Miles de funcionarios deciden irse a casa con 60 años ante la ola de recortes salariales

El Régimen de Clases Pasivas, en el que se encuadran alrededor de un millón de servidores públicos, principalmente trabajadores de la educación, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas, permite jubilarse voluntariamente al alcanzar los 60 años de edad, siempre y cuando se hayan completado 30 años de servicio. Si la carrera laboral llega a 35 años, el funcionario puede jubilarse además sin ningún tipo de penalización económica, es decir, con el 100% de su haber regulador.Este beneficio social venía siendo utilizado antes de la crisis por unos 2.000 empleados públicos cada año, según los datos recopilados por la Federación de Servicios Públicos de UGT a partir de la información publicada por el Ministerio de Hacienda.Con la crisis este flujo prácticamente se duplicó hasta el entorno de los 4.000 o 5.000, pero lo que ocurrió en 2012 no tiene precedentes. Si en 2011 se jubilaron anticipadamente 5.647 empleados públicos, el año pasado esa cifra se disparó hasta los 13.972.¿Qué ha ocurrido? Según el sindicato UGT, el fenómeno es una clara muestra de la desmotivación a la que las políticas de recortes de los dos últimos gobiernos ha condenado a los empleados públicos...pero también de la incertidumbre creada sobre el colectivo.En 2012 coincidieron dos anuncios inquietantes para los funcionarios por parte del Gobierno. Por un lado, en julio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la supresión irrevocable de la paga extra de Navidad para todos los empleados públicos españoles, los estatales, los autonómicos y los de la administración local.Más cerca del final del año, el Ejecutivo envió su propuesta de reforma de pensiones a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que planteaba prohibir el derecho a la jubilación anticipada de los funcionarios públicos.Los sindicatos admiten que este contexto hostil ha podido tener una influyencia esencial en el incremento exponencial del número de funcionarios que han decidido irse a su casa antes de tiempo.Entre otras cosas porque jubilarse anticipadamente pasa su factura. Para empezar si el funcionario ha cotizado menos de 35 años su pensión se ve reducida en un porcentaje que puede llegar hasta el 20% (en el caso de sólo haber cotizado 30), a lo que se une un singular sistema de cotización que penaliza a los trabajadores con sueldos más bajos y del que resultan pensiones medias más reducidas que las del sistema general, según los sindicatos.Restringir las jubilaciones anticipadasMuchos, incluso, han podido tomar la decisión para evitar que se les pudiera cerrar la puerta en el futuro.La propuesta de reforma de las pensiones que el Ministerio de Empleo remitió al Pacto de Toledo el pasado mes de diciembre instaba a la comisión parlamentaria a valorar si, en el actual momento de dificultades económicas, se debía permitir que los empleados públicos se jubilasen anticipadamente de manera voluntaria.Empleo recordaba a sus señorías el elevado coste que supondría para las ya castigadas arcas del Estado y de la Seguridad Social autorizar esta medida.Los datos, como mínimo, avalan el debate. En un contexto de congelación de los salarios públicos y las ofertas públicas de empleo, la única rúbrica de los gastos de personal de la Administración del Estado que continúa creciendo es la referente a las prestaciones del sistema.A mes de agosto de 2013, últimos datos disponibles, ese capítulo crecía un 5,8% nada menos, generando un sobrecoste a las arcas estatales de 414 millones de euros, que Hacienda atribuye "al aumento neto del colectivo de pensionistas y al incremento del 1% de las pensiones.

A día de hoy, los único empleados públicos que pueden jubilarse anticipadamente de manera voluntaria son los que están enmarcados en el Régimen de Clases Pasivas.

Sin embargo, la figura de la jubilación anticipada y parcial para el conjunto de los empleados públicos sí que está reconocida en el Estatuto Básico de la Función Pública, aprobado hace ya cinco años, y únicamente está pendiente de su desarrollo reglamentario.Es aquí donde el Gobierno quiere centrar el debate. Consciente de las dificultades que tendría retirar ese derecho a quienes ya lo disfrutan, su objetivo es evitar que se extienda al resto de empleados públicos que están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

"Habría que valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social, la eventual incidencia de jubilaciones masivas en el sector público o el precedente de aplicación de fórmulas similares, respecto de otras figuras como la jubilación parcial", subraya el documento.