La Junta conocía desde abril de 2013 que el fraude en los cursos de formación le salpicaba

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que ha destapado la existencia de un millonario fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía no ha pillado desprevenida a la Junta de Andalucía, a quien salpica de lleno el escándalo. El Ejecutivo autónomo conocía la existencia de las pesquisas policiales y de las supuestas irregularidades en la gestión de las enseñanzas a desempleados al menos desde abril de 2013. El entonces presidente, José Antonio Griñán, decidió entonces retirar la competencia sobre dichos cursos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Economía, para transferírselo mediante un decreto y por sorpresa a la de Educación. El motivo 'oficial' que consta en el texto publicado en el Boletín Oficial de la comunidad el 2 de abril del año pasado fue mejorar su funcionamiento. El verdadero, el temor a que el nuevo escándalo hiciera caer a un gobierno ya zarandeado por el escándalo de los ERE.
La investigación, que dura ya un año, se han centrado en primer lugar en Málaga y, más en concreto, en una adjudicación de cerca de 3 millones realizada en 2010 para impartir los llamados cursos de Formación Ocupacional Profesional (FOP) que financiaba el SAE y que incluían el compromiso de contratación posterior de, al menos, el 60% de los alumnos. Las pesquisas de la UDEF han permitido concluir que en la mayoría de los casos los cursos no se llegaban a impartir y que el listado de supuestos asistentes que se remitía para cobrar las subvenciones incluía nombres de alumnos ficticios, en un 'modus operandi' muy parecido al destapado en Madrid en el llamado 'caso Aneri'. En otras ocasiones, si se daban las clases, pero en condiciones pésimas, además de que luego se negaba a los alumnos el puesto de trabajo al que tenían derecho por asistir. El control sobre los mismos por parte del Servicio Andaluz de Empleo fue prácticamente nulo.

De hecho, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía hecho público el pasado mes de febrero, sólo en los años 2009 y 2010, la Junta de Andalucía tramitó cerca de 4.000 expedientes de subvenciones para la formación de desempleados por un valor superior a los 600 millones de euros. La mayoría de aquellas ayudas se concedieron por el procedimiento de concurrencia no competitiva. Es decir, 'a dedo'. Además, el importe se abonaba por parte de la Consejería de Economía sin justificación previa, según resaltaba el informe de este organismo de control. El principal perceptor de aquellas ayudas fue la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que recibió 83 millones de euros, pero también los sindicatos UGT y CCOO y una Fundación hoy desaparecida. Cuando se conoció el contenido del informe, la Consejería de Economía se apresuró a emitir una nota de prensa en la que aseguraba que dichos cursos se habían impartido sin "ninguna incidencia" y con controles externos. Las pesquisas de la UDEF, de las que aún no ha trascendido oficialmente nombre de personas o empresas presuntamente implicadas, demuestra que no fue así.
En manos de Anticorrupción

Durante las últimas semanas, agentes de la UDEF desplazados desde Madrid han interrogado a más de 200 de estos supuestos alumnos en diversas localidades de la provincia de Málaga, entre ellos la propia capital, Antequera, Velez-Malaga, Estepona, Ronda y Fuengirola. Todos ellos han confirmado las sospechas sobre el fraude. Con sus respuesta y en análisis de la abundante documentación recabada en el SAE, los agentes han elaborado un informe que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación aún no está judicializada, según las fuentes consultadas. De hecho, fuentes conocedoras de la investigación aseguran que la misma no se limitará ni a la adjudicación de los tres millones ni tan siquiera a la provincia de Málaga. LLegan a hablar de un megafraude de cientos de millones de euros extendido por toda Andalucía que pueden dejar pequeño al mediático 'caso de los ERE' que investiga la juez Mercedes Alaya.

La gran Transición. Instauración de un régimen corrupto con partidos, sindicatos y patronal estatales, o sea, comiendo del erario y formando parte del gigantesco Estado para aplastar a la sociedad civil. CCAA que son cortijos de caciques y de su clientela. Subvenciones a todo trapo para, con diferentes nombres, llevárselo crudo y seguir ahogando la voz de la sociedad civil. Votaciones no nominales ni por distritos para decidir qué porcentaje de la tarta se reparten, a cuántos palmeros van a colocar en todos los niveles de la sociedad y la administración. Muchos medios de comunicación prestándose al y tú más sin analizar a fondo los asuntos. Mediocres y sinvergüenzas por todas partes. ¿Alguien da más? Mientras los ciudadanos en el paro y, eso sí, cada vez más cabreados. Fuera todos los que nos han arruinados. YA.
Y lo mejor de todo es que a pesar de las estafas los EREs y los cursos de formación, a pesar de tener un paro escalofriante, a pesar de tener una educación bajo mínimos, a pesar de tener una gestión sanitaria privatizada en muchos hospitales, a pesar de derivar a centros privados a los pacientes, a pesar de la utilización de los bienes de la Junta para sus propios intereses políticos, a pesar de todo esto volverá a salir el dúo PSOE-IU.

La ciudadanía andaluza tenemos lo que nos merecemos.

La fiscalia deberia reclamar que realizen una investigación en profundidad a nivel Unión Europea porque no es el primer caso de este tipo que salpica la cotización de FP por parte de todos los trabajadores. Vease en Holanda, Francia y recientemente Suecia