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EXPERTOS TEMEN QUE LA MEDIDA TENGA EFECTOS INFLACIONISTAS Y AGRAVE LA CAÍDA DEL PIB Y EL DESEMPLEO
EL GOBIERNO VASCO QUIERE REDUCIR SU TRAMO DEL I.R.P.F.

El gobierno de Íñigo Basagoiti planta cara al I.R.P.F. El Lehendakari defendió ayer en el parlamento vasco el proyecto de Ley de reforma del tramo autonómico del citado impuesto en el territorio de su comunidad.

En palabras de Basagoiti, el I.R.P.F. «lastra la economía y el consumo», y lo acusa de «sustraer a los trabajadores» el dinero que ganan «con su sudor». Por ello, defendió su reforma como una «subida de salarios».

Para el dirigente popular, la medida está dirigida a «ofrecer mejores condiciones de vida para las clases medias y trabajadoras», y defendió que la reducción «ha demostrado dar sus frutos en cuento a la creación de puestos de trabajo».

Críticas de la oposición

El portavoz de Herri Batasuna en el parlamento vasco, Beñat Zarate, habló sin tapujos de una reducción del impuesto «injusta», arguyendo que «no es lo mismo un 5 por cien para una persona que ingresa un millón de pesetas al año que un 4,5 por cien para alguien que ingresa más de cincuenta millones». También reprochó a Basagoiti que hablara de «subidas de sueldo» cuando se trata de «reducciones de aportación» a las arcas públicas. Por todo ello el político abertzale anunció que su grupo votaría en contra.

Por su parte, David Ansotegui, responsable de economía del Partido Nacionalista Vasco, manifestó fuera de la sesión parlamentaria que esta propuesta es consecuencia de que el presupuesto que dedica el gobierno vasco a la industria es «insuficiente». Para Ansotegui es vital adoptar «una actitud en favor del progreso industrial», pero sostiene que el Ejecutivo de Basagoiti está «muy limitado por la política de partido».

Hasta el momento no se ha manifestado el Partido Socialista de Euskadi, aunque es de prever que lo haga en las próximas sesiones parlamentarias y que lo haga en sentido negativo, al igual que HB y PNV, aunque este último tampoco ha tomado la palabra en el parlamento. También han de expresarse los representantes de Falange y de Democracia Nacional.

Cinco puntos menos

La reforma dejaría exento del citado tramo del impuesto a las rentas inferiores a cinco millones de pesetas, y reduciría los demás tipos de forma significativa: entre los 4'5 puntos del tramo más alto y 7'5 puntos del tramo más bajo, exceptuando los dos ya indicados que quedarían exentos.

Con esta reforma, quienes obtengan ingresos entre cinco y 9'2 millones de pesetas tributarán al uno por ciento, en vez de al 8'5 como hasta ahora; los que ingresen hasta veinte millones de pesetas pasarán de tributar al 10'5 por ciento a hacerlo al cuatro; al seis por ciento tributarán los que ganen entre 20 y 30 millones; al ocho por ciento quienes ingresen entre 30 y 50 millones, y al diez los que obtengan más de 50 millones de pesetas al año

La medida implicará una reducción promedio del tipo impositivo de casi 5,4 puntos, pasando del 9'5 al 4'1 por ciento.


Los expertos temen por las consecuencias

Expertos en macroeconomía consultados por DIARIO 16 no ponen en duda la bonanza de la medida si se dan las condiciones adecuadas, pero advierten de que la reducción de impuestos incrementará el poder adquisitivo a corto plazo, lo que puede provocar una fuerte subida de la demanda y por tanto de la inflación, algo que en el contexto actual puede agravar la caída del P.I.B. autonómico y del desempleo; este hecho puede contagiarse a otras comunidades al ser el País Vasco uno de los motores económicos del país.

Además, la reducción del tramo impositivo a más de la mitad implicará una fuerte merma en los ingresos de la comunidad por esta vía: hay que tener en cuenta que las rentas más habituales, que son las que ingresan menos de cinco millones de pesetas al año, dejarán de contribuir directamente a las arcas autonómicas. Un déficit presupuestario provocado por la caída de ingresos, dice un experto, probablemente sea atacada a través de recortes en el gasto social.

Aprobación prácticamente garantizada

Nuestro analista político, Luis Javier de Sostres, sostiene que la aprobación de la medida está «prácticamente garantizada». El gobierno vasco cuenta con los 34 escaños del grupo parlamentario popular, y necesita que dos diputados no voten en contra para que la ley sea aprobada.

Por tanto, al gobierno de Basagoiti le basta que FE-JONS y DN se abstengan o bien apoyen el texto, aunque Sostres cree que si PP y PNV negocian una enmienda o una propuesta paralela para favorecer la industria local, los nacionalistas podrían darle su apoyo. En todo caso, para Sostres este escenario es «muy remoto, debido a la fuerte dependencia que Basagoiti tiene de lo que se dice en la sede nacional del PP». «No es un problema de Basagoiti, sino una consecuencia de la política de partido de los populares», concluye Sostres.