Hemeroteda de portadas

Héctor Fernández, en el balcón de Génova saludando a los simpatizantes del PP que se acercaron a la sede para celebrar los resultados.

No hubo sorpresas. El PP consiguió ayer ser primera fuerza tras obtener 168 diputados. Los resultados de los populares son ligeramente superiores a la suma de PP e ICM (partido regionalista castellano-manchego que se integró en el PP el año pasado) en 2015, subiendo cuatro escaños y quedándose a ocho de la absoluta, pero aun así anoche en Génova la victoria se celebró como la de 2000 o 2011. Algunas de las propuestas estrella del PP durante esta campaña han sido grandes bajadas de impuestos y la supresión de las medidas económicas aplicadas durante la anterior legislatura. Esto ha generado tensiones en Europa, donde existe el temor a que el nuevo gobierno español se niegue a aplicar las medidas que exige la Unión, una unión en la que tras la victoria de Sarkozy en la presidenciales de Francia y la previsible reelección de Merkel en los comicios alemanes de este otoño va a seguir imperando la austeridad.

En contraposición, el PSOE perdió ayer cuarenta escaños hasta quedarse con 120, el segundo peor resultado de la Democracia por detrás de los 110 escaños de 2011. A pesar de las expectativas de los socialistas, que al menos de cara al público no descartaron hasta el final la posibilidad de obtener un buen resultado, los mensajes de campaña no hicieron olvidar el fallido gobierno de Salvador Prim ni el apoyo al programa tecnócrata de Fabián de la Torre. Eduardo Padilla compareció ayer en solitario aceptando los malos resultados y poniendo su cargo a disposición de la secretaria general.

El Frente del Cambio habría sido la candidatura más beneficiada del descalabro socialista. La coalición entre el PCPE y Podemos suma 24 diputados, más del triple de los que tenían los comunistas durante la pasada legislatura. Cabe añadir que los resultados de FdC representan el mejor resultado de un tercer partido en España desde 1977, unos datos que se han visto limitados, en algunos casos, por la existencia de circunscripciones electorales pequeñas. En cualquier caso, la candidatura liderada por el filósofo Emilio Lledó parece haber atraído a gran parte del electorado de izquierdas. También ha entrado con fuerza Alianza Liberal, que consigue representación por primera vez en las instituciones con 8 diputados. AL es firme partidaria del laissez-faire, una corriente del liberalismo que hasta ahora era minoritaria en España.

El partido que preside el gobierno en funciones, Ciudadanos, ha conseguido resistir el tipo y no ha sufrido un retroceso tan importante como el de sus socios socialistas. La formación socio-liberal ha intentado durante esta campaña borrar su pasado; un nuevo candidato, ausencia total de Rocamora y un discurso de crítica a los grandes partidos. La candidatura encabezada por Carlos Coto tan solo ha perdido un diputado, manteniéndose con un porcentaje de voto similar al registrado en 2015, pero pasando de tercera a quinta fuerza parlamentaria.

Respecto a los partidos de ámbito no estatal, su presencia en el Congreso crece, pasando del dos al seis por ciento. Cabe destacar los buenos datos cosechados por la Plataforma Vasca, coalición de PNV y EH-BILDU, que a pesar de eliminar la palabra independencia mantienen el apoyo de las autonómicas de 2016 y se sitúan en torno al 50% de los votos en las provincias vascas, que se traducen en 11 diputados. La misma fórmula no ha funcionado en el caso catalán y la coalición formada por UN y Entesa, LCS, solo ha obtenido 6 diputados, el peor resultado del nacionalismo catalán hasta la fecha. Se ha señalado como posible motivo una elevada abstención del electorado independentista, aunque más bien parece indicar un rechazo mayoritario a la gestión del gobierno presidido por Joaquim Herrera. Asimismo, Compromís vuelve al Congreso con tres diputados, dos más de los que consiguió en 2011. De todos modos, la formación valencianista se muestra descontenta dado que aspiraban a repetir los resultados de las autonómicas de 2015.

Ante este escenario, nadie duda ya de que Héctor Fernández será investido como Presidente del Gobierno, pues solo un hipotético pacto entre el resto de fuerzas políticas podría evitar que el presidente del PP accediera a Moncloa. Fernández carece de mayoría absoluta así que requerirá el apoyo o la abstención de algún grupo para ser investido. Ya anunciado su intención de reunirse con todos los partidos que han obtenido representación, aunque en principio parece que Alianza Liberal y la Plataforma Vasca son los partidos en los que el PP podría encontrar el acuerdo que necesita.

Posada obtuvo el apoyo de PP, AL y la Plataforma Vasca. En la imagen, siendo aplaudido por el hemiciclo tras la elección de los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Los diputados y senadores electos en las elecciones del pasado 23 de abril tomaron ayer posesión de sus cargos, en sendas sesiones constitutivas. Como ya estaba previsto en el pacto entre PP y AL, la liberal Natalia Lombardero ocupará la vicepresidencia primera. Jesús Posada, quien ya presidiera el hemiciclo durante la X Legislatura, repetirá como máximo representante del poder legislativo mientras que la vicepresidencia segunda recae sobre Ramón Luis Valcárcel, ex presidente de la Región de Murcia. Los tres candidatos electos obtuvieron el apoyo de PP y AL salvo Jesús Posada, quien contó además con los 11 votos de la Plataforma Vasca. La secretaria general del PSOE, Lara Pérez, que se postuló como candidata a presidir el Congreso, solo obtuvo el respaldo de su grupo parlamentario, al igual que todos los candidatos del Frente del Cambio. LCS y Compromís, que no presentaban candidatos, no votaron por ninguna de las opciones.

Al jurar la Constitución, la mayoría de diputados utilizaron las fórmulas tradicionales “sí, juro” (PP y tres diputados de C’s) o “sí, prometo” (PSOE, Plataforma Vasca, AL, el Frente del Cambio y los siete diputados restantes de C's). Rodrigo Burgueño (AL) añadió que defendería los intereses individuales por encima de los colectivos mientras que el diputado por Sevilla del FdC, Miguel Errejón, aseguró que prometía “por imperativo legal para poner las instituciones al servicio de la gente”.

La próxima vez que se reúnan los diputados será para elegir al sucesor de Jorge Rocamora al frente del Gobierno de España. Héctor Fernández obtendrá la confianza de la cámara en la primera votación, con el apoyo de su grupo y Alianza Liberal. Por el momento, solo el PSOE ha expresado su intención de votar en contra a raíz de las diferencias programáticas. El resto de partidos esperarán al debate pero parece poco probable que algún grupo vote a favor. Las diferentes declaraciones realizadas por los grupos políticos desde que se conocieran los resultados indican que optarán por el no o la abstención.  

Héctor Fernández, durante la comparecencia en Moncloa.

Una vez prometido su cargo ante el rey, Héctor Fernández, ha comparecido en Moncloa para dar a conocer quienes integrarán su gabinete. El nuevo Presidente del Gobierno ha decidido organizar el ejecutivo en diez ministerios aludiendo a criterios de ahorro y simplificación, aunque si bien varía la distribución es el mismo número de carteras que había en el gobierno saliente de Jorge Rocamora. En su comparecencia, Fernández ha insistido en que su mandato representará “un cambio real que no mantendrá todo lo que había antes” y ha querido desvincularse de los gobiernos predecesores al afirmar que “no voy a ser un presidente puesto para contentar a la izquierda”, en clara referencia a Rocamora y De la Torre.

Seis de los diez nuevos ministros serán mujeres, aunque el presidente ha insistido que “en cuanto a sexos, es algo que no he tenido en cuenta a la hora de formar gobierno, pues creo que el mérito es la principal escalera para llegar a puestos de responsabilidad”. El responsable de comunicación del PP, Carlos García-Padilla, será la mano derecha de Fernández, ocupando la vicepresidencia del Gobierno, el ministerio de Presidencia y la portavocía. En el nuevo gobierno abundan los ministros de perfil técnico como Isabel García Tejerina, Ana Pastor, Iñigo de la Serna o Daniel Lacalle, elegidos por sus conocimientos profesionales y que se encargarán de Agricultura, Sanidad, Fomento y Economía respectivamente. Lacalle es además el único ministro independiente, firme defensor de los postulados liberales que defiende el PP de un tiempo a esta parte y responsable de su ejecución desde un ministerio que abarca, además de las competencias de Economía y Hacienda, Industria y Energía.

El resto de carteras recaen sobre ministros con un perfil mucho más político. La portavoz del PP en el Congreso durante la pasada legislatura y ex alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, será la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, mientras que la que fuera delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, será ministra de Interior y Justicia. Otras dos históricas lideresas populares formarán parte del nuevo gobierno: la siempre controvertida Esperanza Aguirre regresa por enésima vez a la primera línea política como responsable de Exteriores mientras que el ministerio de Defensa volverá a estar dirigido por una mujer, María San Gil, ex presidenta del PP vasco. El décimo ministro será Pablo Casado, al que muchos auguran un gran futuro dentro del partido; Casado será el responsable de Educación, Administraciones Públicas y Cultura, una extraña combinación ministerial nunca dada hasta ahora.

De este modo, quedan fuera del nuevo gobierno algunos de los nombres señalados por las quinielas como Josep Montoliu, Martí Brauchitsch, Juan Rosell o Roberto Martínez. Se espera que en los próximos días los nuevos ministros tomen posesión de sus cargos y que anuncien sus primeras medidas. En lo que respecta a la oposición, las reacciones no se han hecho esperar: la mayoría de partidos coinciden al tildar de "sorprendentes" determinados nombramientos. El PSOE ha criticado el sesgo ideológico del nuevo ejecutivo mientras que desde Alianza Liberal han alabado la elección de Cifuentes y Lacalle.

Especial Macrosondeo autonómico

Se cumplen dos años de la toma de posesión de los gobiernos resultantes de las elecciones autonómicas de 2015. En el ecuador de la legislatura, eldiario.es ofrece a sus lectores un macrosondeo elaborado por Gadeso para las 13 comunidades autónomas donde están previstas elecciones en mayo de 2019.

[FDP: Por motivos obvios solo figuran las encuestas de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, pero realmente se incluyen sondeos y análisis de todas las comunidades.]

COMUNIDAD VALENCIANA: Ciudadanos sería primera fuerza en unas Corts altamente fragmentadas

C's 29,3% (31-32 escaños)
COMPROMÍS 23,2% (24 escaños)
PSPV-PSOE 16,1% (16-17 escaños)
PP 9,8% (9-10 escaños)
UDV 8,1% (7-8 escaños)
PCPE 5,8% (5-6 escaños)
AL 3,1% (3 escaños)
PODEMOS 1,2% (0 escaños)

Ficha técnica. Universo: Población residente en la Comunidad Valenciana de 17 o más años. Fechas: Del 25 de mayo al 2 de junio. Sistema: encuesta telefónica. Muestra: 1500 entrevistas (600 en Valencia, 500 en Alicante y 400 en Castellón). Error máximo: variable, expresado en horquillas. Elaboración: Gadeso.

Hasta siete partidos podrían entrar en la cámara autonómica valenciana si hoy se celebrasen elecciones. Dos años después de los últimos comicios, la Comunidad Valenciana continúa al margen de la dinámica bipartidista PP-PSOE y se asienta como feudo de Ciudadanos. Irene Siles ganaría las elecciones en la Comunidad Valenciana con un 29,3% de los votos y 31-32 escaños, 5-6 menos de los que tiene actualmente. Las políticas sociales, la gestión de las finanzas o la capacidad de consenso serían las principales bazas a favor de su reelección, pero el reciente giro hacia el valencianismo blaverista y la situación del partido a nivel nacional jugarían en su contra. En el mejor de los casos, para optar a un segundo mandato el apoyo del PSOE sería insuficiente.

Compromís, que en las pasadas elecciones generales solo obtuvo un 11% de los votos en la Comunidad Valenciana, mejoraría sus resultados hasta el 23,2% y los 24 escaños, aunque perdería 15 diputados. No haber podido formar gobierno, la entrada en la federación independentista Entesa per la Llibertat o la fuerte competencia por el electorado del centro-izquierda harían que la formación liderada por Mónica Oltra pierda el apoyo del votante no nacionalista, muchos de los cuales apostaron por Compromís en las pasadas elecciones.

El Partido Socialista continuaría como tercera fuerza política y con un 16,1% de los votos vería mermada su representación hasta los 16-17 escaños. A pesar de que el PSPV renovó su dirección y objetivos en 2016, los socialistas solo podrían aspirar a ser socios de gobierno de la primera o segunda fuerza. En peor situación se encuentra el Partido Popular, que tras gobernar la comunidad durante 20 años decidieron no presentarse a las elecciones de 2015 para refundarse. Volverían a las Corts pero no superarían el 10% de los votos y obtendrían entre 9 y 10 escaños.

La recientemente fundada Unió Democràtica Valenciana podría beneficiarse del retroceso de los tres partidos que hoy tienen representación en las Corts. Así las cosas, irrumpiría en la cámara con 7-8 representantes. También entrarían el PCPE, con 5-6 escaños, y Alianza Liberal, que con la última reforma electoral un 3,1% le bastaría para conseguir 3 diputados. Podemos no alcanzaría el mínimo del 3% pero si se diera a nivel autonómico una coalición similar al Frente del Cambio esta podría obtener hasta 7 diputados. En ese caso, Compromís y PSPV serían los mayores perjudicados. Cabe recordar que recientemente la Generalitat ha remitido una nueva reforma electoral que sustituiría las tres circunscripciones provinciales por una única autonómica. Si es finalmente aprobada, los partidos que hoy tienen representación verían mermadas sus expectativas en detrimento de aquellas formaciones hoy extraparlamentarias, que contarían con una legislación más favorable.

COMUNIDAD DE MADRID: El PP ganaría, el Frente del Cambio sería decisivo y Ciudadanos quedaría fuera

PP 41,6% (54-55 escaños)
PSOE 38,5% (50-51 escaños)
PCPE 9,9% (12-13 escaños)
AL 8,7% (11-12 escaños)
C's 3,5% (0 escaños)
PODEMOS 2,3% (0 escaños)

Ficha técnica. Universo: Población residente en la Comunidad de Madrid de 17 o más años. Fechas: Del 25 de mayo al 2 de junio. Sistema: encuesta telefónica. Muestra: 1500 entrevistas. Error máximo: variable, expresado en horquillas. Elaboración: Gadeso.

Si hoy se celebrasen elecciones en la Comunidad de Madrid el PP sería el partido más votado, obteniendo el 41,6% de los votos y unos 54-55 escaños, 2-3 más de los que tiene actualmente. El auge de los populares tras la victoria de Héctor Fernández y el constante contacto con los medios situarían a Cristina Meyer, hasta hace pocos meses desconocida para muchos, en una buena posición para arrebatar al PSOE el gobierno de Madrid aunque lejos de la mayoría absoluta. Por su parte, los socialistas resistirían mejor de lo previsto y se quedarían con 50-51 escaños, muy cerca del PP. El hecho de que Tomás Gómez se mantenga fiel a sus compromisos electorales es valorado positivamente por los votantes de izquierda, pero los errores del PSOE a nivel nacional impedirían que hoy fuese primera fuerza en unos comicios a la Asamblea de Madrid.  

El ausente y auto-disuelto Partido Verde desaparecía definitivamente mientras que Ciudadanos, paradójicamente, no conseguiría superar el umbral electoral del 5%. La indefinición de la formación naranja desde que anunciara la ruptura con el PSOE le haría bajar hasta el 3,5% de los votos, insuficientes para conseguir representación.

Alianza Liberal, liderada en Madrid por Patricia Santamaría, obtendría alrededor del 10% de los votos y entraría con 11-12 diputados. A la izquierda del PSOE, la repetición a nivel autonómico de la coalición entre el PCPE y Podemos sería decisiva para equilibrar la mayoría en uno u otro sentido. Por separado, el PCPE obtendría 12-13 escaños mientras que Podemos no superaría la barrera electoral, permitiendo a Meyer gobernar con el apoyo de los liberales. Sin embargo, de reeditarse la coalición, el Frente del Cambio podría alcanzar los 16 diputados, frenando una mayoría popular-liberal y abriendo la posibilidad de un pacto con el PSOE.

La privatización de RTVE era uno de los puntos del pacto entre PP y AL.

El Gobierno de Héctor Fernández cumple con uno de sus acuerdos con AL y presenta ante la Mesa del Congreso un proyecto de ley mediante el cual se privatizarían todas las televisiones y radios públicas. Si esta ley es aprobada, no solo afectaría a RTVE sino que todas las televisiones autonómicas deberían seguir el mismo camino, a pesar de que la mayoría de estatutos de autonomía reconocen la existencia de un ente de radio-televisión público. Eso es lo que indica uno de los artículos del proyecto de ley, que prohíbe la participación de cualquier nivel de la administración en los medios de comunicación. Asimismo, se aplicarían toda una serie de desregulaciones, desapareciendo los controles de contenidos o los límites en la concesión de licencias de emisión.

Junto a esta propuesta el ministerio de Educación ha remitido un proyecto de ley que busca la “dignificación de la Formación Profesional”. Si sale adelante las universidades no podrían ofrecer estudios con tasas de paro superiores al 20% y todos aquellos jóvenes que no se matriculen en estudios de grado tendrán la obligación de cursar un módulo de Formación Profesional. Fuentes extraoficiales aseguran que Pablo Casado habría buscado sin éxito el apoyo de la izquierda, principalmente del Frente del Cambio y del PSOE. Pese a ello se ha iniciado su trámite parlamentario. También se debatirá en las próximas semanas otra ley impulsada por Casado que incidirá en la desregulación del sector editorial y una modificación del Plan de Reformas de Fabián de la Torre, presentada por AL, mediante la que se suprimirán los aspectos fiscales y se generalizará la libertad de horarios comerciales.

En otro orden de cosas, Héctor Fernández ha anunciado que el gobierno continuará con los planes de liberalización y con la reducción de gastos de las administraciones públicas y ha añadido que "ya este año se bajarán algunos impuestos y el grueso vendrá en 2018" no sin criticar la política fiscal del anterior gobierno. Asimismo, el presidente del Gobierno asegura que el próximo año ya se notarán las cifras positivas en materia de economía y empleo así como que aspira a terminar la legislatura con superávit.

Tomás Gómez se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su carrera política.

La Asamblea de Madrid ha aprobado con los votos de PP y Ciudadanos una proposición no de ley por la que se insta a Tomás Gómez (PSOE) a presentar una moción de confianza. Los socialistas, pese a mostrarse contrarios durante el debate, han optado por la abstención. Esta iniciativa del PP llega después de meses de conflicto en la Comunidad de Madrid, con un Partido Popular crecido desde el último congreso regional y la victoria de las generales y un Partido Socialista en minoría después de varios desencuentros con los que fueran sus socios, Ciudadanos. Ante esta situación, Gómez debería presentar una moción de confianza ante la Asamblea. Legalmente no está obligado a ello dado que la proposición no tiene rango normativo, aunque es poco probable que ignore esta votación y se prevé que la moción de confianza tenga lugar en las próximas semanas.

¿En qué consiste una moción de confianza?

La moción de confianza es un mecanismo previsto tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía y que funciona de manera muy similar a la moción de censura, más conocida y usada que la de confianza. Mientras la moción de censura es propuesta por la oposición la de confianza parte del gobierno, pero los efectos son los mismos: si el presidente no consigue el apoyo de la mayoría de la cámara se entiende por retirada la confianza otorgada en la sesión de investidura y debe dimitir. Es lo que ocurrió en diciembre de 2016 cuando Fabián de la Torre presentó una moción de confianza que perdió y que provocó, tras el golpe de Estado, el adelanto electoral.

El PP sabe que una moción de censura no es viable dado que se requiere una mayoría absoluta para que salga adelante, quórum inalcanzable ante la ausencia de los diputados verdes, de ahí que presentara esta proposición. De todos modos, el futuro de la Comunidad de Madrid reside en los seis diputados de Ciudadanos. Votando a favor o absteniéndose se entendería que Tomás Gómez posee el apoyo necesario para desarrollar su programa de gobierno y seguir como presidente hasta el final de la legislatura. Sin embargo, de votar en contra Gómez debería dimitir.

¿Puede el PSOE perder la Comunidad de Madrid?

A pesar de que Ciudadanos no ha tenido reparos en criticar abiertamente el gobierno del PSOE parece poco probable que apoyaran al PP en su lucha por recuperar Madrid, pues en más de una ocasión han afirmado que si bien no comparten algunas de las propuestas de Gómez tampoco creen que el regreso de los populares sea la alternativa para la comunidad. De propiciar la caída de Gómez, Ciudadanos debería o bien apoyar un gobierno presidido por Cristina Meyer o bien enfrentarse a unas elecciones y ninguno de los dos escenarios les sería conveniente ni para su credibilidad ni para sus posibilidades electorales.

¿Qué ocurriría si Tomás Gómez perdiera la moción de confianza?

Si finalmente PP y C’s negaran su apoyo al PSOE, Tomás Gómez debería presentar su dimisión y volveríamos a la casilla de salida, es decir, a una nueva sesión de investidura. De nuevo la pelota estaría en el tejado de Ciudadanos, que debería optar por apoyar a Gómez –podría volver a ser investido si tuviera el apoyo necesario– o a Meyer. Si en dos meses no hubiera un presidente investido no quedaría más remedio que celebrar elecciones. En caso de que Cristina Meyer fuera investida no debe descartarse el escenario electoral, pues aunque sería una apuesta arriesgada si saliera bien legitimaría al nuevo gobierno del PP y pondría fin a la dependencia que tienen los dos grandes partidos de Ciudadanos.