Más de 200 cargos imputados y protegidos en solo cinco comunidades.

La Constitución y el resto de leyes y reglamentos les amparan. Y, bajo el manto de legalidad, los partidos dejan en manos de su discrecional ética el mantenerlos en sus organizaciones, pero también en instituciones de las que cobran un sueldo público. Los cargos políticos implicados en causas de corrupción suman más de 200 en solo cinco comunidades y evaluando únicamente los casos más destacados.

Políticos acusados de corrupción ocupan o han ocupado puestos en parlamentos y administraciones autonómicas, instituciones provinciales y corporaciones locales. Entre los analizados, la mayoría de ellos (113) son de la administración autonómica ya que en solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas prácticas.

No tienen un solo color político, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que también en Baleares los cargos populares salpicados por la corrupción alcanzan casi el medio centenar, pese a que la mayoría de ellos ya no cobra un sueldo público. Aún así, existe otro medio centenar de cargos del PP implicados en casos de otras comunidades. En Murcia, casos como el de la propia capital como los de Torre Pacheco y Totana elevan el número de populares salpicados por corrupción.

Por detrás, se sitúa la extinguida Unió Mallorquina, con cerca de 40 implicados. La tercera fuera política en el terrible ranking de la corrupción es el PSOE que, junto a los cargos del PSC imputados, supera la treintena. Al margen de Cataluña, Andalucía es la comunidad en la que hay más políticos socialistas implicados en casos de corrupción, comunidad en la que también se pueden encontrar concejales y alcaldes de IU que incluso ya han sido condenados.

También son numerosos los cargos públicos afiliados a partidos independientes que han acabado formando parte de un sumario. Ocurrió con el GIL en Marbella.
El origen de los casos más sangrantes es también de lo más diversa, aunque comunidades como la valenciana, Baleares, Andalucía, Cataluña y Galicia están especialmente señaladas. También en Madrid, uno de los mayores escándalos de la democracia, el caso Gürtel, salpicó el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre y cuatro ayuntamientos de los que ya han salido los implicados que, años después de que se destapara la trama corrupta, aún están siendo investigados.

Pero las islas son especialmente atractivas y solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias.La presunción de inocencia, la lentitud de la justicia para resolver la mayoría de los casos y el carácter personal de las actas (que no pueden ser reclamadas por los partidos pese a que el español es un sistema de listas cerradas) posibilitan que sigan siendo representantes públicos, representantes de ciudadanos, hasta que una sentencia firme les inhabilite.

Por ejemplo, pese a la extensa y, en algunos casos antigua, lista de presuntos corruptos de Baleares, solo hay cuatro políticos en la cárcel (3 del PP y uno de UM). Y las sentencias condenatorias apenas suman la veintena entre las seis comunidades más señaladas y los casos analizados, incluidos los indultos.

La lucha contra la corrupción y la tolerancia cero a favores, comisiones y prebendas están en el discurso de todos los partidos. Se aprobaron y enarbolaron códigos éticos que se incumplieron sistemáticamente y la presencia de imputados, incluso condenados, en las filas de un partido se ha mantenido porque tampoco provoca, en la mayoría de las ocasiones, un castigo electoral. De hecho, una encuesta del CIS de 2011 desveló que el PP era percibido por los ciudadanos como el partido más implicado en casos de corrupción y meses más tarde obtuvo una rotunda mayoría absoluta.
El último gesto en el Congreso contó con el apoyo del PP, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, ante una iniciativa de este último partido que exigía “cuanto antes” acometer las reformas legales necesarias para que la acusación formal por un delito relacionado con la corrupción fuera causa de inelegibilidad e incompatibilidad. Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisión a un imputado o incluso procesado a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunción de inocencia y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Otra posibilidad sería un método con el que dictar una suspensión cautelar del cargo público, como se realiza en los partidos o para los funcionarios, incluidos los jueces, aunque eso supondría profundos cambios en la ley electoral. Y hay maneras intermedias, como la de la expulsión del partido o el grupo al que pertenecen los encausados o su arrinconamiento político, que no siempre se llevan a cabo y que demuestran que, dependiendo de quién y dónde, existe una doble vara de medir. Solo se ve la paja en ojo ajeno

El caso es que la corrupción está estancada en las instituciones y que, en un plazo de seis meses, se verá adónde ha llegado este estudio y análisis de las reformas legales para que, al menos, los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos. ¿Será bastante?.

Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel 2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel. 3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa. 4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental 5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho. 6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa. 7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión. 8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística. 9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla. 10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia 11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta 12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta.

13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos. 14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei 15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya 16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios 17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios. 18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas 19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas) 20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación 21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación 22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios 23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.

24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios 25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid 26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios 27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios 28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios 29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal. 30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra 31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio. 32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación 33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios 34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios 35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio 36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal.37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación 38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación 39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación 40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación 41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias 42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio 43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas 44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias 46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc. 47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral.

48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular 49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental 50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación 51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación 52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación 53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación 54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación 55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias 56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena 57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos 58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas 59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos 60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación 61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación.

¿Qué hay que pensar? Tan sencillo como echarlos y ya una vez fuera toda la presunción de inocencia que quieran. Cuando se demuestre su inocencia se les vuelve a readmitir y listo. ¿Por qué a estos políticos mediocres y de pacotilla que tenemos hay que tratarlos de distinta manera que a cualquier otro trabajador? Y digo trabajador con la boca chiquita, porque trabajar trabajan poco. Se sospecha en mi empresa que me he llevado unos dineritos de la misma y no tienen miramientos con mi presunción de inocencia.Y seguirá habiendo cada vez más casos de políticos imputados, mientras en este país siga brillando por su ausencia la transparencia, incluida la propia Ley de Transparencia y, mientras no tengamos una Ley de verdad, no funcionarán los mecanismos de control necesarios en una correcta democracia. Esto dará como resultado más corrupción, más malversaciones, abusos de poder, robos a manos llenas, etc. y el Rey seguirá siendo transparente, para que no veamos lo que hace. .

Mecanismos de control, los que quieras. Pero la presunción de inocencia es sacrosanta. Hacer excepciones a la presunción de inocencia es volver a la Inquisición, a la Cámara estellada, a los juicios de Salem, a las lettres de cachet y a todas las instituciones antiguas que tanto nos indignan.

Esto es lo que pasa cuando los idiotas hablan de política.

Héctor Fernández. escribió:Esto es lo que pasa cuando los idiotas hablan de política.

¿Por qué hablas de política tú entonces?

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