Conferencia: La legalización del PSUC, un reto para la democracia

Buenas tardes y gracias por venir.

Hace no mucho el Ministro de Justicia realizó una rueda de prensa en la cual ha hablado del último comunicado de ETA, de la noticia de la existencia hasta la fecha de fuerzas paramilitares y de entrenamiento militar al servicio de la ultraderechista FN y de los últimos movimientos realizados por el Partir Socialista Unificat de Catalunya.
Recientemente varios representantes políticos, pertenecientes al Partido Comunista, al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista de Andalucía y a Unitat del Poble Valencià, presentaban un manifiesto por la legalización del PSUC, entre los cuales me encontraba yo también. A ello el Ministro de Interior respondió con amenazas hacia el Partido Comunista (PCE), debido a mi firma y a la de mi compañero José Trotsky. Amenazas que ya hemos rechazado públicamente pues son inaceptables y que se encuentran totalmente fuera de contexto. El Gobierno se equivoca si cree que el conflicto de la legalización del PSUC se resuelve amenazando al PCE, solo por que nosotros no hemos exigido agresión alguna a los militantes del PCE. La amenaza la tienen en el partido con el que acaban de pactar la estabilidad de Torres, el PLD.

Nosotros, desde el Partido Comunista, hemos apoyado que el Partit Socialista Unificat de Catalunya pueda ser legalizado. Hemos visto con buenos ojos el nombramiento de un Secretario General con el perfil de Francesc Alberti, y hemos considerado positivo que dicho nombramiento se haya realizado fuera de las fronteras españolas. Ahora bien, consideramos inaceptable que tras ése nombramiento no se le permita entrar en España ni al señor Alberti ni a la nueva ejecutiva bajo amenaza de ser detenidos. Quienes queremos que el grupo de ex-militantes del PSUC que ha decidido retomar el partidocumpla con los requisitos establecidos y sea legalizado no entendemos cómo se le puede negar esa posibilidad a estos militantes negandoles regresar a sus casas. ¿Qué delito o crimen han cometido? ¿Si el PSUC no existe, qué delito ha cometido Francesc Alberti? Ninguno, claramente ninguno y estaría por ver si la Ley ampara al Gobierno para amenazar de tal forma al señor Alberti.

Apoyamos la idea de que tanto Francesc Alberti como el resto del equipo que conformará la ejecutiva del PSUC una vez sea legalizado puedan regresar a sus casas y a sus puestos de trabajo habituales. Y queremos que vuelvan para que el PSUC siga adelante con el proceso que ha iniciado, pueda aprobar nuevas ponencias políticas y resoluciones que puedan facilitar su legalización y enmendar errores. El PCE cree que para que el PSUC sea legalizado deberá dar una serie de pasos, pasos que les pedimos desde esta comparecencia, y ello tendrá que darse sí o sí. Pero se le debe dar la oportunidad de realizar los pasos necesarios que solicita la ley. ¿Cómo se le puede exigir nada a los exmilitantes del PSUC si se les amenaza con ser detenidos? ¿Cómo una democracia puede retener a ciudadanos en lo que en la práctica es un exilio político?
Las palabras del Ministro de Justicia, rechazando la posibilidad de que Alberti pueda regresar a su casa son un tremendo error. Si han consentido que un partido como Fuerza Nueva concediese adiestramiento militar y organizase fuerzas paramilitares, no creo que les suponga mucho problema que el PSUC realice una asamblea y apruebe una ponencia política. Como las hacemos en el PCE, en el PSOE y en todos los partidos.

No creo que PCE y PSOE estemos buscando escenarios diferentes, eso al menos espero, pero los métodos y amenazas que está utilizando el Gobierno son propios del Franquismo. Desde aquí me gustaría apelar al ministro Vara, al ministro Rubalcaba, para que tengan altura de miras y no actuen como sus predecesores. Para que semuestren que no son como el PLD y que están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario, que otros estamos realizando, para que el PSUC pueda realizar el proceso necesario para ser un partido legal que trabaje como los demás. El Partido Comunista pide que el PSUC cumpla los requisitos necesarios para ser legalizado, pero no entendemos cómo el Gobierno no da esa oportunidad. La legalización del PSUC es, por lo tanto, un reto para la democracia que a todos nos afecta, y al que todos debemos contribuír en la medida de las responsabilidades que nos toque.

Muchas gracias.

¿Cómo se le puede exigir nada a los exmilitantes del PSUC si se les amenaza con ser detenidos?

Muy fácil, basta con que el PSUC, desde fuera de nuestras fronteras, haga un comunicado oficial en el que renuncie a sus métodis violentos, métodos por los que fue ilegalizado. Será entonces y sólo entonces cuando retiraremos esas "amenazas" de detención y el PSUC podrá volver a España, eso sí, totalmente renovado y con unos métodos radicalmente diferentes a los que empleaba antes. Pero la cosa no acaba ahí, sino que una vez que se permita su entrada, deberán ser puestos en vigilancia hasta que demuestren con hechos su compromiso con las normas del juego democrático.

Mientras las cosas no ocurran como le he detallado, el PSUC no tendrá nada que hacer.

Esto es lo nunca visto, que estos señores pidan la legalización de un partido ilegal por terrorismo, es que no aprenden ni aprenderán nunca.

Señores del PCE, comuniquen a sus colegas del PSUC, que cuando cumplan con el Estado de Derecho, seré el primero en ir a la frontera a recibirles, con los brazos abiertos. Mientras tanto no podrán.

Señor Vara, los militantes tienen todo el derecho del mundo, como ciudadanos españoles, de entrar en su país. Pues no han cometido ningún delito. Los han convertido en exiliados políticos. Todo ello que usted reclama se tiene que dar en Catalunya, pues es en España donde se tiene que tramitar su legalización.

Asimsimo, la aceptación de las reglas democráticas deberá ser un reto para el PSUC, un reto que, si alcanzan, sus seguidores se verán recompensados. Pero primero deberán aceptar el juego democrático y pagar las cuentas pendientes con la Justicia.

Quien en el PSUC tenía alguna cuenta pendiente con la Justicia fue en su momento detenido y más de uno asesinado. Esto último tambié hay que decirlo y revindicarlo.
Por lo tanto, quienes se desplazaron a Perpignan para nombrar un Secretario General no tienen cuenta pendiente alguna con la Justicia y no se desplazaron allí para pasar al exilio (eso lo ha hecho el Gobierno), sino para que el nombramiento no quebrantase legalidad alguna y regresar después. Desde el PCE no entendemos cómo el Gobierno puede cerrar la frontera a estas personas, que son ciudadanos de nacionalidad española, pues además lo único que hace es bloquear futuros movimientos (a no ser que la intención sea esa).
Si la dictadura acabó, no éntiendo cómo se puede expulsar a alguien de España de esa forma.

Señor Sánchez, si tienen las manos limpias ¿que miedo han de tener?, el gobierno no se niega que entre gente inocente, lo que no va a consentir es que se utilice a la gente inocente para filtrar a gente que no lo es. No jueguen por favor con la gente.