcel bajo las órdenes de Pablo Crespo, quien utilizó a su mujer como correo.

Con Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama, se coordinaron las actuaciones con las empresas patrimoniales de Correa para la obtención de fondos que sirvan de sustento a las familias del propio Correa, de Pablo Crespo y de Antoine Sánchez. Según la policía es el propio Crespo quien desde la cárcel ordena la ejecución de fondos depositados en una cuenta en Suiza.

La policía destaca también el papel de los abogados Manuel Delgado Solís Y José Antonio López. De ellos dice el auto que procuraron ventajas en el desarrollo del procedimiento tras contactar a través de terceros con cargos de la Audiencia Nacional.

En concreto, Crespo contactó con Álvaro Pérez, el bigotes, uno de los líderes de la trama que no ha ingresado en prisión. En una carta enviada en febrero, Crespo mostraba su preocupación por el estado de ánimo de El Bigotes, a pesar de que solo pasó tres días en prisión. Le recordaba en la carta que "tiene dos amigos incondicionales" en las figuras del propio Crespo y de Francisco Correa, máximo responsable del entramado. Además, en la misiva Crespo calificaba la investigación de "gran montaje político".

En una carta posterior, tras extrañarse por no recibir respuesta de Álvaro Pérez, Crespo le recordaba lo importante de que su apariencia sea "de fortaleza".

De las escuchas que la Policía ha realizado a los cabecillas los investigadores deducen que los presos trataron de proporcionar dinero a las familias de los imputados a través de cuentas establecidas en bancos extranjeros.

Además, con la mediación de sus abogados, buscaron tratos de favor ante la Audiencia Nacional para ellos mismos con la ayuda de terceros.

El empresario Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, aparece en las anotaciones contables de la 'caja B' de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel', junto a otras personas como Álvaro Pérez 'El Bigotes', Gerardo Galeote, Ricardo Galeote y 'L.B.'.

El nombre del que fuera asesor de Aznar aparece en las anotaciones que realizó José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Correa y de Pablo Crespo, 'número dos' de la trama, para controlar el dinero existente en la 'caja B' de las empresas.

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la participación de cargos públicos en las actividades de Francisco Correa, que forma parte del sumario del 'caso Gürtel' que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La lista con las personas físicas y empresas relacionadas con la 'caja B' salió a la luz tras la detención de Izquierdo López, quien en sus declaraciones a la Policía confirmó que el sistema de archivo de los apuntes contables lo realizó él mismo para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo Crespo de la situación.

El empleado de Correa explicó que, para este control, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable.

Alejandro Agag aparece en esta lista junto a Álvaro Pérez, Antaine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F.Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martine.

También están recogidas las personas jurídicas Inversiones Kantamani, Rustfield, Windrate, Begar, Orange Market, Caroki, Easy Concept, De Miguel Abogados, Montalbo, Osiris, TCM y Teconsa. También aparecen cuentas individualizadas de distintos eventos, como actos de nuevas generaciones, diversas campañas electorales, congresos y convenciones.

En su declaración a la Policía, Izquierdo López manifestó que ese sistema de anotación de apuntes correspondía a pagos realizados con el dinero de la 'caja B' existente en las oficinas de la calle Serrano de Madrid, donde se encontraba el centro de decisión del conglomerado empresarial creado por Correa.

Según explicó, los datos de los apuntes se los facilitaba directamente Pablo Crespo. La caja, indicó, se nutría de dinero entregado por Crespo, Javier Nombela (de Easy Concept Comunicación)) y 'El Bigotes'(de Orange Market), o de efectivo recogido de cajas de seguridad a las que tenía acceso.

El alcance de la rama valenciana de la trama de empresas Gürtel no se agota, según la Brigada de Blanqueo de capitales de la policía judicial, en el fondo de armario del presidente Francisco Camps, del secretario general del PP, Ricardo Costa, del ex vicepresidente Víctor Campos y de Rafael Betoret, quien fue jefe de gabinete de la ex consellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Un informe de casi 90 páginas, elaborado a partir de varias grabaciones e investigación de facturas y contabilidad de Orange Market y otras empresas de la trama presuntamente corrupta sostiene que el PP valenciano fue financiado irregularmente por varias constructoras a través de supuestos encargos que, según la policía, hacían a Orange Market y que les eran facturados por la franquicia valenciana de la red Correa.

La firma de Álvaro Pérez fue desde que nació, al tiempo que Francisco Camps llegaba al Palau en julio de 2003, la contratista de cabecera del PP y de la Generalitat. No en balde, el 73% de sus ingresos le llegaron del partido y el Consell. En total, más de 8 millones de euros.

El documento, que lleva por título "Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de actos del PP" y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, recoge media docena de transcripciones de grabaciones realizadas por la policía al propio Francisco Correa o al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, entre otros. En esos pasajes señalan a varios altos cargos del PP y la Generalitat, entre ellos el vicepresidente tercero y conseller de Industria, Vicente Rambla, o al propio secretario general del partido, Ricardo Costa. El vicesecretario de organización, David Serra, también aparece en el informe, al igual que el ex director general de RTVV, Pedro García. Este último cesó en su puesto el pasado 28 de agosto. Fue una destitución que se presentó como dimisión. Su marcha precipitada tiene que ver, segsegún algunas fuentes, con su relación con el escándalo Gürtel.

Para el jefe de la trama, Francisco Correa, era de suma importancia que Pedro García estuviera en la dirección general de RTVV. Precisamente García sustituyó a Correa como padrino de una hija de Álvaro Pérez el pasado 7 de febrero, un día después de que el juez Baltasar Garzón desencadenó la operación de registro de empresas y detenciones de implicados, entre otras la de Correa.

La elección del sustituto en el bautizo no fue casual. La amistad de Pedro García con Álvaro Pérez viene de lejos. El empresario organizador de Fitur y de otros eventos de la Generalitat y del PP -a este partido le facturó Orange Market prácticamente 1,8 millones de euros entre 2003 y 2007 por actos y campañas electorales- fue uno de los participantes en la fiesta sorpresa que un selecto grupo de contratistas y amigos le ofreció a Pedro García en Marrakech en diciembre de 2007 con motivo del 40 cumpleaños del ex director general de la televisión autonómica. Quien hizo de gancho de aquella sorpresa fue Vicente Cotino, que llevó a García en su jet privado. Este empresario es sobrino del vicepresidente tercero del Consell Juan Cotino y copropietario del Grupo Sedesa, una de las contratistas de la Generalitat que aparecen en el citado informe como presuntas financiadoras del PP. Junto a Sedesa, figuran otras constructoras como Lubasa, la alicantina Enrique Ortiz e Hijos o Facsa, la empresa de Enrique Gimeno.

El informe, que abarca un período comprendido entre 2007 y julio de 2009, aborda la contabilidad de la trama, tanto la oficial como la caja B, y recoge supuestos pagos efectuados al PP valenciano. Una información que ya aparecía en el primer auto de Garzón y que fue encontrado en las famosas hojas de excel del piso de la calle Serrano y la memoria USB cuyo depositario era el contable de la trama, José Luis Izquierdo.

A mi Castilla y León ni la mientes, jejjejejje.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado que se impute de nuevo al ex director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors, al que considera responsable de la decisión tomada por el Ministerio de Fomento en 2002 de alejar el Prestige de la costa gallega cuando empezaba a perder fuel.

El tribunal coruñés ha echado por tierra el auto de la juez de Corcubión, Carmen Veiras, encargada del sumario, quien había retirado la acusación contra López -Sors por considerar que actuó de forma "razonable y prudente" cuando se negó a dar refugio en puerto al petrolero griego, el 13 de noviembre de 2002, después de que éste sufriese una vía de agua frente a la costa de Finisterre.

La decisión de la Audiencia abre de nuevo la puerta a exigir responsabilidades al Estado español por la enorme marea negra que siguió al hundimiento del petrolero tras seis días de periplo por el Atlántico. El auto de la Audiencia desmonta con contundencia los argumentos de la juez de Corcubión, a la que reprocha que tilde de "prudente y razonable" una decisión -la de alejar el buque de la costa- que luego se reveló un "error clamoroso".

El tribunal ordena que López-Sors sea juzgado por "responsabilidad criminal con imprudencia grave" junto a los otros tres imputados, el capitán, Apostolos Mangouras, y dos oficiales, uno de nacionalidad griega y otro filipina. La imputación del ex director general atiende varios recursos presentados por acusaciones particulares, entre ellas las de Nunca Máis, Izquierda Unida y varios colectivos afectados por el vertido de petróleo.

Estan pringados todos los del PP,en todas las Autonomias y todos los cargos.¿Y ahora que,todos a la carcel?.Creo que no pagará ninguno del PP con la carcel,este es un Pais de espabilados.

Y ahora que,todos a la carcel?.

¿Y este tio irá a la carcel?,no lo creo España es un pais de """MAFIOSOS""".

¿Irá Rajoy a la carcel?,Ojala.

Jose Antonio y Pablo Crespo a la carcel por mangantes.

Aznar a la carcel como responsable.

BUeno,,, si yo te contara lo que pasa por estos lares...

ME apuesto lo que quiera cualquiera a que el PP en 2011 gana por mayoría absoluta en el País Valenciano.

Joder, mostrad pruebas ante un tribunal y no hagáis suposiciones o acusaciones infundadas, denunciar y punto coño.

Héctor Fernández. escribió:Joder, mostrad pruebas ante un tribunal y no hagáis suposiciones o acusaciones infundadas, denunciar y punto coño.

Con los supuesto partidos proetarras la derecha hace lo mismo, que pasa que la derecha si puede pero cuando los pringaos sois vosotros la cosa cambia no? Si ilegalizan partidos porque algunos miembros perteneces a ETA porque no ilegalizan el PP porque algunos miembros son unos putos corrupts y unos ladrones?

La doble bara de medir de la derecha..

juanmi llamazares escribió:

Héctor Fernández. escribió:Joder, mostrad pruebas ante un tribunal y no hagáis suposiciones o acusaciones infundadas, denunciar y punto coño.

Con los supuesto partidos proetarras la derecha hace lo mismo, que pasa que la derecha si puede pero cuando los pringaos sois vosotros la cosa cambia no? Si ilegalizan partidos porque algunos miembros perteneces a ETA porque no ilegalizan el PP porque algunos miembros son unos putos corrupts y unos ladrones?

La doble bara de medir de la derecha..

NO empecemos con el tema ETA, que estoy calentito ya con el temita, COÑO.

Si se acredita todo ante un tribunal que se pudran en la carcel ya sean empresarios, politicos de 1 o 2 fila. Y si cae Rajoy mejor xD.

Victor Bono escribió:Un nuevo informe policial enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estudia la gurtel, implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, en una adjudicación amañada con reparto de comisiones ilegales.

La constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontándole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.

Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la policía investiga desde febrero y que podrían corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fernández Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la polémica adjudicación de la variante a Teconsa.

La investigación policial de este caso arrancó en febrero, cuando se halló una carpeta de color azul registrada como "R-16 Documento 02" en poder de José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta. En el interior de la carpeta había "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que contenían un fax remitido desde la consejería de Fomento de Castilla y León con los datos de la adjudicación definitiva de la obra: "Adjudicataria Tecnología de la Construcción SA (TECONSA), 12 meses de ejecución y un presupuesto de 2.847.959 euros". En ese fax aparecía, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicación descontándole el IVA. Y debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigación interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3% del presupuesto de adjudicación sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducción en pesetas (12.255.000 pesetas).

Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa también figura el reparto de la supuesta comisión ilegal, que la policía interpreta así:

- "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (aún sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003".

- 16.400 euros para "G" (aún sin identificar).

- 18.600 euros para "J" (aùn sin identificar)

- 17.500 euros para PC (identificado como Paco Correa)

- 18.600 euros para L, quien se identifica también con las siglas LB, que se corresponden con Luis Bárcenas, actualmente senador electo por Cantabria.

La policía concluyó que se había producido una supuesta "adjudicación amañada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que puede influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de Castilla y León".

Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que autorizó el juez Garzón figuran algunas que mantuvo el jefe de la trama corrupta con José Luis Martínez Parra, directivo de Teconsa. El actual presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, declaró en su día que no conocía de nada a Correa y que el expediente de adjudicación de la obra era "impecable".

Esta es una cuestión que lleva coleando casi una década .
Fíjese que Encarnita(antigua alcaldesa de Soria) es amiga de llevarse la cuberteria del Hotel Alfonso VII, Herrerita(presidente JCyL) gasta en grandes fastos con algún que otro chico de compañia via visa oficial, pero no se ilusione, esto no saldrá en los periódicos.

Podria seguir con el anecdotario socialista en tierras del Ebro o con el amado y querido presidente de la anchoa fácil.


En fin, lo que le quiero decir es que en todos los sitios cuecen habas, algunas tan gordas que pecan de irrisorias y rayan el límite del colmo del descojono colectivo, por no pecar de subrealismo puro y duro.