Llibertat i benestar · Blog personal d'Alicia Azcárate

La democracia y el bienestar

La democracia es un sistema político con unas reglas que exigen que el ciudadano sea un sujeto político activo, esto es, que tome decisiones en su propio nombre en vez de ignorar el centro de la acción política.

Para ello el ciudadano ha de tener dos herramientas fundamentales y complementarias entre sí: la libertad y el bienestar.

La libertad debe entenderse como la posibilidad de moverse, asociarse y relacionarse sin limitaciones, o con las limitaciones básicas que la Ley deba proveer para garantizar la libertad del resto de ciudadanos. Así, un ciudadano será más libre si tiene libertad para establecer relaciones y negocios que aquél que se encuentra múltiples trabas.

Por otra parte, el bienestar se enfoca hacia la ausencia de dificultades en la resolución de problemas, especialmente en los relacionados con los infortunios. Aquí entran en juego soluciones como el Estado del Bienestar, las empresas aseguradoras y de previsión social o la prevención de riesgos y enfermedades. Toda vez que el Estado se ha mostrado incapaz de atender con eficiencia estas cuestiones, la delimitación de responsabilidades resulta nítida: al Estado le compete la elaboración de las normas que determinen qué ha de preverse y cómo, y al sector privado le corresponde su ejecución a través de los distintos instrumentos financieros.

Un Estado debe trabajar para procurar a los ciudadanos ambas herramientas: la libertad y el bienestar. Sin libertad el ciudadano será incapaz de progresar económica, social, familiar, cultural y políticamente, en tanto que su capacidad de decisión estará condicionada por las limitaciones a las que se ve expuesto, y sin bienestar no podrá encarar con decisión las iniciativas destinadas a asegurar su libertad puesto que estará siempre lastrado por circunstancias limitantes u obstaculizantes.

Como puede observarse a simple vista, el bienestar es necesario para alcanzar la libertad, y la libertad es un elemento que determinará el grado de bienestar al que podemos optar. Con esas bases, y teniendo en cuenta la eficiencia, la jerarquía normativa y el catálogo de derechos y deberes que nos hemos proporcionado en la Constitución, podemos contribuir a diseñar la Ribagorça del futuro.

El comercio de manifestantes

El derecho de manifestación es inalienable. Como liberal no puedo sino luchar porque los individuos tengan sus libertades intactas y lo más amplias posible. Por eso cualquier manifestación, sea cual sea la reivindicación, me merece todo el respeto.

Distinta cuestión es la intención de los convocantes. Una manifestación puede ser convocada para protestar por mejoras laborales, lo cual es perfectamente lícito y concuerda con la mentalidad del asalariado, que busca una socialización de las ganancias y un reparto distinto de las cargas de trabajo. Lo mismo ocurre cuando un grupo de consumidores protesta contra una empresa que ha vulnerado un contrato y se aprovecha de su fuerza para incumplir sus obligaciones, cuando un club deportivo desciende de categoría y sus aficionados salen a la calle a exigir responsabilidades o cuando una sentencia judicial resulta lesiva para los intereses de los manifestantes.

También es respetable la manifestación política, desde luego. ¿Quién no ha protestado contra un proyecto de ley, una acción tácita o incluso contra un programa de gobierno? La manifestación es un instrumento poderoso que todos debemos ejercer con responsabilidad cuando así lo requiere la situación.

El problema viene cuando la manifestación oculta sus verdaderas intenciones. En ocasiones un grupo organizado convoca una manifestación que parece espontánea y atrapa en ella a personas que creen protestar contra una cosa cuando, en realidad, están apoyando algo que no saben y que, a veces, ni siquiera comparten. Eso está ocurriendo en estos días, cuando la izquierda radical y los sindicatos se han lanzado a convocar manifestaciones contra la política del Govern y a favor de otra forma de hacer política. El problema es que en medio de todo eso mezclan consignas tergiversadas o directamente falsas, como la de la pérdida de soberanía, el secuestro por parte de instituciones extranjeras y la apuesta por la precariedad, afirmaciones que no sólo son falaces sino que constituyen una agresión al sentido común y a la inteligencia.

Y en medio de todo eso se ven arrastradas las personas que, por culpa de una crisis brutal, han perdido su empleo y se dejan llevar por mensajes de desesperanza. De pronto esa gente se ve en medio de una manifestación en la que no se gritan las consignas que les prometieron, en las que se agitan banderas en las que no creen y en las que se reclaman políticas que jamás defenderían.

Hacer política no es acarrear personas desesperanzadas para sumarlas cual números a una manifestación cuyo impacto al final será testimonial y que, a causa de ello, incrementará aún más la desesperanza de los que acudieron engañados. Hacer política es, sencillamente, analizar la actualidad, proponer soluciones, transaccionar y velar porque se cumplan los acuerdos alcanzados.

Lo otro es comerciar con manifestantes para exhibir cifras infladas por mensajes engañosos y embusteros.