Caso "Injurias al Gobierno-PSUC"

FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Al juzgado de instrucción al que por turno corresponda:

Yo, Guillermina Rodríguez Mayoral, teniente fiscal de la Audiencia provincial de Barcelona, como mejor quepa en Derecho, DIGO:

PRIMERO.- Que por el presente escrito el Ministerio fiscal viene en ejercer acción penal por un delito contra organismos de la Nación, del artículo 161.1º del texto punitivo.

SEGUNDO.- Así mismo, el Ministerio fiscal ejerce en nombre de los perjudicados, en este caso el Excmo. Sr. Don Marco Janer Gámez, Ministro de Economía e Industria y el Excmo. Sr. Don Alejandro Estrada Ortiz de Landázuri, Ministro de Sanidad y Consumo, la acción civil que de este delito deriva, salva siempre su facultad para renunciar o reservarse la acción.

TERCERO.- Que esta querella se dirige contra Pasqual Prim i Roig.

CUARTO.- Que los juzgados de esta localidad son los competentes para conocer de esta causa, puesto que el querellado no goza de fuero alguno, conocido por este Ministerio Fiscal, aunque existe la posibilidad de que ostente la condición de diputado por el Parlamento de Cataluña. Por demás los hechos acaecieron en este partido judicial.

QUINTO.- Que los hechos son los que siguen:

A.- Que, con ocasión de un debate público ocasionado a raíz de la publicación de una noticia en un medio de comunicación, el querellado hizo una valoración sobre un comentario previo del Excmo. Sr. Don Marco Janer Gámez, Ministro de Economía e Industria, dicha valoración contenía dos expresiones que atentan contra la dignidad y honor del Ministro. [1]

B.- Que, posteriormente y casi a renglón seguido, en el curso de otro debate público realizado a raíz de la publicación de un informe del Banco de España, el querellado volvió a proferir una expresión similar contra el Excmo. Sr. Don Alejandro Estrada Ortiz de Landázuri, Ministro de Sanidad y Consumo, relacionándolo con el comentario injurioso que había dirigido contra el Excmo. Sr. Ministro de Economía e Industria, con anterioridad. [2]

C.- Que, dichas expresiones fueron proferidas mediante publicidad.

SEXTO.- Que de esta relación de los hechos se deduce claramente que concurren los elementos de un delito contra organismos de la Nación, del artículo 161.1º:

A.- La palabra "tonto" e "ignorante" referida contra un miembro del Consejo de Ministros constituye una injuria grave, por reiterativa y hecha con publicidad. Además el hecho de calificar al Excmo. Sr. Ministro de Economía e Industria de "hombre de partido", en el argot propio de la clase política española, desmerece los méritos y capacidades que pudiera tener S.E. para ocupar la cartera ministerial, lo que no hace si no redundar en las injurias contra el Gobierno.

B.- No contento con ello, vuelve a reiterar sus injurias contra el Gobierno, ampliándolas al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo, calificándolo de "segundo más tonto del gobierno", en referencia clara a las injurias que minutos antes había vertido contra el Excmo. Sr. Ministro de Economía e Industria. Esta segunda declaración refuerza la idea de que las injurias se han cometido contra el Gobierno, al haber sido proferidas contra dos de sus miembros, y de forma grave, ya que se han repetido en varias ocasiones en un muy breve lapso de tiempo y con publicidad.

SÉPTIMO.- Que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

OCTAVO.- Que el bien jurídico protegido por esta acción es el honor del Gobierno de la Nación, lo que ruego tenga en cuenta el Tribunal al valorar los hechos.

NOVENO.- Para la comprobación de los hechos, se interesa se practiquen las siguientes diligencias de investigación:

A.- Recibir a declarar a los perjudicados, advirtiéndoles que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente, les permite declarar por escrito, dada su condición de Ministros del Gobierno.

B.- Requerir a algunos de los presentes en los debates públicos en el transcurso de los cuáles se produjeron las injurias para que ratifiquen que los hechos son los expuestos en la querella.

C.- Requerir a la Mesa del Parlamento de Cataluña certificado de que el Sr. Don Pasqual Prim i Roig, goza o no, de la condición de diputado de dicha Asamblea Legislativa, para determinar su posible condición de aforado.

D.- Recibir a declarar a Sr. D. Pasqual Prim i Roig, en calidad de querellado.

DÉCIMO.- Que para el aseguramiento de las personas y de las cosas, proponemos las siguientes medidas cautelares:

A.- Respecto a la personas del querellado, habida cuenta la notoriedad de los hechos y las penas que pudieran imponérsele, se solicita se decrete prisión provisional eludible bajo fianza de 80.000 pesetas.

B.- Respecto a sus responsabilidades pecuniarias, solicitamos que garanticen la responsabilidad civil que se podrían imponer con fianza de 200.000 pesetas.

Y por todo lo dicho, SUPLICO: tenga por presentada esta querella y abra el proceso correspondiente, sirviéndose acordar las diligencias de investigación y las medidas cautelares solicitadas y en su día abra juicio oral donde se condene al querellado a la pena que en Derecho proceda.

Guillermina Rodríguez Mayoral

OTROSÍ DIGO: Habida cuenta que los delitos querellados ofenden al Gobierno, SUPLICO: se dé traslado de la querella a la Abogacía del Estado, advirtiéndoles que les asiste derecho a mostrarse parte en la causa.

Guillermina Rodríguez Mayoral

Manuel G. Tremps escribió:

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Se solicita a la Mesa del Parlament de Catalunya el conocer si Don Pasqual Prim figura como miembro de esta cámara como diputado autonómico.

Juez-Magistrado Albert Miralles Tello