(RTVE) Los directivos de Banco de Granada solicitan la intermediación del Estado.

Hace unos días anunciábamos la crisis de liquidez que estaba (y está) atravesando el Banco de Granada, profundamente afectado por dar créditos a sus propias filiales, que ahora son incapaces de devolver lo que una "empresa" de su compañía le había prestado con anterioridad. Esto, ahora, deviene en una profunda crisis de liquidez (e incluso de solvencia), que ha llevado a los ciudadanos que habían depositado sus fondos en la entidad a que lo retiren con suma premura. Así, a día de hoy, el Banco ha perdido el 20% del capital que hasta entonces había depositado en él, y ahora se plantea prohibir la retirada descontrolada de dinero.

Los hermanos Rodríguez-Acosta, principales accionistas de la entidad, han solicitados en el día de hoy "la intervención del Estado para garantizar la continuidad de la entidad, de las empresas dependientes y para garantizar los fondos que los ciudadanos han depositado en el Banco". No en vano, más de 25.000 puestos de empleo, directos e indirectos, dependen de la entidad de crédito, que recordamos se ha vuelto pilar fundamental del sector azucarero granadino, y de otros (empresa Lanjarón, UNIASA...). Recordemos, asimismo, que el capital propio de la empresa asciende a 4.100 millones, y que cuenta con recursos ajenos por valor de 17.000 (reducidos considerablemente estos días).

No obstante, la reciente ley aprobada por el Parlamento (Ley 5/1978) impide que el Estado actúe con eficacia ante este caso, impidiéndole rescatar a la entidad de crédito por medio de lo que en el texto legislativo se denomina como "reequilibrio". Sin embargo, se prevén soluciones como las acciones convertibles, aunque lo cierto es que a pesar de haber probado el Banco de Granada esta vía, no ha encontrado el suficiente número de interesados para salvar su crítica situación.