¿Que es el pueblo Andaluz,para nuestro gobernantes en la junta de Andalucía?

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La Policía confirma el cobro de comisiones y favores mediante regulaciones de empleo irregulares, con ayuda de algún cargo de la Junta
JUAN J. BORRERO / SEVILLA
Día 05/02/2011137 comentariosMercasevilla ha sido la llave para que la Policía descubra, en palabras de la juez del caso, una «trama» para la utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo sufragados por la Junta de Andalucía en los que se incluían personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. Un atestado policial elevado a la juez de instrucción número 6 de Sevilla concluye que el modelo impuesto por la Consejería de Empleo a partir de 2001 era el marco de actuación de esa trama de cargos públicos, mediadores y «brokers», cuatro de los cuales ya han sido interrogados en calidad de detenidos. La trama desviaba dinero público destinado a ayudar a empresas en crisis mediante la inclusión en los expedientes de regulación de empleo de «trabajadores fantasma, hombres de paja —señala el informe policial— cuyas primas cobraban supuestamente estos intermediarios».

EFE.Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, ayer, en la interparlamentaria socialista celebrada en Antequera
Ese modelo de concesión de ayudas, según desveló ante la Policía el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, se gestionaba mediante un «fondo de reptiles» para la concesión de las ayudas especiales a empresas en apuros. Empleo traspasaba fondos a un organismo dependiente de la propia Consejería, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía—, para «evitar los controles y la fiscalización» propia de los actos administrativos, entre otros la no publicación de las concesiones a través del Boletín Oficial de la Junta. El informe policial, al que ha tenido acceso ABC, calcula que mediante este peculiar modelo de «ayuda extraordinaria a empresas en crisis» se habrían gestionado desde el año 2000 un total de 647 millones de euros.

La investigación policial pone de manifiesto que la concesión de estas ayudas se tramitaba a través de mediadores y empresas consultoras privadas que propiciaban acuerdos entre la empresas y el comité de empresas; y de estos con la administración para la aprobación de ERE. Posteriormente se ofrecía a la empresa que fuese la propia Junta la que contribuyera a la financiación de los gastos de las prejubilaciones mediante el pago de las primas de las pólizas de seguros de rentas que habían de suscribirse. De hecho, los investigadores constatan que no figura ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias, pues lo habitual era la firma de un protocolo entre la Dirección General de Trabajo y la empresa, o simplemente la aparición de un documento de la Dirección General asumiendo el compromiso de pago de las primas de los seguros. Esas primas eran contratadas a aseguradoras a través de los propios intermediarios.

El modelo ha regido la gestión de expedientes de regulación de empleo en la Junta durante una década a pesar de que era preceptivo el consentimiento del consejero de Empleo para ayudas inferiores a los tres millones de euros o del Consejo de Gobierno cuando el importe superaba esa cifra. En la tramitación del ERE es cuando se introducen personas ajenas a la empresa, presuntamente sin su conocimiento, y parecen como trabajadores de derecho al cobro de las rentas, dinero que se abonaba en cuentas y que los intermediarios sacaban mediante tarjetas de crédito.

El informe policial asegura que los intermediarios «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía que permitiera la inclusión de personas en unos eres de empresa para la que nunca trabajaron».