Por una educación de primera - MECC, Gobierno de España

Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura va a promoverse, en los próximos meses, un profundo diálogo entre partidos, asociaciones y profesionales para impulsar una ley educativa de calidad que garantize un buen funcionamiento de los centros educativos, unas buenas condiciones laborales del profesorado y del resto de personal -derechos y deberes- y, en definitiva, un marco legal cuya intención básica será tejer un sistema educativo de primera.



El Ministro Giménez ha explicado en su comparecencia ante la prensa los ejes básicos de este proyecto: "queremos que sea un gran pacto, un gran avance", afirmando que "no debe ser una ley del gobierno, debe ser una ley de país". Después de recordar que la educación es uno de los dos pilares básicos de nuestro sistema, junto con la sanidad, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas, sindicales y sociales en general a participar del proyecto diciendo que "hay mucho trabajo que hacer, no vamos a conformarnos con una ley de pacotilla, queremos una legislación marco que dure varios mandatos, gobierne quien gobierne".

Giménez ha hecho estas declaraciones en la sede del Congreso, después de la reunión que ha tenido con Jesús Zapatero sobre el primer proyecto de ley que presenta a las Cortes, el de creación de un Colegio Profesional de Periodistas. Ha añadido, además, que la intención del Ministerio es hablar con todas las autonomías y con todos los agentes implicados para que la ley entre en vigor en el curso escolar 2012-2013". Según el Ministro, en esta ley deberán abordarse "aspectos claves como la educación de las lenguas del Estado, la adaptación del sistema educativo para disminuidos psíquicos o la apuesta por la formación profesional. Todo ello deberá hacerse con serenidad y con voluntad de consenso", ha concluido.

Se prevé que en breve empiezen las negociaciones que el sindicato CNT puso sobre la mesa en este aspecto, y que, además, se inicie próximamente una ronda de contactos con los distintos portavoces parlamentarios así como con los consejeros autonómicos de educación. El objetivo: todos los españoles tienen derecho a una educación de calidad.