(Ciudadanos) La legislatura sectaria del Partido Popular ha supuesto un fracaso para reformar el Estado

La nefasta legislatura del Partido Popular ha tenido consecuencias directas sobre las familias y ciudadanos españoles. El corte tradicionalista que ha marcado la planificación del gobierno, supone una oportunidad perdida para reformas estructurales de verdadera importancia. Además se han emprendido acciones que han supuesto un perjuicio real en el ámbito de la igualdad de oportunidades, la solidaridad, así como de la propia libertad individual. Algunos ciudadanos se preguntarán si de verdad el trabajo del Partido Popular ha supuesto un cambio significativo en sus condiciones de vida. Lo cierto es que el gobierno de Rodríguez Ocampo a lo único que ha contribuido es al deterioro general de la sociedad española y de las instituciones del Estado. 

Es cierto que se ha reducido el desempleo. Pero sin embargo, en España, las cifras estadísticas de pobreza se han incrementado considerablemente. El gobierno español no se ha mostrado resolutivo en tratar de paliar un problema que afecta a muchas familias españolas. El fantasma de la pobreza, ha causado estragos en los hogares españoles, teniendo consecuencias nefastas sobre el consumo familiar. Si no intentamos garantizar la asistencia social para los colectivos más necesitados, jamás podremos garantizar el bienestar económico de los españoles. El gobierno de Ocampo ha ignorado este problema, consecuencia de la caída salarial y de los recortes, y gracias a esto, el Estado del Bienestar y  nuestras esperanzas para aspirar un futuro mejor, se han ido desmantelando poco a poco.

El gobierno español, no contento con atacar los derechos y nacesidades sociales de los ciudadanos, también ha reprimido su libertad. Con la nueva ley de interrupción del embarazo, el Partido Popular ha intentado imponer la moral ultracatólica que profesan, al resto de la sociedad española. Se trata de convertir en delito para todos, lo que constituye un pecado para ellos. Esta actitud pseudointegrista no puede llevarse a cabo ni justificarse en una democracia moderna. El gobierno elegido por los españoles, no puede utilizar su mayoría democrática para abolir las libertades de los ciudadanos. Ello debería ser bien sabido por nuestro gobernantes, a estas alturas de la historia.

En educación, el gobierno no ha propuesto una alternativa mejor a su sectaria LOMCE. En vez de hacer un Pacto Nacional por la Educación con el resto de fuerzas políticas y parlamentarias, el Partido Popular se ha mantenido en sus trece, manteniendo un proyecto que está muy lejos de mejorar la calidad educativa. Las leyes de educación no pueden caducar en una legislatura, sino que deben estar centradas en educar generaciones enteras.

En todo caso, de la reforma constitucional de la que se nos avisaba meses atrás, no hemos vuelto oir nada más. Es muy fácil prometer el cielo a los ciudadanos, mediante una mera declaración de intenciones carente de contenido, cuando en realidad no son capaces de emprender una reforma del texto constitucional sin pactar con los demás partidos para alcanzar el consenso necesario.

España y los españoles no se puede permitir vivir otra legislatura como esta. Los ciudadanos debemos replantearnos qué gobierno queremos y cuándo lo queremos, de cara a las elecciones generales. Entiendo que después del daño causado por el Partido Popular a nuestras libertades, a nuestros derechos sociales, y a nuestras instituciones democráticas, es necesario un cambio en el modelo común que todos queremos para nuestro país. Debemos decidir si queremos un gobierno que sea capaz de crear un proyecto integrador que signifique un antes y un después en la política española, o si queremos un gobierno, que siguiendo los pasos de Ocampo, pretenda guardar en el cajón de los recuerdos valores tan importantes como las libertades individuales, la igualdad de oportunidades o la solidaridad.