Recurso de Inconstitucionalidad 1/1982 (Estatuto de Autonomía Vasco)

ESCRITO DE PERSONACIÓN

Don Alfonso Núñez de Letona, Abogado del Estado, título que debidamente acredito, ante el Tribunal Constitucional comparezco y como mejor proceda en Derecho

DIGO

que habiéndose dado traslado a esta parte de Recurso de Inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el presente escrito me persono como representante procesal del Reino de España, parte litigante en el Proceso del que se trata, de acuerdo a los preceptos de la Ley Orgánica 17/1980, de 1 de diciembre, del Tribunal Constitucional, para que así conste a todos los efectos. En su virtud,

SOLICITO DEL TRIBUNAL

que teniendo por presentado este escrito lo admita y tenga por comunicado en tiempo y forma.

En Madrid a tantos de tantos.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ESCRITO DE PERSONACIÓN

Don Carlos Bernad Vallès, Fiscal, condición que debidamente acredita, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor proceda en Derecho

DICE

Que habiéndose dado traslado a esta parte de Recurso de Inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el presente escrito manifiesta desistimiento de la personación en el Procedimiento indicado. Por ello, el Ministerio Fiscal

SUPLICA

al Tribunal que se sirva a admitir el presente escrito en tiempo y forma.

Es Justicia que solicita en Madrid a tantos de tantos.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Spoiler:

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Alejandro Trillo-Figueroa i Lleida

Con la Venia, señoría:

En primer lugar, quisiera agradecer el honor que supone para mí, en calidad de letrado de la ilustrisima Generalitat de Cataluña, realizar la primera intervención en este primer caso que examina este augusto tribunal tras su reciente constitución.

Ante el mismo comparezco y, como mejor proceda en Derecho, digo que es de interés de esta parte no sólo explicar en breves líneas, al estimar su meridiana claridad, la motivación e intencionalidad de este recurso, sino también defender la admisibilidad del mismo frente a alegaciones que pudieran realizarse a éste respecto, causadas por una deficiente interpretación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Subsiguientemente, como mejor proceda en Derecho

DIGO

PRIMERO.- Que el Recurso de Inconstitucionalidad formulado por la parte que represento contra el Estatuto de Autonomía del País Vasco (de ahora en adelante EAPV) es perfecta y completamente legítimo, según reconoce la Constitución Española. Ello se entiende con respecto a la parte litigante y la fecha de presentación del recurso, como procederé a demostrar a continuación.

SEGUNDO.- Que, a este respecto, caben a delimitar la legitimidad del Govern de la Generalitat de Cataluña como recurrente del EAPV en base al artículo 162.1 de la Constitución Española, que claramente establece que " Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas". De ello se desprende, y sin necesidad de acudir a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en ningún caso puede contradecir la Constitución por evidente aplicación del principio de jerarquía normativa, que el Govern de la Generalitat de Cataluña, como órgano colegiado ejecutivo de una Comunidad Autónoma, tiene plena legitimidad para interponer recurso de inconstitucionalidad sin ningún tipo de restricción, como establece claramente el citado articulo de nuestra Carta Magna. Así pues, y entendiendo la lógica sumisión de la Ley, Orgánica en este caso, a la Constitución, se entiende que ninguna disposición de la Ley del Tribunal Constitucional (LOTC de ahora en adelante) puede restringir ni contravenir lo dispuesto en el propio texto constitucional, lo cual hace ilícita la deslegitimación de la parte actora en atención a lo establecido en el articulo 32 de la dicha LOTC.

TERCERO.- Asimismo, y aún ateniéndonos al tenor literal del articulo 32 de la LOTC, el Govern de la Generalitat de Cataluña seguiría estando legitimado para interponer el presente recurso de inconstitucionalidad al entenderse indirectamente afectado a su ámbito de autonomía, al ser la norma recurrida integrante del bloque de constitucionalidad y constitutiva de un ente territorial político-administrativo del estado español con el que la Generalitat de Cataluña ha de relacionarse necesariamente en el ejercicio de sus competencias constitucionales, particularmente de la fiscal, que es la que en mayor medida se impugna en el presente recurso. Cabe además extraer de este considerando un segundo motivo de afectación por parte de la comunidad autónoma catalana, ya que del vaciado estatutario de un precepto constitucional (la Disposición Adicional Primera, concretamente) se produce una vulneración del principio de seguridad jurídica, lo cual perjudica gravemente al conjunto del ordenamiento jurídico español, en todos sus niveles, al violarse impunemente la cúspide del mismo, que es la Constitución. Así pues, recordando además lo temprano del desarrollo del marco constitucional, ha de comprenderse la poca conveniencia de admitir, a estos niveles, semejantes antinomias en el ordenamiento del Estado, por lo que se puede afirmar que existe un interés colectivo de las instituciones catalanas en preservar y mantener la pureza de nuestro corpus legal, conforme a los principios recogidos en su norma suprema.

CUARTO.- En lo referente al tiempo de presentación del recurso de inconstitucionalidad, se entiende formulado a tiempo según lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda de la LOTC, que establece que "Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conflicto constitucional comenzarán a contarse desde el día en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposición transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos". Si tenemos presente el escaso transcurso de un mes desde la constitución de este tribunal y la presentación de este recurso, se entiende el mismo presentado en el tiempo legalmente prescrito, al no haber transcurrido el plazo de un año estipulado en el artículo 33 de la mencionada LOTC a tal efecto.
Cierto es que el Tribunal Constitucional, por incapacidad o desidia del legislador estatal, no pudo cumplir en tiempo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la LOTC, referida a la Constitución del primer Tribunal Constitucional, pero ello no puede ser óbice para una pretensión interesada de denegación de la legitimidad a la parte actora en base a tal causa, al entenderse producida por la propia torpeza del legislador estatal. Por esta razón, y aplicando el principio jurídico de "reductio ad absurdum", no puede pretenderse vaciar de contenido la Disposición Transitoria Segunda de la LOTC en base a una aplicación defectuosa de la Disposición Transitoria Primera de la misma norma, ya que ello redundaría en una desprotección total e inconstitucional de la ciudadanía ante leyes inconstitucionales dictadas tras la promulgación de la Constitución pero exentas de control constitucional al haberse agotado el plazo de presentación de recurso contra las mismas por no haberse constituido el órgano que debía conocer los mismos. Evidente es, por consecuencia, la plena vigencia y aplicabilidad de la Disposición Transitoria Segunda de la LOTC al presente recurso, pues lo contrario supondría una reducción al absurdo de esa disposición, cosa jurídicamente reprobable.

QUINTO.- Que la motivación fundamental de la presentación de este recurso de Inconstitucionalidad contra el EAPV es el vaciado de contenido y subsiguiente inaplicación de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, en el ámbito de los territorios históricos forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, así como del de Navarra, en el caso de éste decidiera incorporarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Dicha inaplicación de la DAI de la Constitución supone una merma competencial de los territorios históricos forales, que son según el texto literal de la disposición únicos depositarios de los derechos históricos que legitiman la gestión, fijación y recolección impositiva en el marco del régimen de Concierto Económico. Es por ello por lo que no puede entenderse la atribución que el Estatuto realiza de estas competencias al Parlamento Vasco en sus artículos 40.2 y 41. Por idénticos motivos, se impugnan también los articulos 3 y 4 del Estatuto de Autonomía, entendiéndose incompatibles con el régimen foral de los territorios históricos vascos.

Por consiguiente, y sin desear repetirme innecesariamente a lo ya expuesto en el propio recurso de inconstitucionalidad, me limito en lo restante a referirme a su contenido, que es suficientemente claro y preciso por sí mismo como para necesitar aclaración adicional a la ya formulada.

Muchas Gracias.

Alfonso Núñez de Letona

Con la venia, Señoría.

No quiero comenzar mi exposición sin, en la línea de mi ilustre colega letrado, congratularme por tener el honor de intervenir en esta primera vista de la historia del Tribunal Constitucional de España, que comparto con mis muy respetados litigantes y el excelso Tribunal que hoy nos escucha.

Bien, entrando en materia, y desde la sorpresa que me ha producido el desistimiento del Ministerio Fiscal en la fase de personación, quiero plantear al Tribunal, antes de rebatir con gusto los argumentos constitucionales de la parte actora, dos motivos que conducen a la inadmisibilidad del Recurso que nos ocupa y que con la venia del Tribunal procedo a exponer a la Sala.

Este Abogado del Estado entiende que debe solicitar la inadmisión del Recurso de inconstitucionalidad por vulnerar éste el artículo 32 de la Ley Orgánica 17/1980, de 1 de diciembre, del Tribunal Constitucional (en adelante y con la venia del Tribunal, LOTC). La vulneración concurre, a juicio de esta Abogacía, en que la legitimación del punto 2 del citado artículo se extiende a los órganos colegiados de gobierno y las Asambleas Legislativas sólo para las leyes del Estado que a esa Comunidad Autónoma sean de aplicación. Al tenor literal de la Ley, ha de entenderse -y así lo hacemos- que una Comunidad Autónoma -ya sea su consejo de Gobierno o su Asamblea- no está legitimada para interponer un Recurso de inconstitucionalidad contra una norma que no afecta a su propio ámbito de autonomía, como es el caso presente.

Así, entendemos -y esperamos que el Tribunal comparta este entendimiento- que los sujetos con reconocida legitimidad, a la luz de la LOTC, para presentar un Recurso contra el Estatuto de Autonomía de País Vasco (en adelante EAPV) son el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo –órgano este, por desgracia, no funcional por el momento–, 50 Diputados, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco o el Parlamento Vasco. En ningún caso, acudiendo a los preceptos constitucionales o a la LOTC, se puede entender legitimación para este género de recurso a una Comunidad que en nada ve afectado su ámbito de actuación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del EAPV.

A mayor abundamiento, existe como decía al inicio un segundo motivo alegable. Esta Abogacía interesa también la inadmisión del Recurso por encontrarse fuera del plazo previsto por el artículo treinta y tres de la LOTC, que estipula que “el recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado”. En el propio Recurso la parte actora establece el 20 de julio de 1980 como fecha de publicación del EAPV en el Boletín Oficial del Estado; y este Abogado, sin tener constancia de la fecha de presentación del escrito, asume que por cuestiones obvias fue posterior al 1 de enero de 1982, por lo que a todas luces el plazo de un año está superado.

La Abogacía del Estado, Señoría, entiende que las circunstancias políticas y legislativas han retrasado la puesta en funcionamiento del Tribunal, pero que en modo alguno esa coyuntura puede suponer una vulneración de los preceptos procesales establecidos por la Ley. Una incidencia de este género es a todas luces imputable a la poca agilidad del Poder Legislativo, pero no por ello debe poner en solfa la solidez del procedimiento judicial de máxima importancia, como es el constitucional. La caducidad de la acción del Recurso es, por tanto, razón de inadmisibilidad que alegamos.

De modo que, con la venia del Tribunal, el Abogado del Estado solicita a la Sala la inadmisión que procede en atención a los incumplimientos que encontramos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que nos rige procesalmente, y más concretamente a los antecitados artículos 32 y 33.

Muchas gracias.

Alejandro Trillo-Figueroa i Lleida

Con la venia, señoría.

Seré en breve en mi réplica al alegato a mi compañero del Estado, quien sin aparentar haber escuchado mis anteriores palabras ha insistido en emplear un argumentario enlatado y errado para procurar la inadmisión del recurso que, en nombre del Govern de la Generalitat, defiendo ante este tribunal. Tal cosa la afirmo por cuanto el señor abogado del estado, lejos de tratar de rebatir las motivaciones sobre la oportunidad y perfecta admisibilidad del presente recurso, se ha limitado a afirmar, una por una, las causas de inadmisibilidad que en mi primera intervención he desmentido al completo. Por tal motivo, y en tanto este letrado odia repetirse a sí mismo con diferentes palabras para volver a afirmar tal cual lo que ya ha dicho anteriormente, porque no hay cosa más ingrata que plagiarse a uno mismo, no cabe más que a remitir a Sus Señorías a los dichos argumentos, confiando en que encuentren en ellos las motivaciones precisas para descalificar y desautorizar el contenido de la intervención de mi compañero de la parte rival.

Asimismo, y visto que en ningún momento la parte contraria intenta rebatir las argumentaciones expuestas sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía del País Vasco, entendemos que éstas se admiten como válidas por aquella, asumiendo la torpeza inexcusable tanto del estatuyente como del legislador estatal a la hora de redactar y de tramitar el proyecto, que tiende a adulterar una disposición constitucional para aumentar artificialmente el margen de autonomía de las instituciones autonómicas de la Comunidad Autónoma Vasca, limitado en el Título VIII de la Constitución.

En otro orden de cosas, quisiera hacer una pequeña corrección detectada sobre la marcha en el repaso al texto del recurso, referente a la corrección del plazo que en éste se señala para interponerlo ante este tribunal, que es de un año y no de tres meses, como claramente señala la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ruego disculpas por dicho lapsus, que ha de entenderse cometido debido a las prisas y al lógico error humano del mecanógrafo a la hora de redactar el recurso.

Sin más que decir al tenor de este debate, cedo la palabra.

Muchas gracias, señorías.

Alfonso Núñez de Letona

Con la venia de la Sala.

No es mi intención en este turno de cierre, reiterar a VV.SSª. lo que el Gobierno de la Nación, mediante este, su abogado, ya ha expuesto acerca de las causas por las cuáles considera que el Recurso de Inconstitucionalidad planteado por la Generalidad de Cataluña es en todo punto extemporáneo e ilegítimo, además de no considerar suficientemente expuestas y probadas las razones que han llevado a dicho Gobierno a plantear este Recurso, más allá de una vaga defensa de la legalidad, que, visto el desistimiento del Ministerio Fiscal, nos demuestra que no debe defenderse la legalidad hoy, puesto que no ha sido atacada por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, tal y como pretende hacer creer al tribunal la parte actora.

Brevemente no quiero dejar de insistir en que el Recurso de Inconstitucionalidad planteado, está viciado gravemente en cuanto a su forma, y por ende, nos sorprendería su admisión a trámite. El Gobierno de la Generalidad no está legitimado para hallarse hoy aquí, en base al artículo 32.2 de la Ley Orgánica 17/1980, de 1 de diciembre, del Tribunal Constitucional. Por más que la parte actora halla planteado una "supuesta" inconstitucionalidad de la misma, el tenor literal de la redacción de dicho artículo no deja lugar a dudas. Sólo los órganos colegiados de gobierno y las Asambleas Legislativas de la Comunidad Autónoma en que la ley del Estado sea de aplicación, puede plantear Recurso ante la jurisdicción constitucional. Invitamos a la parte actora a que plantee Recurso de Inconstitucionalidad contra la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, si entiende que esta no se adecua a la Carta Magna, tal y como se desprende de su argumentación.

En cuanto a la cuestión de fondo planteada por la parte actora, la Disposición Adicional Primera remite al marco que establezcan los propios Estatutos de Autonomía, con respecto a la defensa de los territorios históricos forales. Habiendo sido aprobado el Estatuto recurrido según los procedimientos legales y con la necesaria legitimación, no podemos entrar a valorar si la regulación que hace de sus propios derechos históricos es adecuada o no, en tanto la Constitución deja al arbitrio de cada Estatuto, y por tanto de cada Consejo de Gobierno y Asamblea Legislativa, regular el marco que consideren más apropiado para la defensa de sus derechos territoriales históricos, y más importante aún, para su actualización. Que no es si no lo que ha hecho el Consejo de Gobierno y el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. Actualizar, amparados en la propia Disposición Adicional Primera de la Constitución, sus derechos forales.

De modo que, con la venia de la Sala, el Abogado del Estado reitera su solicitud al Tribunal de que inadmita el Recurso planteado por los defectos de forma y fondo que ya han sido expuestos.

Muchas gracias.

Alejandro Trillo-Figueroa i Lleida

Señorías.

Nuevamente insiste mi compañero Abogado del Estado en reiterar unas argumentaciones que ya en mi primera intervención desmentí tajantemente, esclareciendo la total adecuación del recurso planteado en tiempo, forma y contenido para el conocimiento por parte de este augusto tribunal. Nuevamente, no creemos necesario extendernos en las explicaciones oportunas, de modo que intentaremos ser breves y concisos.

En primer lugar, quisieramos volver a hacer notar que el recurso interpuesto por la Generalitat fue presentado impecablemente en el tiempo legalmente previsto, que es el que dispone la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Tribunal Constitucional, que establace que el plazo para poder recurrir aquellas disposiciones legales promulgadas con anterioridad a la formación de este tribunal podrán ser recurridas en el plazo de un año a contar desde la constitución formal del mismo. Tal cosa es la que, en todo momento, ha realizado la Generalitat, en cumplimiento estricto con la legalidad vigente, y sin que a este respecto pueda hacerse petición desestimatoria alguna que resulte procedente.

Del mismo modo, la Generalitat vuelve a proclamar su total legitimación para poder interponer este recurso de inconstitucionalidad, a tenor del artículo 162.1 de la Constitución Española, que en aplicación del principio de jerarquía normativa resulta en todo momento prevalente a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por ello, es esta ley la que ha de ser interpretada de conformidad con aquella, y no al revés, al no poder una disposición con fuerza legal oponerse o desvirtuar en modo alguno un precepto de rango constitucional. Todo ello sin perjuicio de que la propia Generalitat, o cualquier otro legitimado para ello, pudiera interponer recurso de inconstitucionalidad en torno a esta cuestión, o que este excelso tribunal se plantease ante si mismo cuestión de inconstitucionalidad sobre la materia. En todo caso, insisto una última vez en el resto de criterios expuestos en mi primera intervención, acerca de la legitimación de la Generalitat en la presentación de este recurso, de conformidad con el articulo 32.2 LOTC. Dichos argumentos pueden resumirse en la afectación de la comunidad autónoma catalana por las disposiciones impugnadas de una norma legal integrante del bloque de la constitucionalidad, que instituye una administración territorial con la cual la catalana ha de relacionarse necesariamente en torno a un marco jurídico definido, en primer lugar, por la Constitución y los Estatutos de Autonomía de ambas comunidades. Asimismo, se ha de tener en cuenta la ya comentada vulneración de la inconstitucionalidad de las recurridas disposiciones del Estatuto de Autonomía del País Vasco del principio de seguridad jurídica enunciado por la propia Constitución, de lo cual la Generalitat de Cataluña se considera indirectamente afectada. Por último, disentimos completamente de la interpretación del artículo 32.2 realizada por el Abogado del Estado, que pretende imputar a dicho artículo una significación que no tiene, ya que una norma legal no tiene por qué afectar directamente a una comunidad autónoma para que a ésta la afecte, pues variadas son las circunstancias que pude hacer que la dicha CCAA se vea perjudicada en algún momento por dicha disposición legal en su normal relación con el resto de instituciones del Estado.

Y, en conclusión, no podemos sino seguir disintiendo del enfoque que la Abogacía del Estado hace del contenido de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que en absoluto se ciñe al tenor literal de la misma, sino que pretende justificar su propio vaciado en la supuesta atribución que ésta hace a la actualización general de los derechos históricos de los territorios forales en el marco de los Estatutos de Autonomía, cosa que en ningún momento puede confundirse con la atribución a las instituciones comunes de las comunidades autónomas de las competencias propias de los territorios forales. Ésa es la motivación esencial de la mayor parte del recurso, que esperamos sea apreciado y tenido en consideración por sus señorías.

Sin otro particular, cedo la palabra, con plena confianza de que este sabio tribunal sabrá enjuiciar con sapiencia el pleito ante él sostenido.

Moltes gràcies.