¡Casi 25 millones de euros! Subvenciones millonarias para crear empleo en Cádiz acaban en Bolsa y paraísos fiscales

Subvenciones millonarias destinadas a crear empleo dentro del Plan Bahía Competitiva, puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2007, se esfumaron en operaciones especulativas en la Bolsa o acabaron en sociedades afincadas en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal, según revela ABC.
Ésta es una de las conclusiones que se desprende de una investigación policial que sigue el rastro de casi 25 millones de euros, procedentes del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía, que fueron a parar a un conglomerado de sociedades vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con la única finalidad de captar las subvenciones a través de proyectos fantasma e inviables.
Para acreditar su solvencia, presentaban certificados bancarios, facturas o contratos falsos, que pasaron sin dificultad los controles de la comisión integrada por ambas administraciones y la Diputación de Cádiz (presidida por el socialista Francisco González Cabaña hasta las elecciones municipales del 22 de mayo) para evaluar los proyectos. De hecho, según la Policía, «es en este estamento donde se ha producido el mayor fraude por cuanto desde aquí han partido las evaluaciones que tenía en cuenta la Dirección General de Industria (Ministerio) para conceder las ayudas». Sin embargo, Cabaña, secretario general del PSOE de Cádiz, negó ayer su participación y de la institución «en un proceso irregular de ayudas».
Las empresas investigadas por los delitos de fraude con subvenciones públicas, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales están vinculadas al gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña —quien llegó a crear 50 sociedades— y a las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña. Pero la Policía Nacional, que inicia en junio una investigación a instancias de la Fiscalía de Sevilla, involucra en la trama también a gestores y comisionistas —especializados en tramitar las subvenciones—, funcionarios y altos cargos de la Junta, como el exgerente del plan, Antonio Perales, que fue detenido en diciembre pasado. El detonante fue una denuncia de la Junta.
El informe final de las diligencias realizado por la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, acredita «la existencia de un fraude por medio de creación de sociedades con la única finalidad de solicitar subvenciones fraudulentas». Indagando en las cuentas bancarias, constata «un enriquecimiento ilícito por importe de 21,1 millones», que coincide con las subvenciones que pagó el Ministerio de Industria a cinco sociedades: Cádiz Solar Center SL (11 millones), Soluciones Tecnológicas Ambientales (2,4), Aquandalucía SL (2,1), Sostenibilidad, Ecología, Agua SL (3) y Bagazo SL (2,6). A esta riada de fondos hay que sumarle 3,64 millones concedidos por la Junta a través de su agencia IDEA, el mismo organismo que utilizaba para hacer los pagos irregulares de los ERE fraudulentos.
Fondos de inversión

Los investigadores de la Udyco destacan que una vez que el Ministerio, a través de la Dirección General del Tesoro, realizaba los ingresos en las cuentas de las empresas, éstos se desviaban a otras o salían «por medio de cheques o pagarés». Parte del dinero se evaporó en operaciones especulativas. «Muchas de estas operaciones han consistido en el ingreso de estas cantidades millonarias en fondos de inversión, seguidos de su retirada y reingreso repitiéndose el proceso varias veces», aseguran, lo que habría generado unos pingües «beneficios».
Otros fondos acabaron en un paraíso fiscal. Según la Udyco, «se han realizado unos aparentes pagos a sociedades extranjeras, como el caso de Kelos Investments Sarl, de nacionalidad luxemburguesa, en concepto de obras de edificación». Esta sociedad era puro humo, no existía. Algunas de las empresas están vinculadas a «un conjunto de socios de dudosa reputación por tratarse de sociedades residentes en Luxemburgo», relata el atestado. Abundando en estas pesquisas, «se pone de manifiesto cómo entre los socios se encuentran numerosas sociedades que adoptan la forma de holding» y que «son consideradas como paraíso fiscal en sí mismas».
En suma, se crea una tupida red de empresas tapadera, cuyos titulares tienen vínculos familiares o profesionales entre sí, o se colocan al frente de las mismas a «testaferros» o «personas de paja». Las ayudas formaban parte de un prometedor proyecto impulsado por el Gobierno de Manuel Chaves para frenar el declive económico de la comarca gaditana tras el cierre de la multinacional de automoción Delphi en 2007 en Puerto Real.
El plan estrella se convirtió en un agujero negro para las ayudas. Al frente estaba Antonio Perales, hermano del fallecido Alfonso Perales, dirigente histórico del PSOE-A. La sobrina del gerente del plan y hija del malogrado Alfonso Perales, Ofelia Perales, trabajaba como técnica en una de las firmas subvencionadas ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Una empresa financiada por el consejero andaluz de Empleo desvió 300.000 euros a la que trabajaba su hija
El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004 y hoy dimitido secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, concedió 400.000 euros de ayuda a un empresario de El Pedroso, Eduardo Lora, de la famosa partida «L 31», bautizada como «fondo de reptiles». No fue la única ayuda ni la mayor, según ABC, pero tiene peculiaridades.
La primera, que Lora transfirió poco después 300.000 euros del dinerorecibido a la empresa «Marco de Estudio y Proyección siglo XXI», propiedad de los exconcejales socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, que eran a su vez los jefes de Sonia Viera; por tanto, la subvención directa acabó en la sociedad en la que trabajaba su hija.
A esta empresa, dedicada a la gestión y creación de instalaciones turísticas, habían llegado ya sendas ayudas en julio de 2003 y enero de 2004 por valor de 450.000 euros cada una de forma directa, sin intermediarios, como ya informó ABC.
La segunda peculiaridad es la dificultad para encontrar el rastro de Lora en el desplegable entregado por la Junta de Andalucía a la juez donde se recogen todas las subvenciones otorgadas entre los años 2000 y 2010, objeto de investigación. Sin embargo, según los datos del Registro Mercantil, Lora fue socio de Sayago y Rosendo en al menos dos empresas del conglomerado que montaron estos dos exconcejales socialistas vinculados a la investigación derivada de los ERE, la «trama de la Sierra Norte de Sevilla».
Esta trama se benefició de ayudas directas por valor de 35,2 millones de euros en la época en que fue consejero José Antonio Viera. De esa partida, solo el tándem Sayago-Rosendo acaparó 13.757.483 euros, según el auto de 28 de octubre de 2011 de la juez.
Lora figuraba como presidente y consejero en varias de las sociedades del conglomerado montado por Sayago y Rosendo, pero además aparece como administrador único de otras dos firmas: Distribuciones Eduardo Lora, S. L. y Sociedad de Servicios y Envasados Sierra Norte S. L. La ayuda de 400.000 euros se otorgó supuestamente a una de estas dos empresas y de ahí llegó a «Marco de Estudio y Proyección siglo XXI», en la época en la que trabajaba en ella Sonia Viera (abril de 2003-mayo de 2004). Cuando se destaparon las ayudas otorgadas por su padre a esta empresa por valor de 900.000 euros el consejero alegó que desconocía que se habían otorgado a la sociedad en la que estaba empleada su hija.
Lora, exmarido de la que entonces era pareja sentimenal del consejero Viera, fue además presidente de la almazara de aceite Virgen del Espino de El Pedroso, que recibió 600.000 euros en 2003, con Viera en Empleo. Ambos se dejaron ver juntos en una asamblea de esa cooperativa aceitera, que ha seguido recibiendo dinero de la Junta. En agosto de 2009 se le aprobó una ayuda sociolaboral de 450.000 euros, que se le pagaron en dos plazos, el último un año después.
La UCO de la Guardia Civil abrió una línea de investigación específica en torno al conglomerado de la Sierra Norte a finales de octubre, que ya ha empezado a dar resultados positivos, como el descubrimiento de esta última ayuda con intermediario empresarial y sentimental incluido.
Los investigadores barajan la posibilidad de que quienes la autorizaron conocieran el destino final de la misma, dada la relación que mantenía el beneficiario directo, Eduardo Lora, con los responsables de la sociedad en la que finalmente acabó, por una parte y con quien la autorizó, Viera, por otra. Esta «contaminación» familiar —un cuñado de Viera está en otro de los ERE— ha llamado la atención de los funcionarios policiales.
Para conocer ese y otros detalles en torno a las empresas que recibieron casi catorce millones de euros —la trama de Sierra Norte fue la más beneficiada en ese periodo— los agentes están tomando declaración a todas las personas que aparecen en esos expedientes. Entre el miércoles y ayer estaba previsto que pasaran por dependencias de la Guardia Civil los dos exconcejales socialistas de El Pedroso ya citados y el empresario Eduardo Lora, todos ellos imputados por la juez.
Subrogada y no funcionaria

Por otra parte el sindicato CSIF remitió ayer un comunicado en el que aclaraba que María José R. imputada en la trama como informó ayer ABC, que ratificó el sistema fraudulento en el interrogatorio policial, no era funcionaria sino personal subrogado procedente de la antigua Faffe.

Yo creo que a estas alturas no hay mucho para decir en la Andalucía del PSOE-A.

EREs: la Guardia Civil denuncia la destrucción de pruebas en sedes de la Junta.


La Guardia Civil ha denunciado la destrucción de pruebas de los EREs falsos en la sede de la Consejería de Empleo. Según la investigación, los hechos se produjeron el 21 de noviembre de 2010. El PP ahora acusa al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de haber ordenado la eliminación de cualquier pista o documentación sobre las falsas prejubilaciones.

El número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, anima al consejero de Empleo, Manuel Recio, a reconocer si recibió “órdenes directas” de Griñán. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas”, explica Sanz, tras tildar de “muy importante” que responda Recio para saber la verdad en esta trama que acosa al Gobierno socialista andaluz.

El PP-A también denuncia las órdenes de pago sin expediente valorados en 6,5 millones de euros que conformarían un tercer fondo de reptiles en la Junta de Andalucía. Este informe y análisis económico, fechado el 22 de julio de 2010, elaborado por la Dirección General de Trabajo y al que ha tenido acceso El Confidencial, se denomina Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009.

“Este informe es de suma gravedad puesto que en la Consejería de Empleo, ya en la etapa de Griñán como presidente se reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos”, según Sanz, quien adelantó que este documento que obra en poder de su partido se enviará a la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que se encarga de la investigación del caso de los ERE.

El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, defiende a ultranza la labor del actual director general de Empleo de la Junta, Daniel Rivera, que ha situado "siempre dentro de la legalidad", y ha recalcado que fue la Junta de Andalucía quien impulsó la investigación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos. “Rivera ha actuado con el mejor criterio”, según Recio.

La juez Alaya ya advirtió en el auto del pasado martes que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de “un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios”, lo que “podría generar responsabilidad para España como Estado miembro”. Y añadió el escrito judicial: “Estas ayudas podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad” de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.

La Junta ‘olvida’ los 200 millones de euros en comisiones ilegales de los EREs.




La Junta de Andalucía no reclamará los 200 millones de euros pagados en comisiones ilegales de las pólizas de las compañías Vitalia y Uniter que se hacían con el mismo procedimiento irregular que está investigando la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la trama de los EREs falsos.

Estas comisiones de entre el 15% y 29% estaban vinculadas al fondo de reptiles de 700 millones de euros destapado hace ya un año por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 1999 y 2008. El PP denunció que la Fiscalía reclamaba a un intruso de las jubilaciones fraudulentas la devolución de los 100.000 euros que cobró mientras la Junta le pedía 400.000 euros.

Lo que sí hará el Gobierno andaluz es exigir la devolución de parte de los 65 millones de euros entregados mediante subvenciones directas entre 2000 y 2010. La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, aclara que en realidad se trata de “un trámite” para poder detectar posibles estafas. Hasta ahora la Junta de Andalucía no había contemplado pedir a los empresarios beneficiados por los EREs el dinero de las ayudas directas en este periodo de tiempo que coincide con el que investiga la magistrada Alaya.

La Guardia Civil había calificado como “ilegal” el procedimiento administrativo que dio cobertura a esas subvenciones. La Junta de Andalucía ya exigió a finales de enero que 56 intrusos devolviesen los 2,8 millones que recibieron de las pólizas a pesar de que jamás fueron empleado en las firmas implicadas en el fraude que ha salpicado no sólo a la Consejería de Empleo en la etapa de Chaves, sino a la actual.

Según el PP, el Gobierno autonómico ya está reconociendo de manera implícita que había existido fraude en la gestión de las ayudas. El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, va más allá y reclama responsabilidades políticas a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán. “Ahora se reconoce que las ayudas eran ilegales, cuando se ha negado por activa y por pasiva y ahora se niega el pago de comisiones cuando es una evidencia. Insisto las responsabilidades políticas alcanzan a dos presidentes de la junta el anterior y el actual”, destacó Arenas.

Yan son más de 4.000 las empresas ‘pringadas’ en el saqueo del dinero público andaluz.
Es el cuento de nunca acabar. En la última semana se han destapado nuevos casos de saqueo y despilfarro de dinero público, bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, con la consiguiente indignación de los andaluces. (En la foto, José Antonio Griñán y una de sus consejeras socialistas, comiéndose con los ojos las viandas que hay sobre la mesa).
El presidente José Antonio Griñán, ya admite que le van a pasar factura en las elecciones del 25 de Marzo el caso de los ERE, los fondos de reptiles, las subvenciones fraudulentas, los cargos públicos corruptos y los nuevos casos que la Policía, la Guardia Civil y la Cámara de Cuentas de Andalucía acaban de sacar a la luz.
“Es una cosa terrible que este señor (se refiere al ex director de Trabajo, Javier Guerrero, el del chófer de la coca) utilizase dinero público para sus propias fiestas y francachelas”, ha confesado Griñán en Hora 25 de la Cadena SER hace unos días. A buenas horas.
Estas son las novedades:
- Un nuevo fondo de reptiles, la famosa partida L31, ha sido descubierto. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta entregó 450.000 euros para una “ayuda sociolaboral excepcional” a los 199 trabajadores de la empresa Abantia.
- La Cámara de Cuentas de Andalucía descubría mediante una auditoría del año 2009 otro posible fondo de reptiles: la sociedad Invercaria inyectó un millón de euros a la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, que nunca tuvo actividad ni presentó cuentas.
- La empresa Electronic Devices Manufacturer, en Mancha Real, Jaén, recibió 5 millones de euros en siete meses, 3 de la Consejería de Empleo y el resto de Invercaria.
- El recientemente dimitido secretario general de los socialistas de Sevilla, José Antonio Viera (en la imagen el día de su dimisión), concedió 400.000 euros a un empresario, Eduardo Lora, que a su vez transfirió 300.000 a otra empresa en la que trabajaba Sonia Viera, hija del dimitido.
- La Policía investiga el desvío de 25 millones de euros en subvenciones destinadas a crear empleo dentro del Plan Bahía Competitiva en Cádiz. Los millones se han esfumado en la Bolsa, fondos de inversión y sociedades de Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal.
La investigación policial concluye que esos 25 millones de euros fueron a parar a una trama de sociedades que fueron creadas entre 2008 y 2011 con el único fin de obtener subvenciones a través de proyectos fantasma o sencillamente inviables.
Son más de 4.000 las empresas pringadas en el saqueo del dinero público. Hay de todos los tamaños: grandes, pequeñas, privadas, públicas, de 300 trabajadores y de dos. Las subvenciones falsas oscilan entre los diez millones y los 50.000 euros, como los que recibió una empresa dedicada a la fabricación de quesos y productos cárnicos de un ex alcalde socialista, que cerró al poco tiempo. En todos los casos siempre hay beneficiarios del Partido Socialista, ya sean familiares, amigos, militantes o simpatizantes.
La lista no ha terminado. Entre otras cosas, porque el principal imputado en el caso de los ERE, el tal Guerrero famoso por su chófer, ha amenazado con tirar de la manta.
A lo largo de seis horas de declaración ante la Guardia Civil, confesó que nunca tomó “decisiones personales”, las ayudas y subvenciones que otorgó siempre fueron “codecisiones compartidas”. Y explicó con todo detalle el recorrido de los expedientes, es decir, a qué organismos y quiénes aprobaban finalmente esas subvenciones. Él únicamente “daba cumplimiento a un mandato” para contribuir a “la paz social” solucionando los problemas de “personas, empresas y territorios en crisis.

No me estraña que el pais este en crisis con semejantes mangantes

El PSOE-A da mucho asco. Solo a ese conjunto de perdedores se les ocurre sacar de las listas a Pilar Navarro

Son cosas que pasan cuando juntas subvención con PSOE y más con PSOE-A